Con la “disciplina del silencio”, como la describió a Proceso un alto representante del gabinete de seguridad, Joaquín Guzmán Loera operó su fuga sin descuidar el control de su negocio. En la cárcel de El Altiplano se sabía de sus relaciones y negociaciones internas y externas y, de acuerdo con información obtenida mediante la plataforma de Méxicoleaks, se conocieron también los contactos de sus abogados con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Las autoridades estaban al tanto de sus planes a detalle, pero dejaron actuar al líder del Cártel de Sinaloa. Proceso buscó el punto de vista de la Segob, a través de su Dirección de Comunicación Social, pero hasta el cierre de la edición no había contestado.
Un día después de la segunda detención de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el domingo 23 de febrero de 2014, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, le hizo saber que en el departamento donde fue aprehendido, en Mazatlán, se habían encontrado documentos del Ejército y la Marina sobre su persecución.
El Chapo dijo que nadie lo ayudaba. Zerón le aseguró que la documentación de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se refería a las actividades de él, los vehículos que usaba y mapas militares de la sierra de Sinaloa. Guzmán insistió en negar cualquier protección oficial.
El diálogo fue referido como “información de inteligencia” por los agentes de la Policía Federal encargados de vigilar al capo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano. Los policías federales dijeron que sólo era una parte de la conversación entre el jefe policial y el interno, identificado en su expediente penitenciario y policial como Benito.
No sería la última vez que desde El Altiplano se hablara de protección gubernamental en torno al líder más perseguido del Cártel de Sinaloa.
Información de inteligencia obtenida por Proceso mediante la plataforma Méxicoleaks y corroborada con funcionarios del gabinete de seguridad y del sistema penitenciario da cuenta de una supuesta protección desde la propia Secretaría de Gobernación (Segob) para facilitar la segunda fuga del Chapo de una prisión llamada de máxima seguridad.
Recopilada durante más de un año, mientras Guzmán estuvo preso en El Altiplano, en el Estado de México, esa información refiere también pactos y alianzas del líder del Cártel de Sinaloa dentro y fuera de la cárcel para seguir operando como uno de los principales jefes del narcotráfico en México. El acuerdo más importante lo alcanzó con Los Zetas, o por lo menos con el grupo de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, señalado como jefe regional en Tamaulipas de esa organización delictiva y quien murió en el penal en septiembre pasado por causas aún no aclaradas.
Para ambas operaciones Guzmán se apoyó en dos de sus abogados: Andrés Granados Flores y Óscar Manuel Gómez Núñez, quienes le permitieron operar la fuga y la búsqueda de acuerdos dentro del penal no sólo por su seguridad sino para continuar con sus actividades delictivas, según las acusaciones en su contra. El Chapo complementó esa doble operación con lo que un funcionario del gabinete de seguridad describió como la “disciplina del silencio”.
“Bajo perfil”
La actitud “mesurada, de bajo perfil” de la que dan cuenta los datos obtenidos siguió a la pretensión inicial del Chapo de buscar una negociación con las autoridades para no ser extraditado a Estados Unidos, donde tiene abiertos por los menos seis expedientes penales en cortes de California, Texas, Nueva York, Nueva Hampshire y Chicago.
La información en torno a Guzmán Loera en el penal de El Altiplano era extensa. La tenían la Policía Federal (PF) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que depende el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Todas, bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación.
Sus actividades en el penal eran seguidas y reportadas a las oficinas de la División de Inteligencia de la PF, en avenida Constituyentes, en el poniente del Distrito Federal.
Los agentes federales encargados de su vigilancia registraron también las numerosas visitas que recibió, los pactos que logró establecer para su seguridad en el penal, sus operaciones desde la cárcel y la tregua pactada con Los Zetas, o al menos con un sector de esa organización delictiva. No se sabe qué se hizo con toda esa información.
El Chapo desplegó un equipo de siete abogados para su defensa, pero Granados Flores y Gómez Núñez fueron la clave para sus operaciones dentro y fuera del penal, de acuerdo con la información de inteligencia. A ambos los nombró como sus defensores el 25 de febrero, cuando tras su detención anunció que apelaría el primer auto de formal prisión en su contra por el cargo de delincuencia organizada en su variante de delitos contra la salud.
Después sumó a su equipo de litigantes a Juan Clemente Morales, José Refugio Rodríguez Núñez, Fernando Botello Becerra, Juan Pablo Badillo Soto y Héctor Manuel Rábago Romero.
Cada uno cumplía funciones específicas; Badillo Soto, por ejemplo, estaba encargado únicamente de promover amparos contra la extradición de Guzmán a Estados Unidos, según informó el propio abogado a este semanario (Proceso 2022).
Rodríguez Núñez tenía la encomienda de organizar la “asesoría jurídica” para la publicación del libro El Ahijado, sobre la vida del capo. El libro sería una biografía autorizada por el propio Guzmán Loera.
Los abogados fueron su principal contacto con el exterior. En octubre pasado, el senador perredista Alejandro Encinas, integrante de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, reveló que El Chapo recibió 272 visitas de sus abogados, 68 de familiares y 46 conyugales. Esas visitas frecuentes le permitieron tener contacto con lo que pasaba afuera del penal durante 386 de los 477 días que estuvo en prisión; es decir, 80% de su tiempo en reclusión.
Los reportes indican que Granados Flores se encargó de los contactos en Gobernación para obtener “los planos, croquis e imágenes del penal” y otros beneficios para El Chapo mientras estuvo preso.
Aseguran que el abogado tenía “conocimiento de la escala jerárquica de funcionarios relacionados con los Centros Penitenciarios en otras instituciones de gobierno”. En particular, refirió en una ocasión “a un amigo que está por arriba de la licenciada Celina Oseguera Parra”, coordinadora general de los Centros Federales, en el OADPRS.
Por encima de Oseguera Parra sólo había tres personas: el comisionado del OADPRS, Ignacio Hernández Mora; el titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido García, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Hernández Mora fue el jefe inmediato de Oseguera Parra hasta que ocurrió la fuga. Fue cesado por Osorio Chong, pero la PGR sólo le pidió que declarara ante el Ministerio Público, sin que él ni ningún otro colaborador cercano de Osorio Chong en el órgano carcelario hayan sido considerados probables responsables de la fuga (Proceso 2030).
La PGR, en cambio, detuvo a Granados Flores tras la evasión, pero el litigante obtuvo su pronta libertad porque, a decir de la justicia federal, el Ministerio Público no presentó suficiente evidencia en su contra al consignar su expediente.
Los datos entregados a este semanario a través de la plataforma Méxicoleaks refieren que el 23 de junio de 2014 Granados Flores mencionó a Hernández Mora “probablemente con la finalidad de contactarlo y llegar a ciertos acuerdos, por lo que probablemente ofrecerá dinero a cambio de obtener beneficios para Benito”. Ese mismo día, de acuerdo con los reportes policiales, Celina Oseguera Parra fue a El Altiplano.
La misma información refiere que desde el 11 de julio de 2014, exactamente un año antes de la evasión, se reportó “fuga de información sensible” porque “Benito cuenta con contactos en la Secretaría de Gobernación”.
Precisa: “Mediante inteligencia penitenciaria se pudo identificar que Benito tiene contactos en la Secretaría de Gobernación”, que le informan de las decisiones de la dependencia sobre los traslados de internos a otros centros federales, en su caso primero durante dos meses a Matamoros y luego a Durango, donde podrían atentar en su contra. Según los agentes policiales, Oseguera Parra insistió en que “el exjefe del Cártel de Sinaloa” fuera trasladado al Cefereso 3, Noreste, en Tamaulipas.
El Chapo encargó a sus abogados que investigaran “todo lo referente a dichos ceferesos”, desde la comida, las visitas y la tranquilidad, “porque actualmente se encuentra a gusto, pero desea saber si le conviene el cambio”. La información es insistente en que sus abogados eran informados “por una persona cercana al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”.
Joaquín Guzmán incluso se enteró en junio de 2014 que sus abogados habían conversado “con cierta persona, quien tomará el mando de la Gendarmería”. Dos meses después, Manelich Castilla Craviotto –quien formó parte del equipo de Genaro García Luna cuando éste fungió como secretario de Seguridad Pública– fue designado comisario de la División de Gendarmería. Lo mismo ocurrió con el nombramiento de Celina Oseguera. El Chapo se enteró un día antes de que se anunciara la designación, el 30 de julio de 2014.
Según el monitoreo policial, Gómez Núñez expresó optimismo por la llegada de Oseguera Parra. De Granados Flores dice que se reunió también con la entonces funcionaria el 25 de enero de este año porque a Guzmán le habían retirado el televisor.
El Chapo fue informado por Granados Flores de que todos los internos del pasillo 2 del área de Tratamientos Especiales, donde él se encontraba, serían cambiados de penal, por lo que Guzmán le pidió al litigante los datos de su amparo a fin de evitar el traslado.
El adelanto sobre el movimiento masivo de internos lo compartió Guzmán con El Canicón; con Mario Cárdenas Guillén, M-1, del Cártel del Golfo; Arturo Martínez Herrera, El Texas, narcotraficante y traficante de personas en el norte de Tamaulipas, y con Eduardo Teodoro García Simental, El Teo, que operaba en Tijuana.
Los datos señalan que a través del abogado Gómez Núñez el sinaloense recibió información de funcionarios públicos “con quienes posiblemente tienen vínculos, con la finalidad de obtener beneficios en su proceso legal”. Gómez Núñez está ahora detenido, acusado de haber sido el principal operador y organizador de la fuga.
Siempre al tanto
El Chapo continuaba sus operaciones ilícitas por conducto de Gómez Núñez. “Con apoyo de dicho defensor se mantiene informado acerca de los nuevos grupos delictivos que está formando su gente al exterior del Centro Federal”.
El monitoreo lo señala como contacto con otros grupos delictivos, en particular con integrantes de Los Zetas, con el fin de “realizar un pacto entre organizaciones para mediar los intereses en común”.
De acuerdo con el seguimiento policial, reportado en noviembre del año pasado, el propósito de ambas organizaciones era reducir los niveles de violencia.
Añade que debido a los 10 procesos penales que el capo tenía en ese momento en su contra, fueron constantes sus traslados al área de juzgados, lo cual le permitió comunicarse con otros internos, entre ellos con El Teo, El Canicón y con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss.
Asegura que desde su llegada al penal, El Chapo se mostró mesurado, con un perfil bajo, “aunque alerta ante señalamientos de la posibilidad de que algunos enemigos internos en dicho penal pudieran atentar contra su vida o la de sus familiares, por lo que mantuvo una conducta conciliadora y de no agresión”. Uno de sus hermanos, Arturo, fue asesinado en 2004 en ese mismo penal.
La misma actitud negociadora la tuvo con funcionarios de la PGR y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional desde el primer día en que lo entrevistaron en El Altiplano, con quienes buscó evitar que lo extraditaran a Estados Unidos.
El seguimiento policiaco reportó que la actitud reservada del Chapo obedeció también a las prerrogativas legales y “algunos privilegios cedidos por las autoridades del penal”. El énfasis fue puesto por sus vigilantes en la relación con sus defensores: “Se observa más relajado en cuanto a la comunicación que mantiene con sus abogados, a los cuales utiliza como mensajeros, al igual que a su pareja, Emma Modesta Coronel Aispuro”.
Los “pactos de no agresión” incluyeron al Cártel del Golfo mediante Mario Cárdenas Guillén, El M-1, quien supuestamente le propuso actividades conjuntas, así como a los hermanos Teodoro, Marco Antonio y Eleazar García Simental, con influencia en Tijuana, y con quienes supuestamente acordó el trasiego de una droga identificada como “paloma”.
También se menciona el mismo tipo de acuerdos con Guerreros Unidos, a quienes se responsabiliza de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y con Los Paisas, grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, se indica que Guzmán Loera expresó su enemistad con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder de esa organización, pues éste presuntamente asesinó a algunos de sus colaboradores. El Canicón le expresó igualmente su confrontación con Oseguera Cervantes porque mantenía conflicto con Los Paisas dentro del penal.
Otro enemigo común mencionado en la información fue Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Según los reportes, Guzmán Loera aseguró haber despedido a Valdez Villarreal “porque se puso a robar y secuestrar” por su cuenta, mientras Nájera Talamantes aseguró que La Barbie le robó droga a Osiel Cárdenas Guillén cuando éste era el líder del Cártel del Golfo y Los Zetas eran su brazo armado.
La información expone que la estrecha relación que El Chapo tuvo con Nájera Talamantes molestó a Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, y a su hermano Omar, El Z-42. El Canicón murió en el penal el pasado 7 de septiembre y fue uno de los internos que declaró sobre la fuga de Guzmán.
La Barbie fue extraditado a Estados Unidos en septiembre último mientras los internos que compartieron con El Chapo en la zona de Tratamientos Especiales y supieron directamente de la huida fueron movidos a distintos penales federales, pese a que varios de ellos tenían amparos contra sus traslados (Proceso 2031).
Los encargados de la vigilancia del Chapo aseguran que recomendaron medidas para “inhibir y neutralizar” la capacidad del reo de comunicarse con otros internos y mantener sus operaciones desde el penal.
La Secretaría de Gobernación, a través de su Dirección Social, fue requerida por Proceso ante la información obtendida vía Méxicoleaks. El miércoles 18 se envió por correo electrónico al titular de esa oficina, Roberto Femat Ramírez, un cuestionario. Al día siguiente la solicitud se hizo por escrito a esa misma oficina. Al cierre de esta edición, la noche del viernes 20, no había respuesta. l
