El presidente Felipe Calderón censuró ayer a los jueces de Ciudad Juárez que exoneraron el pasado 30 de abril a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de la joven Rubí Frayre Escobedo, hija de Marisela Escobedo Ortiz, la activista asesinada en la ciudad de Chihuahua el pasado jueves 16.
En su cuenta de Twitter (@FelipeCalderon), el mandatario federal emitió a las 10:36 horas de ayer dos mensajes, el primero de ellos dedicado al caso de Marisela Escobedo.
“Es lamentable que jueces de Chihuahua soltaran al asesino confeso de Rubí Frayre. Esa impunidad causó el asesinato de Marisela Escobedo”, escribió.
Sin embargo, el presidente de la República parece olvidar que a finales de julio de este año la activista buscó entrevistarse con él para exigirle la captura del homicida de su hija, pero no la atendió, según expone el comentarista Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate que se publica hoy.
De hecho, de acuerdo con el archivo periodístico, el 5 de julio Escobedo inició un recorrido hacia la ciudad de México, en cuyo trayecto fue repartiendo comunicados con información sobre la búsqueda del homicida de Rubí.
Fue precisamente en la ciudad de Zacatecas donde la señora Escobedo localizó, de acuerdo con sus propias pesquisas, a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien huyó de los policías zacatecanos que atendieron la petición de la activista.
Unos días después, el viernes 30 de julio, Marisela acudió a la residencia oficial de Los Pinos en busca del presidente Felipe Calderón, para tratar de agendar una cita en la que pudiera solicitarle justicia por el asesinato de su hija, pero no lo consiguió.
Ese día, Escobedo y otras madres de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez, levantaron el campamento “Contra el feminicidio y la trata de personas exigimos justicia”, que habían instalado en el Hemiciclo a Juárez de la ciudad de México, y se dirigieron a Los Pinos, en donde, además de buscar entrevistarse con el primer mandatario, entregaron una carta dirigida a Calderón en la que le informaban de la situación que guardaba el caso de Rubí.
Afuera de Los Pinos, Marisela Escobedo declaró a los medios que “a Sergio Rafael Barraza deben detenerlo porque asesinó a mi hija, es un asesino confeso, y está sentenciado, está declarado culpable. Venimos aquí a exigir justicia, que no hemos encontrado en nuestra ciudad, en nuestro estado, la tenemos que encontrar en la Federación y la teníamos que haber encontrado desde hace mucho”.
Un día antes de que la señora Escobedo fuera asesinada en la banqueta de Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, el miércoles 15 de diciembre el presidente Calderón “sí participó en la ceremonia en la que entregó a la señora Isabel Miranda de Wallace el Premio Nacional de los Derechos Humanos y en la que pidió al país combatir la impunidad”, escribe Sergio Sarmiento en su columna.
Ayer, en un segundo mensaje, emitido 13 minutos después en su cuenta de Twitter, Felipe Calderón atribuyó a los gobiernos locales el combate a la corrupción en los penales y en el sistema de justicia.
Esto, a 48 horas de la mayor fuga de reos ocurrida en México, cuando 151 internos se escaparon el viernes pasado del penal de Nuevo Laredo.
“Combatir la corrupción en el sistema penitenciario y de justicia en los estados es una tarea urgente que deben atender los gobiernos locales”, dijo.
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