Toda la indignación que sentimos no cabe para expresarse en estas líneas. Cuando algo de esperanza empezaba a abrigarse luego que el Premio Nacional de Derechos Humanos fue otorgado a una madre, Isabel Miranda Wallace, quien ha luchado denodadamente por terminar con la impunidad de los secuestradores y asesinos de su hijo, otra mujer, ciertamente no de la misma condición social, es asesinada por exigir lo mismo: fin de la impunidad para el asesino –liberado– de su hija y por denunciar la terrible –hoy diremos, letal– ineficacia del sistema de justicia penal en Chihuahua.Marisela Escobedo, madre de Rubí Frayre Escobedo, ha sido asesinada por ser mujer y por demandar la justicia. El suyo es, pues, no sólo un feminicidio, sino también el asesinato de una activista y luchadora social por el hecho de aferrarse a su causa.
En este sentido el asesinato de Marisela tiene, por lo menos dos dimensiones principales: por un lado, es un mensaje, es una clara amenaza a quienes demandan, demandamos la justicia en este estado. Nos quieren imponer el silencio. Como sucedió en Colombia durante los peores años de la guerra sucia, cuando fueron asesinados alrededor de cinco mil dirigentes sociales por denunciar la represión del gobierno y clamar justicia.
La otra dimensión es que el feminicidio de Marisela es muestra de los múltiples fracasos gubernamentales en proporcionar justicia pronta y expedita a las y los ciudadanos, sobre todo a las mujeres.
Fracaso en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ahora remendado y lleno de chicanadas. Fracaso en la acción de los agentes del ministerio público, improvisados, mal pagados, atemorizados, ineptos a la hora de integrar expedientes. Fracaso en la sensibilización y capacitación de los jueces. Fracaso en la reaprehensión de Sergio Barraza, asesino confeso de Ruby. Fracaso en la protección a Marisela, a pesar de las amenazas de muerte denunciadas por ella misma. Fracaso en acabar con la impunidad de los cientos de feminicidios que han ensangrentado Chihuahua desde 1993.
Se han ahogado muchos niños y los pozos no se han tapado. Y ni se taparán si siguen predominando la arrogancia y la ignorancia culpable del gobierno ante el asunto de la violencia contra las mujeres. Si el gobierno, sobre todo el estatal, sigue pensando que este terrible problema lo puede resolver solo, seguirá empantanado.
Pero no podemos sentarnos a esperar alguna reacción del gobierno. La indignación y la rabia que sentimos deben convertirse en las acciones de resistencia civil que pongan un hasta aquí a la larga noche chihuahuense.
El feminicidio de Marisela estará vivo en nuestra memoria. Será el alimento continuo de nuestra indignación. Que ella descanse en paz mientras nosotros luchemos denodadamente por la justicia que con su vida pagó.
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