Los pasos de la Revolución Democrática (2/2)

Los pasos de la Revoluciòn Democràtica (1/2)

El cándido México y su malvada banca

 

AGENDA CIUDADANA
El cándido México y su malvada banca
Periodico Reforma
Lorenzo Meyer
13 Oct. 11

Un problema general

La desgracia nacional en que se convirtió la banca mexicana a partir de su transformación a raíz de la gran crisis de 1982 -su rescate es hoy una deuda pública y pesa como piedra de molino alrededor del cuello colectivo, el crédito no fluye como debiera, sus servicios son muy caros e ineficientes- no es un problema sólo de México. Pero un mal de muchos no es consuelo.

Paul Krugman, economista norteamericano, Premio Nobel y crítico agudo de las reglas que hoy gobiernan la economía de su país, al justificar y aplaudir las protestas callejeras de los "ocupas" de Wall Street, hace un resumen en tres actos del desastre económico que hoy afecta al mundo: "En el primer acto, los banqueros se aprovechan de la disminución de los controles gubernamentales para irse por la libre (además de darse compensaciones fabulosas) y crear grandes burbujas [especulativas] con préstamos irresponsables. En el segundo, esas burbujas estallan, pero los bancos son rescatados con dinero público y de manera casi incondicional en tanto que la masa trabajadora debe pagar por los pecados de los banqueros. En el tercer acto, los banqueros muestran su agradecimiento dándole apoyo -y los recursos que aún poseen gracias al rescate- a los políticos que prometen bajarles a ellos los impuestos y desmantelar la poca vigilancia creada a raíz de la crisis" (The New York Times, 6 de octubre). El drama financiero en tres actos elaborado por Krugman para Estados Unidos no es muy diferente del que registra Irma Eréndira Sandoval para México en: Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal en la banca: México (1982-1999), (México, 2011).

El corazón de las tinieblas

Adentrarnos en la historia reciente de la banca mexicana es, para usar a Joseph Conrad, explorar nuestro "Corazón de las tinieblas", ese enorme y oscuro río de corrupción que fluye amenazador flanqueado por una espesa e impenetrable selva de impunidad donde, hasta hoy, la política se traga toda traza de justicia, de sentido de la decencia y de esperanza.

La parte trágica de la historia reciente de la banca mexicana es producto de los últimos años del régimen autoritario priista: del desmoronamiento del gobierno de José López Portillo al de Ernesto Zedillo. Pero el cambio de partido en el poder en el 2000 no significó el remedio del mal, sino su arraigamiento. Así pues, los últimos tres decenios de la historia de la banca privada en México se resumen como un proceso que, motivado por una crisis económica y política de gran envergadura, llevó a que esa banca pasara de ser privada pero mexicana a ser estatal para luego volver a manos privadas mexicanas pero ya distintas de las originales, para finalmente caer en otra crisis y terminar siendo privada, básicamente extranjera y poco relevante para el desarrollo del país. Se trata de una transformación notable por su ineficacia, opacidad, corrupción e impunidad, que al final dejó una carga descomunal sobre los hombros del contribuyente mexicano a través del

Fobaproa. Para la autora de Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal en la banca, el caso de México es un ejemplo de lo que no debe hacerse en casos de crisis financieras (p. 294). Y si leemos a Krugman, resulta que el caso norteamericano, también lo es.

El hilo conductor

La hipótesis central que recorre todo el libro de Sandoval, que en su origen fue su tesis doctoral, se encuentra en el inicio y la prueba es el resto de la obra: "El neoliberalismo no debe entenderse como un proyecto económico con implicaciones políticas, sino como un proyecto político con consecuencias económicas" (p. 6).

Con ese punto de partida, la obra se puede ver como una clase de anatomía de las etapas de la crisis financiera mexicana que muestra cómo las decisiones políticas explican la parte sustantiva del desafortunado proceso económico de los últimos tres decenios de nuestro país. En suma, que Harold Lasswell, un politólogo clásico, estaba en lo correcto cuando señaló que "La política es el estudio de quién consigue qué, cómo y cuándo" (World Politics and Personal Insecurity, Nueva York, reedición de 1950, p. 3). Por ello, la historia reciente de la banca mexicana debe entenderse no como un proceso económico sino uno de política pura.

La privatización en contextos autoritarios

El principio del fin del modelo económico mexicano, que en 1982 condujo a la nacionalización de la banca, es para Sandoval "una respuesta política tardía" o "desesperada" a un desastre provocado por la irresponsabilidad de José López Portillo. La nacionalización buscó cargar la culpa de la insolvencia internacional de México no en el espejismo petrolero creado por el gobierno sino "en los tiburones financieros" (pp. 57-60, 94). Ahora bien, según Sandoval, en este dramático e imprevisto inicio del neoliberalismo mexicano, ni la corrupción ni el rentismo jugaron un papel importante, ese correspondió a la improvisación política de un presidencialismo sin contrapesos. En 1982 la banca fue culpada pero salvada de una quiebra inevitablemente como resultado de la crisis económica general (p. 100).

Con De la Madrid ya se puso en marcha el neoliberalismo teniendo plena conciencia de ello. Hubo entonces una reprivatización parcial a través de la Bolsa de tal manera que el Estado controló a los bancos, pero esos bancos ya no controlaron el dinero (p. 105). La especulación se instaló en la cabina de mando del nuevo sistema financiero y nació la nefasta clase de los "casabolseros".

De la Madrid fue el arranque, pero fue en el sexenio salinista cuando la acción política explica plenamente la naturaleza de las medidas económicas. Ahí una Presidencia apremiada por su ilegitimidad original -el fraude de 1988- decidió la construcción de una nueva coalición política. Ese proceso de reconstrucción de las bases de apoyo de la Presidencia y del régimen explica que la banca reprivatizada ya no volviera a los viejos banqueros sino a otros nuevos, a los "casabolseros" -Roberto Hernández es el ejemplo más conspicuo- y firmes aliados a Carlos Salinas: 18 grupos de neobanqueros adquirieron la banca por 38 mil millones de dólares sin que hasta hoy se sepa con certeza de dónde sacaron los fondos (p. 129).

La nueva banca privada no jugó con las reglas del mercado como dictaba el canon neoliberal sino que fue protegida de la competencia auspiciada por el TLCAN por un cascarón que le construyó Salinas y fue regulada de manera muy laxa, por lo que pudo lanzarse a un auténtico frenesí especulativo -entre 1988 y 1992 el crédito bancario al sector privado creció a un ritmo 10 veces superior al del PIB-, lo que desembocaría en una nueva crisis, pero no antes de que sus dueños acumularan ganancias espectaculares. En Estados Unidos el margen de intermediación bancaria oscilaba entonces entre el 1.76 y el 2.87% pero en México llegó al 17.13%, (p. 167). La banca protegida mexicana ganaba más de siete veces que la norteamericana por el mismo servicio. La contraparte de ese festín quedó retratada en la cena del 23 de febrero de 1993 en que Salinas -un virtuoso de la corrupción política- pidió 25 millones de dólares a cada uno de sus 30 invitados (750 millones en conjunto) para apoyar la campaña presidencial del PRI en puerta (pp. 162-163).

El error de diciembre

Con Zedillo llegó la fuga del capital internacional especulativo que había propiciado Salinas, la economía se cayó y la burbuja de los neobanqueros estalló. De nueva cuenta, en vez de actuar según los principios neoliberales, el régimen moribundo rescató a sus aliados financieros. El Fobaproa absorbió una cartera que no iba a ser pagada por los deudores de la banca, incluyendo créditos mal dados a los propios neobanqueros. Aquí Sandoval muestra puntualmente la manera ilegal, absolutamente falta de transparencia en que los errores y corrupción del ala bancaria de la coalición salinista se convirtió en una deuda pública que para 2005 ascendía a 125 mil millones de dólares (p. 198).

Sin cambio

Supuestamente en 2000 el régimen político cambió, pero en realidad la coalición salinista se mantiene en control del poder político institucional. Y prueba de ello es que sigue sin hacerse una verdadera auditoría al Fobaproa, pues la encomendada a Michael Mackey, canadiense, nunca dispuso de la documentación necesaria para llevar a buen fin su tarea. El cambio político hubiera llegado a México si supiéramos, siguiendo a Lasswell, quién exactamente se benefició y cómo, de las decisiones de política bancaria que tomaron Salinas y Zedillo. Si aún no lo sabemos es porque seguimos sin superar al pasado.

Peña Nieto: màs de 15 años recibiendo apoyos de Procampo

La verdad en su cara, es lo que no aguantan de Gerardo Fernàndez Noroña

Eliminan 242 mil de los empleos mejor pagados

2011-11-22 • Impreso Negocios

Al cierre del tercer trimestre, la entidad que presentó el mayor recorte de puestos con esos salarios fue Nuevo León; en un año canceló 123.1 mil.

Más de 242 mil empleos con los mejores niveles de remuneración se cancelaron durante el tercer trimestre de 2011, aunque una gran parte de ellos se concentraron en entidades con problemas de inseguridad y violencia, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
De acuerdo con la información oficial, entre julio y septiembre de 2011 se contabilizaron 11.4 millones de trabajadores con un rango de tres y más de cinco salarios mínimos (5 mil 400 y más de 9 mil 400 pesos al mes), cuando en igual periodo del año anterior eran más de 11.6 millones con esa percepción.
La entidad federativa que presentó el mayor recorte de esas plazas laborales mejor pagadas fue Nuevo León, que en tan sólo un año cerró más de 123 mil 134 trabajos con ese tipo de percepciones.
Los trabajadores mejor remunerados en Chihuahua también fueron vulnerables a perder su empleo, pues ambas dependencias informaron que entre el tercer trimestre de 2010 y el mismo periodo del año en curso un total de 62 mil 830 plazas se eliminaron en esa entidad.
La tercera entidad federativa del país que sufrió un recorte importante de esos trabajos con los niveles más altos de salarios fue Veracruz, que contabilizó un cierre de 54 mil 520 plazas de esa condición.
Jalisco, Tamaulipas, Hidalgo y Sinaloa también fueron de las entidades que registraron un menor número de empleados mejor pagados y en conjunto despidieron a más de 161 mil 327 personas que ganaban entre tres y más de cinco salarios mínimos mensuales.
Aunadas a esas entidades, otras 15 reportaron la desincorporación de trabajadores mejor remunerados, entre las que se encuentran San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Querétaro, Sonora, Aguascalientes, Tabasco, Distrito Federal, Yucatán, Guerrero, Zacatecas, Colima, Quintana Roo y Nayarit.
Contrario a esas entidades, en 10 se registró una incorporación de nuevos trabajadores con el rango salarial más alto, donde destacó el Estado de México, que reportó la inserción de 227 mil empleados mejor pagados en el periodo en cuestión.
Coahuila fue la segunda entidad que más plazas de ese nivel abrió en un año, con un total de 31 mil 307 trabajos, seguida de Guanajuato, Michoacán, Baja California, Durango, Morelos, Oaxaca, Campeche y Baja California Sur.
Por género, las mujeres fueron las más propensas a perder los empleos de mayor calidad en el país,
pues de acuerdo con la STPS y el INEGI, durante el tercer trimestre de 2011 se contabilizaron 216 mil 400 trabajos menos que un año antes, mientras que en los hombres la cancelación de esas plazas apenas fue de 25 mil 800.
Y al alza, los peor remunerados
En el tercer trimestre del año, más de 10.6 millones trabajadores afirmaron que su remuneración laboral era de más de uno y hasta dos salarios mínimos (mil 800 pesos y hasta 3 mil 600 pesos al mes), lo que significó que, 221 mil 287 personas se incorporaron al trabajo y lo hicieron con esa remuneración.
Muy similar fue en aquellas actividades que pagaron entre dos y hasta tres salarios (3 mil 600 y 5 mil 400 pesos mensuales). Pues en el periodo en cuestión se registraron 9.9 millones de personas en ese rango de ingresos, 221 mil 465 más que un año antes.
En pasadas fechas, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, dijo que una gran parte de los trabajadores en el país ganan más de dos salarios mínimos, pero que muchos están subcotizados, es decir, que la empresa los registra como si ganaran menos.
Gráfico: Alfredo San Juan
México • Alberto Verdusco

Mensaje a Andrés Manuel López Obrador : Morena

¿ Y en Michoacàn quièn ganò ? ¡ El narco !

Asunto de familia. Pedro Miguel

Felipe Calderón está que no lo calienta el sol tras la derrota (electoral, digamos) que sufrió su familia en Michoacán a manos de otra familia. En plena conmemoración del 20 de Noviembre, el hermano de la candidata masticaba su rencor y clamaba por demócratas que actúen contra la intromisión de criminales en la determinación del voto libre de los ciudadanos”. Si se le hubiera ocurrido lo mismo en 2006, hasta él estaría mejor con López Obrador, pero eso es otra historia.

El punto es que el domingo antepasado los priístas y otros, de peor fama pública, perpetraron allí algo muy semejante a lo que en 2006 hicieron Vicente Fox, el Consejo Coordinador Empresarial, Elba Esther Gordillo, Televisa y algunos más para asegurar que el propio Calderón lograra meterse al despacho presidencial. El pleito entre el desgobernante PAN y el rampante PRI se ha enconado con la vuelta de tuerca michoacana. Ante el recurso del tricolor a coaliciones de esas que no están consideradas en la ley electoral, el presupuesto federal no alcanzó para imponer en el terruño a la hermana desconsolada.

Puede ser que la reacción del calderonato no tarde mucho. Alejandro Poiré ya adelantó su disposición a meter la nariz en los asuntos electorales –normados por el IFE, se supone–, en cosas de la delincuencia organizada –que le tocarían a la PGR, si existiera– y en el subconjunto que se forme entre ambos. No se necesita mucha sagacidad para entender que el destinatario del mensaje es el PRI. El de Peña Nieto, el de Manlio, o ambos.

Pero así como es razonable suponer que el calderonato tiene bajo la suela algunas colas priístas, no se debe olvidar que el tricolor está entre los acreedores varios de Calderón, porque fue justamente ese partido el que le abrió la puerta trasera de San Lázaro para que se colara al poder. Por lo demás, la mutua capacidad de extorsión es consecuencia, y no causa, de la alianza fáctica que el PRI y el PAN han ido construyendo, con altibajos y retrocesos, desde tiempos del salinato, y que responde a la necesidad de administrar el poder público en favor de un puñado de actores corporativos locales y foráneos que lo mismo pueden estar inscritos en la legalidad formal que en el ámbito de la delincuencia.
Esa confluencia de intereses empresariales, políticos, mediáticos y criminales es la que da cohesión a la auténtica y reinante familia. Lo demás son pleitos menores por ramificaciones estatales, capaces de causar irritaciones pasajeras.

Los priístas superarán pronto sus diferencias internas –nada que no se arregle con un buen reparto de cuotas– y los panistas, que ni siquiera han logrado tenerlas, acabarán renovando con ellos el pacto transexenal de impunidad y de aprovechamiento oligárquico del país. No les queda mucho tiempo, porque la alternativa de poder planteada por el Movimiento de Regeneración Nacional y del naciente Movimiento Progresista crece día con día e incorpora a sus filas a quienes no quieren padecer otros seis años de destrucción del país a cargo de la voracidad oligárquica.

Aunque se empeñen en ocultarlo, lo veremos. Dentro de poco, panistas y priístas –más las franquicias agregadas que brincan como ardillas, abejas y tucanes entre unos y otros– olvidarán los mutuos agravios, dejarán de lado sus diferencias, se unirán en contra de la candidatura unitaria de las izquierdas y empezarán a trabajar, codo a codo, en la planificación del próximo fraude, el trasvase y trapicheo pactado de sufragios, operativos de propaganda negra y otras de las artes que dominan, como miembros que son de la verdadera familia. A ver si en esta ocasión lo logran.

navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com - http://Twitter.com/Navegaciones

Calderón, ¿a juicio?... por Lydia Cacho

A miles de personas les parece una locura absoluta que haya quien crea que este es el momento adecuado para presentar una acusación contra el gobierno de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI). Pero casi 20 mil personas, en general activistas, mujeres y hombres defensores de derechos humanos, han decidido que no se debe ocultar una tragedia que está a la vista de toda la sociedad.

Según la denuncia ciudadana que esta semana se entregará en Holanda en la sede de la CPI, en México durante los últimos años se han cometido y se siguen cometiendo de forma sistemática tanto crímenes de lesa humanidad como crímenes de guerra. La acusación señala a todos los actores fundamentales: los cárteles de las drogas y sus cómplices en el ámbito político y empresarial, y el gabinete de Felipe Calderón, quien de la mano del Ejército Mexicano está, según los casos documentados, participando en el aniquilamiento y las desapariciones forzadas de cientos de personas, todo ello bajo el auspicio de la confusión que ha generado una guerra cuyo cuartel son las calles de México.

Más allá de lo que pueda suceder en la Corte Penal Internacional, resulta interesante que se haya decidido utilizar un mecanismo legal para pedir ayuda ante una situación que, además de parecernos insostenible ya, mantiene en vilo a millones de personas que diariamente se preguntan cuándo van a parar los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y todos los delitos correlacionados con la batalla abierta entre estos grupos, que a pesar de ser antagonistas sistemáticamente nos demuestran que incurren en prácticas similares para alcanzar fines distintos. Lo cierto es que la mayor parte de la sociedad coincide en que parece que los gobernantes simplemente administran una crisis criminal y el baño de sangre, pero no muestran una ruta de salida que no implique más muertes y más violencia.

Por un lado, el equipo de guerra del calderonismo, cuyo nuevo gran estratega en el norte es Jorge Tello Peón (uno de los grandes expertos mexicanos en inteligencia de seguridad nacional) ha asumido estrategias antiterroristas de que en momentos determinados exigen la eliminación sistemática de grupos criminales, a la que se han sumado gustosos algunos secretarios de Seguridad Pública como el general Bibiano Villa, gobernadores y alcaldes de diversas entidades, y, claro está, grupos de élite del Ejército.

Una de las tareas más difíciles será demostrar con evidencia judicial la existencia y operación formal de equipos paramilitares, cuya estrategia consiste en llevar a cabo limpieza de pequeños grupos delictivos que son considerados potencialmente peligrosos para ciertas regiones del país.

En esta acusación ante la CPI, se presentarán expedientes documentados que acreditan 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional humanitario por parte de diversos cuerpos de seguridad del gobierno federal (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros y sometimiento a esclavitud en contra de migrantes para después venderles a los cárteles).

Otros países como Colombia esperaron una década para comprender los efectos secundarios que la guerra contra las drogas impuesta por Washington dejó en calles, escuelas y hogares de ese hermoso país. Colombia quedó, después de una batalla perdida, con un 500% más de consumidores de droga que antes de la guerra. Y su producción de cocaína se mantiene estable y próspera. Detrás de esa guerra quedaron miles de familias cuyos hijos e hijas desaparecieron sin dejar rastro, o fueron asesinados por comandos paramilitares avalados por la dupla operativa de los gobiernos de Colombia y Washington. Lo demás es historia.

Podemos o no estar de acuerdo en que se plantee esta denuncia ante una corte internacional, lo cierto es que resultará interesante conocer el diagnóstico que emitan estos jueces desde afuera. Ellos que han documentado crímenes de lesa humanidad en el mundo entero, particularmente enfocados en África en los últimos años, ahora tornan su mirada a un país para ellos inesperado: México. Por lo pronto, lo que se rumora ya entre asesores y especialistas de la CPI es que hay evidencia de patrones de desapariciones forzadas que llevan consigo ecos de limpieza social.

Sea cual sea el resultado, los abogados estarán ante el fiscal de la Corte Penal el 25 de noviembre, día emblemático de la erradicación de la violencia contra las mujeres. No es una casualidad: más de 80% de las personas movilizadas en México que buscan a sus hijos e hijas, que denuncian, que dedican sus días y noches a exigir justicia, desde los pequeños pueblos indígenas de norte a sur hasta las ciudades, son mujeres. Ellas documentaron la violencia de militares, la trata de personas perpetrada por narcos y políticos; ellas, las madres, esposas e hijas, han impulsado su derecho a la palabra, a la justicia, pero, sobre todo, el derecho de toda la sociedad a la paz. Ahora van acompañadas de hombres que han decidido no guardar silencio.

Habrá quien piense que solicitar este juicio es una locura, pero es en realidad un acto de libertad. Felipe Calderón ha dicho durante cinco años que la gente debe creer en las instituciones, que la sociedad debe denunciar los delitos, ser valiente, impulsar la paz en México. Este juicio es, paradójicamente, una prueba de que millones de personas nacidas en México coinciden, al menos en eso, con el Presidente. Hay que esclarecer la verdad para comenzar a reconstruir al país, hacerlo por la vía judicial y no con el uso de la violencia.
www.lydiacacho.net @lydiacachosi

Periodista

Transas y retorcimientos - Julio Hernández López

Astillero

Calderonismo charreado

No pudo con Napito

Colecta Ye Gon

CÁTEDRA. El Instituto Federal Electoral (IFE) inauguró ayer el primer curso de especialización sobre registro electoral para autoridades de África y Haití. En la imagen, entre otros expositores, Sonia González, representante de la cancillería, y Leonardo Valdés, consejero presidente del IFEFoto Notimex

Luego de seis años de obsesión persecutoria de dos administraciones panistas (parte final del desgobierno de Fox y los casi cinco años del calderonismo), el dirigente gerencial del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, no ha podido ser extraditado de Canadá, adonde fue a refugiarse, ni se le han podido demostrar los presuntos delitos a partir de los cuales se ha tratado de llevarlo a la cárcel y quitarle el liderazgo de corte clásico del sistema político mexicano que recibió en herencia de su padre.

Ayer, en el contexto de una reunión interparlamentaria que se realiza en Ottawa, el fantasma de Gómez Urrutia volvió a aparecerse en declaraciones del cómodo embajador mexicano en aquellas tierras, Francisco Barrio Terrazas, quien reconoció que el controvertido representante minero difícilmente podrá ser sometido a leyes mexicanas a corto plazo, entre otras cosas porque tiene un especial tejido de apoyo político en Canadá. De acuerdo con el reporte de Andrea Becerril, enviada por La Jornada para cubrir la interparlamentaria en mención, el plácido ex gobernador de Chihuahua explicó que el hijo de Napoleón Gómez Sada cuenta con el respaldo de poderosos sindicatos de mineros y metalúrgicos y de la principal fuerza política opositora, el Partido Nueva Democracia. “Por ello –consideró Barrio Terrazas– mi percepción es que el gobierno canadiense quiere en ese expediente de Gómez Urrutia moverse con mucho cuidado y (en) cualquier paso que da, por las implicaciones que tiene en la política interna.”

Ironías de la vida: un gobierno extranjero tiene más cuidado en el tratamiento del caso de un dirigente minero mexicano, por razones de política interna, que el mostrado en su momento por Vicente Fox, Carlos Abascal, Francisco Xavier Salazar, Felipe Calderón y Javier Lozano, que han sido las piezas más notables del entramado de venganzas, irresponsabilidad y corrupción en torno al siempre sacrificado sindicato minero y su peculiar gerente júnior, el millonario Gómez Urrutia, cuyos expedientes, tan oscuros como los de la gran mayoría, por no decir la totalidad de los líderes sindicales mexicanos clásicos, reclamarían justicia por sí mismos, una justicia cuya oportunidad y pertinencia, en todo caso, se ha perdido y deformado en el laberinto de persecución selectiva y tendenciosa que ha practicado mercantilmente el calderonismo.

Practicante del tipo de sindicalismo que prohijó el sistema político mexicano durante la etapa de dominio priísta y dueño de una fortuna que contrasta con la miseria de sus representados, siempre sujetos a explotación, Gómez Urrutia ha hecho a Carlos Fernández-Vega, autor de la columna México SA en La Jornada, una amplia denuncia del proceso de virtual golpe de mano con que el foxismo le quiso castigar desde antes de la desgracia de Pasta de Conchos y en especial luego de ésta, proceso continuado con ferocidad en la segunda administración panista, ya con Calderón y Lozano en uso institucional del garrote jurídico y político (en http://bit.ly/tAYZX5 puede leerse la entrevista, realizada en Vancouver y publicada el pasado 14 en un suplemento especial denominado Minera, 500 años de saqueo).

Según Gómez Urrutia, él se ha enfrentado a una estrategia torpe, perversa, de funcionarios corruptos coludidos con empresarios corruptores y asegura que “Calderón, ya como presidente electo, hizo una declaración que nosotros supimos, aunque nunca salió a la luz pública. Le dijo a un grupo de empresarios que aportó recursos a su campaña: ‘Los sindicatos son como un cáncer para la sociedad y hay que extirparlos’”. Además, reitera que en Pasta de Conchos hubo un homicidio industrial, no sólo por el abandono de las minas por parte de la empresa de Germán Larrea, sino porque la Secretaría del Trabajo no realizó ninguna de las inspecciones que por ley son obligadas, pues Salazar Sáenz estaba coludido con Larrea. Sus empresas particulares eran proveedoras de Grupo México, y su yerno, Pedro Camarillo, era el delegado de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, de tal forma que había una total colusión con la empresa.

En otra parte de la entrevista, Fernández-Vega pregunta qué negociaron esos empresarios para actuar con total impunidad y el dirigente-gerente responde: La elección misma de Felipe Calderón. Existen serias dudas sobre si realmente ganó las elecciones de 2006, y entre los grandes contribuyentes financieros a su campaña electoral aparecen estos mismos empresarios, entre otros. De hecho, hasta le sobraron recursos. Allí está el caso clarísimo de Zhenli Ye Gon: 205 millones de dólares en efectivo, y dijo el chino que se los habían dado para la campaña de Calderón. Javier Lozano, el gato de Larrea, fue el coordinador de fondos para la campaña de Calderón. Es evidente que esto fue producto de la mafia creada por este grupo de empresarios y el gobierno, de ese financiamiento a la campaña de Calderón y a la imposición que hicieron como presidente de un país que no merece este tipo de gobierno.

Conforme se acerca el término del periodo de ejercicio de poder que ha practicado el calderonismo (aunque el jefe de la banda trata de encontrar mecanismos de fuerza para prolongar su estancia en ese poder, haiga de ser como haiga de ser) van quedando más claros los abusos y errores cometidos. En el rubro laboral, la secretaría correspondiente, a cargo de Javier Lozano Alarcón (ejecutante entusiasta de las suertes de provocación y golpeteo que más regocijan a su sombrío jefe), ha sido utilizada como instrumento benefactor de intereses de empresarios y firmas amigas, retorciendo leyes y procedimientos, como se ha visto en los procesos emblemáticos de Luz y Fuerza del Centro, de Mexicana de Aviación y del Grupo México.

Y, mientras van apareciendo los términos del arreglo para que Beltrones cediera el paso a Peña Nieto, ¡hasta mañana, con Tepito calentándose!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

¿Buen Fin?

Tele-dramón

Bota por voto

¿Quién lo entiende?-Hernández

La sombra del caudillo-Rocha

Procesos-Fisgón

López Obrador por la hazaña

Álvaro Delgado 21 de noviembre de 2011


MÉXICO, D.F. (apro).- Con un notable rezago frente al priista Enrique Peña Nieto, mayor al que respecto a él tenían Felipe Calderón y Roberto Madrazo en 2006, Andrés Manuel López Obrador ha aplicado el principio de que a un escenario distinto corresponde una estrategia diferente, justamente porque sabe que sus enemigos son los mismos que en su primera incursión presidencial.

Por eso el primer paso de ganar la Presidencia de la República en 2012, que sería una epopeya, fue lo que hasta hace menos de dos semanas parecía utópico: Obtener la candidatura de toda la izquierda sin ruptura y, algo tan importante como ésta, materializar una coalición total con candidatos a diputados y senadores electos con base en su fortaleza electoral medida por encuestas.

Si la izquierda supera sin escándalo el transe que significa procesar los candidatos a legisladores que resulten de los “mejor posicionados” entre las propuestas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –que ya tiene los resultados de las encuestas que la empresa Covarrubias y Asociados levantó en los 300 distritos electorales del país– y las del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entonces se ensanchan las posibilidades de victoria.

Porque a diferencia de hace seis años, cuando López Obrador jaló votos a los candidatos a diputados y senadores de la izquierda –algunos de los cuales, particularmente los Chuchos, se amafiaron con Calderón–, la estrategia ahora, dadas las nuevas circunstancias, es que éstos deberán abonar a la candidatura presidencial.

Así, aun con el déficit democrático que implica un arreglo oscuro sólo entre dos líderes, López Obrador y Marcelo Ebrard –que como parte del mismo éste impondría al candidato a sucederlo en la Ciudad de México–, el arranque de la izquierda modificó el tablero de la sucesión presidencial y cuenta con algo a su favor: Lamentablemente el país está peor que en 2006.

En efecto, la degradación de la vida política, social y productiva ha sido acelerada y se ha instalado entre los ciudadanos un ánimo peligroso: La desesperanza. Y ya se sabe: Una sociedad sin ilusión por el porvenir se condena a la mediocridad y a la descomposición, que en la decadencia en curso es inaceptable.

Diversos indicadores independientes y aun oficiales desnudan la realidad atroz de México, de por sí aislado del mundo y sometido a Estados Unidos. El más lacerante de esos datos es que en sólo cuatro años, de 2006 a 2010, un total de 12 millones 205 mil 356 mexicanos fueron arrojados al infierno de la pobreza patrimonial.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se trata de un aumento de 27% del número de pobres que había cuando, en 2006, Calderón asumió al cargo. La pobreza patrimonial pasó de 45.5 millones ese año a 57.7 millones el año pasado, más de la mitad de los mexicanos.

Y otra cifra que sobrecoge: Deambulan por el territorio nacional siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, los mal llamados “ninis”, la mayoría de los cuales son mujeres.

La calidad de vida se ha desplomado y, según la ONU, en materia de salud, educación e ingresos, México está por debajo de Chile, Argentina, Uruguay, Cuba y Bahamas. Nada menos.

Justamente en 2010, en un contraste insolente, el magnate mexicano Carlos Slim apareció como el hombre más rico del mundo.

Estos números de escándalo coexisten con otro fenómeno que oprime el ánimo de los mexicanos: La violencia que, en efecto, tiene a México en un estado de emergencia y con la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente. Se han acumulado, todo el mundo lo sabe, 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados. Son números, pero no olvidemos que se trata de personas.

Unicamente por esto es necesario y urgente un cambio en el rumbo de la nación que, vistos los resultados de los gobiernos priistas y panistas de las más recientes tres décadas –cuyo crecimiento promedio es de 2.5% anual, menor al 3.3% del porfiriato–, sólo podría venir de la izquierda.

Parece remoto que, en la hipótesis de un triunfo de López Obrador, pudiera materializarse un cambio drástico, pero es indispensable frenar el deterioro y establecer un punto de partida hacia algo que reactive la esperanza de los mexicanos.

El inicio de esta nueva travesía de López Obrador y de la izquierda toda es halagüeño, pero la contienda se avizora con los peores signos, no sólo como parte de una campaña ordinaria por el poder político, sino porque se trata de una disputa por la nación y gravitan los peores intereses de los poderes fácticos, incluidos los criminales.

El cambio de estrategia de López Obrador, que por ejemplo después de hacer un reclamo a Televisa por su política facciosa le ofrece un nuevo trato, o anteponer la propuesta de unidad a la beligerancia del 2006, no implica que sus mismos enemigos de 2006 mutarán y se sumarán a la “república amorosa”, que a muchos mueve a chunga.

El amasijo de intereses que en 2006 se articularon no se ha disuelto y ahora impulsan a Peña Nieto. El propio Calderón, que detesta a López Obrador, cuenta con los instrumentos del gobierno federal, que son muchos, y su capacidad de daño es inmensa.

De hecho, la campaña negra contra López Obrador, que no ha cesado en los cinco recientes años, se ha intensificado desde las cuentas de correo de funcionarios federales que usan seudónimos para no ser identificados.

En fin, hay un escenario aciago hacia el 2012 que, ojalá, desemboque en un cambio para bien.


Apuntes

Después del derrumbe de los Calderón en Michoacán, más relevante que la derrota de los perredistas, la disputa por Morelia entre PAN y PRI derivó en el recuento voto por voto, por primera vez en México. ¿Quién ganará? La certeza, la que no tuvimos los mexicanos en 2006.

Enrique Krauze, el difamador

José Steinsleger
La reflexión moderna acerca del derecho a la comunicación” ha tornado obsoletos (aunque integrándolos) términos que en otras épocas se reves-tían de afanes puristas, animando grandes debates y combates: “libertad de imprenta” (siglos XV al XVIII), “de prensa” (siglo XIX), “de expresión” (siglo XX).

La batalla teórica fue ganada. Ninguna fuerza política o institucional se atrevería hoy a negar el derecho de todas las personas a expresarse, informar y ser informadas. Hasta organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), gremio de empresarios que agrupa a los magnates de la comunicación, reclaman el derecho de marras.

¿Cuáles serían sus límites? En sus formas democráticas (haya o no legislación explícita) se acepta que frente a las complejidades de la sociedad moderna el ejercicio de la comunicación requiere de criterios amplios y fundamentados, en los que la ética y moral de sus actores juegan un papel fundamental.

En ese sentido, las diferencias entre la SIP y La Jornada son claras. Los medios de la SIP han sido caja de resonancia del golpismo y el terrorismo de Estado en América Latina, y La Jornada ha priorizado el derecho de los mexicanos a estar informados.

Principio que quizá haya ido en detrimento de la “imparcialidad” de los puros, pero en beneficio de la objetividad y cuidándose de los abusos que, so pretexto de la “libre expresión”, no le hacen asco a la desinformación y la difamación.

La revista Letras Libres y su director, Enrique Krauze (a quien la SIP acaba de galardonar por su “meritoria labor en defensa de la libertad de expresión…”), son buenos ejemplos de la amoralidad informativa y ausencia de ética que, a cuenta de terceros, incurren en difamación.

Digo “terceros”, porque ya no sé a quiénes obedece Krauze, o si tan sólo interpreta sus deseos: ¿la CIA?, ¿el Estado español?, ¿la plutocracia mexicana?, ¿la mafia cubana de Miami?, ¿el Mossad israelí?, ¿la Internacional liberal de “tolerantes” que integran terroristas cubanos como el colaborador de Letras Libres Carlos Alberto Montaner, y preside el eurodiputado holandés Hans van Baalen, ex militante uniformado de la organización neonazi Nederlandse Volks Unie (NVU)?

Si lo afirmara, incurriría en la difamación de un personaje que, tras ponderar la “democracia sin adjetivos”, superó los apuntados en el diccionario de María Moliner para denigrar a los que “piensan distinto” de él. Carlos Fuentes (escritor a quien, a diferencia de Krauze, respetan amigos y enemigos) calificó al director de Letras Libres con un adjetivo desconcertante. Le dijo “cucaracha” (Coloquio de Invierno organizado por Conaculta y la UNAM en febrero de 1992).
No estoy de acuerdo. Leo a Krauze con atención, y no me cabe más que reconocer su talento para dotar, con “algo de cultura”, el discurso cínico y falaz de los que destruyeron a México en 30 años de neoliberalismo.

Krauze parece envidiar la independencia, libertad, y la masa crítica de lectores que a diario juzgan a La Jornada. ¿Fue entonces por mero despecho ideológico que uno de sus empleados acusó a esta casa editorial de ser “cómplice del terror” (Letras Libres, marzo 2004)? ¿Dónde, las pruebas?

En marzo de 2007, cuando el Senado de la República despenalizó el delito de difamación, injurias y calumnias, se estableció que la persona (un periodista, por ejemplo) que sea encontrada de haber provocado daño moral a otra por lo que publicó “… no será sancionada siempre y cuando revele el nombre de quien le proporcionó la información”.

Lamentablemente, el dictamen adverso a la demanda por daño moral interpuesta por La Jornada en contra de Letras Libres refuerza la sensación de que en México, donde hay poca justicia, tener razón es peligroso si el fiel de la balanza se inclina a favor y a conveniencia del más fuerte.

Mas evitemos comparar a los jueces con la justicia, cosa equivalente a comparar a los curas con Dios. Según Bertolt Brecht, muchos jueces son absolutamente incorruptibles: nadie puede inducirles a hacer justicia.

También es sabido que la más estricta justicia no sea siempre la mejor política. No obstante, La Jornada anhelaba que se le diera la razón. Porque en México, país martirizado por las clases dominantes que en Krauze reconocen a su “intelectual orgánico”, las personas honradas son mayoría aplastante y rigen su derecho por su deber.

Un diplomático yanqui me comentó que La Jornada era el único medio de comunicación que consultaba para elaborar sus informes sobre México. Incrédulo, pregunté:

–¿Y los que “piensan distinto”?

El gringo sonrió:

–A ésos… les damos la información.

El buen fin. Helioflores



Coahuila. Helioflores