sábado, 18 de diciembre de 2010
¿Quién mató a Marisela Escobedo? Carlos Murillo González
Marisela Escobedo fue asesinada el jueves 16 de diciembre en el corazón de Chihuahua luego de varios días de plantón frente a las oficinas de gobierno para exigir justicia para Rubí, su hija adolescente asesinada hace un par de años. Desairada por el gobernador, ignorada por el sistema de justicia, sola ante el mundo, su muerte, pero sobre todo su valentía y coraje ante la adversidad, nos envía un mensaje muy claro a la ciudadanía: en el Chihuahua y México de hoy no hay justicia sino vacío de poder.
El caso de Marisela Escobedo es diametralmente opuesto al de Isabel Miranda de Wallace. Las dos se movieron para esclarecer y exigir justicia para sus respectivos hija e hijo asesinados, de acuerdo a sus posibilidades físicas y económicas ante la mediocridad y corrupción de la justicia en México, pero mientras la señora Wallace por sus propios medios localizó a los secuestradores y asesinos de su hijo, la señora Escobedo, de recursos económicos más limitados haciendo lo mismo que la señora Wallace, sucumbió primero ante el ineficaz sistema de justicia chihuahuense y ahora, para vergüenza de las y los ciudadanos chihuahuenses (porque no creo que la tengan las “autoridades”) es asesinada en las puertas de palacio de gobierno en la capital del estado.
Es triste tener que contar este tipo de noticias previo a la navidad o en cualquier época, pero es más triste aún quedarse callado o peor todavía contentarse con la verdad desvirtuada de las respuestas oficialistas y discursos vacíos de los políticos y gobernantes. El estado de Chihuahua y particularmente Ciudad Juárez, son célebres por sus feminicidios, ese ultraje machista devastador contra las mujeres que es sinónimo de impunidad, complicidad y cinismo del gobierno, que sigue permitiendo primero el feminicidio y ahora el avance del genocidio sin distinción de sexo, edad, clase, etcétera (salvo la “clase” política, que vive tan campante rodeada de guaruras).
La muerte de Marisela cala hondo por varias razones: por sus agallas pese haber sido amenazada de muerte; por evidenciar la poca voluntad política para ayudarla y protegerla; por demostrar, como otras mujeres ilustres, lo que puede hacer una madre desgarrada ante la injusticia; porque demuestra la saludable misoginia vigente en los gobiernos federal, estatal y municipal, como se puede constatar en la falta de respuesta del caso “Campo algodonero”; y para no alargar más la lista, porque su crimen constata el verdadero estado de indefensión de la sociedad chihuahuense, especialmente de quienes como Marisela, por necesidad se han convertido en activistas.
El gobierno nos dice a la sociedad que no los veamos como enemigos, pero entonces su “amistad” nos resulta muy cara y peligrosa, así provengan del PRI, del PAN o cualquier otro partido. Más bien lo que nos dicen con sus actitudes despóticas es que no les molestemos en sus tranzas; que sigamos sumisos como siempre; que colaboremos para dar una imagen de felicidad ante el mundo aunque nos estén matando como bestias. Señores y señoras políticos, entiéndalo de una vez, no se hagan tontos(as): el distanciamiento entre gobierno y sociedad no proviene de la sociedad sino de ustedes, que lo promocionan día a día con sus acciones o la ausencia de ellas.
¿Quién mató a Marisela Escobedo?, ¿quién mató a Paullette?, ¿quién mató a las y los niños de la guardería ABC de Sonora?, ¿quién a las empleadas de la tienda Coppel de Sinaloa?, ¿a las y los migrantes centroamericanos?, ¿a los 30,000 del sexenio calderonista?
¿Dónde está la justicia?
visite: http://carmugosociologico.blogspot.com/
Carlos Murillo González
carmugo6699@hotmail.com
El calderonista, un gobierno contra las mujeres Sara Lovera
MÉXICO, D.F., 16 de diciembre (apro).- En los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, las mujeres hemos padecido no sólo la persecución por aborto con acciones amañadas, también se han documentado más de mil 700 asesinatos de personas del sexo femenino, y no se ha dado cumplimiento a las leyes y normas de igualdad.
Además, existe un marcado deterioro laboral y, para cerrar con broche de oro, tenemos un Estado sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por feminicidios.
Es enorme la lista de agravios, que naturalmente pasan por la intentona que siempre busca evitar que las mujeres lleguen a puestos de decisión y, por supuesto, la permanente violación a los derechos humanos y las amenazas de muerte a periodistas que, como Anabel Hernández, indagan la corrupción gubernamental o simplemente revelan los laberintos en que quedan ancladas muchas de las denuncias y arbitrariedades contra trabajadoras, como las del Sindicato Mexicano de Electricistas.
No existe un solo rincón del país donde no haya algo que reclamar como resultado de una política siniestra, donde los seres humanos son disminuidos o restringidos en sus libertades fundamentales.
El panorama podría llenarse de cifras y de hechos, pero no hay espacio suficiente para documentarlo ahora. También de respuestas oficiales que siempre concluyen que no pasa tanto, que la verdad es que progresamos y estamos recuperando la economía.
Me dirán que lo mismo sucede a los hombres mexicanos, restringidos, encarcelados y también asesinados. Tienen razón. La ausencia del Estado en el país dejó 12 periodistas asesinados en 2010 y tres desaparecidos, sólo por poner énfasis en una situación grave, porque la libertad de expresión es la reina de las libertades, porque el periodismo es el vehículo que permite llegar a la masas, como lo han hecho las revelaciones de WikiLeaks y lo ha señalado el director del diario El Sur de Acapulco, Juan Angulo, cuyo edificio fue baleado el pasado 10 de noviembre.
Los datos del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, que cumplió dos años el pasado viernes 10 y es encabezado por la periodista Judith Calderón, revelan, además, que en ninguno de los múltiples casos denunciados ha habido investigación, menos culpables. ¡El colmo!
Es cierto que estamos frente a una de las situaciones más deplorables de la historia de México, precisamente cuando la boca de mujeres y hombres políticos se llena de supuestos avances, justificaciones e indiferencias.
También es verdad –e intento mirar lo que ha sucedido en 2010– que cada mes, en un lugar de la Ciudad de México, hay banderas levantadas, así como movilizaciones, manifiestos públicos y marchas de protesta para denunciar el avance contra los derechos sexuales y reproductivos, ganados lentamente a lo largo de todo el siglo XX. Y estos actos se reproducen por todos los otros casos. Hay miles de ciudadanas y ciudadanos que tienen conciencia y no se callan.
Probablemente se nos vaya el aliento antes de recontar agravios y respuestas, muchas represiones e intentos reiterados por acallar las denuncias, las arbitrariedades… y se enseñorea la insuficiencia sistemática de los órganos que debieran impartir justicia.
Hace poco me preguntaba: ¿Quién se ocupa de las viudas y las familias? ¿A quiénes se les entregan los cuerpos ejecutados por doquier? ¿Quién se pregunta por las oscuras noches de quienes buscan a decenas de desaparecidos y desaparecidas?
Ahora mismo me preocupan del todo dos asuntos que son vivo ejemplo de lo que puede analizarse o calificarse, de algún modo, como dos ejemplos de mi afirmación contundente de que estamos en presencia de una lucha entre el poder y el pueblo, del que las mujeres somos más de 50%, ni más ni menos.
Me refiero, por una parte, a las revelaciones de que en Hidalgo, entre 2008 y 2010, al menos 31 mujeres fueron encarceladas o enfrentan un proceso judicial por aborto, acusadas de homicidio doloso, algunas de ellas sentenciadas a más de 30 años de prisión. No puedo dejar de pensar en su indefensión, desamparo, soledad y desabrigo.
La activista Otilia Sánchez, con datos logrados a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), pudo precisar que de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, hay 31 mujeres procesadas en apenas dos años.
Esto va ligado a la intensa movilización de las mujeres –reunidas en el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres– en muy distintas ciudades, pero sobre todo en los 17 estados donde se ha pretendido desaparecer su derecho al aborto, por causas razonadas, y a quienes se les quiere negar para siempre este derecho, incluso el de las excepciones de ley.
¿Saben quién las denuncia? Pues los médicos que las reciben cuando se presentan en los nosocomios con complicaciones de aborto. Son los médicos quienes llaman al Ministerio Público para que las detengan y encarcelen.
La sangre se hiela cuando Otilia, además, informa que una de ellas fue perseguida durante año y medio antes de ser encarcelada, como una verdadera delincuente, mientras que nadie atina a saber por qué seguimos sin datos elocuentes y completos de la guerra contra el narcotráfico que inventó el señor Calderón.
Hace un año, el 9 de diciembre de 2009, se firmó el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, para dar una respuesta política y organizada frente a las arbitrariedad a favor de la vida del óvulo fecundado, que constituye una forma de “violencia institucional” contra las mujeres en el país. Los marcos jurídicos antiaborto obstaculizan el derecho a decidir, así como el ejercicio de la libertad de conciencia y la autodeterminación reproductiva.
Este es el segundo año con el mismo tema. Esos marcos jurídicos antiaborto obstaculizan el desarrollo de las mujeres y su derecho a tomar decisiones, que, por otro lado, se dice que se fomentan con el “empoderamiento” que se pregona en los micrófonos, en foros de simulación y descrédito. Afectan al laicismo en el país, ponen en pecho tierra a la tan traída y llevada transición democrática, y esos actos sí ponen en peligro cualquier ruina institucional que todavía pueda existir en el país.
El Estado Mexicano incumple todas las convenciones y acuerdos relacionados en lo que se conoce como “adelanto de la mujer”. Y más: relatores de organismos internacionales dicen, recio y quedito, que en México se encabeza la cifra del feminicidio en la región latinoamericana. Además, tenemos el primer lugar en persecución y asesinato a periodistas, así como la ominosa cifra de que sólo 3% de los delitos llegan a resolverse.
Si de balance de fin de año se tratara, cualquier persona se moriría de depresión y tristeza. ¿Quién puede rendirle cuentas a la mitad de la población? Hasta ahora el gobierno mexicano tiene sobre su cabeza la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de cara a las denuncias del llamado caso de Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por elementos del Ejército en Guerrero, así como las violaciones a sus derechos sobre los que ahora tendría que responder. Sentencias que tendrá que cumplir.
saralovera@yahoo.com.mx
Memoria de la indignación Víctor M. Quintana S. Analista político
Toda la indignación que sentimos no cabe para expresarse en estas líneas. Cuando algo de esperanza empezaba a abrigarse luego que el Premio Nacional de Derechos Humanos fue otorgado a una madre, Isabel Miranda Wallace, quien ha luchado denodadamente por terminar con la impunidad de los secuestradores y asesinos de su hijo, otra mujer, ciertamente no de la misma condición social, es asesinada por exigir lo mismo: fin de la impunidad para el asesino –liberado– de su hija y por denunciar la terrible –hoy diremos, letal– ineficacia del sistema de justicia penal en Chihuahua.Marisela Escobedo, madre de Rubí Frayre Escobedo, ha sido asesinada por ser mujer y por demandar la justicia. El suyo es, pues, no sólo un feminicidio, sino también el asesinato de una activista y luchadora social por el hecho de aferrarse a su causa.
En este sentido el asesinato de Marisela tiene, por lo menos dos dimensiones principales: por un lado, es un mensaje, es una clara amenaza a quienes demandan, demandamos la justicia en este estado. Nos quieren imponer el silencio. Como sucedió en Colombia durante los peores años de la guerra sucia, cuando fueron asesinados alrededor de cinco mil dirigentes sociales por denunciar la represión del gobierno y clamar justicia.
La otra dimensión es que el feminicidio de Marisela es muestra de los múltiples fracasos gubernamentales en proporcionar justicia pronta y expedita a las y los ciudadanos, sobre todo a las mujeres.
Fracaso en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ahora remendado y lleno de chicanadas. Fracaso en la acción de los agentes del ministerio público, improvisados, mal pagados, atemorizados, ineptos a la hora de integrar expedientes. Fracaso en la sensibilización y capacitación de los jueces. Fracaso en la reaprehensión de Sergio Barraza, asesino confeso de Ruby. Fracaso en la protección a Marisela, a pesar de las amenazas de muerte denunciadas por ella misma. Fracaso en acabar con la impunidad de los cientos de feminicidios que han ensangrentado Chihuahua desde 1993.
Se han ahogado muchos niños y los pozos no se han tapado. Y ni se taparán si siguen predominando la arrogancia y la ignorancia culpable del gobierno ante el asunto de la violencia contra las mujeres. Si el gobierno, sobre todo el estatal, sigue pensando que este terrible problema lo puede resolver solo, seguirá empantanado.
Pero no podemos sentarnos a esperar alguna reacción del gobierno. La indignación y la rabia que sentimos deben convertirse en las acciones de resistencia civil que pongan un hasta aquí a la larga noche chihuahuense.
El feminicidio de Marisela estará vivo en nuestra memoria. Será el alimento continuo de nuestra indignación. Que ella descanse en paz mientras nosotros luchemos denodadamente por la justicia que con su vida pagó.
Desfiladero ¿Una crisis a punto de entrar en crisis? Jaime Avilés
l caso Fernández de Cevallos huele a tragedia, no a farsa. Su desenlace, el que sea, no traerá nada bueno
, pronosticó el Desfiladero del 21 de mayo pasado. Ese desenlace no se ha producido todavía, pero lo que podría estar a punto de ponerse en marcha cuando el poderoso miembro de la mafia salinista reaparezca –si en efecto reaparece– es una oleada represiva contra los movimientos populares que luchan por el cambio de régimen, en el contexto de la total destrucción del estado de derecho que el gobierno espurio ha impuesto a sangre y fuego para perpetuarse en el poder.
Mientras el jueves en la capital de Chihuahua era asesinada de un tiro en la cabeza una mujer que delante del palacio de gobierno exigía desde hace dos años cárcel para el asesino de su hija, en Monterrey caían tres civiles más durante el enésimo tiroteo de 2010 en la vía pública. Ayer, mientras 140 reos se fugaban de una cárcel de Nuevo Laredo, un coche bomba estalló frente a una oficina policiaca en Nuevo León.
En forma simultánea, la Policía Federal (PF), la Marina y el Ejército mantienen un clima de terror en Michoacán, en la personalísima guerra de Felipe Calderón contra el cártel de La Familia; una extraña combinación de prepotencia e impotencia, que no persigue sino derrocar al gobierno de Leonel Godoy para entronizar a la hermana del hombrecito de Los Pinos.
Testigos relataron a esta columna que el viernes de la semana pasada, en las calles de Apatzingán, agentes de la Policía Federal disparaban contra blancos móviles, mientras padres y madres de familia sacaban a sus niños de las escuelas sin que nadie los protegiera. Por fortuna, el gobierno
federal (o lo que sea) tuvo la elegancia de decir que se trató de una operación quirúrgica
.
La verdad es otra. El asalto a Apatzingán fue pésimamente planeado y peor ejecutado por Genaro García Luna, quien mandó a sus tropas al matadero. Estas rodearon a uno de los capos de La Familia y cuando empezaron a atacarlo descubrieron que, detrás del débil cerco trazado por el secretario de Seguridad Pública federal, había una fuerza muy superior en número de hombres y poder de fuego, por lo que la PF debió pedir auxilio a la Marina y al Ejército.
Durante la refriega murieron un bebé de ocho meses, una jovencita de 17 años y decenas –o probablemente hasta un centenar– de personas más. Como ocurre a diario en todas las ciudades de Tamaulipas, en Michoacán por primera vez fue imposible contar el número exacto de víctimas. De allí que muevan a risa los 30 mil 196 decesos
–me encanta ese 196
, diría Robert Fisk– declarados el jueves por la PGR como saldo de la guerra de Felipe Calderón contra el pueblo, so pretexto del narcotráfico.
Si consideramos que García Luna es ingeniero mecánico de profesión, no estratega militar ni mucho menos, podremos garantizar que desastres como el de Apatzingán, que afectó también a Morelia y a una docena de municipios colindantes, irán en aumento y cobrarán cada vez más vidas. En un gobierno con un mínimo de profesionalismo y seriedad, todos los miembros civiles del llamado gabinete de seguridad
, en particular el secretario de Gobernación, José Francisco Blake; el procurador, Arturo Chávez Chávez, y, por supuesto, García Luna, jamás habrían ocupado esos delicados cargos públicos.
Pero el de Calderón no es profesional y dista mucho de ser un gobierno: es un instrumento al servicio de los intereses más perversos y persigue un objetivo supremo: llevar el caos al límite, sacarle todo el provecho que pueda y justificar, incluso solicitando una intervención militar extranjera.
Saldos del 2010
Termina el año con la Suprema Corte de Justicia de la Nación incompleta (le falta un ministro), con el Instituto del Fraude Electoral cercenado (el Congreso no logró nombrar a tres de sus nueve consejeros), con el Modelo Hidalgo de Salud Mental –que creó Virgina González Torres para impulsar la reforma siquiátrica en todos los manicomios del país– condenado a extinguirse por falta de presupuesto (en 2011 ejercerá la mitad del que tuvo en 2010), pero también con el escenario del Palacio de Bellas Artes en peligro de hundirse debido al sobrepeso de la concha acústica, con el techo del Museo Nacional de Arte perforado de goteras que filtran la lluvia a las piezas del acervo y con una intervención militar estadunidense en puerta.
El pasado lunes, las autoridades del condado Imperial, en California, aplazaron una vez más la votación para decidir si autorizan o rechazan la construcción de una base de adiestramiento de paramilitares a 120 kilómetros de las ciudades de San Diego y Tijuana. A las protestas de los vecinos de la comunidad de Ocotillo –donde un mercenario y ex agente de la CIA pretende instalar su universidad para asesinos– se han sumado las de los quechan, oriundos de esa región semidesértica.
Encabezados por Preston J. Arrow-Weed, aseguran que en caso de aprobar la base de Ocotillo, las autoridades violarían la ley porque en el sitio donde pretenden erigirla hay numerosas tumbas y rocas sagradas que no pueden ser destruidas por desarrolladores que no conocen la historia de este país y no les importa
. Pese al rechazo creciente y a los artículos publicados por Los Angeles Times y otros diarios contra el proyecto, los vecinos sospechan que pasado mañana éste obtendrá el visto bueno.
Desafío a Ebrard
Pero la desaparición del estado de derecho no se limita a las entidades del norte, del centro y del sur donde la gobernabilidad ya no existe. En el Distrito Federal la corrupción de algunas jefaturas delegacionales auspicia igualmente el caos. En Tlalpan, como los lectores asiduos de esta columna ya saben, los vecinos se organizaron para detener la construcción de una gasolinera incrustada en un conjunto habitacional. Demandaron al propietario del negocio, el magnate Jorge Talavera, y lograron que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ordenara la demolición de la obra.
Ésta se habría llevado a cabo 30 días después si nadie hubiera presentado una apelación. Para asombro de tirios y troyanos, quien la interpuso fue el delegado perredista Higinio Chávez, cuyo antecesor otorgó ilegalmente los permisos de construcción, no me atrevo a imaginar por qué. Pues bien, pese a la maniobra de Chávez, el TCA ratificó su sentencia. Y entonces, pasándosela por el arco del triufo, Talavera reanudó el equipamiento de su negocio. He aquí un claro desafío a Ebrard. Si no procede contra el empresario y el delegado, a pesar del cambio climático, Tlalpan vivirá una Navidad caliente.
En las próximas horas, o en los próximos días, veremos tal vez el desenlace del caso Fernández de Cevallos. Si los ahora ex misteriosos desaparecedores
son consecuentes con sus palabras, la crisis que vivimos hace más de 30 años, una vez más, entrará en crisis. Por lo pronto, feliz realidad y próximo Año Nuevo.
CFE hace de las suyas en los premios nacionales de Periodismo 2010
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