Para Luis Pérez de Acha un sistema fiscal que necesita amenazar para recaudar, tiene una falla estructural en su operación, sobre todo, porque la recaudación más efectiva es la voluntaria
Pretender aumentar la recaudación fiscal bajo la amenaza de ser exhibido, solo constituye una infamia en términos constitucionales.
Para Luis Pérez de Acha, el término de “listas negras” de deudores del fisco que sacó el SAT es excesivo.
“Da la apariencia de que hubiera conductas ilícitas o graves”, agrega el abogado de Escuela Libre de Derecho y Doctor por la UNAM.
Bajo el amparo del Código Fiscal de la Federación, tal parece que el objetivo del gobierno es cuadrar toda la información de cualquier persona que participe en el PIB nacional.
A partir de 2015, el Gobierno Federal podrá solicitar información sobre los depósitos de mexicanos en bancos extranjeros, esto para comprobar si pagaron el impuesto respectivo.
Según la Reserva Federal de Estados Unidos, en el vecino país del norte hay entre 10 mil y 15 mil millones de dólares de depósitos de connacionales en bancos extranjeros.
Pero ahora el “Big Brother fiscal” inspeccionará los movimientos de todos y cada uno de los mexicanos.
El conocido terrorismo fiscal que aplicó Francisco Gil Díaz cuando era secretario de Hacienda será de color rosa en comparación con el acoso sofisticado y la “tenebra” fiscal de grandes dimensiones que emprenderán las autoridades.
Tan es así que el propio SAT ha generado ya una campaña mediática para generar un ambiente de zozobra y temor en los contribuyentes.
Negras intenciones
Para Luis Pérez de Acha la intención del SAT al publicar las listas de los supuestos deudores es muy simple.
“Negra es la intención de las autoridades fiscales al publicarlas”, dice. Porque desde el punto de vista de la Constitución “es muy cuestionable” su publicación.
La crítica principal, menciona el experto, es que “ni son todos los que están ni están todos los que son”.
Se siguieron criterios selectivos para excluir a algunos, lo que denota falta de seriedad de la autoridad fiscal.
La queja, menciona, es que faltaron muchas empresas, los estados y municipios favorecidos con las exenciones y condonaciones, y también los que siguen siendo deudores.
En pocas palabras, opina, hay todo un cuadro distorsionado porque la publicación de esos datos excede lo que la Carta Magna permite.
La Constitución establece que se puede ventilar información de los particulares por parte de los órganos del Estado -el SAT en este caso- solo por razones de seguridad nacional, seguridad pública, salud pública, derechos de tercero o razones de orden público.
Pero la intención del SAT fue otra, según sus propios comunicados.
“¿Recaudar o ventanear?”, cuestiona Pérez de Acha.
Se decía que con estas acciones “se ponía ejemplo a otros contribuyentes para que vieran lo que iba a suceder si no pagaban”.
Aunque lo permite el Código Fiscal, aclara que desde el punto de vista constitucional no cree que los requisitos para hacerlo se cumplan, porque se incurre en una falta severa.
La publicación de las listas que hizo el SAT, juzga, fue selectiva, discrecional, arbitraria y discriminatoria.
“Un racismo tributario”, señala.
Admite que en el ámbito profesional ya se empiezan a construir reacciones en contra, por el abuso de autoridad.
“Me ponen en una lista no solo porque tenga créditos fiscales firmes o porque haya sido condenado en definitiva por la comisión de un delito fiscal, se me puede poner solo porque no les he pagado.
“Pero los puedo traer en juicio porque son créditos que están pendientes de resolverse y que el fisco los puede perder, de ahí que no pueda concluirse que solo por no pagar podamos estar en la lista”, advierte Pérez de Acha.
En su opinión, un sistema fiscal que necesita amenazar para recaudar, tiene una falla estructural en su operación, sobre todo porque la recaudación más efectiva es la voluntaria.
Si bien a nadie le gusta pagar, y ese es un fenómeno sociológico en todo el mundo, se facilita el pago “no porque estemos asustados”, sino porque hay una convicción de que se paga porque se recibe algo a cambio.
Es decir, el pago se ve reflejado en servicios sociales, de educación, transporte. En pocas palabras, un ejercicio del gasto público eficiente y transparente, no corrupto.
Se reagrupan contribuyentes
Las decisiones del SAT han originado la conformación de dos grupos de contribuyentes, define Luis Pérez de Acha.
Aquellos que se sienten con poca energía para dar la cara y emprender la batalla, “porque traen culpa y prefieren dejar las cosas así”.
Y los que tienen créditos fiscales que están en juicio y tienen posibilidades de éxito al emprender la lucha contra esos listados a través del amparo.
Procederán, asegura, porque se están violando derechos humanos garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales.
Mientras el Código Fiscal no se destruya a través de los amparos o se modifique el próximo año, “no se ven señales de que el SAT vaya a dar marcha atrás en esta tarea”.
O todos coludos…
Por lo menos faltaron 430 empresas en la lista que publicó el SAT de 270 trasnacionales que -para no pagar impuestos- trasladaron a otros países las utilidades generadas aquí.
México está en el dilema de cobrarle impuestos “a todos parejo” con listas o sin ellas, o seguir endeudándose como lo está haciendo ahora, advierte el investigador Marco Antonio Durán.
La medida, dice, no es equitativa pues las autoridades fiscales no exhiben a muchas empresas, sobre todo aquellas que tienen créditos firmes o condonaciones.
En el último lugar
En México, la recaudación como proporción del PIB es de apenas el 9 por ciento.
“Por eso ocupamos el último lugar de todas las naciones miembros de la OCDE en esa material”, indica.
