jueves, 27 de mayo de 2010
Gobierno, obligado a restituir fuente laboral al SME: Tribunal Internacional
Es responsable de la violación a los derechos humanos de los trabajadores de LFC, resolvió dicho tribunal sindical cuyo expediente fue entregado a la SCJN. S
Jesús Aranda
Publicado: 27/05/2010 14:37
México, DF. El gobierno mexicano es responsable de la violación a los derechos humanos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, por lo que está obligado a restituir sus derechos laborales y con ello, anular el “cierre arbitrario” y el decreto de extinción de la empresa, sostiene la resolución del Tribunal Internacional de Libertad Sindical que fue entregada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con la representación de organizaciones laborales y sindicales, una delegación de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la senadora Rosario Ibarra de Piedra y el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, entregaron el documento en el que dicho tribunal condenó al gobierno de Felipe Calderón por violentar la libertad sindical.
Afuera del inmueble se desarrolló un mítin en apoyo a la lucha del sindicato.
El Tri es el desastre de este país: ‘Joserra'. Afirmó que los periodistas de Televisa y TV Azteca "están domesticados"
José Ramón Fernández califica de 'mediocre' a la selección nacional, culpa a Televisa y TV Azteca de manipular al Tri y dice que el gobierno debe poner las bases para una leal competencia en el futbol
Redacción
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO
Jueves 27 de mayo de 2010 | 00:10
La selección mexicana es el drama y el desastre de este país, aseguró el comentarista deportivo José Ramón Fernández.
Durante su colaboración en la emisión de este miércoles en Radio Fórmula, con el periodista José Cárdenas, "Joserra" dijo que los problemas políticos por los que atraviesa México "son de risa" junto con el poder que tiene la selección, y agregó que el gobierno debe poner las bases para una leal competencia en el futbol mexicano y, en general, en los medios de comunicación.
Luego de la derrota de México 1-2 ante Holanda, en su segundo amistoso en Europa, el comentarista de la cadena ESPN calificó de "mediocre" el accionar del Tri y señaló a Televisa y TV Azteca de hacer una manipulación mercadológica de la imagen de la selección para sacar dinero.
"(las televisoras) Son una manipulación impresionante mercadológica para sacar dinero. Si yo te platicara lo que ha salido de Cablevisión, de SKY, todo eso es carretadas, carretadas y carretadas de dinero, porque el patrocinador piensa y el anunciante piensa que México, efectivamente eso también lo hacen pensar los directivos de las televisoras de que México va a llegar a cuartos de final en la Copa del Mundo", dijo Fernández, quien aclaró "yo no traigo puesta la verde, soy periodista y los periodistas no nos ponemos camisetas".
Insistió en que en México debe de mandar el gobierno y poner las bases para una leal competencia, "porque todo está cargado hacia dos (Televisa y TV Azteca) que tienen secuestrado al futbol, nos hacen ver que la selección mexicana es un fenómeno, ingresa una cantidad de dinero espectacular".
Comentó que esta situación no pasa por ningún motivo en otros países.
"Tenemos al lado a Estados Unidos y te lo puedo decir, ahí no manda ni la cadena ABC, ni CBS, ni NBC, ni Fox, ni CNN que son grandes cadenas de noticias, ni siquiera ESPN que es la gran cadena de deportes. Ahí manda el gobierno, punto", agregó.
Afirmó que los periodistas de Televisa y TV Azteca "están domesticados" y advirtió que no hay país en el mundo que gaste tanto en un Mundial de futbol con una selección "tan mediocre".
"Todo es soborno, todo es vulgaridad, todo es llevar gente, llevar gente, llevar gente", manifestó "Joserra".
El periodista y comentarista deportivo comentó que la próxima baja del equipo mexicano debe ser Guillermo Franco, si el delantero no se recupera de su lesión.
Desaloja PF en Morelos a miembros de SME de dos subestaciones
Unos 600 agentes ingresaron para terminar con el plantón que desde octubre mantenían electricistas.
Rubicela Morelos Cruz, corresponsal
Publicado: 27/05/2010 15:34
Cuernavaca, Mor. Unos 600 elementos de la policía federal desalojaron de las subestaciones de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que se mantenían en plantón desde el pasado mes de octubre, fecha en que se emitió el decreto presidencial de extinción de LFC.
El arribo de los uniformados ocurrió al medio día a las dos subestaciones de Cuernavaca y antes de las 15:00 horas policías federales arremetieron violentamente contra una centena de electricistas que impedían la salida de camionetas de la subestación de Teopanzolco, que dejó un saldo de más de una decena de ex trabajadores heridos.
Hasta e momento continúa la tensión.
Corte valida píldora de emergencia
Los ministros de la SCJN rechazaron la impugnación del gobernador de Jalisco, y avalaron la Norma Oficial que obliga a todos los hospitales del país a brindar la anticoncepción de emergencia en casos de violación
Ciudad de México | Jueves 27 de mayo de 2010
Carlos Avilés Allende | El Universal
13:04
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionalmente válida la Norma Oficial Mexicana que emitió la Secretaría de Salud federal, desde el 16 de abril de 2009, para proteger a las mujeres de la violencia familiar y sexual, y que obliga a todas las clínicas y hospitales de todo el país, públicos y privados, a recomendar la píldora anticonceptiva de emergencia en casos de violación para evitar embarazos no deseados.
En particular la Corte respaldó el apartado de la norma que establece que:
"En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada".
La norma, identificada como NOM-046-SSA2-2005 fue impugnada ante la Corte, mediante un juicio de controversia constitucional, por el gobernador de Jalisco, Emilio González, quien alegó, entre otras cosas, que era violatoria de la Constitución porque la pastilla "del día siguiente", en su opinión, es abortiva.
Después de seis sesiones de discusión, a lo largo de dos semanas, por 10 votos contra uno, la mayoría del Pleno de la Corte declaró infundado el juicio que presentó el gobernador jalisciense, quien se ha encargado de litigar en el máximo tribunal otros temas que son de interés de la iglesia católica.
Para buscar la anulación de la norma, el gobernador alegó que la atención de las víctimas, y en este caso en particular de las mujeres que sufren violaciones, es competencia exclusiva del ministerio público; que las autoridades sanitarias no pueden ofrecer la anticoncepción de emergencia sin una determinación de existencia del delito de violación por parte de la autoridad competente.
Pero ninguno de sus alegatos procedió. El único que compartió su postura fue el ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien se encargó de alargar la discusión y buscar, por diversos medios, sin éxito, que la norma fuera declarada inconstitucional.
El proyecto que presentó el ministro José Ramón Cossío para validar la norma se impuso, aunque con algunas correcciones que ayudaron a reforzar la defensa de esta medida tendiente a proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar y sexual.
La mayoría de la Corte determinó que esta norma no invade la esfera de competencia penal, no afecta las atribuciones de las entidades de la República, y es de aplicación obligatoria para todo el país.
En su resolución se aclaró que es atribución exclusiva de la secretaría de Salud federal emitir este tipo de normas que se encargar de fijar criterios de atención médica.
Conforme a la norma, explicaron, los médicos sólo están obligados a recomendar el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia a todas las mujeres que hayan sido víctimas de una violación sexual, pero serán las afectadas quienes libremente deberán decidir si la usan o no.
Aunque aclararon que si las mujeres afectadas deciden hacer uso de la pastilla, la misma les debe ser proporcionada en ese momento en la institución médica en la que se encuentren.
vsg
Ciudad de México | Jueves 27 de mayo de 2010
Carlos Avilés Allende | El Universal
13:04
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionalmente válida la Norma Oficial Mexicana que emitió la Secretaría de Salud federal, desde el 16 de abril de 2009, para proteger a las mujeres de la violencia familiar y sexual, y que obliga a todas las clínicas y hospitales de todo el país, públicos y privados, a recomendar la píldora anticonceptiva de emergencia en casos de violación para evitar embarazos no deseados.
En particular la Corte respaldó el apartado de la norma que establece que:
"En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada".
La norma, identificada como NOM-046-SSA2-2005 fue impugnada ante la Corte, mediante un juicio de controversia constitucional, por el gobernador de Jalisco, Emilio González, quien alegó, entre otras cosas, que era violatoria de la Constitución porque la pastilla "del día siguiente", en su opinión, es abortiva.
Después de seis sesiones de discusión, a lo largo de dos semanas, por 10 votos contra uno, la mayoría del Pleno de la Corte declaró infundado el juicio que presentó el gobernador jalisciense, quien se ha encargado de litigar en el máximo tribunal otros temas que son de interés de la iglesia católica.
Para buscar la anulación de la norma, el gobernador alegó que la atención de las víctimas, y en este caso en particular de las mujeres que sufren violaciones, es competencia exclusiva del ministerio público; que las autoridades sanitarias no pueden ofrecer la anticoncepción de emergencia sin una determinación de existencia del delito de violación por parte de la autoridad competente.
Pero ninguno de sus alegatos procedió. El único que compartió su postura fue el ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien se encargó de alargar la discusión y buscar, por diversos medios, sin éxito, que la norma fuera declarada inconstitucional.
El proyecto que presentó el ministro José Ramón Cossío para validar la norma se impuso, aunque con algunas correcciones que ayudaron a reforzar la defensa de esta medida tendiente a proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar y sexual.
La mayoría de la Corte determinó que esta norma no invade la esfera de competencia penal, no afecta las atribuciones de las entidades de la República, y es de aplicación obligatoria para todo el país.
En su resolución se aclaró que es atribución exclusiva de la secretaría de Salud federal emitir este tipo de normas que se encargar de fijar criterios de atención médica.
Conforme a la norma, explicaron, los médicos sólo están obligados a recomendar el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia a todas las mujeres que hayan sido víctimas de una violación sexual, pero serán las afectadas quienes libremente deberán decidir si la usan o no.
Aunque aclararon que si las mujeres afectadas deciden hacer uso de la pastilla, la misma les debe ser proporcionada en ese momento en la institución médica en la que se encuentren.
vsg
Astillero
El uso electoral de la
justicia
Golpes selectivos
Quintana Roo, Sinaloa
¿Y las alianzas, apá?
Julio Hernández López
El calderonismo ha pegado golpes policiacos que han sido política y electoralmente desestabilizadores en ciertas entidades y regiones donde se asientan estructuras clave del narcotráfico. Esas acometidas han acabado beneficiando y consolidando parcelas de poder relacionadas con el panismo (un caso evidente es Morelos, donde el gobernador Marco Antonio Adame sigue como si nada, a pesar de los incidentes que tuvieron como fúnebre personaje estelar al acribillado jefe de jefes), poniendo en riesgo de crisis profunda a administraciones perredistas (como sucedió en Michoacán, con las detenciones escandalosas de un año atrás, que luego se fueron cayendo una a una, dejando en libertad a los presuntos culpables y confirmando el sesgo partidista de las falsas cruzadas felipescas), torpedeando a mandatarios priístas de entidades donde se asientan cárteles contrarios al que según muchas voces, incluso de prensa internacional, es el favorito de los dos sexenios recientes (en Chihuahua y Tamaulipas, donde se han producido diversos acontecimientos criminales que en el fondo han ido abriendo paso a la mano federal para agitar avisperos locales) y estableciendo extraños pactos fácticos para preservar estructuras de control en lugares como Sinaloa y Quintana Roo, donde el mando nacional panista, que es una simple oficina de ejecución de las instrucciones llegadas de Los Pinos, se ha esmerado en abatir las genuinas posibilidades blanquiazules de poner a sus cuadros en línea de ganar los comicios y ha acabado por beneficiar a las mafias del partido tricolor que garantizan la continuidad de los negocios innombrables.
En la maraña de perversiones institucionales en que se ha convertido “el ejercicio de gobierno” panista, una vertiente altamente perniciosa es la de la utilización de los factores policiacos y penales para combatir y doblegar a adversarios políticos y electorales. Ya durante el foxismo, en 2006, el priísta Arturo Zamora fue amenazado con acciones jurídicas en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico para obligarlo a dejar el paso al ultraconservador Emilio González Márquez, sin que después de las elecciones se probara nada en contra del tricolor que ahora es diputado federal. Ahora, el extraño candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, llamado Greg, ha sido llevado a la cárcel por acusaciones que le relacionan con fraudes y narcotráfico, en una línea de acción que para desgracia de las instituciones está contaminada por el uso electoral que de la PGR y las policías federales ha hecho la actual gerencia general del país.
No es fácil defender por sí mismo al lenguaraz candidato de PRD, PT y Convergencia, pues en su conducta como presidente municipal, y ahora como candidato, han confluido la gelatinosidad ideológica, las poses de puritanismo religioso iluminado, el manejo “pragmático” del erario para presuntos fines sociales supremos que harían innecesarios los controles burocráticos paralizantes, y una predisposición al uso del dinero en efectivo y a los arreglos privados. Pero sí salta a la vista que los pecados verdaderos del piadoso político populista de Cancún están en el crecimiento de su campaña contra la estabilidad priísta mantenida por el frívolo, despilfarrador y corrupto mandatario actual, Félix González Canto, que pretende sostener a través de su delfín, Roberto Borge.
Más que irónica, significativamente ha sido el propio PAN-gobierno federal el que ha obstruido las posibilidades de cambio en aquella región de extraordinaria riqueza concentrada en unas cuantas manos, y de coexistencia tolerada de varias modalidades de la alta delincuencia organizada, no sólo la del mercadeo de drogas, sino también el de la explotación sexual, específicamente de menores. Así como en Sinaloa fueron desactivados los contendientes que le habrían dado al PAN una oportunidad seria de triunfo electoral, en Quintana Roo se ha devaluado intencionalmente la candidatura panista y ahora se ataca frontalmente a la otra “oposición”, con lo que el PRI queda bien servido. Recuérdese que, en Sinaloa, a Heriberto Félix lo sacaron de la jugada local mediante la enorme zanahoria federal de la Sedeso para la que no tenía ninguna calificación profesional ni política; a Manuel J. Clouthier júnior lo hicieron estallar y chocar para cerrarle el paso, y ahora queda como “opción” un priísta, Malova, manejado por un priísta, Juan S. Millán, que garantiza que todo seguirá igual en aquella entidad emblemática, gane Jesús Vizcarra o Mario López. Así, en Quintana Roo, a la candidata blanquiazul, Alicia Ricalde, el comité nacional panista la abandonó a su suerte, de tal manera que ella, en protesta, suspendió su campaña hasta que en el Distrito Federal le ofrecieron corregir esa conducta displicente. Y, ahora, con el golpe a Greg, se cree cancelar cualquier oposición a la continuidad priísta.
La detención del aspirante postulado por el Dia (PRD, PT y Convergencia) coloca en ridícula posición a los principales impulsores de esa siempre espinosa candidatura, los chuchos encaramados en el control directivo del sol azteca, y a la filosofía de las alianzas perreánicas allí puestas en grotesco entredicho: los aliados del PRD en otras entidades enderezan acciones judiciales en aquélla en que hubo un solitario aspirante en cuya postulación los colaboracionistas “de izquierda” no compaginaron intereses con el PAN-gobierno federal.
Y, mientras continúan los triunfos de Calderón, luego de su impactante discurso en el Capitolio, ahora con la pretensión gringa de dirigir sus apoyos de la Iniciativa Mérida no a helicópteros, tecnología y equipo físico, sino a luchar contra la corrupción de funcionarios mexicanos y a hacer que se respeten los derechos humanos y el estado de derecho, ¡hasta mañana, con el anuncio de que el viernes este tecleador estará en Puebla, a las 7 de la noche, en la Casa Amarilla de la BUAP para una plática en el marco de los 20 años de La Jornada de Oriente!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
México: entre colchones y coolers asesinos
• El péndulo de la PGR
• Entre aplausos y bofetadas
• Entre aplausos y bofetadas
Lamentable que México se distinga ya por ser un país de cínicos. Un país donde se ha incrustado la cultura de la impunidad, de la corrupción, del poder de los intereses y donde las formas dibujan desparpajadamente el fondo donde se quedan enterrados los sueños, anhelos, exigencias, expectativas y la mera simple y llana obligación de ser un país de leyes.
El péndulo de la desigualdad en la aplicación de la justicia es como la brecha que cada vez más separa a los pobres de unos cuantos ricos mostrando que la desigualdad es sello que ¿llegó para quedarse?
Sólo en este país aparecen pinches coolers y colchones asesinos sin culpables que pisen la cárcel o que sean tocados con el pétalo de una investigación.
Ayer Emilio Serrano, presidente de la Comisión Especial que sigue el caso de los 49 chiquitos que fallecieron quemados vivos embodegados en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, declaró que la PGR oculta información sobre el execrable suceso que sigue sin tener a los responsables ante la justicia a secas. La misma PGR que claudica con su obligación de investigar el delicado asunto sobre el levantón de Diego Fernandez de Cevallos aduciendo argumentos que rayan en la pendejez esférica aderezada de ilegalidad jurídica.
Todo en aras de proteger a los poderosos y sus intereses y que se joda la ley y las instituciones.
Y en paralelo, aunque no lo parezca, my friend, se abre el margen de maniobra de los organismos internacionales que elevan sus voces ante la descomunal impunidad y las nulas consecuencias por el atropello sistemático de los derechos humanos en distintos rubros y para documentar la ruta de hacia donde se dirigen las baterías…
El IFAI le ordeno a la PGR elaborar y entregar una versión pública de los hechos ocurridos hace más de 30 años en la Plaza de las Culturas en Tlaltelolco. La misma averiguación por la que se ejercitó acción penal contra el ex presidente Luis Echeverría por la posible comisión de los delitos de genocidio y privación ilegal de la libertad.
Chingón.
Ahora, mi estimado, no se necesita ser un ilustre genio para imaginar las consecuencias en el futuro no muy lejano de que se pase a la báscula de la historia los saldos y las facturas de los daños colaterales de la irreflexiva guerrita emprendida por Felipe Calderón que ocasiona cada vez mas airadas reacciones del fracaso de la estrategia… que ha desencadenado una inmensa ola de violencia que ha encendido los focos rojos bilaterales ocasionando atractivas medidas en la frontera.
Y menos mal que a Felipe le aplaudieron en el Capitolio, ocasionando banales ánimos triunfalistas por su espectacular gira en Estados Unidos porque para madrazos, nada como el original anuncio de Barack Obamay su simpático despliegue de mil 200 elementos de su Guardia Nacional en la franja fronteriza y la solicitud de 500 millones de dólares en fondos adicionales para reforzar su seguridad… Mmmta, ¡¡¿se imagina el escenario si a Felipe lo hubieran abucheado..?!!
Y con tantos aliados republicanos, el inquilino de la Casa Blanca se tuvo que tragar sin gestos el divino comentario de John McCain, quien afirmó que con la pena, pero no serán suficientes así que mi Barack, al mal paso, darle prisa redoblada porque no queremos a la “ridícula minoría” en nuestro territorio y si de paso nos chingamos a cientos de migrantes… shit happens.
Y si este tipo de señales no muestran una graciosa descomposición en la relación México-Estados Unidos, amable lector, ciertamente estos disfuncionales en el (des)gobierno tienen un daño irreversible en su universo de percepción… porque la cosa no esta de la chingada, sino lo que le sigue.
Así que más vale que Felipe Calderón se decida y se aviente un golpe de timón a su barco de gran calado que navega emocionado entre el oleaje de la adversidad…
El globito Peña Nieto se desinfla
Federico Arreola
26 de Mayo, 2010
Voltaire lo dijo acerca de las discusiones metafísicas, aquí lo diremos del inflado Enrique Peña Nieto: "Se parece a los globos llenos de aire; cuando revientan las vejigas, se observa cómo sale el aire y no queda nada".
En Televisa, Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez Martínez ya estarán adaptando la gustada canción "La teta se desinfló" del grupo Los pedófilos del ritmo: "Yo tenía un Peña Nieto que tenía grandes senos/eran bien redonditos eran pechos de los buenos/hasta que llegó Bazbaz y la teta le desinfló".
Desde luego, con la teta (esto es, la precandidatura presidencial) desinflada, no podrá Peña Nieto dar de mamar a ninguno de sus auspiciadores. Y eso sí duele.
Vaya forma en la que se ha desinflado el novio de La Gaviota. Se ha descomprimido, se ha despresionado, se ha deshinchado, se ha vaciado. Está quedando, de plano, en nada.
El verbo desinflar nunca estuvo mejor usado: Desinflo, desinflas, desinfla, desinflamos, desinfláis, desinflasteis, desinflan... Y Peña Nieto se desinfló.
Dicen los que saben que, el lunes, el Barbie del Estado de México acudió a Televisa a suplicar ayuda urgente a Azcárraga y Gómez después de haber visto la encuesta de María de las Heras en la que, nada más, el 45 por ciento de los ciudadanos habían cambiado, para peor, su opinión sobre Peña Nieto en cuanto vieron la forma burda en que este cerró el caso, terrible, lamentable, tristísimo, de la niña Paulette.
"Sóplenme que me desinflo", les dijo Peña Nieto a los jefes de Televisa, y estos, igual de desconcertados, solo alcanzaron a sugerir la renuncia del procurador Bazbaz.
Y renunció Bazbaz, pero esto no mejoró la situación de Enrique Peña Nieto, sino que la empeoró. La gente ahora cree mucho menos en el Gavioto. Si no por otra cosa, porque los asesinos de la niña siguen libres.
Rechaza Gobernación instalar mesa de diálogo, señalan maestros de la CNTE
La “nula respuesta” podría derivar en enfrentamientos durante la movilización de mañana
Los disidentes protagonizaron otro conato de riña en Bucareli con agentes de la Policía Federal
José Antonio Román y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 40
La Secretaría de Gobernación rechazó el establecimiento de una mesa de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y modificó el formato de pláticas que había acordado desde el pasado día 15, denunciaron profesores miembros de la Comisión Nacional Única de Negociación.
Ante tal situación, los profesores disidentes advirtieron a la dependencia federal que este viernes se manifestarán miles de profesores, y ante la “nula respuesta” a sus peticiones, las protestas podrían derivar en enfrentamientos. Acusaron a los funcionarios de Gobernación de tener “oídos sordos” y aplicar tácticas dilatorias ante el pliego de peticiones de la CNTE.
Ayer, varios centenares de mentores procedentes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entre otras entidades, realizaron una manifestación en las inmediaciones de Bucareli. Como ha ocurrido en otras ocasiones, los inconformes derribaron las vallas metálicas colocadas por la Policía Federal y forcejearon con los agentes de esta corporación, quienes les impidieron el paso a la entrada del palacio de Covián.
Una comisión de 10 dirigentes fue recibida por José Francisco Yáñez, titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; al salir, los maestros calificaron el encuentro de “infructuoso”.
Señalaron que la intención del gobierno federal es “darle largas al asunto”. De inicio –precisaron–, cambiaron el acuerdo de que, como instancia mediadora, buscarían un diálogo directo con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el subsecretario de Gobierno de Gobernación, Roberto Gil Zuarth.
Ahora –acusan–, la postura de Gobernación se reduce a enviar cartas o memorandos a las dependencias involucradas en el “pliego nacional” de demandas entregado por la CNTE desde el pasado 30 de abril, y en caso de una eventual respuesta, hacerla saber. Es decir, “Gobernación ha rechazado la instalación de una mesa nacional de diálogo”.
Además –dijeron–, los funcionarios rechazan asumir su responsabilidad en la “agresión” contra los maestros perpetrada el pasado lunes por elementos de la Policía Federal, también durante una concentración en las inmediaciones de la dependencia.
En el “pliego nacional” de demandas está el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación, la prueba Enlace, las reformas a la Ley del ISSSTE y mejoría salarial para el magisterio.
Jorge Cázares, secretario general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trajadores de la Educación en Michoacán, informó que durante el encuentro, los funcionarios señalaron que la negociación nacional concluyó con el aumento salarial que se les otorgó recientemente, y que ahora corresponde encabezar las negociaciones a los gobiernos de los estados.
Sin embargo, la comisión de maestros desconoció dichos acuerdos, pues “el aumento de 4.9 por ciento directo a las percepciones es notoriamente insuficiente para resarcir el rezago de casi 80 por ciento que tenemos en nuestras sueldos”.
En su jornada de ayer, los profesores instalados en plantón permanente en el Zócalo de la ciudad de México empezaron desde ahí una marcha hacia el Hemiciclo a Juárez, donde a mediodía tuvieron una breve concentración. De ahí partieron a Gobernación, tomando en contraflujo avenida Juárez y luego Reforma.
Los disidentes protagonizaron otro conato de riña en Bucareli con agentes de la Policía Federal
José Antonio Román y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 40
La Secretaría de Gobernación rechazó el establecimiento de una mesa de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y modificó el formato de pláticas que había acordado desde el pasado día 15, denunciaron profesores miembros de la Comisión Nacional Única de Negociación.
Ante tal situación, los profesores disidentes advirtieron a la dependencia federal que este viernes se manifestarán miles de profesores, y ante la “nula respuesta” a sus peticiones, las protestas podrían derivar en enfrentamientos. Acusaron a los funcionarios de Gobernación de tener “oídos sordos” y aplicar tácticas dilatorias ante el pliego de peticiones de la CNTE.
Ayer, varios centenares de mentores procedentes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entre otras entidades, realizaron una manifestación en las inmediaciones de Bucareli. Como ha ocurrido en otras ocasiones, los inconformes derribaron las vallas metálicas colocadas por la Policía Federal y forcejearon con los agentes de esta corporación, quienes les impidieron el paso a la entrada del palacio de Covián.
Una comisión de 10 dirigentes fue recibida por José Francisco Yáñez, titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; al salir, los maestros calificaron el encuentro de “infructuoso”.
Señalaron que la intención del gobierno federal es “darle largas al asunto”. De inicio –precisaron–, cambiaron el acuerdo de que, como instancia mediadora, buscarían un diálogo directo con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el subsecretario de Gobierno de Gobernación, Roberto Gil Zuarth.
Ahora –acusan–, la postura de Gobernación se reduce a enviar cartas o memorandos a las dependencias involucradas en el “pliego nacional” de demandas entregado por la CNTE desde el pasado 30 de abril, y en caso de una eventual respuesta, hacerla saber. Es decir, “Gobernación ha rechazado la instalación de una mesa nacional de diálogo”.
Además –dijeron–, los funcionarios rechazan asumir su responsabilidad en la “agresión” contra los maestros perpetrada el pasado lunes por elementos de la Policía Federal, también durante una concentración en las inmediaciones de la dependencia.
En el “pliego nacional” de demandas está el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación, la prueba Enlace, las reformas a la Ley del ISSSTE y mejoría salarial para el magisterio.
Jorge Cázares, secretario general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trajadores de la Educación en Michoacán, informó que durante el encuentro, los funcionarios señalaron que la negociación nacional concluyó con el aumento salarial que se les otorgó recientemente, y que ahora corresponde encabezar las negociaciones a los gobiernos de los estados.
Sin embargo, la comisión de maestros desconoció dichos acuerdos, pues “el aumento de 4.9 por ciento directo a las percepciones es notoriamente insuficiente para resarcir el rezago de casi 80 por ciento que tenemos en nuestras sueldos”.
En su jornada de ayer, los profesores instalados en plantón permanente en el Zócalo de la ciudad de México empezaron desde ahí una marcha hacia el Hemiciclo a Juárez, donde a mediodía tuvieron una breve concentración. De ahí partieron a Gobernación, tomando en contraflujo avenida Juárez y luego Reforma.
Crecen abusos de Ejército y policía contra los civiles
Ejecuciones, desaparición forzada y tortura, entre los delitos denunciados
En México sigue muy arraigada la impunidad, revela en su informe anual
La organización detalla en su informe el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares en tareas policiacasFoto Ap
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 2
En México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en las tareas policiales y por las policías federales, estatales y municipales, sostiene Amnistía Internacional (AI), en su informe 2010: El estado de los derechos humanos en el mundo.
La organización documenta en ese informe, el cual se presentará este jueves a la opinión pública mundial, la situación en 2009 de los derechos humanos en 159 países, y subraya que “en México continúa muy arraigada la impunidad” en los casos de violaciones graves a las garantías individuales cometidas en el pasado, y las pesquisas de centenares de casos perpetrados durante las décadas de los 60, 70 y 80 “siguen paralizadas”.
AI mencionó que “familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares por violaciones en la materia fueron amenazadas y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de estos”.
Las agresiones contra mujeres en su comunidad y el hogar siguieron siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de los estados, afirma Amnistía, y ejemplifica: “continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro”.
Refiere que en una aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal, los congresos de 17 de las otras 31 entidades modificaron sus constituciones “con el fin de garantizar el derecho a la vida desde la concepción”.
Por otra parte, AI precisa que “bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres”. Asimismo, 12 periodistas fueron asesinados y activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos.
Reseña casos de comunidades indígenas marginadas en cuyas tierras se deseaba realizar proyectos de desarrollo económico y que corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o se les negó el derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.
Asevera que las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “por casos confirmados” de violaciones graves a las garantías crecieron más de ciento por ciento el año anterior, al pasar de 14 en 2008 a 30.
La justicia militar, afirma AI, sigue investigando y juzgando casos de violaciones en la materia cometidas por el Ejército. Cita el caso de “los cuatro civiles desarmados a los que efectivos castrenses mataron a tiros en Santiago de Caballeros, en el estado de Sinaloa, en marzo de 2008, y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que sus familiares no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa”.
En marzo de 2009, apunta, miembros del Ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en abril “se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cuerpos ni el informe de la autopsia”.
La Sedena reconoció en mayo del año pasado que “se había detenido a 12 militares, pero no se proporcionó información sobre los cargos ni sobre el juicio”.
De igual manera, enfatiza que “en marzo de 2009, tras detenerlos, el Ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana, Baja California, mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos, es decir arraigados, en una base militar. Después de ser acusados formalmente, se les trasladó a un penal en Tepic, Nayarit. No se tienen noticias de que se haya investigado la tortura”.
Señala que la ley de la Policía Federal promulgada en junio pasado establece un único cuerpo policiaco “dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y realizar investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales”.
Acusa que en febrero del año pasado, Gustavo Castañeda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey, Nuevo León. Pese a que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos”.
En marzo de 2009, la Policía Federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio, en la capital de Chihuahua. “Fue golpeado y amenazado de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Lo pusieron en libertad sin cargos, presentó denuncia y al cierre del informe no se sabía si las investigaciones avanzaban”.
AI resalta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que declaró a México “responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, perpetrada por el Ejército en 1974 en el estado de Guerrero. La Corte ordenó una nueva indagatoria de carácter civil, reparaciones para los familiares y la reforma al Código de Justicia Militar que impida a la justicia militar realizar pesquisas y juicios relacionados con violaciones a los derechos humanos.
“Se terminó la hora de la retórica, se requieren acciones”, por lo que pide cumplir con ese fallo que vence en diciembre y el cual sigue pendiente.
En México sigue muy arraigada la impunidad, revela en su informe anual
La organización detalla en su informe el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares en tareas policiacasFoto Ap
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 2
En México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en las tareas policiales y por las policías federales, estatales y municipales, sostiene Amnistía Internacional (AI), en su informe 2010: El estado de los derechos humanos en el mundo.
La organización documenta en ese informe, el cual se presentará este jueves a la opinión pública mundial, la situación en 2009 de los derechos humanos en 159 países, y subraya que “en México continúa muy arraigada la impunidad” en los casos de violaciones graves a las garantías individuales cometidas en el pasado, y las pesquisas de centenares de casos perpetrados durante las décadas de los 60, 70 y 80 “siguen paralizadas”.
AI mencionó que “familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares por violaciones en la materia fueron amenazadas y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de estos”.
Las agresiones contra mujeres en su comunidad y el hogar siguieron siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de los estados, afirma Amnistía, y ejemplifica: “continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro”.
Refiere que en una aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal, los congresos de 17 de las otras 31 entidades modificaron sus constituciones “con el fin de garantizar el derecho a la vida desde la concepción”.
Por otra parte, AI precisa que “bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres”. Asimismo, 12 periodistas fueron asesinados y activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos.
Reseña casos de comunidades indígenas marginadas en cuyas tierras se deseaba realizar proyectos de desarrollo económico y que corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o se les negó el derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.
Asevera que las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “por casos confirmados” de violaciones graves a las garantías crecieron más de ciento por ciento el año anterior, al pasar de 14 en 2008 a 30.
La justicia militar, afirma AI, sigue investigando y juzgando casos de violaciones en la materia cometidas por el Ejército. Cita el caso de “los cuatro civiles desarmados a los que efectivos castrenses mataron a tiros en Santiago de Caballeros, en el estado de Sinaloa, en marzo de 2008, y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que sus familiares no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa”.
En marzo de 2009, apunta, miembros del Ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en abril “se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cuerpos ni el informe de la autopsia”.
La Sedena reconoció en mayo del año pasado que “se había detenido a 12 militares, pero no se proporcionó información sobre los cargos ni sobre el juicio”.
De igual manera, enfatiza que “en marzo de 2009, tras detenerlos, el Ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana, Baja California, mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos, es decir arraigados, en una base militar. Después de ser acusados formalmente, se les trasladó a un penal en Tepic, Nayarit. No se tienen noticias de que se haya investigado la tortura”.
Señala que la ley de la Policía Federal promulgada en junio pasado establece un único cuerpo policiaco “dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y realizar investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales”.
Acusa que en febrero del año pasado, Gustavo Castañeda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey, Nuevo León. Pese a que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos”.
En marzo de 2009, la Policía Federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio, en la capital de Chihuahua. “Fue golpeado y amenazado de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Lo pusieron en libertad sin cargos, presentó denuncia y al cierre del informe no se sabía si las investigaciones avanzaban”.
AI resalta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que declaró a México “responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, perpetrada por el Ejército en 1974 en el estado de Guerrero. La Corte ordenó una nueva indagatoria de carácter civil, reparaciones para los familiares y la reforma al Código de Justicia Militar que impida a la justicia militar realizar pesquisas y juicios relacionados con violaciones a los derechos humanos.
“Se terminó la hora de la retórica, se requieren acciones”, por lo que pide cumplir con ese fallo que vence en diciembre y el cual sigue pendiente.
En escuelas, guerra a fritangas y tolerancia a comida chatarra
Hay que ser “sensibles” con la industria, comentó Lujambio al presentar el plan SEP-Ssa
El proyecto se someterá a consulta pública y entraría en vigor parcialmente en agosto
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 38
A partir del próximo ciclo escolar se dejarán de vender en las escuelas frituras como papas, nachos de harina de maíz con sabor a queso, churritos con sal y limón, así como golosinas enchiladas o saladas. Tampoco habrá refrescos ni jugos con azúcares añadidos. Así lo indica el anteproyecto de lineamientos de los alimentos que se expenderán en las cooperativas, presentado ayer por los secretarios de Educación, Alonso Lujambio, y de Salud, José Ángel Córdova.
El documento, que será sometido a consulta pública por medio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) empezaría a operar en agosto próximo, aunque su aplicación total se daría de manera gradual, con la finalidad de dar tiempo a la industria para que en los siguientes tres años modifique sus procesos de fabricación y ofrezca productos saludables en las escuelas.
En conferencia de prensa posterior a la reunión de secretarios de Salud y Educación del país, en la que se aprobó el documento, José Ángel Córdova resaltó que existen más de 20 mil productos cuyo aporte calórico deberá revisarse y modificarse, pues podrían llegar a las escuelas. Calculó que en los próximos seis meses a un año, la industria estará en condiciones de empezar a ofrecer nuevos alimentos, en particular aquellos que actualmente tienen alto contenido de sal, grasas y azúcares.
Mencionó que actualmente existen alrededor mil 400 alimentos procesados con contenidos más saludables.
Lujambio señaló que con la aprobación del anteproyecto y la firma del acuerdo respectivo se inicia un nuevo ciclo en el que se promoverá el cambio de hábitos alimenticios de la población, aunque también reconoció que el proceso será lento y requiere la participación de todos los sectores de la sociedad.
En todo momento señaló la “necesidad” de ser “sensibles” a los requerimientos de la industria de alimentos procesados. Aunque tenía a la mano la lista de productos que ya no se podrán vender a partir del ciclo 2010-2011, remitió a los reporteros a su lectura y dejó en el ambiente la idea de que no habría modificaciones significativas en cuanto a los conocidos como productos chatarra.
En cambio, leyó parte de la lista de alimentos caseros cuya venta no estará permitida a partir de agosto, entre ellos palomitas de maíz con mantequilla y preparaciones fritas como enchiladas, entomatadas, chilaquiles, sincronizadas, tacos, flautas y quesadillas. Mencionó las “gorditas” de carne, chorizo, papa o frijol, así como los molletes, tamales, sopas instantáneas, pizzas y hamburguesas, entre otros.
En el anexo único de los lineamientos se encuentran listas más amplias de los alimentos que se podrán vender y no en las cooperativas, en la primera etapa de su aplicación, la cual comprende el ciclo escolar 2010-2011. El documento señala que su elaboración está basada en evidencias científicas y el cálculo sobre el contenido del refrigerio supone que los menores se alimentan cinco veces al día: desayuno, comida, cena y dos colaciones, una durante la jornada escolar.
La recomendación de los expertos que participaron en el diseño de los lineamientos, de observancia obligatoria para las escuelas públicas y privadas de educación básica, indica que dicho refrigerio debe cubrir 17.5 por ciento de las recomendaciones diarias de energía y nutrimentos.
De ahí que el anteproyecto proponga la combinación de una o más porciones de frutas y verduras, una porción de las preparaciones de alimentos permitidas, una más de las bebidas aceptadas, preferentemente agua y ocasionalmente (dos veces por semana) se puede incluir una porción de botanas saladas, galletas o postres permitidos, en sustitución de la preparación o de las bebidas.
Lujambio insistió en que “no hay alimentos malos”. El problema está en la frecuencia y densidad de su consumo, es decir, en la falta de “balance dietético y eventualmente de desgaste calórico”, insistió, para luego informar que ya se realizan cambios a los libros de texto gratuito a fin de promover la actividad física entre los escolares.
Enseguida advirtió que sería imposible que tal ejercicio se realice en las escuelas, donde los alumnos pasan apenas 20 por ciento del tiempo que están despiertos. Se trata de que en los planteles adquieran el conocimiento y lo pongan en práctica a lo largo del día.
Córdova explicó que el objetivo de los lineamientos es lograr que los alumnos de prescolar, primaria y secundaria consuman un refrigerio que no rebase las 228, 275 y 382 calorías, respectivamente. De acuerdo con la encuesta de salud en las escuelas, actualmente los alumnos ingieren 550 calorías durante la jornada escolar; por eso la importancia de eliminar de las cooperativas las papas fritas, por ejemplo, que aportan 447 calorías. “Tendrán que cambiar su composición o no entrarán” a los planteles, afirmó.
Aunque ambos funcionarios aseguraron que los lineamientos tendrán carácter obligatorio, explicaron que la vigilancia estará a cargo de los consejos de participación social. Lujambio admitió que de las 196 mil escuelas públicas que existen en el país, en sólo 70 mil está integrado este órgano. Aseguró que a partir del próximo ciclo escolar se integrarán la totalidad de estos consejos con la participación de padres de familia, profesores y ex alumnos.
El secretario de Educación también subrayó que si bien los lineamientos plantean sanciones para quienes los incumplan, el primer objetivo es garantizar que la información se transmita a todas las personas involucradas y que la hayan comprendido. Con ese fin se distribuirá información en folletos y manuales, indicó.
El proyecto se someterá a consulta pública y entraría en vigor parcialmente en agosto
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 38
A partir del próximo ciclo escolar se dejarán de vender en las escuelas frituras como papas, nachos de harina de maíz con sabor a queso, churritos con sal y limón, así como golosinas enchiladas o saladas. Tampoco habrá refrescos ni jugos con azúcares añadidos. Así lo indica el anteproyecto de lineamientos de los alimentos que se expenderán en las cooperativas, presentado ayer por los secretarios de Educación, Alonso Lujambio, y de Salud, José Ángel Córdova.
El documento, que será sometido a consulta pública por medio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) empezaría a operar en agosto próximo, aunque su aplicación total se daría de manera gradual, con la finalidad de dar tiempo a la industria para que en los siguientes tres años modifique sus procesos de fabricación y ofrezca productos saludables en las escuelas.
En conferencia de prensa posterior a la reunión de secretarios de Salud y Educación del país, en la que se aprobó el documento, José Ángel Córdova resaltó que existen más de 20 mil productos cuyo aporte calórico deberá revisarse y modificarse, pues podrían llegar a las escuelas. Calculó que en los próximos seis meses a un año, la industria estará en condiciones de empezar a ofrecer nuevos alimentos, en particular aquellos que actualmente tienen alto contenido de sal, grasas y azúcares.
Mencionó que actualmente existen alrededor mil 400 alimentos procesados con contenidos más saludables.
Lujambio señaló que con la aprobación del anteproyecto y la firma del acuerdo respectivo se inicia un nuevo ciclo en el que se promoverá el cambio de hábitos alimenticios de la población, aunque también reconoció que el proceso será lento y requiere la participación de todos los sectores de la sociedad.
En todo momento señaló la “necesidad” de ser “sensibles” a los requerimientos de la industria de alimentos procesados. Aunque tenía a la mano la lista de productos que ya no se podrán vender a partir del ciclo 2010-2011, remitió a los reporteros a su lectura y dejó en el ambiente la idea de que no habría modificaciones significativas en cuanto a los conocidos como productos chatarra.
En cambio, leyó parte de la lista de alimentos caseros cuya venta no estará permitida a partir de agosto, entre ellos palomitas de maíz con mantequilla y preparaciones fritas como enchiladas, entomatadas, chilaquiles, sincronizadas, tacos, flautas y quesadillas. Mencionó las “gorditas” de carne, chorizo, papa o frijol, así como los molletes, tamales, sopas instantáneas, pizzas y hamburguesas, entre otros.
En el anexo único de los lineamientos se encuentran listas más amplias de los alimentos que se podrán vender y no en las cooperativas, en la primera etapa de su aplicación, la cual comprende el ciclo escolar 2010-2011. El documento señala que su elaboración está basada en evidencias científicas y el cálculo sobre el contenido del refrigerio supone que los menores se alimentan cinco veces al día: desayuno, comida, cena y dos colaciones, una durante la jornada escolar.
La recomendación de los expertos que participaron en el diseño de los lineamientos, de observancia obligatoria para las escuelas públicas y privadas de educación básica, indica que dicho refrigerio debe cubrir 17.5 por ciento de las recomendaciones diarias de energía y nutrimentos.
De ahí que el anteproyecto proponga la combinación de una o más porciones de frutas y verduras, una porción de las preparaciones de alimentos permitidas, una más de las bebidas aceptadas, preferentemente agua y ocasionalmente (dos veces por semana) se puede incluir una porción de botanas saladas, galletas o postres permitidos, en sustitución de la preparación o de las bebidas.
Lujambio insistió en que “no hay alimentos malos”. El problema está en la frecuencia y densidad de su consumo, es decir, en la falta de “balance dietético y eventualmente de desgaste calórico”, insistió, para luego informar que ya se realizan cambios a los libros de texto gratuito a fin de promover la actividad física entre los escolares.
Enseguida advirtió que sería imposible que tal ejercicio se realice en las escuelas, donde los alumnos pasan apenas 20 por ciento del tiempo que están despiertos. Se trata de que en los planteles adquieran el conocimiento y lo pongan en práctica a lo largo del día.
Córdova explicó que el objetivo de los lineamientos es lograr que los alumnos de prescolar, primaria y secundaria consuman un refrigerio que no rebase las 228, 275 y 382 calorías, respectivamente. De acuerdo con la encuesta de salud en las escuelas, actualmente los alumnos ingieren 550 calorías durante la jornada escolar; por eso la importancia de eliminar de las cooperativas las papas fritas, por ejemplo, que aportan 447 calorías. “Tendrán que cambiar su composición o no entrarán” a los planteles, afirmó.
Aunque ambos funcionarios aseguraron que los lineamientos tendrán carácter obligatorio, explicaron que la vigilancia estará a cargo de los consejos de participación social. Lujambio admitió que de las 196 mil escuelas públicas que existen en el país, en sólo 70 mil está integrado este órgano. Aseguró que a partir del próximo ciclo escolar se integrarán la totalidad de estos consejos con la participación de padres de familia, profesores y ex alumnos.
El secretario de Educación también subrayó que si bien los lineamientos plantean sanciones para quienes los incumplan, el primer objetivo es garantizar que la información se transmita a todas las personas involucradas y que la hayan comprendido. Con ese fin se distribuirá información en folletos y manuales, indicó.
Gabinetazo: analfabetismo en rosa
México SA
México, el más desigual de la OCDE
Cayó Bazbaz, ¿cuántos por el caso ABC?
Carlos Fernández-Vega
Todo indica que buena parte del gabinetazo calderonista, y el propio inquilino de Los Pinos, tiene severos problemas de lectura (analfabetismo político-funcional), porque en los análisis y reportes internacionales sobre la realidad mexicana sólo alcanzan a leer las palabras en color de rosa; el resto, especialmente las de color rojo, de plano no. Así, por ejemplo, el carismático Javier Lozano, secretario del Trabajo, gusta presumir que “en México hay menos desempleo que en los países industrializados de la OCDE” y que aquí las plazas laborales crecen como conejos, pero por la citada incapacidad no alcanzó a leer que esa misma organización advierte que “de noviembre de 2008 a abril de 2010 se perdieron 212 mil empleos formales”, y que quienes los ocupaban terminaron en el sector informal de la economía, “donde ya se encontraba una porción significativa de los trabajadores asalariados”.
Otro ejemplo, para no recurrir a los que cotidianamente aporta el inquilino de Los Pinos, es el sonriente secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien alegremente asegura que con Calderón “tenemos la mitad de mexicanos en condiciones de pobreza que teníamos a mitad de los 90”, por mucho que la Cepal advierta que con la crisis de 2009 “el único país en América Latina en el que se registró un empeoramiento en la situación de la pobreza fue México”, y que sólo en el primer bienio del actual sexenio el número de pobres en el país –cifras oficiales– se incrementó en cerca de 6 millones de personas.
Pues bien, mientras los del gabinetazo aprenden a leer de corridito, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) divulgó ayer sus perspectivas sobre México, de las que se toman los siguientes elementos, que sin duda aportan muchísimo más que la limitada lectura y la eterna sonrisa del “cambio” con “continuidad”. Van pues.
Los niveles de desigualdad en México se mantienen como los más altos de la OCDE. Una y media veces más que el promedio de la Organización, y dos veces por arriba con respecto a los países de baja desigualdad, como Dinamarca. Los ingresos medios del 10 por ciento más pobre se sitúan por debajo de los mil dólares (en paridad de compra, PPC), inferior a cualquier otro de los países integrantes. En las naciones miembros de esta agrupación, los ingresos del decil más rico son, en promedio, casi nueve veces superiores de los del decil más pobre; en México la diferencia es 25 veces superior. El 10 por ciento más pobre en México acumula cerca de 1.5 por ciento del total del ingreso disponible, mientras que el 10 por ciento más rico concentra cerca de 36 por ciento.
A pesar del progreso realizado durante las últimas décadas, la pobreza crece de nuevo. Entre 2006 y 2008 la pobreza extrema se duplicó: del 2 al 4 por ciento de la población mexicana (personas que sobreviven con menos de 1.25 dólares diarios, algo así como 16 pesos al tipo de cambio actual), y de 4.8 a 8.2 por ciento entre aquellos que viven con menos de 2 dólares por día (alrededor de 26 pesos). Las cifras oficiales sobre la pobreza absoluta aumentaron considerablemente. El alto índice de pobreza absoluta también se ve reflejado en otros indicadores de las condiciones de vida, como la tasa de mortalidad infantil –que triplica la tasa promedio de la OCDE– y un índice de analfabetismo superior al de la media de la Organización, dentro de la cual México reporta la mayor desigualdad.
México se distancia de otros países de la OCDE en la forma general de distribución del ingreso familiar disponible: la mayoría de la clase media tiene un salario mucho más cercano a los trabajadores de base que a los de la cima. Mientras que la tendencia de la década pasada (los ingresos ganan en el quintil inferior y pierden en el quintil superior) ha disminuido las desigualdades, el reto es acelerar las percepciones de los grupos de menores ingresos en un contexto de recuperación en el ingreso real per cápita. Dado que la población mexicana es relativamente joven, los niños representan aproximadamente la mitad de todo el sector afectado por la pobreza. Así, la probabilidad de que la pobreza tenga consecuencias duraderas es más alta en México que en otros países de la OCDE. La pobreza entre la población de mayor edad se acentúa entre los más ancianos. La tasa de pobreza entre las personas de 75 y más años (31 por ciento) es casi el doble del promedio. Además, como la población mexicana está envejeciendo, existe el riesgo de que aumente la proporción de ancianos pobres.
El sistema de protección social de México sigue siendo limitado, dejando desprotegidos a la mayoría de sus ciudadanos vulnerables. El gasto público social como proporción del PIB ha aumentado desde menos de 2 por ciento en 1985 a 7.4 por ciento en 2005, pero sólo supone poco más de un tercio del nivel observado en otros países de la OCDE. La proporción del gasto público en programas sociales con respecto al PIB de México es modesta, no sólo en términos absolutos, sino también en términos de PIB per cápita. Las transferencias sociales consiguen poco a la hora de reducir la pobreza en México. Los apoyos públicos en efectivo constituyen únicamente 6 por ciento del ingreso familiar disponible. La mayor parte de este gasto beneficia a la parte superior de la distribución, con menos de 10 por ciento destinado al 20 por ciento más pobre de la población. Por lo tanto, es prioritario que el sistema de seguridad social sea más progresivo y amplíe su cobertura.
Oportunidades es uno de los programas “más innovadores y exitosos”, pero la mayoría de los programas de alivio a la pobreza todavía excluyen a las familias que viven en condiciones de pobreza relativa. Los programas contra el desempleo siguen siendo rudimentarios. El programa Primer Empleo no obtuvo el impacto esperado (de hecho fue un rotundo fracaso). En un contexto económico difícil como el actual, México necesita reforzar las redes de seguridad social para evitar que las familias medianamente pobres caigan en la pobreza extrema. Los recursos destinados a los programas de empleo temporal son ocho veces menores a los canalizados a mantener bajos los precios de la energía.
Entonces, qué bueno que “el país está en franca recuperación”, según dicen los analfabetos del gabinetazo.
Las rebanadas del pastel
Si el caso Paulette tiró al procurador mexiquense, ¿cuántos deberán caer, cárcel incluida, por el caso de los 49 niños muertos y los más de 70 heridos en la guardería ABC de Hermosillo?
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
México, el más desigual de la OCDE
Cayó Bazbaz, ¿cuántos por el caso ABC?
Carlos Fernández-Vega
Todo indica que buena parte del gabinetazo calderonista, y el propio inquilino de Los Pinos, tiene severos problemas de lectura (analfabetismo político-funcional), porque en los análisis y reportes internacionales sobre la realidad mexicana sólo alcanzan a leer las palabras en color de rosa; el resto, especialmente las de color rojo, de plano no. Así, por ejemplo, el carismático Javier Lozano, secretario del Trabajo, gusta presumir que “en México hay menos desempleo que en los países industrializados de la OCDE” y que aquí las plazas laborales crecen como conejos, pero por la citada incapacidad no alcanzó a leer que esa misma organización advierte que “de noviembre de 2008 a abril de 2010 se perdieron 212 mil empleos formales”, y que quienes los ocupaban terminaron en el sector informal de la economía, “donde ya se encontraba una porción significativa de los trabajadores asalariados”.
Otro ejemplo, para no recurrir a los que cotidianamente aporta el inquilino de Los Pinos, es el sonriente secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien alegremente asegura que con Calderón “tenemos la mitad de mexicanos en condiciones de pobreza que teníamos a mitad de los 90”, por mucho que la Cepal advierta que con la crisis de 2009 “el único país en América Latina en el que se registró un empeoramiento en la situación de la pobreza fue México”, y que sólo en el primer bienio del actual sexenio el número de pobres en el país –cifras oficiales– se incrementó en cerca de 6 millones de personas.
Pues bien, mientras los del gabinetazo aprenden a leer de corridito, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) divulgó ayer sus perspectivas sobre México, de las que se toman los siguientes elementos, que sin duda aportan muchísimo más que la limitada lectura y la eterna sonrisa del “cambio” con “continuidad”. Van pues.
Los niveles de desigualdad en México se mantienen como los más altos de la OCDE. Una y media veces más que el promedio de la Organización, y dos veces por arriba con respecto a los países de baja desigualdad, como Dinamarca. Los ingresos medios del 10 por ciento más pobre se sitúan por debajo de los mil dólares (en paridad de compra, PPC), inferior a cualquier otro de los países integrantes. En las naciones miembros de esta agrupación, los ingresos del decil más rico son, en promedio, casi nueve veces superiores de los del decil más pobre; en México la diferencia es 25 veces superior. El 10 por ciento más pobre en México acumula cerca de 1.5 por ciento del total del ingreso disponible, mientras que el 10 por ciento más rico concentra cerca de 36 por ciento.
A pesar del progreso realizado durante las últimas décadas, la pobreza crece de nuevo. Entre 2006 y 2008 la pobreza extrema se duplicó: del 2 al 4 por ciento de la población mexicana (personas que sobreviven con menos de 1.25 dólares diarios, algo así como 16 pesos al tipo de cambio actual), y de 4.8 a 8.2 por ciento entre aquellos que viven con menos de 2 dólares por día (alrededor de 26 pesos). Las cifras oficiales sobre la pobreza absoluta aumentaron considerablemente. El alto índice de pobreza absoluta también se ve reflejado en otros indicadores de las condiciones de vida, como la tasa de mortalidad infantil –que triplica la tasa promedio de la OCDE– y un índice de analfabetismo superior al de la media de la Organización, dentro de la cual México reporta la mayor desigualdad.
México se distancia de otros países de la OCDE en la forma general de distribución del ingreso familiar disponible: la mayoría de la clase media tiene un salario mucho más cercano a los trabajadores de base que a los de la cima. Mientras que la tendencia de la década pasada (los ingresos ganan en el quintil inferior y pierden en el quintil superior) ha disminuido las desigualdades, el reto es acelerar las percepciones de los grupos de menores ingresos en un contexto de recuperación en el ingreso real per cápita. Dado que la población mexicana es relativamente joven, los niños representan aproximadamente la mitad de todo el sector afectado por la pobreza. Así, la probabilidad de que la pobreza tenga consecuencias duraderas es más alta en México que en otros países de la OCDE. La pobreza entre la población de mayor edad se acentúa entre los más ancianos. La tasa de pobreza entre las personas de 75 y más años (31 por ciento) es casi el doble del promedio. Además, como la población mexicana está envejeciendo, existe el riesgo de que aumente la proporción de ancianos pobres.
El sistema de protección social de México sigue siendo limitado, dejando desprotegidos a la mayoría de sus ciudadanos vulnerables. El gasto público social como proporción del PIB ha aumentado desde menos de 2 por ciento en 1985 a 7.4 por ciento en 2005, pero sólo supone poco más de un tercio del nivel observado en otros países de la OCDE. La proporción del gasto público en programas sociales con respecto al PIB de México es modesta, no sólo en términos absolutos, sino también en términos de PIB per cápita. Las transferencias sociales consiguen poco a la hora de reducir la pobreza en México. Los apoyos públicos en efectivo constituyen únicamente 6 por ciento del ingreso familiar disponible. La mayor parte de este gasto beneficia a la parte superior de la distribución, con menos de 10 por ciento destinado al 20 por ciento más pobre de la población. Por lo tanto, es prioritario que el sistema de seguridad social sea más progresivo y amplíe su cobertura.
Oportunidades es uno de los programas “más innovadores y exitosos”, pero la mayoría de los programas de alivio a la pobreza todavía excluyen a las familias que viven en condiciones de pobreza relativa. Los programas contra el desempleo siguen siendo rudimentarios. El programa Primer Empleo no obtuvo el impacto esperado (de hecho fue un rotundo fracaso). En un contexto económico difícil como el actual, México necesita reforzar las redes de seguridad social para evitar que las familias medianamente pobres caigan en la pobreza extrema. Los recursos destinados a los programas de empleo temporal son ocho veces menores a los canalizados a mantener bajos los precios de la energía.
Entonces, qué bueno que “el país está en franca recuperación”, según dicen los analfabetos del gabinetazo.
Las rebanadas del pastel
Si el caso Paulette tiró al procurador mexiquense, ¿cuántos deberán caer, cárcel incluida, por el caso de los 49 niños muertos y los más de 70 heridos en la guardería ABC de Hermosillo?
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