Javier Lozano confiesa : ¡ Sí hay PRIAN !

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HUAPANGO POR EL CAMBIO

LA BAMBA PARA ANDRES MANUEL (AMLO)

AMLO - La canción que escapo de la luna

¿Por qué los yanquis promueven el golpe de estado en Venezuela?

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AMLO Es El Principal Enemigo Del Frente Amplio Democrático Para 2018: Graco Ramírez

Graco Ramírez, gobernador de Morelos reconoció que “López Obrador es, junto con el PRI, el principal enemigo del Frente Amplio Democrático para 2018”. Además acusó a Andrés Manuel López Obrador de “representar lo peor del priismo autoritario”.

Durante un evento de la corriente perredista Nueva Izquierda realizado en Oaxtepec, Morelos, Ramírez señaló que “el dirigente nacional de Morena está rodeado de hampones y trácalas”.

“(López Obrador es) la expresión más nítida del priismo autoritario, vean la nómina de quién lo rodea, puro hampón perdonado, puros trácalas perdonados por él”, sentenció según un comunicado.

El Mandatario estatal acusó, de igual manera, que “los principales enemigos del Frente Amplio Democrático propuesto por el PRD son el tabasqueño y el tricolor”. “Están tratando de descarrilarnos del camino, porque esto rompe con su estrategia, con estrategia toluqueña, divides a la oposición y pueden tener esperanza de ganar, aunque sea por tantito”, dijo.

Durante su mensaje, el Gobernador de Morelos destacó que “el Frente Amplio Democrático se trata de una coalición total y parlamentaria”. Además, dijo que por ello, el Frente cuenta con el respaldo de él y los demás Gobernadores emanados del sol azteca. “Estamos construyendo el diálogo político con los demás gobernadores”, afirmo.

Embestida y patanería-Rocha

El frente amplio es contra AMLO: Meyer

Lorenzo Meyer aseguró que el frente amplio opositor anunciado por el PRD y arropado por el PAN, “en realidad es contra Andrés Manuel López Obrador” y no contra el PRI.

Se trata de “los mismos que hicieron el Pacto por México”, en el cual por cierto “se vio que los adversarios no eran tan adversarios sino que tenían una enorme área de posibles acuerdos comunes”.

“La discusión ahora en la clase política es cómo parar a AMLO”, señaló. “Le tienen un miedo patológico”.

“Entre ellos se pueden arreglar bien, a veces abiertamente y otras en lo oscurito, pero tienen un punto que los congrega: el no querer cambiar de fondo nada“, sostuvo.

“Van contra Morena para tener lo que han mantenido en los últimos decenios”, añadió.

Horror sin Honor .- Monsi

Venezuela, la batalla de la narrativa .- Carlos Fazio

C

omo antes en Colombia, Afganistán, Irak, Libia, Ucrania y Siria, el terrorismo está ganando parcialmente la guerra en Venezuela. El terrorismo no es un adversario, sino tan sólo una forma de violencia política que, en ocasiones, como sucede actualmente en Venezuela, sirve para edificar la arquitectura de una intervención militar extranjera directa bajo fachada humanitaria.

Junto con la guerra sicológica y las operaciones especiales clandestinas, la práctica del terrorismo vía escuadrones de la muerte o grupos paramilitares –como instrumentos principales de la guerra sucia–, es un componente clave de la guerra asimétrica. Según manuales del Pentágono, la noción de asimetría no alude a un simple desbalance en la paridad de fuerzas entre enemigos, sino supone una metodología que emplea tácticas irregulares o no convencionales que permitan maniobrar con el menor costo político y militar posible al promotor o actor estratégico encubierto (el llamado liderazgo desde atrás).

Un elemento esencial para la eficacia del accionar terrorista son los medios. En una guerra no convencional, de desgaste, como la que tras bastidores libra Estados Unidos contra Venezuela, las verdaderas batallas se dan en el imaginario colectivo. El Pentágono da gran importancia a la lucha ideológica en el campo de la información. Usa a los medios como arma estratégica y política en la batalla de la narrativa. Se trata de dominar el relato de cualquier operación, militar o no. La percepción es tan importante para su éxito como el evento mismo (...) Al final del día, la percepción de qué ocurrió importa más que lo que pasó realmente.

Mediante la repetición in extremis, Estados Unidos y los medios cartelizados bajo control monopólico privado han logrado fabricar en el exterior la falsa percepción de que en Venezuela existe una dictadura. Un régimen totalitario no permitiría los agravios, los actos vandálicos y los ataques a unidades militares y policiales, a centros industriales, a instalaciones gubernamentales y a servicios públicos clave. Tampoco los aberrantes excesos de unos medios que operan como la principal oficina de propaganda de los terroristas y sus patrocinadores encubiertos.

En todo conflicto la guerra mediática es el preámbulo de la guerra estratégica. En ese contexto, lo que cada día transmiten los grandes corporativos mediáticos no es la verdad sobre Venezuela. Lo que presentan como realidad CNN, O’Globo, Televisa, el Grupo Clarín, la BBC, DW y otros oligopolios privados no es tal. Y aunque el enfoque de la cobertura noticiosa tiene que ver con la disputa por la hegemonía, no se trata de un mero problema ideológico o de clase. Junto con lo militar, lo económico, lo cultural y lo espacial (el aspecto geopolítico y el control de territorios), el terrorismo mediático es consustancial a la llamada dominación de espectro completo (full espectrum), noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001.

La dominación de espectro completo combina distintas modalidades de la guerra no convencional, así como diversas estrategias y tácticas guerreras asimétricas con la finalidad de adaptarse a un escenario complejo: la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que tras 18 años de gestión gubernamental ha logrado forjar un nuevo sujeto histórico anticapitalista y antimperialista, y una unión cívico-militar de nuevo tipo liderada con un buen manejo táctico de la crisis.

Volviendo al terrorismo, un caso reciente fue el tratamiento mediático de los ataques lanzados desde un helicóptero contra el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, el pasado 27 de junio. Los hechos fueron protagonizados por Óscar Pérez, inspector de la Brigada de Acción Especial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien tras despegar en un helicóptero policial de la base La Carlota y sobrevolar la capital, disparó 15 balazos contra el ministerio y lanzó cuatro granadas de origen colombiano y fabricación israelí contra el TSJ.

Inmediatamente después de los ataques fue divulgado un video en Instagram, en el Pérez se declaraba en desobediencia civil y llamaba a un golpe de Estado contra el presidente Maduro. Los tripulantes del helicóptero exhibieron una manta que rezaba: 350: libertad, en alusión al artículo de la Constitución que señala que el pueblo desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

El canciller Samuel Moncada calificó a Óscar Pérez como un sicópata criminal que se hace llamar ‘guerrero de Dios’. Y condenó el silencio de países de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) ante lo que catalogó como acciones terroristas.

En el momento de los ataques en ambos edificios públicos había población civil. Y aunque no se registraron víctimas, por su naturaleza y los efectos que buscaba producir: pérdida de vidas humanas (dado el armamento utilizado), coacción sicológica y temor en la población, sendos actos pueden ser calificados como terroristas.

Terrorismo es el uso ilegal, calculado y sistemático de la violencia premeditada para inculcar o provocar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una forma específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por grupos clandestinos, mercenarios o bandas organizadas.
Se trata de una acción indirecta, ya que el blanco instrumento (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista), con frecuencia seleccionado por su valor simbólico o elegido al azar (blanco de oportunidad), es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios, que pueden ser utilizados, además, como vehículos de publicidad o propaganda para desacreditar y/o desgastar al gobierno.

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¿ ASÍ CÓMO, PUES? .- Jabaz

A un año .- Julio Hernández López

CdMX: Morena3

Violencia: cada día, peor

Preservar a La Jornada

D

esde ahora puede apuntarse el principal riesgo: incredibilidad. Los comicios de 2018 llevan desde ahora el estigma de la institucionalidad facciosa, de la organización y el juzgamiento bajo muy fundada desconfianza y el riesgo adelantado del fraude, la imposición y las complicidades cupulares.

A un año del arribo ciudadano a las urnas para una contienda cantadamente reñida, histórica por las consecuencias que se derivarán de su desenlace, el Instituto Nacional Electoral, bajo la deficiente presidencia de Lorenzo Córdova Vianello, no ha podido acreditar independencia de criterio ni calidad operativa. Todo lo contrario, el funcionamiento de ese órgano clave es caldo de cultivo de la desconfianza ciudadana y del beneplácito de los partidos concurrentes en la designación de sus consejeros (PRI, PAN y PRD que, como en los demás organismos autónomos, se reparten las designaciones de esos funcionarios a título de botín).


El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está en similares condiciones de sumisión que el INE, el control de los medios masivos de comunicación se ha fortalecido significativamente y las estrategias de defraudación electoral han llegado a niveles siniestros y retadoramente descarados (el estado de México, su máxima, pero no única proclamación reciente), como un claro adelanto de lo que está en curso a 12 meses de distancia.


López Obrador es el delantero, desde ahora y conforme a una tendencia largamente sostenida en encuestas de opinión (que, en un juego ya conocido, se legitiman para posteriores evaluaciones adversas, pues fueron reconocidos sus datos cuando favorecían al tabasqueño). Esa condición de puntero es favorecida por el hecho de que no existen, a la fecha, candidatos de ninguno de los principales partidos en su contra, el PRI y el PAN, ahora éste en un controvertido proceso de construcción de una alianza con un disminuido PRD.


En el PRI se realizará el mes próximo una asamblea nacional rumbo a la cual la corriente de Peña y Videgaray fomentan la figura del candidato simpatizante, que favorecería expresamente a José Antonio Meade Kuribreña, y la mínima exigencia de militancia partidista y experiencia en cargos de elección popular, lo que ayudaría a Aurelio Nuño y a José Narro.


En el PAN se libra el desgarbado intento de Felipe Calderón por darse continuidad (en una gira de Margarita Zavala por Yucatán, Calderón apareció retratado a bordo del autobús de campaña, como si fuera el poder tras el asiento), frente al resto de los precandidatos que parecen poco dispuestos a ceder ante las pretensiones de la pareja con ambiciones transexenales.


Ningún proceso interno de postulación de candidato a gobernar ha tenido Morena, en su corta vida, con cartas tan competitivas como las que este fin de semana se colocaron o recibieron la indicación de colocarse abiertamente sobre la mesa en la Ciudad de México.

Por orden alfabético: Batres Martí, un cuadro forjado en la izquierda plena, quien fue secretario de Desarrollo Social con Marcelo Ebrard, presidente nacional de Morena (aunque el liderazgo real siempre lo ha ejercido Andrés Manuel López Obrador) y, actualmente, dirigente del mismo partido, en la Ciudad de México; Monreal Ricardo, forjado en el priísmo y caminante interpartidista, quien fue gobernador de Zacatecas, ha pasado por las dos cámaras del Poder Legislativo federal y actualmente es jefe de la difícil delegación Cuauhtémoc; y Sheinbaum Claudia, académica e investigadora de la UNAM, con alta calificación profesional, ha sido secretaria del medio ambiente en administraciones perredistas y actualmente es jefa delegacional en Tlalpan.

Cualquiera de ellos tendría una votación cuantiosa como candidato a suceder a Miguel Ángel Mancera, pues Morena ha consolidado una vocación política a su favor en la capital del país que, a estas alturas, parece difícil de desbancar por los demás partidos, incluso si estos realizaran alianzas como la que pretenden tejer PAN y PRD, con la Ciudad de México como pago por la cesión de la candidatura presidencial en favor de alguien de blanco y azul.


En este primer pulso interno, la delegada Scheinbaum parece asomar con preferencias cupulares: tres de sus cuatro homólogos restantes le reiteraron su apoyo en un acto sabatino, dos de manera presencial (el de Tláhuac, Rigoberto Salgado, y el de Xochimilco, Avelino Méndez) y, ausente por razones de enfermedad, el de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán. Tampoco estuvo Monreal, quien a su vez ha presentado un libro, al igual que Batres, para dar pie a concentraciones y apoyos en sus aspiraciones que, por lo demás, serán resueltas mediante una encuesta de opinión que realizarán los directivos de Morena.


Violencia desbordada en varias entidades al mismo tiempo, como no se tenía registro. Treinta personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en Sinaloa, 19 de ellas en un mismo suceso. En Baja California Sur, específicamente en La Paz y Los Cabos, murieron ocho personas de forma violenta. En Chihuahua, tanto en la capital como en Ciudad Juárez, hubo trece asesinados en tres días. En Tamaulipas, Guerrero, Quintana Roo y otras entidades, la incidencia delictiva también está desbordada.


En dicho descontrol generalizado está presente el factor de las pugnas y los desajustes políticos. En entidades donde el PRI perdió la gubernatura (como Tamaulipas, Baja California Sur y, sobre todo, Chihuahua), el apoyo de las fuerzas federales a los problemas estatales ha estado sujeto a un regateo que parece deseoso de exhibir la incapacidad de los gobernantes no priístas. 

En Sinaloa, la imposición del priísta Quirino Ordaz Coppel, un gobernador con experiencia y fuerza política endebles, ha permitido que la guerra entre cárteles, luego de la caída de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, esté afectando directamente a la población civil y que la cuantía cotidiana de los muertos y ejecutados sea creciente. ¡Hasta mañana, en esta columna cuyo autor considera como premisa definitoria la preservación de La Jornada, sobre todo en los tiempos difíciles que se viven (y los que vendrán)!

Twitter: @julioastillero
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Plan-Helguera

Aspe y Diavaz; fraude a Pemex por 1 mil 304 mdd

 @pacorodriguez

A la infamante tarea de quebrar a Pemex, desmantelar su estructura productiva, despedir a los expertos trabajadores de campo, robar las gasolinas y el diesel a través del huachicoleo en mar y tierra, rematar la soberanía nacional, desfondar la economía y arruinar los bolsillos de decenas de millones de mexicanos‎, se añaden más: el lacayismo y el fraude fiscal y financiero.

Los próceres mexiquenses se han repartido el papel de testaferros, prestanombres y palafreneros en el reparto de la renta petrolera. OHL, donde Emilio Lozoya Austin fue consejero y directivo; Sempra, que dirige Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes; Diavaz, donde Pedro Aspe tiene una importante participación accionaria…

… Morgan Stanley Private Equity, representada por Jesús Reyes (Heroles) González (Garza); Oro Negro, al mando de Luis Ramírez Corzo, ex director general de Pemex, y Proveedora de Servicios de Energía, que comandan José María Córdova Montoya y Carlos Salinas de Gortari son, entre otras, las empresas pantalla con las que se sirven los verdugos del extranjero sobre los cadáveres petroleros mexicanos.

Aspe Armella, la mano del gato de Evercore Partners, Inc.

‎Las nefastas rondas petroleras, capitaneadas por Peña Nieto y una runfla de zedillistas – salinistas, arrojaron grandes beneficios para Pedro Aspe Armella, el ex secretario de Hacienda que le dejó a Zedillo la economía nacional “prendida de alfileres”, hoy prestanombres del fondo de inversión Evercore, a través de la empresa local, Diavaz Offshore, aparentemente propiedad de los hermanos Oscar y Luis Vázquez Sentíes.

Preparando el atraco, en agosto del 2006, Protego Asesores, la empresa de Pedro Aspe, defraudadora del fisco, a través de triangulaciones financieras con los gobernadores de los estados que mantenían las mayores deudas públicas, se fusionó con Evercore Partners Inc. por medio de una oferta conseguida en la Bolsa de Valores neoyorkina.

Diez años después, en enero del 2016, Evercore Partners Inc, boletinó que Pedro Aspe Armella se mantenía como presidente de su fondo de inversiones en México, encargado de “detectar oportunidades para las próximas licitaciones” –así lo dijeron– de la gran traición de las subastas petroleras, a través de la empresa Diavaz.

Indicaron que “México ofrece oportunidades de negocio únicas, particularmente con las reformas estructurales, donde Evercore está muy bien posicionado para merecerlas” y que Aspe proveería “servicios de asesoría financiera estratégica a prominentes empresas multinacionales en diversos sectores”.

Puente de las maniobras de Carlos Morales Gil, empleado de Baillères

Pedro Aspe, el creador de la frase “la pobreza de los mexicanos es un mito genial”, el perpetrador de la histórica crisis económica de 1994-1995, el palafrenero permanente de los financieros gabachos de Nueva York, Boston y Chicago, el capitán financiero del salinismo-cordovismo-zedillismo, regresó por sus fueros, convertido en propietario de empresas petroleras beneficiadas por la traición del peñato.

‎Absolutamente preparado para explotar los vientres mexicanos de mar y tierra, Aspe se convirtió en puente de las maniobras de Carlos Morales Gil, palafrenero a su vez del testaferro Alberto Baillères en el huachicoleo de los buques de Oceanografía, transportadores de gasolina y diesel caro del exterior, un negocio redondo para los traidores gobernantes mexicanos.

No sólo entregaron al club petrolero de Houston los secretos de la cartografía de exploración en los yacimientos de la sonda de Campeche, no sólo se prestaron a todas las viles maniobras de encubrimiento para que las multinacionales se adueñaran de la geografía mexicana, sino han sido los lacayos para que sus cuentas pasen desapercibidas por la Auditoría Superior de la Federación, Pemex, la PGR, Función Pública y el gobiernito de Peñita en su conjunto.

Contrato para transportar crudo por ducto en el sureste mexicano

Con el contrato número 420409807, Pemex le encargó al consorcio DMGP Servicios de Integridad SA de CV –formado por Mexssub, GreyStar y Constructora Subacuática Diavaz– el aseguramiento e integridad del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por Ducto, en territorios de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche. El monto, 1 mil 304 millones de dólares. La vigencia, del año 2009, al 2019.

A pesar de que las auditorías para la fiscalización de las cuentas públicas realizadas durante cuatro años por la ASF, en materia de inversiones fiscales y físicas, que arrojan un faltante en la ejecución de los trabajos de más de tres mil millones de pesos, y las correspondientes imputaciones penales que implican, para Aspe y asociados, no se mueve la hoja de un árbol.

Es impresionante la cantidad de manos e influencias nocivas que se han abocado a la tarea para que estas investigaciones no salgan a la luz pública, para mantener en secreto estas madejas delincuenciales que aparte de constituir un robo descarado, atentan contra la soberanía nacional y siguen desfondando las arcas públicas, con nuestro dinero.

La Auditoría Superior no encontró prueba de que se hubiera cumplido

En noviembre del 2010, la Auditoría Superior de la Federación reveló que las investigaciones documentaron tanto las irregularidades en el proceso de licitación para simular el concurso, la falta de acreditación de la capacidad técnica y solvencia financiera, ni presentaron los análisis de costo-beneficio del esquema de contratación multimillonario.

Fincó responsabilidades a los directivos de Pemex que jamás supervisaron la ejecución, vigilancia y control de los trabajos, fundamentalmente el mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas, que es la vía de exportación a Estados Unidos, Canadá y España, los principales clientes de la exportación del crudo mexicano.

La falta de mantenimiento en esa área impactaba la producción de Pemex, pues había varios tanques fuera de servicio debido a su alto grado de corrosión. En términos numéricos, cada tanque fuera de operación representaba 500 mil barriles de crudo que no tenían donde almacenarse.

Obviamente, cuando la ASF notificó a Carlos Morales Gil, en ese entonces director general de Pemex Exploración y Producción, éste se vio forzado a declarar que rescindirían el contrato al consorcio DMGP y lo que resultó fue que presionaron a los supervisores de obra para que dieran el visto bueno al atraco. La ASF nunca encontró evidencia de que algún trabajo se hubiera realizado. Aún así, se violaron todas las leyes constitucionales, reglamentarias y administrativas que usted pueda imaginarse.

La ASF reclama a Diavaz la suma de 3 mil 855 millones de pesos

El contrato se entregó a DMGP sin tener autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la fecha, Pemex, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación dicen no tener información sobre estas auditorías de desempeño y la ASF sólo dice que emitió y solventó las observaciones, pero no da un solo dato que lo acredite.

La suma reclamada por la Auditoría Superior de la Federación en las tres auditorías es por la suma de 3 mil 855 millones de pesos. Los tres pagos que se han obtenido suman 939 millones de pesos. Lo que arroja la conclusión de que, frente a esta desfachatez, el asunto Odebrecht es sólo un niño de teta, treinta veces menor.

Y el contrato sigue vigente. Pemex seguirá pagando hasta el 2019

Para colmo de este enredo, Pemex seguirá pagando la ejecución del contrato confiado a DMGP peso sobre peso, hasta el año 2019 cuando vence, toda vez que no ha podido comprobar alguna irregularidad. Es un absoluto robo en despoblado. Es decir, 1 mil 304 millones de dólares, directo a los bolsillos del bandolero Pedro Aspe Armella y de sus patrones neoyorquinos.

¿Usted qué haría?, pregunta el principal prestanombres de la Nación, escondido en Los Pinos.

Índice Flamígero: Carlos Ramírez de CONSAR se sigue saliendo con la suya; ni siquiera COFEMER de Mario Emilio Gutiérrez ha podido salvar a los trabajadores del cártel de las Afores sancionadas por prácticas monopólicas por la COFECE de Alejandra Palacios. La propuesta de regulación que CONSAR envió a COFEMER en días pasados mantiene y reafirma las barreras al derecho de traspaso de los trabajadores en perjuicio a sus ahorros y en beneficio del cártel de las Afores. Con instrumentos regulatorios, Carlos Ramírez continúa institucionalizando las prácticas monopólicas que castigó la COFECE, además de sobrerregular el mercado en deterioro de la competencia, estabilidad y fortalecimiento del SAR. En días pasados COFEMER recibió de la CONSAR su proyecto de nueva Circular Única Operativa (CUO) a fin de realizar el proceso de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), que tiene como objetivos, ente otras cosas, evitar privilegios regulatorios en beneficio de unos cuantos, transparentar las decisiones del gobierno con la participación de los afectados e impedir regulaciones que distorsionen los mercados.  No obstante, Carlos Ramírez logró evadir el análisis a profundidad de COFEMER, aduciendo que los supuestos beneficios de su regulación son superiores a los costos de cumplimiento. Carlos Ramírez argumenta que con esta regulación se evitan los traspasos indebidos; sin embargo, él mismo ha reiterado que los traspasos indebidos ya no son problema, representando sólo el 0.02% en 2016.  Sin un problema que resolver (los traspasos indebidos), esta regulación no tiene razón de ser, excepto para seguir beneficiando al cártel de las Afores. Y, como siempre, los afectados son quienes ahorran para tener un retiro digno.

Una trama de despojos exhibe a los Mouriño y a Javier Duarte

Los Mouriño siguen enriqueciéndose al amparo del poder

Un ejidatario logró revelar que la familia de Juan Camilo Mouriño –quien fuera secretario de Gobernación durante el régimen calderonista – estaba vinculada a un despojo de tierras en Campeche. Y la misma indagatoria, realizada por el activista Pedro Celestino May Can, sacó a la luz los nombres de algunos testaferros de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz actualmente preso en Guatemala. Pese al valor de dicha investigación, las autoridades no solucionan el problema original ni frenan el acoso contra el indígena.

CAMPECHE, Camp.- Hace nueve años Pedro Celestino May Can comenzó una lucha legal contra el despojo de tierras en el ejido de Lerma, en Campeche. Su investigación reveló que el clan Mouriño estaba vinculado a las irregularidades. Y hoy, los datos y pruebas que reunió han ayudado a documentar otro caso de corrupción en México: el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte.

En la indagatoria de May Can la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) hallaron información útil para fincarle cargos a Javier Duarte, actualmente detenido en Guatemala, y a sus presuntos cómplices por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal.

El robo de terrenos indagado por May Can se remonta al gobierno de Felipe Calderón e involucra a miembros del PAN, pero también a prestanombres de Duarte, que presuntamente realizaron operaciones de compraventa de terrenos de Lerma aledaños al Country Club de los Mouriño. La intención, sospecha hoy la PGR, fue blanquear recursos supuestamente robados al erario veracruzano.

Las averiguaciones oficiales para desentrañar el despojo buscan, entre otras cosas, aclarar cuánto costaron los predios, cómo, quién y en dónde los pagó, qué más se les dio a los poseedores originales y por qué muchos de los involucrados no reportaron ni pagaron al SAT el correspondiente impuesto por la operación.

Los vínculos

“(Hace unos meses) me vinieron a visitar unas personas del SAT. Se identificaron y me mostraron un ejemplar de la revista Proceso en el que aparecían las declaraciones que les di para un reportaje en 2012 sobre el despojo de tierras en Lerma y en el que se mencionaron los nombres de varios de los personajes que, hoy resulta, son también presuntos cómplices del exgobernador de Veracruz”, comenta May Can a la reportera.

En dicho reportaje, publicado en noviembre de 2012, el semanario dio cuenta de que “próximo a extinguirse el calderonato, que la llevó a la cúspide del poder, la familia del desaparecido Juan Camilo Mouriño (quien fuera secretario de Gobernación)” apretaba el paso para consumar el sueño de su patriarca, Carlos Mouriño Atanes: apropiarse del ejido Lerma, cuyas tierras ya comercializaba para su Campeche Country Club.

Asimismo, detalló las irregularidades mediante las que, con la complicidad de funcionarios de todas las instancias del sector agrario y municipales, así como notarios públicos –todos vinculados a los Mouriño– se consumó el despojo.

La operación fue dirigida por Antonino Almazán Arteaga, exdelegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán. Él, de acuerdo con documentos que posee este semanario, registró a su nombre y de sus familiares mil 900 lotes ejidales sólo en aquella entidad, pero desde hace años también es frecuentemente mencionado en casos de despojo en Campeche y Quintana Roo.

En aquel reportaje se identificaban, como empleados de Almazán y presuntos testaferros de los Mouriño, a Moisés Manzur Cisneyros, empresario que perteneció al entorno más cercano a Javier Duarte, y Alfonso Ortega López, quien hace unos meses confesó cómo era el sistema de ingeniería financiera con el que el exgobernador de Veracruz lavaba dinero.

También se identificó a Miguel Velázquez Nieva, el topógrafo que firmó el plano del deslinde de los terrenos de Lerma. A él supuestamente se le asignaron 600 parcelas; a Cruz García Ramírez, quien se benefició con 42 terrenos; a Luis Alberto Cu Flores, que recibió 19; a Jorge Enrique Pérez Ruiz –hermano de Geni Pérez Ruiz, abogada de Almazán y exempleada de la Procuraduría Agraria–, quien consiguió 61 lotes, y Abel Muñoz Lagunes, que se hizo de 51.

De igual manera se mencionó a María Isabel Riveroll Mendoza, Santa Bartola Acuña –contadora de Almazán–, Héctor Apolinar Huesca, Jorge Enrique Pérez Ruiz, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Damián Víctor Manuel Urtusuástegui y Pablo Gómez Rico.

A la postre, la mayoría de ellos –cuyos nombres también figuran en los padrones de ejidatarios o posesionarios de tierras ejidales en lugares vecinos, como Tulum y Holbox, en Quintana Roo– resultaron implicados en el caso Duarte, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016.

Años de irregularidades

El despojo de Lerma comenzó a gestarse a principios de 2008, en el sexenio de Calderón. Las primeras reuniones para convencer a los ejidatarios de vender sus tierras se efectuaron en la sede del PAN municipal de esa ciudad, según May Can:

“Nos mandaron llamar a 20 ejidatarios que ellos consideraban líderes a una junta en el PAN municipal. Acudimos, y el que salió a atendernos fue (Georg Rubén) Silesky Mata, quien era en ese entonces secretario de acuerdos del Tribunal Agrario en Campeche”, relata May Can.

Tiempo después Silesky Mata fue ascendido a magistrado del Tribunal Agrario en Quintana Roo. De ese estado se fue a Oaxaca, con el mismo cargo.

May Can, quien fue dirigente del Movimiento Campesino Tierra y Justicia, comenta que en aquellas reuniones se les presentó el proyecto de Lerma como “un nuevo Campeche”.

A por lo menos una de esas juntas –realizada en el hotel Francis Drake, en el centro de la ciudad– acudieron el entonces diputado panista Juan Carlos Lavalle Pinzón y su primo, el actual senador Jorge Luis Lavalle Maury, rememora el luchador social.

“¡Eso es una total y absoluta mentira, es una difamación!”, replica en entrevista aparte Lavalle Maury: “No sé quién esté inventando todo eso, pero yo nunca he tenido nada que ver con asuntos de tierras en Lerma”.

Acepta conocer a Antonino Almazán. Aclara que alguien se lo presentó hace muchos años en el aeropuerto local, pero asienta que nunca tuvo tratos con él “y menos de tierras”.

En cuanto a Velázquez Nieva y el resto de los personajes que hoy se mencionan como prestanombres de Duarte, sostiene que no los conoce, que nunca los ha visto ni sabe quiénes son. Asienta que tampoco identifica a Silesky Mata.

Lavalle Maury es el mismo que, en abril de 2009 y como coordinador de campaña de Mario Ávila Lizárraga (el entonces candidato del PAN a la gubernatura), fue acusado por el Grupo Megamedia –editor de El Diario de Yucatán– de intentar sobornarlo con recursos de la Lotería Nacional. El señalamiento también fue contra Carlos Mouriño Terrazo, hermano de Juan Camilo.

Como legislador federal, Lavalle Maury impulsó el desmantelamiento, que está en puerta, de la planta termoeléctrica de Lerma, ubicada a unos metros de la entrada al Country Club de los Mouriño.

Para tentarlos a ceder sus tierras y moverlos a convencer al resto de los ejidatarios, recuerda May Can, los funcionarios-empresarios les ofrecieron, para empezar, camionetas Tornado, “y nos tiraron las llaves de algunas. Yo no acepté, pero Silesky Mata me advirtió que lo tendría que hacer”.

Así empezó su tormentosa disputa legal en defensa de su ejido.

En este contexto, abunda, el actual gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas (priista que habrá de gobernar de 2015 a 2021), lo hizo encarcelar por invasión, lo sentenció a tres años de cárcel y lo dejó en libertad pero con medidas de restricción que le impiden hacer declaraciones o acercarse a personas implicadas en el caso.

Al salir de la cárcel se le detectó un cáncer. Cuando el padecimiento entró en fase terminal decidió romper su mordaza. Milagrosamente logró superar la enfermedad, “lo que me regresó el brío para continuar mi batalla legal”.

Hasta el momento ha podido dejar a salvo –como tierras ejidales– 360 hectáreas. Sin embargo, los miembros del comisariado, bajo el control de Velázquez Nieva y Santa Bartolo, siguen traficando con las tierras que quedaron mediante procedimientos irregulares.

Un hombre identificado como Martín Alvarado, presunto empleado de la Procuraduría Agraria en Mérida, parece ser el encargado de vender las tierras asignadas a Velázquez Nieva, delinea May Can.

Los ejidatarios que no lo son

El 21 de agosto de 2011 irrumpieron en Lerma Moisés Manzur, Apolinar Huesca Damián, Pablo Gómez Rico, Santa Bartolo Acuña y Rafael Gerardo Rosas Bocardo. En una asamblea se les intentó reconocer como ejidatarios. La reunión se disolvió debido a la oposición de May Can y su grupo.

Pero Gabriela Albarrán, comisaria municipal de Lerma en el periodo 2012-2015 –y con fechas anteriores a 2011– expidió cartas en las que “reconocía” como habitantes de la zona a esas personas, quienes en realidad eran prestanombres de Duarte, según May Can.

Esa documentación ya no está en los archivos de la comisaría municipal, que preside Omar Alberto Uc Sánchez. Se quemó en un incendio del inmueble o la extravió la anterior administración, asegura, nervioso, el oficial mayor Ángel Chan Novelo, quien indica a la corresponsal que cualquier explicación al respecto la solicite “por la vía institucional al ayuntamiento de Campeche”.

May Can cuenta: “Nosotros solicitamos por escrito las cartas de avecindados que expidió la comisaría municipal a estas personas y nos respondieron que no hay archivos, que todos se los llevó la anterior administración. Pregunté al comisario si denunció, porque eso es un delito, y si no lo hizo, él sería cómplice, porque no es posible que se desaparezcan así nada más todos los registros de un pueblo. No ha respondido”.

Y asevera que no sólo ahí están desapareciendo documentos relativos al caso Lerma. También en el Registro Agrario Nacional (RAN).

“Lo bueno que tenía ya todas mis copias de las actas de asamblea, porque la PGR fue a visitar a los del comisariado y ellos dijeron que yo no soy ejidatario, que fui a extorsionarlos y a pedirle al comisario 1 millón de pesos. Con mis actas demostré quiénes mienten aquí.”

Comenta que impugnó todas las asambleas celebradas desde 2007 en las que se reconocieron nuevos ejidatarios. En este sentido dice que los 16 presuntos prestanombres de Duarte fueron indebidamente reconocidos hasta en seis asambleas diferentes como avecindados.

“No se explica uno cómo pudo suceder si no es por la corrupción. Se supone que ni el propio sistema del RAN lo permite. Sólo una vez puede darse ese reconocimiento y aquí lo hicieron hasta seis veces con las mismas personas y los mismos predios, supongo que previendo que, si en una asamblea se anulaba alguna declaratoria, pues estaban otra y otra”, añade.

Entre las actas de asamblea que May Can impugnó está la del 1 de agosto de 2010, en la que se asignaron a Mauricio Teodoro Jiménez Canet Villegas las parcelas 420, 699 y 670, que suman una superficie de 90 hectáreas. Ese terreno fue vendido por el excomisario ejidal Ángel Felipe Dzib Can.

También repudió la asamblea del 7 de junio de 2009, en la que entraron como ejidatarios Abel Muñoz Lagunes, “soltero, agrónomo, de 25 años, originario de Córdova, Veracruz”; Cruz García Ramírez, “soltero, empleado, de 31 años de edad y originario del ejido Benito Juárez, Carmen (Campeche)”; Miguel Velázquez Nieva, “soltero, agrónomo, de 28 años, oriundo de Benito Juárez, Carmen, Campeche”.

Otra importante reunión que May Can desconoce es la del 25 de enero de 2009, cuando fueron “reconocidos como posesionarios” y se les asignaron parcelas a Muñoz Lagunes, ingeniero agrónomo nacido en Córdova el 10 de noviembre de 1983, soltero; a Velázquez Nieva, “ingeniero agrónomo nacido el 14 de octubre de 1981, soltero”, y a García Ramírez, comerciante, soltero, originario del ejido Benito Juárez, Carmen, nacido el 3 de mayo de 1978.

También recibió el “título” Luis Alberto Kuk Flores, de la ciudad de Campeche, nacido el 3 de junio de 1961, soltero, comerciante y con domicilio fiscal en Torres de Cristal –sede del Grupo Energético del Sureste, corporativo de los Mouriño–. Él es el posesionario de varios de los lotes donde los Mouriño edificaron infraestructura aledaña al Country Club, como el Colegio Cumbres y un hospital.

De igual manera impugnó la asamblea del 21 de agosto de 2011, que se caracteriza porque fue la primera cuyas actas fueron firmadas por personas fallecidas. Aquel día fueron reconocidos como avecindados y ejidatarios Moisés Manzur Cisneyros y Alfonso Ortega López.

El 6 de noviembre de 2011 fueron aceptados, con igual calidad, María Isabel Riveroll Mendoza, José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo. May Can también repudia la junta en que ocurrió esto.

El 11 de diciembre de 2011, en tanto, de nuevo entraron como avecindados y ejidatarios Velázquez Nieva, García Ramírez, Muñoz Lagunes, Ortega López, Manzur Cisneyros, Riveroll Mendoza, José Juan Janeiro, Rosas Bocardo, Jorge Enrique Pérez Ruiz, Santa Bartolo Acuña, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Héctor Apolinar Huesca Damián, Víctor Manuel Urtusuástegui Astorga y Pablo Gómez Rico.

“Falta que la autoridad decrete la nulidad. Estamos presentando pruebas, pero voy despacio porque no está fácil conseguir el dinero para la documentación certificada”, explica.

Apunta que aunque sigue el tráfico de tierras, el RAN no debe registrar ninguna acta de asamblea en la que se reconozcan nuevos avecindados o ejidatarios en tanto no se resuelva este caso.

“Lo que queremos es demostrar que ninguna de esas personas es, ni ha sido nunca, avecindado en Lerma, por lo que su reconocimiento como ejidatarios es ilegal. Queremos que los presenten ante la justicia y que las tierras regresen al ejido.”

Moreno Valle, el espía que quiere gobernar a México

A su llegada al gobierno poblano, Rafael Moreno Valle creó una instancia estatal de espionaje –con equipo comprado a Hacking Team– y se la encargó a Eukid Castañón, quien a su vez contrató a un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para la operación del sistema. Éste resultó tan efectivo que nadie escapó de ser fisgado… ni el mismo gobernador y su esposa. El mecanismo presuntamente sigue en uso, aunque no se sabe a quién se dirige la información que extrae de los dispositivos electrónicos intervenidos en forma ilícita. Estas son las prácticas de quien aspira a gobernar a los mexicanos en 2018.

PUEBLA, PUE.- Desde que arribó al gobierno de Puebla y comenzó a construir su proyecto presidencial, en febrero de 2011, Rafael Moreno Valle creó un sistema de espionaje contra adversarios políticos y sociales del que fueron víctimas inclusive él mismo y su esposa, Martha Erika Alonso, quien ambiciona ser también gobernadora.

Nadie se salvó en Puebla del fisgoneo ilegal del expriista Moreno Valle, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), quien compró a la empresa italiana Hacking Team equipo que infecta con un virus teléfonos y compu­tadoras para extraerles la información que alojan.

Al frente del entramado para el espionaje, colocó al actual diputado federal panista Eukid Castañón Herrera, quien a su vez llevó a Puebla como su operador a Joaquín Arenal Romero, exsubdirector de contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), fallecido apenas el 6 de junio.

“Arenal llegó de México a Puebla por Eukid para trabajar este equipo de inteligencia”, revela a Proceso Fernando Manzanilla Prieto, el primer secretario de Gobierno de Moreno Valle, quien asegura que éste le dio a su controvertido operador político y financiero todas las facultades para crear un equipo de espionaje que, se presume, sigue activo pese a que ahora el gobernador es Antonio Gali.

Entre los políticos de Puebla persiste la sospecha de que el espionaje sigue, pues nadie ha informado sobre el destino que tuvo el equipo que el gobierno de Moreno Valle compró a Hacking Team.

“No sabemos si Moreno Valle se lo llevó, dónde está o qué hizo con ese equipo”, señala la exdiputada federal perredista Roxana Luna, excandidata a gobernadora. Ese equipo, dice, “debió ser usado para vigilar y combatir a la delincuencia; es un hecho que no fue el uso que se le dio”.

Enrique Doger, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, denunció como diputado federal priista, en 2014, que Moreno Valle tenía una red de espionaje, encabezada por Eukid Castañón. Y después recibió en su oficina, de manera anónima, un sobre con información “muy concreta” que le advertía que su teléfono celular había sido “clonado”.

Y en esa información que recibió, que incluía una memoria usb con decenas de archivos de audio de sus conversaciones con distintas personas, se establecía que Eukid Castañón encabezaba la red de espionaje y Joaquín Arenal era el operador.

“Paralelo con esto –recuerda Doger– familiares míos empezaron a recibir fotografías y conversaciones que venían de mis chats. Les decían por ejemplo a mis hijas: ‘tú papá está haciendo esto’, y les enviaban fotos que sólo podrían haber salido de mi celular”.

Doger refiere que todo esto ocurrió cuando había manifestado su intención de buscar la gubernatura y asume que estas filtraciones hacia su familia eran una especie de advertencia. Denunció el caso en la Cámara de Diputados y días después su oficina fue allanada.

Moreno Valle, espiado

Moreno Valle se convirtió en el primer gobernador no priista de Puebla, luego de ganar las elecciones, en 2010, postulado por una coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y Nueva Alianza, creado por Elba Esther Gordillo, su mentora política.

A cinco meses de su toma de posesión, el 3 de agosto de 2011, Moreno Valle creó el Centro de Análisis Prospectivo (CAP), un órgano adscrito a la Secretaría de Gobierno a cargo de Manzanilla Prieto, su cuñado, quien emitió el reglamento respectivo tres meses después, el 31 de octubre.

El CAP se definió como la instancia responsable de “recabar, integrar, sistematizar, analizar, interpretar y resguardar la información relevante que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los diversos actores sociales, para ponerla a disposición de las instancias responsables de la toma de decisiones, contribuyendo en ello a preservar la gobernabilidad y la paz social”.

Como director general del CAP fue designado Héctor Javier Arrona Urrea, mientras que en la Dirección de Servicios Técnicos se designó a José Antonio Celorio Mansi y en la Dirección de Información se colocó a Abraham Sánchez, cuyo brazo derecho era Arenal Romero.

Según el reglamento del CAP, la Dirección de Información tenía entre otras atribuciones la “recopilación, integración, análisis y resguardo de información, así como elaborar estudios de carácter estratégico que permitan alertar sobre riesgos, amenazas y oportunidades a la gobernabilidad y seguridad del estado”.

Pero pocos meses después, en junio de 2012, el espionaje al periodista Rodolfo Ruiz, director del diario digital e-consulta, puso al descubierto la maraña de esta actividad ilegal en Puebla, que involucraba a numerosos actores políticos y sociales, incluido el propio gobernador y hasta a su esposa, Martha Erika Alonso.

En efecto, en junio, Ruiz denunció no sólo el boicot publicitario e informativo contra él y su medio –como varios–, sino que él y su familia eran víctimas de acoso por el gobierno, cuyos espías han entrado a su casa y a la escuela de sus hijos.

“Hay una persecución abierta que va más allá del espionaje”, dijo el periodista, propietario del medio digital e-consulta, con presencia también en Tlaxcala y Oaxaca, y autor de la columna “La corte de los milagros”, quien tuvo que presentar denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) (Proceso 1872).

Como consta en la averiguación previa 051/FEADLE/2012, dos mujeres, que resultaron ser espías del gobierno, solicitaron información sobre la familia en el colegio de los hijos de Ruiz, en cuyo domicilio entregaron también un ramo de flores, y a esto se sumó el robo que sufrió el Centro de Estudios Consultivos, una empresa de la que el periodista es socio, quien al mismo tiempo era seguido por Arenal.

El 8 de junio de ese año, Ruiz se reunió con el titular de la Procuraduría de Justicia del Estado, Víctor Carrancá, quien le dijo que tenía instrucciones de Manzanilla de esclarecer el caso, pero que éste “se había molestado cuando se le informó que las personas que se investigaban trabajaban para áreas de la Secretaría General de Gobierno”.

“Me indicó –afirma Ruiz– que éste era el segundo asunto que se presentaba en la Agencia de Delitos de Alto Impacto, pues antes de mi caso se presentó uno similar con el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Fernando Rosales, director general de Delitos de Alto Impacto, dijo que desde que se inició la investigación él supuso que se trataba de personas que laboraban en el gobierno estatal, pues mi caso es muy similar al que se había presentado en abril de este mismo año con personas que fueron detenidas por personal del presidente municipal al percatarse que los seguían. También trabajaban en el gobierno del estado.”

Ruiz se reunió también con Manzanilla, el 12 de junio, quien le confirmó que, en efecto, los espías eran del gobierno del estado y que por esa razón había sido despedido Abraham Sánchez como director de Información del CAP.

Según la declaración de Ruiz en la averiguación previa, Manzanilla le informó que a Sánchez se le encontraron “fichas de diversos personajes públicos, entre ellos Marta Érika Alonso”, esposa del gobernador, y aseguró que fue Arrona el que le ordenó “la elaboración de fichas de diversos personajes públicos”.

“Fernando Manzanilla me dijo que a la reunión también fue convocado Héctor Arrona Urrea, a quien se le pidió informara por qué personal adscrito a su área hacía tareas de seguimiento, cuando éstas no formaban parte de los protocolos del Centro de Análisis Prospectivo. El secretario de Gobierno me dijo que Arrona dijo desconocer que estas personas estuvieran haciendo investigaciones de campo y que si así fuera, esas no eran las instrucciones que él había dado.”

Declaró Ruiz ante la PGR: “Manzanilla me dijo que Abraham Sánchez, al ser cuestionado sobre el porqué había seguido al deponente, manifestó que esa orden la había recibido de Héctor Arronte, quien también le había ordenado la elaboración de fichas de diversos personajes públicos”.

Eukid, jefe de los espías

Consultado al respecto, Manzanilla alega que desde entonces Eukid Castañón manejaba el espionaje con personal del CAP que estaba impedido legalmente de hacerlo, como lo acredita el propio reglamento.

Según él, “Abraham Sánchez no espiaba por instrucciones de Arrona, que finalmente no tenía equipo ni experiencia en eso, sino que hacía tareas para el equipo de espionaje que estaba armando Eukid Castañón, bajo la coordinación de Joaquín Arenal”.

De hecho, asegura, Sánchez fue dado de baja después del espionaje al periodista Rodolfo Ruiz, “ya que el CAP no estaba autorizado para hacer labor de campo de ninguna naturaleza y menos de ese tipo”.

Y afirma: “Sánchez operaba directamente para Arenal, no por instrucciones de Arrona, sino de Eukid. Y sí, Arenal llegó de México a Puebla por Eukid para trabajar ese equipo de inteligencia con Eukid”.

Manzanilla renunció a la Secretaría de Gobierno el 4 de abril de 2013 y lo sustituyó Juan Maldonado Venegas, actual diputado federal del PRD, compañero de legislatura de Eukid Castañón, miembro de la bancada del PAN. Ambos expriistas, militaron también en Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.

Castañón no se incorporó al gabinete de Moreno Valle debido al escándalo de su amigo Greg Sánchez, el alcalde de Cancún encarcelado por presuntos actos de corrupción, y entre 2011 y 2012 presidió el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, un organismo subsidiado por el gobierno.

Con un presupuesto de casi 18 millones de pesos, usados supuestamente para afiliar a 80 mil panistas y para equipo, vehículos y personal para hacer las labores de espionaje.

A finales de 2012, después de que no consiguió una curul de diputado federal plurinominal, se incorporó como subsecretario de Gobierno con Manzanilla, quien renunció al cargo en abril de 2013. En la elección local de ese año, ambos fueron candidatos propietario y suplente en la fórmula para una diputación local.

Pasada la elección, Castañón fue designado contralor del estado y hubiera querido seguir en el cargo de no ser porque Manzanilla, alegando razones personales, no rindió protesta como diputado local y lo debió sustituir Castañón.

Fue precisamente en 2013 cuando, desde la oficina del gobernador Moreno Valle –y no desde instancias de seguridad, como en otros estados–, se adquirieron equipos de espionaje a Hacking Team, como consta en los documentos difundidos por Wikileaks en 2015.

Al gobierno de Puebla le fue cotizado un “Sistema de Control Remoto Galileo” en 155 mil dólares, equivalente entonces a 2.4 millones de pesos, si bien destinó en total más de 8 millones de pesos. El intermediario para la compra del equipo fue la empresa Grupo Kabat.

Según su página de internet, se trata de un grupo integrado por cinco empresas “mexicanas de origen israelí, que fue fundado con el único propósito de trabajar de la mano con la ciudadanía, las comunidades y todas las expresiones de la sociedad civil para prevenir las diferentes modalidades delictivas que atentan contra la seguridad y la estabilidad de nuestros clientes”.

Y añaden: “Somos un grupo de empresas con experiencia tecnológica, táctica y operativa. Habiéndonos consolidado como distribuidores autorizados en México de las marcas más importantes en materia de seguridad, y certificados por la institución de seguridad federal y estatal. Empresa mexicana con más de 8 años de experiencia en el mercado, que conjuga la experiencia de sus fundadores con la asesoría de exmilitares mexicanos, así como la adaptación y aplicación táctica a las necesidades del mercado nacional”.

Según la documentación de Hacking Team, que está en Wikileaks, el encargado de instalar y capacitar personal de Puebla fue Daniel Martínez Moreno, encargado de operaciones de esa empresa en México. El equipo instalado en Tactical Network Injector, que permite a sus operadores obtener un seguimiento de la actividad de un usuario de smartphone o computadora.

El “espía” de Gali

En abril de 2015, cuando Maldonado Venegas renunció a la Secretaría de Gobierno para ser diputado federal del PRD, el director del CAP, Héctor Javier Arrona Urrea, fue rescatado por Luis Banck, quien era secretario de Infraestructura y Transporte.

Y ahora Banck Serrato, en su calidad de presidente municipal de Puebla, nombró a Arrona Urrea titular de la Tesorería, pese a que es ingeniero y con diplomados que nada tienen que ver con las finanzas. Banck quiere ser candidato a gobernador el próximo año, como lo ambiciona la esposa de Moreno Valle.

Pero el CAP sigue funcionando y su nuevo director es Iván Olaf Corro Labra, quien es presentado oficialmente como asesor en materia de seguridad e inteligencia del secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, quien es una herencia de Moreno Valle al gobernador Gali.

Corro Labra ha sido un incondicional de Carrasco desde que fue gobernador de Oaxaca y se le identificó como espía por formar parte del Centro de Estudios Gubernamentales (CEG), creado por el gobierno de Oaxaca como respuesta a la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y se encargó de realizar trabajos de investigación, información y análisis.

En julio de 2000, José Murat Casab, entonces mandatario, lo acusó de ser el responsable de colocar micrófonos en sus oficinas, como informó este semanario.

NI va de nuevo por la dirección del perredismo

Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Lunes 3 de julio de 2017, p. 11

Para apuntalar la línea política que permita al PRD ir en coalición total con el PAN en las elecciones de 2018, la corriente Nueva Izquierda (NI) pugna por recuperar la presidencia del partido en septiembre.

Su intención, además de ir contra el PRI, es frenar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, en la carrera presidencial.
Como primer paso, en el bloque opositor Militantes de Izquierdas se advirtió en su reunión de fin de semana que se prepara la expulsión de Pablo Gómez y Rey Morales por firmar el acuerdo político de unidad por la reconciliación del pueblo y el renacimiento de México, impulsado por López Obrador.
Jesús Ortega, líder de NI, clarificó que la lucha también es contra Morena en Oaxtepec, Morelos, durante la clausura de la reunión de cuadros de su corriente.

Afirmó que “al régimen político presidencialista, autoritario, concentrador del poder e ineficaz para resolver los problemas de México, lo representa el PRI, pero también Andrés Manuel López Obrador, quien impulsa un gobierno individualizado.
Nuestra lucha no es contra un individuo y contra un partido en específico, es contra el régimen que ya es obsoleto, incapaz y que va a seguir siendo obsoleto, aunque se vista de Morena, dijo.
Los grupos hegemónicos del PRD se preparan para aprobar la constitución del Frente Amplio Democrático en el consejo nacional que tienen previsto para este sábado.