Abogado que demandó a Calderón en La Haya se exilia por amenazas

• El gobierno federal panista creó un ambiente de intimidación, denuncia.

El abogado Netzai Sandoval, quien demandó a Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional se auto exilió en Europa luego de recibir amenazas de muerte anónimas precisamente por haber hecho la demanda.

De acuerdo con La Opinión Netzai Sandoval declaró:

"Después de viajar a La Haya decidí no regresar a México porque el gobierno creó un ambiente de intimidación y no hay garantías de seguridad".

Sandoval no quiso revelar en qué país europeo se encuentra por motivos de seguridad.

"Quiero ser prudente sobre el regreso a mi país, no quiero ser mártir", señaló.

Las amenazas de muerte que Sandoval recibió, señala, han sido textos escritos a su domicilio, por medio de emails y por medio de redes sociales.

"Es obvio que tienen datos sobre mí y mi familia", señaló.

Indicó que para sentirse protegido en México se requiere de que la administración de Felipe Calderón modere su lenguaje de descalificaciones, ya que Calderón dijo en un principio que exploraba las alternativas para proceder legalmente contra los mexicanos que lo demandaron.

Agregó que "Calderón envió a gente de su partido (PAN) y del gobierno para ofender y descalificar la demanda (en La Haya), pero la procedencia no sólo corresponde a los tribunales donde fue interpuesta".

"Nuestro objetivo no es llevar a Calderón a la Cárcel, pero tenemos que hacer algo para que nuestro país viva en paz", dijo Sandoval.

Además consideró que Calderón "está a tiempo aún de reconsiderar su estrategia, de hacer justicia a las víctimas y castigar a los culpables y eso lo podría hacer mañana mismo, si quiere, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) atraer los casos que en los estados se olvidan o llevar a juicio a los militares inculpados en muertes y abusos a los derechos humanos de personas o establecer protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad".

Clarísima explicación sobre el #juicioacalderon

La “defensa” de Calderón . Netzaí Sandoval Ballesteros

Netzai Sandoval

3 de diciembre de 2011


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los voceros y comunicados oficiales del gobierno federal no han podido desmentir una sola de las afirmaciones de quienes acudimos a la Corte Penal Internacional (CPI): no han podido negar que en México se violan derechos humanos, que el Ejército tortura, comete desaparición forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesina civiles, que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes o que en 95% de los homicidios de la narcoguerra el gobierno decidió no abrir investigaciones porque es más sencillo declarar que “se matan entre ellos”.

Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que comete asesinatos y ataca hospitales y centros de rehabilitación de enfermos, que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente y que se vale del INM para agredir a migrantes.

Ninguna de nuestras afirmaciones ha sido puesta en duda. Habría que informar a Calderón que para poder sostener que lo calumniamos tendría que demostrar primero que nuestros señalamientos son falsos. En realidad lo único que debaten sus voceros es si se reúnen los requisitos jurídicos para que intervengan los tribunales internacionales. Veamos.

Gerardo Laveaga –quien aspiraba a ser defensor del pueblo y se ha convertido hoy en defensor del gobierno– afirma que “el primer requisito de procedibilidad, como decimos los abogados, es que se haya agotado la instancia entre tribunales nacionales, lo cual no ha ocurrido”. Un abogado internacionalista, a diferencia de Laveaga, sabría que esto es falso. El principio de complementariedad enunciado en el artículo 1 del Estatuto de Roma implica que la CPI intervendrá en los casos en que un país no esté dispuesto a llevar a cabo procesos penales imparciales o no pueda realmente hacerlo. No siempre deben agotarse las instancias nacionales.

Precisamente hemos argumentado ante el fiscal de la CPI que en México no se han tipificado los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como el hecho de que en 24 entidades federativas tampoco es un delito la desaparición forzada, por lo que los tribunales mexicanos no podrán juzgar esos crímenes. Laveaga responde que esto no importa, dado que se pueden juzgar los delitos en México bajo otros tipos penales. No respondió cómo se juzgaría, por ejemplo, el reclutamiento de niños en calidad de sicarios por parte de los cárteles de la droga.

Pero adicionalmente afirma que los castigos pueden ser “mucho más grandes” en nuestro país en casos de homicidio, “privación ilegítima de la libertad” –un tipo penal inventado por él–, lesiones y tortura. Otra falsedad. Laveaga demuestra no tener un mínimo conocimiento de las penas que prevé el Estatuto de Roma. La CPI podría imponer cadena perpetua a los máximos responsables de la crisis humanitaria en México y tal sanción no se compara con la que corresponde a los delitos por él señalados. Particularmente la privación ilegal de la libertad –como se llama en México– no es un delito grave, por lo que incluso admite beneficios como la libertad provisional bajo caución. ¿Son superiores las penas en México?

También insiste en afirmar que la CPI solamente tiene competencia sobre tres tipos de delitos y que el de agresión no se ha definido. Otro grave error. Laveaga demuestra su falta de actualización jurídica. En 2010 la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Kampala definió ya el crimen de agresión. Muchos opinadores han citado a Laveaga como autoridad en la materia, cuando está demostrando que no conoce el derecho penal internacional.

Finalmente Laveaga plantea que en México se están haciendo todos los esfuerzos para respetar los derechos humanos porque el Congreso aprobó las acciones colectivas o porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó el fuero militar. Es claro que no han comprendido que la CPI juzga a individuos y no a Estados. El fiscal analizará en su momento si los mandos del Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública e incluso los propios capos de la droga pudieron girar órdenes que evitaran la comisión de actos perseguibles bajo el Estatuto de Roma y si reprimieron o sancionaron a sus subordinados cuando los cometieron.

Una aclaración. Aquí critico los argumentos y no descalifico –a diferencia de Laveaga– a la persona ni sus motivaciones. Si los mejores argumentos que tiene la defensa de Calderón consisten en que el Congreso y la Suprema Corte cumplen con su trabajo o que quienes acudimos a la CPI estamos manipulados por fantasmagóricos villanos, desde ahora se puede decir que están derrotados.

Si participara en la defensa del gobierno panista, le recomendaría poner en vigor de inmediato protocolos de actuación en tareas de seguridad pública y ordenar al Ejército dejar de trasladar a los detenidos a cuarteles militares (donde se cometen actos de tortura). Le aconsejaría implementar el registro inmediato de detenciones e instruir a la PGR que aplique realmente el Protocolo de Estambul. Pero fundamentalmente le recomendaría ordenarle a la PGR iniciar averiguaciones previas contra los soldados que agreden a la población civil e integrarlas en forma diligente y profesional, es decir poner fin a su política de impunidad. Eso sí sería tomado en cuenta por la CPI.

Emplazo a Laveaga a que informe a la opinión pública qué tipo penal resulta exactamente aplicable al reclutamiento de menores de 15 años en México. Si no es capaz de responder, con seriedad le pido a Calderón que cambie de defensa y de estrategia. El tipo de descalificaciones, de agresiones y amenazas empleado en sus comunicados y por sus voceros contribuye a que nuestra sociedad vuelva a caer en el encono y en la intolerancia.

Tal vez sea mucho pedir a un hombre que hizo del odio y del miedo su principal campaña. Pero si queda algo de político en él, debería reconocer que nuestra nación está viviendo una profunda crisis social y que solamente está contribuyendo a exacerbarla. Muchos juristas destacados e incluso sus propios compañeros de partido intentan hacerle ver el error que comete cuando pretende perseguir y acallar a quienes buscamos encontrar justicia por vías jurídicas e institucionales. ¿Escuchará?

¿Quién es el joven que puso en jaque a Calderón?

Netzai Sandoval

Sus raíces familiares son socialistas, de lucha popular y de enfrentamiento al
poder político establecido en el estado de Guerrero. Tiene nexos con académicos
e investigadores, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Un joven prácticamente desconocido hasta ahora, pero cuya historia
familiar es netamente política, con tendencias ideológicas ligadas a la
izquierda y al extinto Partido Comunista Mexicano. Su padre, quién ya falleció,
fue Presidente de la Cámara de Diputados y miembro fundador del PRD. Su abuelo
luchador social ampliamente reconocido. Su madre maestra disidente del SNTE, muy
critica de la "maestra" Elba Esther. Su cuñado, un reconocido y prestigiado
intelectual. Una veta de lucha social que lleva en las venas. Siempre desde la
trinchera de la oposición política
Por: Carlos Álvarez Acevedo Fecha: diciembre 1, 2011 - 12:12 | 4
comentariosUn grupo de activistas mexicanos solicitó firmas para pedir a la
Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, que analice la gravedad de
la violencia en México, y se plantee abrir una investigación sobre la violación
de derechos humanos y los crímenes de guerra que sufre el país. Con una buena
promoción en las redes sociales y una estrategia de medios al estilo “guerra de
guerrillas”, consiguieron recabar 23 mil firmas de ciudadanos que estaban de
acuerdo con ellos.
Los activistas afirman que se trata de denunciar una situación en general,
centrada en los años de gobierno de Felipe Calderón. “Pero no queremos sólo
pedir la responsabilidad del presidente, ni siquiera únicamente la de los
narcos, sino que buscamos que se puedan juzgar al amparo de las leyes
internacionales casos que no están contemplados por la legislación mexicana. En
México existe un vacío legal que nos obliga a actuar a nivel internacional para
denunciar situaciones como las “desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones
extrajudiciales o las amputaciones y decapitaciones que van más allá de un
simple asesinato” afirma el joven abogado mexicano Netzaí Sandoval, quien
impulsó la iniciativa.
“Esos vacíos legales son los que permiten que la situación se repita una y otra
vez y no sólo con los narcos como protagonistas, también con el propio Ejercito
mexicano. Ese clima de violencia generalizada ha dejado en los últimos cinco
años “más de 50 mil muertes, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300
jóvenes y niños asesinados” asegura Sandoval.
El grupo de activistas, formado por periodistas, académicos e intelectuales de
México, entre otros, entregaron al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, un
dossier de más de 700 páginas, en las que se reúnen más de 470 casos de
violaciones de derechos humanos contra mujeres y menores. Moreno Ocampo, afirmó
recientemente que es probable que la CPI acepte investigar este caso.
¿PERO QUIÉN ES NETZAÍ SANDOVAL?
Netzaí (Twitter: @Netzai_Sandoval) es un joven abogado de 28 años de edad,
egresado con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM con una tesis sobre
derecho comparativo de legislaciones estatales en materia de transparencia.
Amigo de Genaro Góngora Pimentel, ex ministro de la Suprema Corte y actual
integrante del Consejo del Movimiento de Regeneración Nacional, creado por el ya
candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Sandoval
fue dirigido por el ex ministro para realizar su tesis de maestría en la UAM,
titulada “El fraude electoral impulsado por la jurisprudencia del Tribunal
Electoral”, en la que revisa fallos irregulares de ese órgano, asegura la
periodista Katia DArtigues.
Es maestro nacional de ajedrez desde que tenía 12 años; ha trabajado en el
Instituto Electoral del DF y en la Suprema Corte de Justicia cuando la presidía
Guillermo Ortiz Mayagoitia, dice DArtigues. Como asesor del presidente de la
Suprema Corte de Justicia, mientras en el Instituto Electoral del Distrito
Federal se desempeñó como encargado del despacho de la Unidad de Comunicación
Social y Transparencia, en tiempos de Isidro Cisneros.
SU FAMILIA:
Sus hermanos son Pablo Amílcar e Irma Eréndira, Investigadora Titular “A” del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Doctora en Ciencia Política,
Universidad de California, Santa Cruz y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores: Nivel I. Irma es esposa de John M. Ackerman, investigador de la
UNAM y uno de los principales defensores de la denuncia presentada en la CPI. El
intelectual y abogado John M. Ackerman (@JohnMAckerman), es también nvestigador
de la UNAM, editor en jefe de la publicación Mexican Law Review y columnista de
la Jornada y de la revista Proceso.
Es el hijo menor del fallecido (2001) Pablo Sandoval Ramírez, ex diputado
federal de 1997 a 2001, Presidente del Congreso de la Unión en 1998 y fundador
el PRD en Guerrero. En los setenta, fue Secretario General de la Unión Sindical
de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero (actual STAUAG),
Consejero Universitario, participa en la dirección de los proyectos de
democratización universitaria. Dirigió el Sindicato Único Nacional de
Trabajadores Universitarios (SUNTU) en los ochenta y participó en la dirección
del STUNAM.
Su madre es Irma Sandoval Corona, maestra disidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE).
Es nieto de Pablo Sandoval Cruz, luchador social en Guerrero, quien en
septiembre pasado recibió el premio Sentimientos de la Nación otorgado por el
Congreso del Estado de Guerrero. Don Pablo fue miembro de la Primera Junta de
Gobierno de la naciente Universidad Autónoma de Guerrero, entre 1961 y 1963.
Posteriormente, se opuso a la reelección del Rector Virgilio Gómez Moharro, que
motivó la expulsión de decenas de estudiantes, entre ellos su hijo, Pablo
Sandoval Ramírez, quien tuvo que culminar sus estudios de derecho en la UNAM.
También fue miembro del Partido Comunista Mexicano desde los años, cuando era
estudiante de medicina en el IPN, y fundador de los sucesivos partidos de
izquierda en México desde 1981. Fue candidato a distintos cargos de
representación popular entre ellos a Presidente Municipal de Chilpancingo en
1981 y a Gobernador por la Unidad Popular Guerrerense, -Alianza de la Izquierda
Guerrerense-, en 1986. Fue Presidente del PSUM y del PMS en el Estado de

Guerrero.

Jóvenes promotores del necesario #juicioacalderón

La Haya analizará demanda contra presidente Calderón

por crímenes de lesa humanidad

LA HAYA - El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, aseguró que estudiará las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad recibidas por su oficina contra los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de México, Felipe Calderón.

"Recibimos comunicaciones de todo el mundo, incluidas hace pocos días las de Venezuela y México", confirmó Ocampo en una entrevista telefónica a Efe. Habitualmente la CPI no informa públicamente de las denuncias que recibe y hasta ahora no se había pronunciado sobre estos casos.

Análisis de los datos

Ocampo explicó que la recepción de las quejas supone "el principio de una tarea" que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la CPI.

Según el reglamento de la CPI, recogido en el Estatuto de Roma, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar.

"Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones", recordó hoy Ocampo.

La CPI ha realizado investigaciones preliminares en Honduras y Colombia, pero en este último caso, por ejemplo, no ha llegado a abrir una investigación propia porque la autoridades colombianas ya están estudiando los presuntos crímenes relacionados con las FARC y el narcotráfico.

El fiscal puso también como ejemplo el caso de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, de los que dijo que "probablemente constituyeron un crimen de lesa humanidad bajo mi jurisdicción, pero no lo investigué porque lo hizo España".

Demanda contra Chávez y Calderón

El caso contra Chávez fue planteado la pasada semana ante la CPI por uno de los seis aspirantes a ser el candidato opositor único en las elecciones presidenciales del próximo año en Venezuela, que quiere que se juzgue al presidente del país de delitos de lesa humanidad, incluyendo desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad.

Una queja similar se presentó también el pasado viernes en la misma corte contra Felipe Calderón, por crímenes de guerra y lesa humanidad por la estrategia gubernamental de lucha contra el narcotráfico que, según los demandantes, se ha saldado con "más de 50,000 muertes, incluida la de niños".

Creada en 2002, la CPI investiga en estos momentos presuntos crímenes en Uganda, Sudán, la República Democrática del Congo, Libia, Costa de Marfil y Kenia.

También ha abierto investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria.



Más en Univision.com: http://noticias.univision.com/mexico/noticias/article/2011-11-29/la-haya-analiza-demanda-contra-felipe-calderon-mexico#ixzz1fJ7ufaKM

Impulsores de la demada contra Calderón se ponen a disposición de la PGR

Gloria Leticia Díaz

John Ackerman en la PGR.
Foto: Germán Canseco

 

MÉXICO, D.F. (apro).- Unas 200 personas acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para ponerse a disposición de las autoridades, en respuesta a la amenaza del presidente Felipe Calderón de proceder penalmente en contra de los 23 mil ciudadanos que promovieron una denuncia en su contra en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Durante la concentración, juristas, académicos y activistas coincidieron, a través de un pronunciamiento público, que el amago de Calderón de proceder legalmente contra los impulsores de la demanda en la CPI, viola la Constitución y los convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados por México.
El documento público, firmado por el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadez; el exminitro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora; el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el investigador y asesor de la ONU, Edgardo Buscaglia; y el historiador Lorenzo Meyer, entre otros, fue leído ante el grupo de aproximadamente 200 personas que se presentaron a las puertas del Procuraduría General de la República (PGR) para que la dependencia procediera contra ellos.
La concentración fue convocada luego de que el domingo por la noche la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que consideró la denuncia como una sarta de “imputaciones falsas y calumniosas”, “infundadas e improcedentes”; y dejó en claro que el Ejecutivo “explora todas las alternativas para proceder legalmente” en contra los promotores de la demanda.
Este comunicado fue agregado a la demanda por el abogado Netzaí Saldoval, redactor de la misma.
Los manifestantes leyeron un pronunciamiento en el que dejaron en claro su “preocupación” por las expresiones de la Presidencia de actuar contra los 23 mil mexicanos que solicitan que el fiscal de la CPI “investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México”.
Los firmantes sostienen que con sus señalamientos, el gobierno de Calderón viola la Constitución mexicana y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, además de que podrían “afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país”.
Destacaron que la procedencia o no de la demanda es responsabilidad exclusiva de la CPI, y agregaron que “hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones en su contra”.
A los 40 minutos de que inició la protesta, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, se acercó al contingente acompañado de unos ocho guardaespaldas para “invitar” a los manifestantes a “formar una comisión” para que declararan lo que quisieran, porque como se estaban conduciendo en ese momento no era “la forma correcta”.
Amílcar Sandoval Ballesteros, quien en ese momento hablaba por el micrófono, preguntó al funcionario si Calderón ya había interpuesto alguna querella en contra de los firmantes de la demanda que, de existir, estaban dispuestos a comparecer. “Somos ciudadanos con nombre y apellido, en pleno ejercicio de nuestros derechos, no estamos al servicio de nadie ni tenemos intereses ocultos”, aclaró.
El funcionario negó la existencia de alguna denuncia interpuesta por Calderón contra ellos, por lo que Sandoval conminó a Ramos a permitir la realización de la protesta pacífica.
John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, defendió el derecho de los mexicanos a cuestionar la estrategia de combate al narcotráfico seguida por Felipe Calderón, así como de acudir a instancias internacionales, como la CPI, a la que México le ha reconocido competencia.
“Javier Sicilia le apostó a la buena voluntad, se reunió dos veces con Calderón, le dio regalos, y comprobó que Felipe Calderón no tiene buena voluntad; la UNAM hizo un análisis pormenorizado de la situación de violencia que vive el país, hizo una propuesta muy detallada encaminada a transformar la estrategia, hasta el rector José Narro se entrevistó con Felipe Calderón, y lo que se vio es que la inteligencia no le convence, la inteligencia no es lo suyo, por ello recurrimos a la CPI, defendemos nuestro derecho a disentir, y de exigir rendición de cuentas de manera pacífica”, dijo Ackerman.
Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) informó que después del comunicado de Presidencia, miles de personas más se adhirieron a la denuncia contra Calderón, y consideró que “lo que no es viable jurídicamente” es una posible demanda por daño moral, que es lo que podría hacer Calderón contra los denunciantes, “porque iría contra la libertad de expresión”.
Rocío Culebro, también del IMDHD, agregó que los 470 casos documentados en la demanda “no son más que asuntos ya conocidos y difundidos por organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras, la reacción de Calderón fue desproporcionada, porque no es la primera vez que ejercemos nuestro derecho a acudir a instancias internacionales en busca de justicia, y la prueba es que hay cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto no tienen respuesta”.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideró “grave, que el gobierno esté pensando en actuar legalmente contra quienes recurren a instancias legales internacionales para denunciar la impunidad. “Nos dejaría en completa indefensión, porque si recurrimos a organismos como la Comisión Interamericana o a la CPI es precisamente porque aquí no hay justicia”, agregó.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se sumó a la preocupación de juristas y académicos por la reacción de la Presidencia, por lo que recordó que desde 2005 México forma parte del Estatuto de Roma, instrumento que “autoriza a toda persona y organismos civiles a presentar información al fiscal cuando se considere que en el país se han cometido crímenes de competencia de la CPI”.

Amago gubernamental. Editorial de La Jornada

El domingo pasado la oficina de Felipe Calderón Hinojosa anunció que analizaba las alternativas para proceder legalmente” en contra de quienes signaron una demanda por crímenes de guerra, presentada el viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI), que involucra al titular del Ejecutivo federal, a varios integrantes de su gabinete de seguridad y al presunto cabecilla del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en la comisión de crímenes de guerra, en el contexto de las disputas entre grupos de la delincuencia organizada y entre éstos y las fuerzas policiales y militares, cuyo mando supremo recae en el propio Calderón. A decir de Los Pinos, las imputaciones son “falsas y calumniosas”, “absurdas”, “infundadas e improcedentes”, “temerarias” y “dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México”.

Hay un error jurídico básico en la noción de que acudir a un tribunal cualquiera, nacional o internacional, pueda considerarse delito y ser objeto de sanciones o contrademandas. El recurso interpuesto ante el CPI, y firmado por unos 23 mil ciudadanos, simplemente será considerado procedente o no, esto es, el tribunal internacional decidirá si amerita la apertura de un proceso contra los imputados. De modo que, si se empecina en proceder legalmente contra sus demandantes, el gobierno federal deberá buscar la infracción en otro sitio.

Por lo demás, el amago oficial en contra de “quienes realizan imputaciones infundadas e improcedentes en distintos foros e instancias nacionales e internacionales” ocurre unos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, en un fallo deplorable, aunque de acatamiento obligado, la virtual imposibilidad de que “personas con actividad pública” tengan éxito como demandantes por difamación y calumnias. Al considerar que la libertad de expresión no debía tener cortapisas ni limitaciones en esta circunstancia, los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo exculparon a la revista Letras Libres, que en una de sus ediciones acusó a este diario de complicidad con el terrorismo de la organización vasca ETA. De esa manera, el máximo tribunal del país sentó un precedente que abre la puerta para que cualquier actor social pueda formular, sin temor a consecuencias legales, toda suerte de calumnias contra terceros, así sean tan disparatadas e infundadas como el libelo publicado en la revista que dirige Enrique Krauze.
Con ese precedente, el amago gubernamental contra los autores de la demanda presentada el viernes pasado en La Haya no parece tener viabilidad alguna, no sólo porque Calderón es, evidentemente, una “persona con actividad pública”, sino también porque la pretensión de atribuirle responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad, correcta o equivocada, tiene elementos constitutivos más variados y complejos que la simple maledicencia: informes, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales humanitarios y de una abundante información institucional y periodística. Menos improbable parecería, en todo caso, que tales imputaciones llegaran a dirimirse en la CPI.

Si se analiza con atención, esta perspectiva no es obligadamente desfavorable para la administración calderonista, y hasta resulta difícil entender que el actual gobierno, que exhibe una convicción tan absoluta en la justeza, pertinencia y legalidad de su estrategia de seguridad y combate al crimen, no vea la conveniencia de desvirtuar en forma contundente y definitiva, en un proceso internacional, los múltiples señalamientos en su contra por la comisión de masivas violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, la amenaza a los demandantes hace ver a los integrantes de la administración calderonista como temerosos de ser hallados culpables en un juicio semejante.

Por lo demás, en términos políticos y mediáticos, la contraofensiva del gobierno no pudo ser más contraproducente, porque atizó el debate público más de lo que lo hizo la propia demanda interpuesta el viernes pasado en La Haya y dio nuevo impulso a sus promotores. En cuestión de horas se duplicó el número de firmantes de la querella; muchas personas que no necesariamente estuvieron de acuerdo en su presentación manifestaron su rechazo a la pretensión gubernamental de coartar el derecho ciudadano a la libre expresión y a acudir a una instancia jurisdiccional; adicionalmente, se convocó para hoy a actos de protesta frente a la Procuraduría General de la República, en esta capital, y a un lado de la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara.

Las rectificaciones no sólo son legítimas, sino que honran a quien las emprende. En esta situación, el gobierno federal ganaría si enmendara su reacción inicial y se desistiera de agitar sobre sus demandantes una espada de Damocles que, dadas las circunstancias, no parece tener mucho filo.

Calderón amenaza a acusadores en La Haya, pero nada hará porque 52 mil muertos es genocidio



Pedro Echeverría V.

Si el presidente Calderón se siente calumniado, más vale que acuda a un tribunal celestial, en lugar de la tremenda Corte. Rayuela

1. Felipe Calderón, presidente ilegítimo de la República, con un arranque de cólera que me recuerda a Hitler cuando despotricaba contra sus enemigos, rechazó tajantemente las imputaciones de “algunas personas, como “falsas y calumniosas” que han realizado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la opinión pública; “imputaciones relacionadas con su estrategia de combate al crimen organizado”, y advirtió que analiza todas las posibilidades “para proceder legalmente en contra de quienes las realicen en distintos foros e instancias internacionales o nacionales”, pues las imputaciones al gobierno de México “son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia”. Insistió, como lo hace todos los días, en que México es una gran democracia donde hay libertad y justicia social y que su gobierno ha estado siempre abierto al diálogo. ¿Por qué entonces el permanente repudio contra él?

2. Por opinión de miles o millones de personas afectadas directa o indirectamente por la guerra de Felipe Calderón; guerra contra el narcotráfico que lleva cinco años de hartazgo por tanto baño de sangre que se ha dado en más de la mitad del territorio nacional, académicos, abogados y personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, presentaron esta semana una acusación ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el Presidente y los principales mandos del gabinete de Seguridad, por crímenes de lesa humanidad. Argumentan que México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, alrededor de 10 mil desaparecidos y unos mil 300 jóvenes y niños asesinados, víctimas directas o indirectas de la guerra que le decretó el Presidente hace casi cinco años a los cárteles de la droga.

3. A esta acusación se suma la constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimados tanto por los mandos y efectivos armados, como por el crimen organizado. Uno de los promotores de la demanda, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, ha venido explicando que aunque Calderón y sus mandos civiles y militares, así como los capos de la droga “podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes… sí son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la violencia en nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana”. Además se demanda a Genaro García Luna, de Seguridad Pública federal; Guillermo Galván, de la Defensa, y Francisco Sáynez, de la Marina-Armada de México, así como a ‘El Chapo’ Guzmán.

4. Señalan los denunciantes que “para cumplir algunos de los compromisos que Calderón hizo con el gobierno de Bush, sobre todo el combate al narcotráfico y el control de la frontera, el gobierno federal recurrió a una alianza un poco de facto, pero también pactada con algunos cárteles del narco y particularmente con el de Sinaloa. Se sostiene en información dada por el investigador Edgardo Buscaglia y otros analistas que han planteado que el gobierno de Calderón está llevando a cabo una guerra sesgada que favorece al cártel de Sinaloa. Una semana después que Human Rights Watch (HRW) presentó su informe; “Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico” de México, los denunciantes señalaron que desde 2007, HRW advirtió al Capitolio que con esta medida (la Iniciativa Mérida) se daría un cheque en blanco al gobierno de México en materia de violación de derechos humanos

5. Espero que organizaciones sociales (electricistas, telefonistas, universitarios, CNTE, mineros) y partidos políticos (PRI, PRD, PT, Convergencia) se sumen en apoyo a esa demanda para que el mundo se entere de la realidad mexicana que gobierno, medios de información y empresarios han venido silenciando. Calderón y los precandidatos del PAN seguirán revolcándose en su lodo porque tienen la obligación de defender al funesto gobierno que encabezan; pero el pueblo mexicano no puede soportar más gobiernos que cada sexenio les prometen pero terminan hundiendo más al país. Por eso, además de apoyar con todas nuestra fuerzas las demandas contra el gobierno ante la Corte Penal Internacional de La Haya, con más de 23 mil personas firmantes, debemos condenar las amenazas fascistas de Calderón contra aquellos que manifiestan su insatisfacción, descontento y repudio contra su gobierno.

Advierte Calderón que irá contra "calumniadores" de su guerra antinarco

La Redacción
27 de noviembre de 2011 · 81 Comentarios
Destacado
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno del presidente Felipe Calderón advirtió hoy que “explora todas las alternativas para proceder legalmente” contra las personas que acusan temerariamente a su administración en distintos foros e instancias nacionales e internacionales de abusos y violaciones a los derechos humanos, en el marco de la guerra antinarco.

El viernes pasado, en nombre de 23 mil ciudadanos mexicanos, el jurista Netzaí Sandoval entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un expediente en el que se acusa al presidente Felipe Calderón de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En la denuncia también se incluyen a los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el de Marina; Francisco Saynez Méndez, así como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros personajes públicos cuyos nombres no fueron revelados.

El abogado mexicano entregó un expediente que consta de 700 páginas en papel y muchas más en formato digital, en las que se documentan 470 casos de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante este sexenio, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

En un comunicado, el gobierno de la República “rechaza categóricamente las imputaciones falsas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional”.

En el documento, el gobierno de Calderón justifica una vez más su guerra contra el crimen organizado:

“Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.

En estas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas”.

El comunicado indica que las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas federales no son sistemáticas, y que en cambio “estos casos han sido verdaderamente excepcionales”.

Agrega que en cambio el gobierno no sólo condena energicamente este tipo de atropellos sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.

El comunicado indica que es absurdo tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios.

Y continúa: “Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

Demandan a Calderón en La Haya por delitos de lesa humanidad

Abogado documenta ante la CPI 470 casos de asesinatos, torturas y reclutamiento de menores

 

También fueron acusados los titulares de Ejército, Marina y Seguridad Pública, y El Chapo Guzmán

Efectivos de la Marina realizaron ayer un operativo en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, delegación Xochimilco, donde presuntamente detuvieron a varios secuestradoresFoto Alfredo Domínguez

 

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Sábado 26 de noviembre de 2011, p. 5

El abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra el presidente Felipe Calderón y parte de su gabinete de seguridad –respaldada con más de 23 mil firmas–, así como contra los integrantes del cártel de Sinaloa, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto de la actual guerra contra el crimen organizado.

El expediente presentado ante el fiscal general de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, está integrado por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, que se han producido en un contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria, con más de 50 mil personas ultimadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos, explicó Sandoval en entrevista con Radio Nederland Internacional.
La denuncia fue presentada en La Haya, Holanda, sede de la CPI, que es la encargado de juzgar crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Además de aportar la documentación probatoria de los casos, en el documento se explican las fallas del sistema judicial mexicano que impiden resolverlos en territorio nacional.
En la petición, indicó Sandoval, se responsabiliza directamente al Estado mexicano por la ejecución de crímenes de lesa humanidad, como las violaciones sexuales perpetradas por elementos del Ejército Mexicano, y la esclavización de migrantes indocumentados por funcionarios, en colaboración con los grupos de delincuentes.
Asimismo, denuncia los homicidios de civiles en retenes militares; las desapariciones forzadas atribuibles a agentes estatales; el uso de la tortura como mecanismo para lograr autoinculpaciones, y ejecuciones extrajudiciales.
Aunque el máximo responsable de dichos crímenes sería el titular del Poder Ejecutivo, en tanto jefe de las fuerzas armadas, la denuncia también incluye a varios elementos del gabinete calderonista, entre ellos los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, Guillermo Galván, Francisco Saynez y Genaro García Luna, respectivamente, además del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
Entre las denuncias más graves contra las instituciones del Estado mexicano se encuentran las relativas al Instituto Nacional de Migración, en el que altos funcionarios han participado en el secuestro y venta de migrantes a los grupos de narcotraficantes, como ya ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En cuanto a la actuación de los grupos delictivos, el documento presentado por el abogado mexicano denuncia que en los años recientes han logrado afianzar un amplio poder territorial y cuentan con verdaderos ejércitos, a los cuales se les atribuyen numerosos casos de ejecuciones, amputaciones y decapitaciones, además de ataques contra blancos civiles y reclutamiento de menores de edad.

Sandoval enfatizó que hubo necesidad de presentar esta denuncia ante la CPI, dada la falta de capacidad y voluntad del sistema judicial mexicano para juzgar los crímenes de lesa humanidad, ya que muchos de los delitos cometidos por el gobierno y el hampa ni siquiera están tipificados en el Código Penal, lo que genera una evidente política de encubrimiento del Estado.

Un triunfo, si México es puesto bajo observación

John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló en entrevista que a pesar de las dificultades del caso y de la previsible resistencia del gobierno de Calderón a ser juzgado, la expectativa es que el fiscal Luis Moreno Ocampo abra un expediente sobre la situación en el país, donde se concluya que sí se cometen delitos de lesa humanidad y éstos no pueden ser analizados en territorio nacional.

No hace falta que se pronuncie sobre la culpabilidad del Presidente, sino que reconozca los delitos y la imposibilidad de que sean investigados. Pensamos que esto es obvio, porque en el Código Penal ni siquiera están tipificados, las autoridades judiciales no tienen ninguna autonomía para abrir una investigación, y el fuero militar todavía impide juzgar crímenes cometidos por el Ejército, apuntó.
Todo lo anterior construye una especie de blindaje jurídico que obstaculiza la justicia. Ante ello, es necesario recurrir al apoyo de los organismos internacionales. Esto tiene que evaluarlo el fiscal, y si abre un expediente, eso ya sería una victoria para nosotros.
La demanda contra el Presidente de México será una gran prueba para la CPI, consideró Ackerman, pues hasta ahora dicho organismo se ha encargado casi exclusivamente de enjuiciar a gobernantes de países africanos –con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic–, identificados como enemigos de los países industrializados, pero en este caso a Calderón se le considera un aliado funcional.
“Como antecedente –dijo– tenemos el caso de Colombia, donde la CPI decidió no abrir una investigación, pero sí colocar al país bajo observación formal. Si logramos ese primer paso, ya sería una ganancia. Vamos a ver hasta dónde evalúan en términos jurídicos, y hasta dónde ceden a la presión del gobierno de México”, aseveró.

Calderón, ¿a juicio?... por Lydia Cacho

A miles de personas les parece una locura absoluta que haya quien crea que este es el momento adecuado para presentar una acusación contra el gobierno de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI). Pero casi 20 mil personas, en general activistas, mujeres y hombres defensores de derechos humanos, han decidido que no se debe ocultar una tragedia que está a la vista de toda la sociedad.

Según la denuncia ciudadana que esta semana se entregará en Holanda en la sede de la CPI, en México durante los últimos años se han cometido y se siguen cometiendo de forma sistemática tanto crímenes de lesa humanidad como crímenes de guerra. La acusación señala a todos los actores fundamentales: los cárteles de las drogas y sus cómplices en el ámbito político y empresarial, y el gabinete de Felipe Calderón, quien de la mano del Ejército Mexicano está, según los casos documentados, participando en el aniquilamiento y las desapariciones forzadas de cientos de personas, todo ello bajo el auspicio de la confusión que ha generado una guerra cuyo cuartel son las calles de México.

Más allá de lo que pueda suceder en la Corte Penal Internacional, resulta interesante que se haya decidido utilizar un mecanismo legal para pedir ayuda ante una situación que, además de parecernos insostenible ya, mantiene en vilo a millones de personas que diariamente se preguntan cuándo van a parar los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y todos los delitos correlacionados con la batalla abierta entre estos grupos, que a pesar de ser antagonistas sistemáticamente nos demuestran que incurren en prácticas similares para alcanzar fines distintos. Lo cierto es que la mayor parte de la sociedad coincide en que parece que los gobernantes simplemente administran una crisis criminal y el baño de sangre, pero no muestran una ruta de salida que no implique más muertes y más violencia.

Por un lado, el equipo de guerra del calderonismo, cuyo nuevo gran estratega en el norte es Jorge Tello Peón (uno de los grandes expertos mexicanos en inteligencia de seguridad nacional) ha asumido estrategias antiterroristas de que en momentos determinados exigen la eliminación sistemática de grupos criminales, a la que se han sumado gustosos algunos secretarios de Seguridad Pública como el general Bibiano Villa, gobernadores y alcaldes de diversas entidades, y, claro está, grupos de élite del Ejército.

Una de las tareas más difíciles será demostrar con evidencia judicial la existencia y operación formal de equipos paramilitares, cuya estrategia consiste en llevar a cabo limpieza de pequeños grupos delictivos que son considerados potencialmente peligrosos para ciertas regiones del país.

En esta acusación ante la CPI, se presentarán expedientes documentados que acreditan 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional humanitario por parte de diversos cuerpos de seguridad del gobierno federal (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros y sometimiento a esclavitud en contra de migrantes para después venderles a los cárteles).

Otros países como Colombia esperaron una década para comprender los efectos secundarios que la guerra contra las drogas impuesta por Washington dejó en calles, escuelas y hogares de ese hermoso país. Colombia quedó, después de una batalla perdida, con un 500% más de consumidores de droga que antes de la guerra. Y su producción de cocaína se mantiene estable y próspera. Detrás de esa guerra quedaron miles de familias cuyos hijos e hijas desaparecieron sin dejar rastro, o fueron asesinados por comandos paramilitares avalados por la dupla operativa de los gobiernos de Colombia y Washington. Lo demás es historia.

Podemos o no estar de acuerdo en que se plantee esta denuncia ante una corte internacional, lo cierto es que resultará interesante conocer el diagnóstico que emitan estos jueces desde afuera. Ellos que han documentado crímenes de lesa humanidad en el mundo entero, particularmente enfocados en África en los últimos años, ahora tornan su mirada a un país para ellos inesperado: México. Por lo pronto, lo que se rumora ya entre asesores y especialistas de la CPI es que hay evidencia de patrones de desapariciones forzadas que llevan consigo ecos de limpieza social.

Sea cual sea el resultado, los abogados estarán ante el fiscal de la Corte Penal el 25 de noviembre, día emblemático de la erradicación de la violencia contra las mujeres. No es una casualidad: más de 80% de las personas movilizadas en México que buscan a sus hijos e hijas, que denuncian, que dedican sus días y noches a exigir justicia, desde los pequeños pueblos indígenas de norte a sur hasta las ciudades, son mujeres. Ellas documentaron la violencia de militares, la trata de personas perpetrada por narcos y políticos; ellas, las madres, esposas e hijas, han impulsado su derecho a la palabra, a la justicia, pero, sobre todo, el derecho de toda la sociedad a la paz. Ahora van acompañadas de hombres que han decidido no guardar silencio.

Habrá quien piense que solicitar este juicio es una locura, pero es en realidad un acto de libertad. Felipe Calderón ha dicho durante cinco años que la gente debe creer en las instituciones, que la sociedad debe denunciar los delitos, ser valiente, impulsar la paz en México. Este juicio es, paradójicamente, una prueba de que millones de personas nacidas en México coinciden, al menos en eso, con el Presidente. Hay que esclarecer la verdad para comenzar a reconstruir al país, hacerlo por la vía judicial y no con el uso de la violencia.
www.lydiacacho.net @lydiacachosi

Periodista

Twitteros piden #JUICIOACALDERON

Redacción SDPnoticias.com

2011-09-01 11:47:00

Ciudad de México - En estos momentos los usuarios de la red social Twitter han convertido al hashtag #JUICIOACALDERON en el más popular en México.

Esto ocurre justo cuando Calderón debe entregar su quinto informe de labores por escrito al Congreso de la Unión.

A continuación algunos de los mensajes en Twitter con el tema #JUICIOACALDERON:

#JUICIOACALDERON por la muerte de más de 55mil personas durante los últimos 5 años

No al #JUICIOACALDERON, es tonto y cuando uno piensa que ya no hay mas TT como esos, tus espectativas caen aun mas.

Veo que uno de los temas del momento en twitter es #JUICIOACALDERON. ¿Porqué será?

#JuicioaCalderon Por su ignorancia, sus vicios, por aprovechar su poder, darle a la familia de su esposa concesiones y desatar la violencia

#JUICIOACALDERON Y seguramente los twitteros revolucionaros son excelentes ciudadanos que no compran piratería, y no darían una mordida...

Videla fue juzgado y declarado culpable por el asesinato y la desaparición de miles de ciudadanos durante su mandato. #JuicioaCalderón

#JUICIOACALDERON Porque la #LSN legaliza el fascismo y la tortura.

gracias FECAL! ahora los encargados de la nota roja del periódico tienen harta chamba :) #juicioacalderon

RT @Majhadera La Jornada: Juicio internacional a Calderón lajor http://is.gd/xQ7YJj<- informese del por que #juicioacalderon

21. #juicioacalderon por eliminar de un plumazo una compañia en números negros para malbaratar la fibra óptica propiedad de la nación

#JuicioaCalderón porque los mexicanos no pedimos esta estúpida guerra. Es +, ni siquiera lo elegimos como presidente.

RT @huanalverto: Lo que estamos viviendo en México es consecuencia directa del FRAUDE 2006 . /Suscribo. #JUICIOACALDERON

Vaya, le creo mas a la hashtag #JuicioaCalderon que a la anterior de "formasdemuerteparacalderon". Al fin estamos siendo sensatos.