Vivir mejor-Hernández

Jueces de la impunidad-Rocha

Institucionalidad-Helguera

Diego, ¿guerrilla? Julio Hernández López

Astillero

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Diciembre negro

Elite bandolera

Marisela, mensajes

El licenciado Calderón parece plenamente rebasado. Frente a problemas cada vez más graves, apenas atina a valerse de recursos gastados, como las declaraciones demagógicas sabidamente encaminadas al incumplimiento, el abuso de los medios de comunicación para aparentar que algo medianamente aceptable está haciendo y la espera del paso del tiempo como mecanismo de sustitución de un escándalo de negligencia o corrupción por otro u otros ante los que repetirá la rutina inútil. Felipe no está generando nada importante, inteligente o novedoso para enfrentar la crisis que se está expresando en múltiples escenarios y de diversas maneras. Su gabinete es una colección de nulidades mediocres, sus políticas públicas parecen pasar solamente por las aduanas de la corrupción y la ineficacia, y su interpretación de la realidad parece estar sujeta siempre a condiciones nebulosas, a visceralidades y complejos, a una suerte de bandolerismo de alta burocracia.

Diciembre negro. Cual si estuviésemos a punto de entrar a un remolino como el de 1994, se acumulan los ingredientes explosivos. La élite gobernante festeja que libró el año conjetural del 10 y que birló a la sociedad el recuerdo de lo revolucionario para centrarlo con estilo de farándula en lo relativo a la Independencia. Pero al final del calendario temido por las presuntas coincidencias insurreccionales centenarias, los fantasmas parecen retozar y los diablos parecen andar sueltos de nuevo.

Estampas de desolación y abandono en San Martín Texmelucan. Nubes negras, éxodo de pobladores, temor colectivo frente a las siglas del monstruo sabidamente desquiciado, el Pemex de la corrupción permanente, del desvío de fondos de mantenimiento y correcciones técnicas, del saqueo de la riqueza colectiva a costa del desmantelamiento, el descuido, el peligro. Pero la administración felipista dispara de inmediato en defensa propia y, sin más seriedad indagatoria que la necesidad de apuntar hacia otro lado, arroja la hipótesis precoz de que el origen de la desgracia poblana sería el robo a ductos de la empresa petrolera, cometidos esos hurtos por particulares, no necesariamente por los funcionarios de toda la vida que han robado los ductos presupuestales, que han asaltado la riqueza colectiva para transformarla en privada, bandolerismo de alta burocracia en una franja de la Puebla del Góber Precioso en vías de dejar el poder a otro ahijado predispuesto a engordillarse, Rafael Moreno Valle.

Explosión y tragedia que desplazan a la que antes encabezaba la marquesina luctuosa nacional. El asesinato de Marisela Escobedo produjo un enojo que parecía tomar senderos de organización y protesta nacionales. Indignación por la historia de desdén e impunidad que las “autoridades” del Chihuahua ensangrentado fueron escribiendo en el caso de la madre en exigencia de justicia por el asesinato de su hija. Pero, también, el asomo de los ribetes de ligereza, manipulación y corrupción que conlleva el planteamiento de juicios orales que el sistema mexicano enfermo pretende manejar como novedad curativa cuando solamente será una nueva forma de agravar el cáncer institucional. Y la evidencia clara, el amago, la amenaza de que tal como ya se advertía desde que la nación fue arrojada a los pantanos de la “guerra” contra el narcotráfico, los tentáculos de ésta podrían servir para acallar protestas, ejecutar disidentes e inconformes y atemperar por la fuerza ánimos sociales combativos.

Ahogada la activista, tapen el pozo de los juicios orales. El gobernador priísta de Chihuahua, César Duarte, ha logrado el desafuero de los tres jueces que dejaron libre al asesino de la hija de Marisela Escobedo y trata de mostrar una actitud distinta a la de sus antecesores que sin esfuerzo se parapetaban tras un valemadrismo atenuado mediáticamente. Es muy probable que sólo sea una escenografía distinta, para una misma obra: en el norte del país, y en especial en Chihuahua, siguen gobernando los mismos poderes ocultos, y Duarte sólo será, como sucedió con sus antecesores, como pasa y seguirá pasando en otras entidades, administrador de las circunstancias, no gobernante rector. En Tamaulipas, por ejemplo, las grandes empresas parecen dispuestas a cerrar el año y el sexenio con preliberaciones a su personal de confianza, de tal manera que en Nuevo Laredo se produjo algo que técnicamente fue llamado fuga, pero que más parecía peregrinación o caminata deportiva, con más de 150 reos cruzando las puertas carcelarias por decisión propia o de sus consorcios mandantes.

Pasar Navidad en familia parecería ser también el destino de Diego Fernández de Cevallos, a quien sus Misteriosos Desaparecedores estarían a punto de liberar, según difusos comunicados por Internet que recibieron trato disparejo de parte de medios y periodistas, pues a pesar de la contundencia de las palabras incluídas en los comunicados presuntamente enviados por los secuestradores, unos los consideraron absolutamente confiables y otros los colocaron en la bandeja de los asuntos por confirmar. A ese escepticismo contribuyó sin duda el manoseo y los equívocos que algunos medios y periodistas han cometido en el tema, al extremo de que semanas atrás se anunció como un hecho inequívoco la liberación del ex candidato presidencial sin que, como es evidente, hubiese sido cierto el “adelanto”.

El supuesto anuncio de la devolución a la libertad del controvertido panista fue acompañado de un manifiesto en tres partes cuya redacción y objetivos fortalecen la necesidad de ser prudentes. Pudiera ser, en efecto, que el plagio de Diego hubiese sido cometido por una organización de corte izquierdista que reivindica el uso de la violencia para transformar al país, y que el diagnóstico de ese grupo sobre la realidad nacional coincidiera con las denuncias contra las mafias del poder que desde un plano enteramente pacifista realiza un precandidato presidencial, pero también pudiera ser que los diablos estén siendo intencionalmente soltados, en un México sin control, con un Calderón plenamente rebasado y frente a problemas cada vez más graves. ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

God Be With You.Concierto navideño en el recinto sindical del SME. Domingo 19 de diciembre de 2010.

Los Celtas.Concierto Navideño en el recinto sindical del SME

Mensaje AMLO 20 de diciembre del 2010

Simulación y peligro - EDITORIAL - La Jornada

El sábado pasado se decidió un incremento de 4.1 por ciento a los salarios mínimos, los cuales, a partir de enero de 2011, pasarán de 56.46 pesos a 59.80 en la zona geográfica A (2.34 pesos más que este año), de 55.84 a 58.10 pesos en la B (2.26 pesos de aumento) y de 54.47 a 56.75 en la C (incremento de 2.28 pesos). La medida debe cotejarse necesariamente con el índice inflacionario del año, el cual oscila, de acuerdo con las previsiones dadas a conocer a principios de este mes por el Banco de México, entre 4.75 y 5.25. Algunos analistas del sector privado sitúan el indicador entre 4.38 y 4.40 por ciento, pero la percepción generalizada es que el aumento de precios a lo largo de 2010 ha sido mucho mayor. En todo caso, las tarifas de gasolina, gas y electricidad, así como los productos de la canasta básica han experimentado incrementos sostenidos que obligan a cuestionar tasas inflacionarias tan moderadas como las referidas.

El país hace frente, pues, a un nuevo ataque al poder adquisitivo del salario, el cual no ha dejado de debilitarse a lo largo de la primera década de este siglo: un retroceso superior a 50 por ciento. Por lo que hace a los salarios mínimos, éstos han perdido 60 por ciento de su poder adquisitivo en lo que va de la presente administración.

Las autoridades laborales han tratado de minimizar esta circunstancia afirmando que el salario mínimo es sólo un referente y que es minúsculo el porcentaje de ciudadanos con una percepción tan baja; ese alegato ha sido desmentido por diversas voces del ámbito académico y político. Según un reciente estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, sólo en el sector rural hay cerca de 8.5 millones de personas que sobreviven con un salario mínimo.

Pero, aun dando por buenas las cifras oficiales, si se coteja el aumento de 4.1 por ciento decidido hace un par de días con el precepto constitucional (los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos), debe aceptarse que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos viene realizando, desde hace varios años, ejercicios anuales de simulación, contrarios al espíritu y a la letra de la Carta Magna.

Más allá de la manifiesta inconstitucionalidad de la medida comentada, la persistente ofensiva contra las percepciones de los trabajadores no es buena para nadie. No lo es, desde luego, para los asalariados, pero tampoco para los propios empresarios: es pertinente recordar que hace unos días el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señaló la necesidad de adoptar alzas salariales significativas a fin de fortalecer el mercado interno e impulsar, de esa manera, las perspectivas de reactivación de la economía. Por lo que hace al gobierno, la estrategia de contención salarial y de sacrificio de los trabajadores debilita al sector formal, incuba y profundiza los descontentos sociales, alienta la ilegalidad, la delincuencia y propicia, de esa manera, una agudización de la ingobernabilidad que ya se padece en diversas regiones del país.

No debe omitirse, por otra parte, que si el grupo político-empresarial que detenta el poder ha conseguido mantener durante tanto tiempo la agresión a las percepciones de los trabajadores, ello ha sido posible por la carencia de una estructura sindical sólida y congruente, capaz de defender los salarios. En otros países, en los que existen centrales laborales comprometidas con sus agremiados, serían elevadísimos los costos de una política antisalarial como la que padecemos aquí en nuestro país, en cambio, algo oficialmente denominado sector obrero justifica y convalida las determinaciones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Ciertamente, pues, el charrismo y el sometimiento de las agrupaciones sindicales oficialistas permiten minimizar los costos políticos de las agresiones contra el salario, pero éstas se realizan a cargo de elevar en forma catastrófica el costo social, que se traduce en miseria, marginación, informalidad, violencia y criminalidad.

Tiempo de ser radicales Víctor Flores Olea

Termina este año sin que muchos se atrevan a decir lo necesario: sí, una democracia deslavada y simulada, un grave desequilibrio local y mundial entre riqueza y pobreza, un abismo de vida entre los incluidos y los excluidos, la globalización que sólo favorece a los pocos, con educación y salud para los menos, e ignorancia y muerte para las mayorías: un indigno mundo prepotente y dominador en manos de minorías con altanero desprecio para el resto, que muchos dicen no vale la pena ser vivido, y que demanda ser transformado y regenerado cuanto antes, so pena de desplomarse en el vacío. También como desaparición física –el efecto más grave de todos– de una sociedad de rapiña que no se detiene ni ante el peligro de la destrucción de la Tierra misma.

Pero parece que pocos se atreven a completar el consecuente razonamiento elemental: si las cosas son así, debemos procurar un cambio drástico en las actuales relaciones sociales, no solamente para hacerlas más llevaderas, sino para salvar a la sociedad misma de su hundimiento y crisis profundas. En ello, debería decirse, nos va la vida y no cabría la vacilación o la duda ni por un segundo.

Sin embargo, vemos que ante las crisis más hondas que vive hoy la humanidad: la de las economías, la de las migraciones, la del narco devastador, la de las carencias abismales en todos los terrenos (salud, empleo, educación, por ejemplo), los hombres y mujeres progresistas, o liberales, o de izquierda, como se guste llamarlos, prefieren escamotear los reales problemas, aquellos de fondo, y se conforman con apelar a ciertas medidas o fórmulas que han sido utilizadas por largo tiempo: el incremento de la productividad, o invocar la moralidad o buena conciencia de los poderosos, o pensar que el pillaje de los capos de los grupos de interés va a atenuarse para regresar, digamos, a las prácticas del Estado benefactor, menos agresivas que la estafa del neoliberalismo en marcha.

Históricamente existe un número abrumador de ejemplos, incluso recientísimos, que confirman lo dicho: ante la última crisis del capitalismo, y sus consecuencias también autodestructivas, se pensó, por ejemplo, en la posibilidad de que en Estados Unidos se abandonaran o modificaran las prácticas más rapaces del sistema financiero (su definición asumida de casino). No fue así: apenas recibido el muchas veces billonario refuerzo del gobierno, los capos se dedicaron a distribuirse esos despojos, sin pensar siquiera en el futuro más sólido del propio sistema.

Guerras, muertes hasta en el último rincón del mundo, destrucción de pueblos y regiones, y la propuesta es apenas la de un conjunto de tímidas reformas que olímpicamente son rechazadas por los jefes oligárquicos, antes incluso de que sean mencionadas.

Valga como ejemplo de lo dicho la actual situación en México: frente a la gravedad y cúmulo de los problemas únicamente se piensa casi exclusivamente en las elecciones próximas, no como indispensable tránsito a una más vivible sociedad, sino como instrumento de futuras canonjías y privilegios, como juego de poder en que los actuales jefes han de conservar sus posiciones y en que su única preocupación es la de aferrarse a las mismas y a la eliminación de sus adversarios, por las buenas o por las malas.

Lo que sostengo es que ha llegado el tiempo de ser verdaderamente radicales, rechazando de raíz la situación imperante por devastadora y antihumana, y de proponer transformaciones profundas que otorguen nuevos horizontes de vida a la sociedad actual tan maltratada, en todas partes. El periódico mensual que publica en alrededor de 5 millones de copias el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y que se distribuye puerta por puerta y casa por casa, se llama Regeneración, y esa voz expresa con mucho acierto lo que requiere la sociedad mexicana hoy, y más allá.

En reciente seminario universitario discutí hace unas semanas ciertas ideas de Slavoj Zizek, filósofo y sicoanalista esloveno, en que aboga por la actualidad de Lenin precisamente por el radicalismo político del fundador del partido bolchevique ruso, que rechaza sin concesiones la deshumanización y explotación del sistema capitalista y propone un comunismo que, en su idea original, debió ser una suerte de comunitarismo (dice Zizek) en que se recogen los más altos valores civilizatorios de una sociedad, de un pueblo. La actualidad de Lenin residiría sobre todo en la radicalidad del rechazo y en esa idea civilizatoria de rescate que contiene su propuesta, más que en el aspecto organizativo y estrictamente partidista de su táctica revolucionaria.

En todo caso, vale la pena profundizar en esta hipótesis: aceptada generalmente la actualidad de Marx, meditemos sobre una equivalente actualidad de Lenin, en sus distintos aspectos y dimensiones. Trabajo teórico atractivo hoy por excelencia.

En todo caso, el cambio profundo a que aludo ha de resultar de un movimiento nacional, de una amplitud, por los componentes civilizatorios que implica, tanto en el rechazo como en la propuesta constructiva, que difícilmente (tal vez imposible) puede ser el hijo de una sola mirada, grupo, sector o clase social, sino que ha de abarcar pujantemente al conjunto social, a la totalidad de la sociedad, si en verdad ha de afirmarse y constituir el arranque de una nueva época para la nación. Con el mayor número posible de mexicanos comprometidos con la transformación y regeneración del país.

Michoacán y el estado de derecho Bernardo Bátiz V.

l estado de Michoacán ha sido laboratorio experimental de la nueva práctica de suspender garantías individuales en forma generalizada, saltándose a la torera las disposiciones del artículo 29 constitucional. Sin oír a los secretarios de Estado y sin obtener previamente la aprobación del Congreso, el Ejecutivo federal, usando soldados, policías y marinos, pulverizó las garantías individuales en toda una entidad federativa y de facto, impuso el estado de sitio por tiempo indeterminado.

Se sabe, se comenta, se escribe en columnas periodísticas y en las redes sociales cuál es la intención de fondo de quien encabeza al gobierno federal: excluir a la izquierda que ha estado en el gobierno de Michoacán desde hace largo tiempo. Ese es el trasfondo, aun cuando la explicación aparente, la coartada para justificar el atropello es otra muy distinta: se trata de aprovechar el temor cultivado, el peligro exagerado, la inseguridad real, pero también fomentada y exhibida insistentemente.

Para lograr esta justificación, las oscuras oficinas donde se planeó y ordenó llevar a cabo la acción inconstitucional contaron con una amplia complicidad de muchos medios de comunicación, complacientes con la intención y el plan del titular del Poder Ejecutivo; pocos se han atrevido a poner en tela de juicio las versiones oficiales y los partes militares.

De esta acción extrema hay precedente: animadversión de Calderón contra el gobierno de sus paisanos y de ellos mismos; se recordarán declaraciones y alusiones abiertas, a veces, y veladas, otras, pero la primera expresión por vías de hecho, fue el michoacanazo, veintitantas detenciones arbitrarias, anticonstitucionales, con lujo de violencia, de personas que no se ocultaban, que no se encontraban al momento de su aprehensión en flagrancia, ni armadas, ni ocultándose, ni huyendo de la autoridad. Estaban en sus oficinas a las que cotidianamente asistían y donde todo mundo podía encontrarlas. El desenlace fue que los jueces dejaron libres a los apresados y solamente queda recluido uno, que probablemente sea también exonerado de los delitos que se le atribuyen.

El caso más grave, y hacia el futuro precedente preocupante, es el de la toma de Apatzingán y poblaciones aledañas por las fuerzas armadas en búsqueda de supuestos delincuentes. En la práctica, fue una verdadera invasión a territorio enemigo; periodistas y testigos reportan muertos y heridos, decenas de detenidos con violencia, como en el caso del michoacanazo, sin estar en flagrancia y sin sustento constitucional, saqueos, robos, vejaciones, golpizas y allanamientos de morada, no de una o dos casas, sino de poblados enteros; nadie podía reclamar ni pedir explicaciones, les iba peor; versiones periodísticas han dicho que la orden era acábenlos, no iban a detenerlos iban a matarlos y para ello se emplearon toda clase de armas de guerra y disparos desde helicópteros artillados. Fueron soldados contra vecinos.

No se trata de defender a delincuentes, sino de advertir sobre una práctica inadmisible en un estado de derecho; si permitimos sin denunciar estos hechos, fácilmente se volverán a repetir; el pretexto de la inseguridad y el fomento del miedo, están ahí, para justificar lo que sea.

Otro caso en el contexto de Michoacán es la persecución al ahora ex diputado Julio César Godoy Toscano, cuya historia me recuerda la del general Gallardo, quien ganaba un amparo e inmediatamente le iniciaban una nueva averiguación previa. No sé si el ex diputado tiene alguna culpa; no lo conozco personalmente y nunca he cruzado palabra con él, pero mi apreciación es que el procedimiento para quitarle el fuero tiene algo de reprobable, equívoco y acusa violaciones procesales. Un ejemplo: el agente del Ministerio Público tenía que acusarlo ante los diputados constituidos en tribunal de procedencia, pero se limitó a dejar por escrito su acusación y lo mismo hizo el defensor; todo ello, pocos minutos antes de que el dictamen de la Comisión Instructora se pusiera a votación, lo cual significa que los diputados votaron el desafuero sin conocer acusación y defensa, sin oportunidad de leer los documentos ni escuchar a las partes.

Dos o tres diputados tuvieron valor y se atrevieron, desafiando el linchamiento mediático, a señalar las irregularidades que se estaban cometiendo; lamentablemente, la mayoría votó conforme las consignas de sus coordinadores y otros pocos, indecisos, se abstuvieron.

Mal precedente; independientemente de la culpabilidad o inocencia de un diputado sometido al juicio de procedencia, los legisladores no debieron olvidar el sentido del fuero, es la defensa de ellos mismos, de su libertad y de su autonomía, es su escudo frente a posibles atropellos del Ejecutivo. El fuero surgió en la historia constitucional para defender a los legisladores del poder de quien tiene mando de fuerzas y puede emplear acusaciones y denuncias con fines políticos.

Aunque fuera como legítima defensa y por solidaridad, con base en las dudas razonables que se desprenden de la negativa de varios jueces a procesar a Julio César Godoy, lo que indica que se trata, cuando menos de un asunto muy discutible, sus colegisladores pudieron votar siguiendo el principio jurídico in dubio pro reo, en caso de duda, absolver y votar contra el desafuero, que es parte de la campaña por Michoacán. Lamentablemente, volvieron a perder una oportunidad y dieron un paso más hacia la demolición del estado de derecho y en favor del autoritarismo.

jusbbv@hotmail.com

El juicio a Diego Raymundo Riva Palacio Periodista

Distrito Federal– En 33 mil caracteres de computadora –equivalentes a más de 10 hojas redactadas a renglón seguido–, los presuntos secuestradores de Diego Fernández de Cevallos escribieron un manifiesto político que, como precondición de la liberación del abogado, exigieron que se difundiera. Funcionarios federales validaron el mensaje, tras lo cual circuló el sábado en forma convencional y por las redes sociales. El texto revela un juicio revolucionario al abogado panista –al que le perdonaron la vida– y un llamado subrepticio a la insurrección.

Fernández de Cevallos fue juzgado como un “operador de la oligarquía neoliberal”. Pero significativamente, ese poder que mencionan los ahora definidos como “Ex Misteriosos Desaparecedores” y rebautizados en el lenguaje neo revolucionario como “Red por la Transformación Global”, no toca de fondo al PAN, que ha estado en el poder por una década, salvo en forma periférica, y se enfoca al PRI en dos tiempos: el gobierno de Carlos Salinas, y el momento actual.

El largo comunicado se divide en tres partes y tiene importantes omisiones. No toca a los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y en ningún momento habla directamente del presidente Felipe Calderón –sólo una referencia al “fraude” en 2006–. El ajuste de cuentas es con el gobierno que estiman comenzó con el neoliberalismo, y con los empresarios que dice lucraron con ese modelo.

Son esos “benefactores”, sugieren, a quienes Fernández de Cevallos, el “nudo por donde atraviesan múltiples historias turbias” envió cartas para reclamar “apoyo económico en correspondencia a su lealtad y a sus servicios”. En orden jerárquico: Carlos Salinas, Carlos Slim, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Alberto Bailleres, Claudio X. González, Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, Bernardo Quintana, Ignacio Loyola (ex gobernador de Querétaro), Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Juan Sandoval Íñiguez, Onésimo Cepeda, Norberto Rivera, Roberto Madrazo, Jorge Hank, Santiago Creel, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps, (y) Elba Esther Gordillo, “entre otros”.

La neoguerrilla no distingue que entre algunos de ellos haya profundas diferencias o enemistades. No es la única anomalía. Subyacen a lo largo del manifiesto lugares comunes y silogismos –“el gobierno es mafioso porque protege los intereses de los grandes ricos” –, así como juicios convencionales –el duopolio televisivo, la mafia del poder–; superficialidades – “la sociedad mexicana, como podemos ver, está dividida en dos: Ellos y Nosotros. Ellos ricos y Nosotros pobres” –; y generalizaciones – “¿Este gobierno mafioso es el único viable en nuestro país? Sabemos que no, otro México es posible y lo tenemos que construir Nosotros los de abajo” –.

Es decir, parece más inspirado en la lectura de un periodismo sesgado y descontextualizado que en el dogmatismo militar en el que crecieron. Por ejemplo: “La distancia entre el discurso de gobierno y las prácticas corruptas que lo caracterizan son una clara muestra de que los más altos funcionarios y las instituciones del Estado están coludidos con el crimen contra quien dicen estar luchando.

“Esta contradicción inicial desata una cadena ininterrumpida de mentiras difundidas ampliamente por los medios de comunicación con los que están coludidos; esta difusión forma parte de la violencia cultural que promueve, legitima y justifica la violencia directa que el gobierno sostiene, así como de la violencia del hambre, del desempleo, de la migración, de la delincuencia infantil y juvenil, de la trata de blancas. En fin, de esa violencia silenciosa que obliga a gritar ¡Ya Basta”.

Sin embargo, escudriñando entre sus frases superficiales, se encuentran mensajes de otra naturaleza, que alejados del lenguaje marxista de los movimientos armados, esconden una amenaza de la violencia. “Creemos firmemente que reapropiarse del uso constructivo de la violencia es legítimos y hemos actuado en consecuencia”. Por ello el secuestro de Fernández de Cevallos, un símbolo de aquellos a quienes consideran sus enemigos, y como parte de un proyecto hacia el “poder popular”, para “transformar este país transnacionalizado en una verdadera patria digna, libre y nuestra”.

El llamado “Boletín-Epílogo” está hueco de ideología. Hay remanentes en la retórica de algo que fue pero que se esfuma en la debilidad de sus argumentos. Carece de la solidez de los comunicados del EPR o de los documentos del ERPI. Pero es un grupo que ha tenido éxito a lo largo de más de 10 años de secuestros de alto impacto. En el caso de El Jefe Diego, afirman haber logrado con el pago del rescate resarcir parte de lo que robó durante años.

En ninguna parte informan cómo van a repartirlo para apuntalar su patria nueva. De hecho, con sus millones de dólares en caja, podrán seguir utilizando la violencia como arma política hasta que dentro de dos años, como desde hace una década vuelvan a realizar otro secuestro más altamente redituable.

Calderón no atendió a Marisela, pero dice que impunidad la mató El Diario/Agencias

El presidente Felipe Calderón censuró ayer a los jueces de Ciudad Juárez que exoneraron el pasado 30 de abril a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de la joven Rubí Frayre Escobedo, hija de Marisela Escobedo Ortiz, la activista asesinada en la ciudad de Chihuahua el pasado jueves 16.

En su cuenta de Twitter (@FelipeCalderon), el mandatario federal emitió a las 10:36 horas de ayer dos mensajes, el primero de ellos dedicado al caso de Marisela Escobedo.

“Es lamentable que jueces de Chihuahua soltaran al asesino confeso de Rubí Frayre. Esa impunidad causó el asesinato de Marisela Escobedo”, escribió.

Sin embargo, el presidente de la República parece olvidar que a finales de julio de este año la activista buscó entrevistarse con él para exigirle la captura del homicida de su hija, pero no la atendió, según expone el comentarista Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate que se publica hoy.

De hecho, de acuerdo con el archivo periodístico, el 5 de julio Escobedo inició un recorrido hacia la ciudad de México, en cuyo trayecto fue repartiendo comunicados con información sobre la búsqueda del homicida de Rubí.

Fue precisamente en la ciudad de Zacatecas donde la señora Escobedo localizó, de acuerdo con sus propias pesquisas, a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien huyó de los policías zacatecanos que atendieron la petición de la activista.

Unos días después, el viernes 30 de julio, Marisela acudió a la residencia oficial de Los Pinos en busca del presidente Felipe Calderón, para tratar de agendar una cita en la que pudiera solicitarle justicia por el asesinato de su hija, pero no lo consiguió.

Ese día, Escobedo y otras madres de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez, levantaron el campamento “Contra el feminicidio y la trata de personas exigimos justicia”, que habían instalado en el Hemiciclo a Juárez de la ciudad de México, y se dirigieron a Los Pinos, en donde, además de buscar entrevistarse con el primer mandatario, entregaron una carta dirigida a Calderón en la que le informaban de la situación que guardaba el caso de Rubí.

Afuera de Los Pinos, Marisela Escobedo declaró a los medios que “a Sergio Rafael Barraza deben detenerlo porque asesinó a mi hija, es un asesino confeso, y está sentenciado, está declarado culpable. Venimos aquí a exigir justicia, que no hemos encontrado en nuestra ciudad, en nuestro estado, la tenemos que encontrar en la Federación y la teníamos que haber encontrado desde hace mucho”.

Un día antes de que la señora Escobedo fuera asesinada en la banqueta de Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, el miércoles 15 de diciembre el presidente Calderón “sí participó en la ceremonia en la que entregó a la señora Isabel Miranda de Wallace el Premio Nacional de los Derechos Humanos y en la que pidió al país combatir la impunidad”, escribe Sergio Sarmiento en su columna.

Ayer, en un segundo mensaje, emitido 13 minutos después en su cuenta de Twitter, Felipe Calderón atribuyó a los gobiernos locales el combate a la corrupción en los penales y en el sistema de justicia.

Esto, a 48 horas de la mayor fuga de reos ocurrida en México, cuando 151 internos se escaparon el viernes pasado del penal de Nuevo Laredo.

“Combatir la corrupción en el sistema penitenciario y de justicia en los estados es una tarea urgente que deben atender los gobiernos locales”, dijo.

Altos contrastes Miguel Ángel Granados Chapa Periodista

Distrito Federal– La señora Marisela Escobedo asumió un riesgo y lo pagó con su vida. El Presidente de la República y funcionarios en torno suyo, sus amigos, se hallan también en riesgo y cobran por ello. A las afueras del palacio de Cobián donde despacha el Secretario de Gobernación mujeres que muestran su indignación por aquella muerte, son maltratadas por la Policía Federal mientras que, puertas adentro, se festeja el fin del año con una pastorela. La desconfianza del gobierno federal en el de Michoacán, manifiesta y aun denunciada de nuevo, ahora con motivo de la fiera batalla decembrina contra La Familia Michoacana se parece poco al trato deferente que rige la relación con el gobierno de Tamaulipas, no obstante que durante el gobierno de Eugenio Flores, a punto de concluir, esa entidad se convirtió en territorio donde rige la ley criminal, como lo muestra –por citar sólo un ejemplo– la cómoda fuga de 141 reclusos de la penitenciaría de Nuevo Laredo, lo que hace un total, sólo en este año, de 376 presos evadidos de cinco penales de estado.

Desde el momento en que su hija Rubí Marisol Frayre, de 16 años de edad, desapareció en Ciudad Juárez, su madre Marisela Escobedo se impuso el deber de hallarla, y cuando sus propias indagaciones, no las de las policías encargas de hacerlo, le hicieron saber que Rubí había sido asesinada por su propio compañero, padre de su bebé, logró que fuera capturado y sometido a juicio. El propio Sergio Barraza confesó su crimen (que consistió en no sólo arrebatar a la vida a su mujer casi niña, sino en descuartizarla también) y ubicó el lugar donde arrojó los restos. En la audiencia para sentencia, Barraza pidió a la señora Marisela, presente en la sala, perdón por el daño que le infirió al asesinar a su hija. Por todo ello resultó monstruosa la absolución que benefició a Barraza. Al sentido común de los presentes en el acto, y a todos quienes conocen los pormenores del asunto provoca indignado estupor el que un asesino confeso quede en libertad. Los tres juzgadores (incluida una jueza que ya había otorgado libertad a un asesino de su propia mujer), que exoneraron a Barraza basaron su resolución en deficiencias técnicas del ministerio público, que no aportó más pruebas que la confesional, insuficiente para condenar a un procesado desde que la experiencia mostró que la antaño tenida como reina de las pruebas puede ser fabricada y con ello muchos inocentes fueron condenados.

Un alarido que surgió de su entraña, mezcla de ira y de dolor, lanzado por la madre de la víctima en el momento de la sentencia fijó el momento en que recomenzó su lucha por obtener justicia. Logró en ese esfuerzo que en la apelación se corrigiera el aberrante fallo y se ordenara la reaprehensión de Barraza, no lograda hasta ahora. Indagando por su cuenta, la señora Escobedo logró saber que, como antes de su detención, el asesino se había refugiado en Fresnillo, Zacatecas, y se había enrolado con “Los Zetas”. El nuevo gobernador de Chihuahua, César Duarte y su fiscal general desdeñaban la informacion tildándola de vaga (¿qué querían? ¿que doña Marisela proporcionara el domicilio del asesino, su número telefónico y el horario en que podía ser atrapado?)

También desestimaron las amenazas recibidas por la señora Escobedo de familiares de Barraza. Y aunque Duarte diga ahora que la madre de Rubí Marisol era resguardada por una “protección discreta”, doña Marisela fue asesinada el jueves por la noche, a unos metros del palacio de gobierno, hacia donde huía desde la plaza Hidalgo (el zócalo chihuahuense). Allí protestaba, desde semanas atrás, por la ineficacia y el desinterés por atrapar a Barraza. Hasta allí llegó un tirador que la mató con un certero balazo en la cabeza.

Aparte de su significado directo, en sí mismo, este asesinato encierra una advertencia a los deudos de víctimas, víctimas ellas mismas: conténtense con la impunidad provista por las autoridades, no busquen alterar el cómodo patrón que deja sin castigo a los autores de infinidad de crímenes. Déjense poseer por el miedo y paralícense.

En sentido contrario, el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora pidió a los ciudadanos no dejarse vencer por el temor y formular denuncias anónimas para mejorar el combate a la delincuencia. Lo dijo en otro festejo, un desayuno de fin de año con la prensa, y rodeado de su escoltas. Es, además, uno de los nueve secretarios de estado que reciben un pago extra por los riesgos que implica el desempeño de su responsabilidad. La prima correspondiente es recibida asimismo por el Presidente de la República, que conforme al presupuesto de 2011 recibirá por ese concepto ochocientos trece mil pesos cada mes. Otros funcionarios, de su entorno personal, que no están directamente con asuntos de seguridad (argumento que justifica esas erogaciones) han recibido también esa paga. Entre ellos se cuenta Maximiliano Cortázar, Max como le dice la prensa zalamera, ex director de comunicación social de la Presidencia. Hace una semana dejó la misma función en el PAN, pero podrá enfrentar su desempleo con los ochocientos cincuenta y cuatro mil pesos que se le entregaron sólo en ese renglón mientras sirvió en Los Pinos.

Su sucesora en la casa presidencia, Alejandra de la Sota, recibió en un cargo de menor jerarquía, hasta el año pasado, trescientos cinco mil pesos. Es de suponerse que como directora general dejará de percibir esa prima, pues sus funciones como vocera presidencial quedaron mermadas con la designación de Alejandro Poiré que ahora las realiza en materia de seguridad.

En ese papel, Poiré fue relator de la batalla de Michoacán, el conjunto de graves enfrentamientos de la Policía Federal (principalmente, aunque después entraron en acción militares y marinos) con La Familia Michoacana, y los graves delitos que esa banda delincuencial practicó, sobre todo pero no sólo en la Tierra Caliente. Es indudable que esa agrupación, de características peculiares, ha sido atacada con éxito por las fuerzas federales, pues han sido muertos o detenidos algunos de sus jefes, y otros, como Servando Gómez, apodado “La Tuta”, han sido identificados y conocido su entorno, que lo sitúa como profesor de enseñanza primaria.

Es alto el contraste entre esa actitud federal ante Michoacán que la observada respecto de Tamaulipas. Aun en mayor medida que Chihuahua, que está a la cabeza en el marcados de muertes relacionadas con el narcotráfico, las bandas delincuenciales gobiernan amplias franjas del territorio tamaulipeco. Allí se han producido crímenes y situaciones que relevan ausencia, impotencia o complicidad de las autoridades locales, principalmente el gobernador Hernández Flores, que está por concluir su infausto sexenio. Pero no hay en su contra reproches federales. Será porque el tamaulipeco fue uno de los gobernadores priístas que “orientaron” el voto hacia la candidatura de Calderón y no la de su partido en julio de 2006.

Secuestro del jefe Diego, acto de desagravio: dicen plagiarios Verónica Espinosa Apro

Querétaro— Al reiterar que liberarán a Diego Fernández de Cevallos –cuya integridad física dicen haber respetado- los presuntos integrantes de la llamada “Red Transformadora Global” divulgaron los dos comunicados restantes que anunciaron enviarían a los medios de comunicación, mismos que fueron publicados por el columnista José Cárdenas a través de su cuenta en Twitter.

En ellos se exhibe a un Diego Fernández “operador de la oligarquía neoliberal y de la ultraderecha fundamentalista, traficante de influencias, mercenario de los juzgados, legislador a sueldo, rentista de la crisis y defensor de los grandes capos de la droga”, y su secuestro –al que denominan “aprehensión”- es considerado un “acto de desagravio”.

Con este plagio, afirman estos comunicados, se quiso “dar un golpe político a la plutocracia y a sus instituciones”, en las que incluyen una larga lista de nombres de los empresarios y políticos más encumbrados del país, comenzando por el ex presidentes Carlos Salinas y el magnate Carlos Slim.

De este modo, se indica, “exhibirlo y obligarlo a devolver una milésima de lo robado” fue también una muestra “de la voluntad de lucha y de la capacidad operativa de los ‘descalzonados’, como él nos denomina, y de que nadie por poderoso que sea, es intocable”.

Enseguida se transcriben íntegros los últimos dos comunicados –el primero de estos se conoció el viernes, y según el propio José Cárdenas su autenticidad fue probada-, cuya publicación supuestamente sería el preámbulo para la liberación del ex candidato presidencial.

En la segunda de las tres partes, señala que “Diego Fernández de Cevallos acumula una larga pero poco honrosa carrera de impunidad y enriquecimiento. Por ejemplo, como amigo y abogado del millonario Alberto Bailleres (Presidente de Grupo Bal y dueño de El Palacio de Hierro y Seguros GNP), defendió a la empresa MetMex Peñoles contra las madres de más de 11,000 niños envenenados por la contaminación ocasionada por la fundidora en Torreón Coahuila. Ni las movilizaciones ni demandas penales de los afectados tuvieron éxito, pues la poderosa empresa estaba jurídicamente blindada contra las demandas populares gracias a las artes litigantes de su abogado a quien la justicia es lo que menos importa.

Agrega que “Ahora sabemos que la revelada relación entre los gobiernos mexicanos y el narcotráfico ha sido una constante. Lo que en un inicio fue un jugoso negocio controlado con acuerdos y cuotas pactadas se ha convertido en un mercado en disputa donde el gobierno no ha dejado de favorecer al ala que lo ha nutrido”.

Habla además de los “más de 30,000 muertos sin contar a aquellos que deambulan en el anonimato; más de 200, 000 encarcelados por haber encontrado como opción de vida la delincuencia; casi 8 millones de jóvenes desocupados que bien podrían alimentar los grupos delincuenciales, de esquiroles o la drogodependencia.

En la tercera parte señala que “Diego Fernández de Cevallos parecía intocable hasta aquella noche en que su pasado oscuro lo alcanzó. Y, muy a su pesar, tuvo que responder de algunos de sus actos y verse en el espejo de nuestra mirada… espejo que al hacerlo prisionero reflejó su hechura de corrupto, prepotente y voraz expropiador, demostrando un hecho fundamental: siempre que como pueblo nos atrevamos a luchar contra la injusticia, no habrá felonía que quede impune”.

Pero señala que “A Diego le fue respetada su integridad física sin el desprecio que por la vida humana demuestra el poder con Nosotros”.

“Con base en los resultados de este acto, consideramos necesario compartir la convicción de que si quienes somos pueblo logramos organizarnos en una sola voluntad política nacional, en una colosal fuerza social organizada, podremos hacer frente común a la injusticia y a la impunidad, a fin de derrotar a nuestros opresores y acordar la organización de una sociedad verdaderamente humanizada. Y pese a tener innumerables imputaciones en su contra y de que miles de ciudadanos exigen su legítima ejecución, conscientes estamos de que la verdadera solución a la crisis que vive el país no está en liquidarlo, sino en la capacidad del pueblo para organizarse y retomar las riendas de su propio destino, recurriendo a todos los medios a su alcance.

“Como parte del pueblo organizado decidimos realizar una tarea, la responsabilidad es nuestra. Creemos firmemente que reapropiarse del uso constructivo de la violencia es legítimo y hemos actuado en consecuencia.

“Esta tarea es parte de un proyecto más grande e importante: participar en la construcción del poder popular para transformar este país transnacionalizado en una verdadera patria digna, libre y nuestra. ¿O es mucho soñar con que las riquezas de México sean para la mayoría de los mexicanos? ¿Es ambicioso soñar con un país productivo que pueda dar trabajo y remuneración digna a sus hijos? ¿Es un sueño guajiro pensar que somos los 90 millones de pobres quienes debemos tener la posibilidad real de tomar las decisiones importantes en el modelo económico, político y cultural que deseamos? ¿Es mucho pedir un México para todos los mexicanos?”, concluye el texto.