Por Linaloe R. Flores
Ciudad de México, 8 de diciembre (VICE).– Esta es la triste historia de un país que desde hace casi una década se ha empeñado en tener, en una sola credencial, todos los datos personales, pero siempre ha fracasado. En el esfuerzo, ha tirado a la basura (y esta no es una metáfora) más de 4 mil millones de pesos, que habrían alcanzado para comprar 80 mil camas de hospital en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues cuestan aproximadamente 50 mil pesos cada una.
El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa(2006-2012) la llamó Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) y el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) Clave Única de Identidad (CUI). Para una y otra administración, ese documento constituyó un programa estrella que acaparó recursos y reflectores, pero, en ambos casos, les bastaron tres años para difuminarse y extinguirse.
En 2009, Felipe Calderón Hinojosa anunció, orgulloso, que su administración expediría la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC), un documento que aglutinaría la fotografía, acta de nacimiento, tipo de sangre y datos biométricos como huellas dactilares y el iris. Hoy, a disposición de la opinión pública, el Libro Blanco del proyecto es el relato de cómo, pese a las advertencias de que el plan no era viable, se derrochó un total de 3 mil 129 millones 595 mil 59 pesos en un agujero negro.
Enrique Peña Nieto la ofreció dos veces. Primero, en los compromisos del Pacto por México en 2013. Luego, con la sombra de la tragedia de Ayotzinapa sobre su Gobierno, la volvió a comprometer, en el quinto punto del decálogo que presentó para reasumir el Estado de Derecho en 2014. Pero su gestión concluyó y no entregó ni la primera parte del proyecto en el que se gastó 1 mil 80 millones, 819 mil 654 pesos, según una revisión de los contratos hecha por Vice en Compranet.
Este es el recuento de cómo se tiraron a la basura más de cuatro mil millones de pesos en un documento de suma importancia, pues incluso desde 2014 está contemplado en el Artículo 4 de la Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos”.
También es una herramienta vital en el combate al crimen, pero Enrique Peña Nieto se olvidó de ella. María Elena Morera, activista de seguridad y justicia, denunció en su cuenta de Twitter, en septiembre de 2015: “La Clave Única de Identidad, indispensable en la estrategia de seguridad y justicia, ausente en el informe de @EPN”.
DANZA DE MILLONES EN UNA CREDENCIAL FALLIDA
Felipe Calderón Hinojosa arrancó el proyecto en 2009, un año después de la crisis financiera mundial por la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. La inversión inicial fue de 396 millones 733 mil 717 pesos y fue usada sólo para los procesos de licitación de la infraestructura que permitiría el registro de la población del país, que en ese momento era de 115 millones de habitantes, según el censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Firmó contratos con Talleres Gráficos de México, Axtel, Unisys, Crypto AG y Smartmatic International Holding, según consta en el Libro Blanco del proyecto y en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).
Los datos biométricos son los rasgos físicos y fisiológicos, así como de comportamiento o rasgo de la personalidad atribuibles a una sola persona. Entre los primeros están la huella dactilar, así como el reconocimiento facial y la geometría de la mano. Los otros son la firma, la voz, la escritura o la forma de andar. Un eventual mal uso por delincuentes informáticos sería irreversible.
Quizá por eso, la Segob anunció en junio de este año que destruiría 1.7 millones de credenciales infantiles que se expidieron como parte de la Cédula de Identidad del sexenio de Felipe Calderón, si el titular de los datos o su representante no acudía a recoger la mica. Mismo destino que tendrían los datos capturados. En total se elaboraron 3.5 millones de credenciales, pero sólo se entregaron 1.8 millones. Fueron procesadas las huellas dactilares y otras referencias físicas de 6.8 millones de infantes, según informó el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
En 2009, los legisladores de todos los partidos no habían logrado ponerse de acuerdo en que se obtuviera esta información de los mexicanos y le pidieron al entonces Presidente Calderón Hinojosa detenerse en su intento de conformar una cédula con estos datos. También lo exhortaron a esperar a que pasara la debacle financiera global. Pero nada detuvo el proyecto. El año siguiente, el Gobierno calderonista ejerció 531 millones 396 mil 447 pesos. De ese monto, en la compra del equipo de registro biométrico y de encriptación se usaron 216 millones 287 mil 817 pesos.
El 3 de marzo de 2011, los legisladores le volvieron a pedir al Ejecutivo que parara mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ese mismo año fue sobreseída. Y entonces, la administración de Felipe Calderón se despachó con la cuchara grande. A Smartmatic le pagó 150 millones 408 mil 751 pesos, a Axtel-Unisys, 178 millones 85 mil 252 pesos y a Crypto, 46 millones 510 mil 320 pesos.
En ese mismo 2011, cuando le faltaba un año en el Gobierno, el Presidente anunció que la cédula ya no sería para todos; sino sólo para los menores de entre cuatro y 17 años de edad. Ello permitiría que las empresas contratadas cumplieran con las obligaciones contraídas; pero a estas alturas, el proyecto había derrapado. Para el 31 de diciembre, la Secretaría de Gobernación había procesado 2 millones 699 mil 416 registros de niños y había expedido 96 mil 137 cédulas de identidad que jamás fueron usadas.
Las tarjetas permanecieron almacenadas en la Secretaría de Gobernación hasta que, en 2015, cuando ya gobernaba Enrique Peña Nieto, el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esa dependencia, Humberto Roque Villanueva, informó que el proyecto calderonista sería cancelado de manera definitiva y que se volvería a empezar. Dio a conocer que el Gobierno de Enrique Peña Nieto haría una revolucionaria Clave Única de Identidad.
UNA PEQUEÑA DISCREPANCIA DE 60 MILLONES DE CLAVES
El nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador arranca con una revoltura en las bases de datos poblacionales de los ciudadanos. Mientras el INEGI reporta 121 millones 493 mil habitantes (actas de nacimiento), la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene 177 millones 820 mil registros de la Clave Única de Registro de Población ( CURP).
Esa discordancia fue encontrada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública de 2015. La Segob, hasta ahora, no ha solventado la observación, según constató Vice. Los datos de la misma dependencia en su plan sectorial 2013-2018 son más graves. Reconocía un excedente de 60 millones de CURP.
Pese a la detección de las anomalías en las bases de datos de los mexicanos, en 2015, la Segob –bajo la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong– pagó un millón 256 mil pesos con la empresa Servicio Audio Representaciones y Artistas S.A. de C.V. para que organizara el evento “Hacia la Clave Única de Identidad tu Acta de Nacimiento en donde te Encuentres”. Era febrero de 2015 y el ex Presidente Enrique Peña Nieto había dicho en un comunicado: “México carece en pleno siglo XXI de un registro confiable de su población con el cual ayudar a tener certeza en actos jurídicos, eficacia en la prestación de servicios públicos y privados, y en materia de seguridad pública”.
En el evento, Osorio Chong mencionó que entre las disposiciones se incluiría la gratuidad del trámite de la primera acta de nacimiento. Luego dijo: “La Clave Única de Registro de Población es incierta… La CUI hace depuración del Registro Civil. Se busca un sistema más accesible y moderno”.
En 2016, le fueron pagados 870 millones de pesos al consorcio que formaron las empresas SixSigma Networks México S.A. de C.V (de María Asunción Aramburuzabala), Sm4rt Security Services, Metro Net S.A.P.I de C,V y Masnegocio.Com. Según se publicó en el POT, las empresas se encargaron de la migración, el acompañamiento y el servicio integral para la continuidad de los servicios de cómputo del Renapo y la identificación personal.
En diciembre de 2018, no hay ni Cédula de Identidad Ciudadana ni Clave Única de Identidad. Según el trámite, los mexicanos deben presentar la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional de Elector (INE), la CURP emitida por la Secretaría de Gobernación, el Número de Seguridad Social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Registro Federal de Contribuyentes emitido por la Secretaría de Hacienda. En el sueño de querer poner todo en una sola credencial se han ido miles de millones de pesos.
