sábado, 13 de octubre de 2018

Masivo, el robo de menores en México para explotación sexual y tráfico de órganos

Las desapariciones de niñas, niños y adolescentes prenden las alertas en México, porque cada día son cuatro los menores a los que se les pierde el rastro, según denuncia la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
La violencia en contra de esta población altamente vulnerable ha llegado ya a niveles terroríficos, como el robo de bebés que implica el secuestro y asesinato de la madre embarazada, de los cuales se han documentado una decena de casos en el país.
En este tema tan grave, una de las aristas que más preocupa es el destino de los menores sustraídos, porque muchos acaban siendo víctimas de tráfico con fines de explotación sexual, incluida la pornografía infantil; y laboral, con su vertiente de mendicidad. También existe la sospecha de que algunos de ellos son ofertados en el mercado negro de órganos humanos, ampliamente impune.
Según el propio gobierno federal, 8 mil 360 personas de entre 0 y 19 años de edad desaparecieron en México, entre enero de 2007 y abril de 2018. De estos casos, 8 mil 195 son del fuero común, y 165 del fuero federal, refiere el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Aunado a lo anterior, de enero a agosto de este año, el Secretariado reportó 1 mil 241 denuncias de corrupción de menores en el fuero común. En su informe Incidencia delictiva del fuero común 2018, también indica que se registraron 26 casos de tráfico de menores en el mismo periodo.
De estas centenas de víctimas no sabemos cuántas acaban en manos de la delincuencia organizada, incluso de carácter internacional. El problema es que la autoridad no cuenta con una estadística al respecto. Peor aún, tampoco parece contar con investigaciones serias que conduzcan al desmantelamiento de estas redes criminales.
Así se explican los pocos resultados en el combate a estos delitos y, en consecuencia, la impunidad que reina en estos casos.
Y de ello hay bastantes evidencias, como la detención de un miembro de una banda dedicada a la pornografía internacional, ocurrida el 15 de mayo pasado. De la propia información que reveló la PGR se desprende que el golpe contra este delincuente se debió al trabajo de la Europol en Bélgica y Australia, y no de las autoridades mexicanas.
Identificado únicamente con su nombre de pila, Rodrigo “N” participaba “en una red internacional dedicada a la producción, almacenamiento y compartición de pornografía infantil”, detalla la PGR al citar el contenido de la investigación que la Subdirección de Comunidades Vulnerables de la Secretaría General de Interpol le entregó, a través de Interpol México.
El operativo para su captura involucró a la División de Investigación de la Policía Federal y a la ??Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones sobre Delincuencia Organizada.
El papel de México en este caso se redujo “a la identificación de una víctima menor de edad, además de obtener una orden de aprehensión emitida por el juez de Control de la Ciudad de Morelia, en contra de Rodrigo ‘N’, por su probable participación en los delitos en materia de trata de personas y violación equiparada”.
Resulta evidente que sin el trabajo de Bélgica y Australia jamás se habría detenido a este criminal, y que el menor de edad explotado sexualmente continuaría en esa condición.
Queda claro que las autoridades mexicanas son omisas y negligentes; no es que desconozcan la gravedad de estos crímenes. La PGR reconoce que “el delito de tráfico de menores se considera como una de las formas de trata de personas, ya que se utiliza a los menores para ser explotados laboralmente, en la mendicidad o sexualmente”.
Advierte que, en un plano internacional, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa? la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, obliga a México a salvaguardar a esta población altamente vulnerable.
Nada más lejos de la realidad, porque nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en producción y consumo de pornografía infantil y, por tanto, en trata de menores con fines de explotación sexual.
Según información del Senado de la República, cada año, la explotación sexual y la pornografía infantil generan ganancias por más de 30 mil millones de dólares.
Las desapariciones de menores son alarmantes, considera Dirk Glas, director nacional de Aldeas Infantiles SOS México. Al participar en la “Conferencia nacional por los derechos de la infancia y la adolescencia sobre desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México”, indicó que la niñez en el país también “se enfrenta a distintos tipos de violencia, abusos, explotación, emergencias y todas ellas deben ser problemáticas prioritarias en cualquier gobierno”.
Pese a que ese mismo diagnóstico lo tiene el gobierno, nada cambia. Incluso los pocos casos que juzga no se castigan de forma ejemplar. Así sucedió en el juicio contra Macario Salvador “N”, quien el pasado mes de julio recibió una sentencia condenatoria de 15 años de prisión, a pesar de que se le encontró “plenamente responsable del delito de trata de personas en la modalidad de compartir videograbaciones y fotografías consideradas como imágenes con contenido de actos sexuales reales, en los que participan personas menores de 18 años de edad”.
La multa en su contra también es ridícula: el juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, le impuso 2 mil días, equivalentes a 127 mil 540 pesos. Así la justicia para la niñez mexicana.
Nancy Flores

Millonarios negocios del compadre de Peña Nieto en Capufe

JENARO VILLAMIL
Una caseta de peaje de caminos y Puentes Federales (Capufe). Foto: Eduardo Miranda

Una auditoría a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos detectó irregularidades en un contrato por 2 mil 172 millones de pesos firmado por el organismo, cuyo director es Benito Neme Sastré –compadre del presidente Enrique Peña Nieto–, con una empresa outsourcing. El caso implica también a dos de sus subalternos y, según el Órgano Interno de Control, comporta un daño patrimonial de 38.5 millones de pesos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A pesar de contar con más de 3 mil empleados en su nómina, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) firmó bajo la dirección de Benito Neme Sastré un contrato de outsourcing hasta por 2 mil 172 millones de pesos con una empresa denominada Servicios Integrales Trujillo Romano con vigencia de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2019, pero con un domicilio fiscal “fantasma” y con irregularidades evidentes en la supuesta contratación de más de 4 mil personas.
De acuerdo con una investigación que realiza el Órgano Interno de Control (OIC), consultada por Proceso, se presume un daño patrimonial de 38.5 millones de pesos por concepto de “sueldos pagados no devengados” que involucra al administrador del contrato, Carlos Fernández Sánchez, subdirector de Administrador de Capital Humano y Desarrollo Organizacional.
Fernández Sánchez y Adolfo Isaac Riveroll Sánchez, director de Administración y Finanzas de Capufe, fueron los que firmaron el contrato con el representante del outsourcing. Los dos subalternos de Neme Sastré –compadre de Enrique Peña Nieto– son investigados también “por concepto de comisión al proveedor al 30 de julio de 2018, por 28.4 millones de pesos”.
Según la auditoría del OIC, entre las irregularidades del contrato se encuentra la contratación de personal administrativo “que no cumple con el perfil requerido”, pues “realiza” actividades que competen al personal de mando de Capufe; además, “no cumple con el objeto del contrato que especifica la necesidad de personal especializado para la operación y administración de las unidades de atención a usuarios, así como la operación y conservación de la red de carreteras” del Fideicomiso Nacional de Infraestructura (Fonadin).
La empresa Servicios Integrados Trujillo Romano también ha presentado documentación apócrifa, y en la evaluación realizada de la licitación pública nacional que derivó en este multimillonario contrato, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha detectado también que de las 12 empresas que supuestamente emitieron documentación, 10 no existen, una tiene presunto conflicto de interés, y en el caso de la ganadora se desconoce la autenticidad de los documentos.
Los auditores acudieron a Lago Victoria 74, piso 11, colonia Granada, en la Ciudad de México, donde la empresa tiene sus oficinas corporativas. Las observaciones, cuya copia tiene Proceso, destacan que “no se advierte ninguna razón social del proveedor”.
Sólo se identificó un logotipo de la empresa Grupo Proyección Fiscal, sin relación alguna con una compañía de outsourcing, “por lo que se infiere que el personal que presentó el proveedor en su propuesta para concursar en la licitación pública nacional no existe”.
Lo más grave de este caso es que el propio Fernández Sánchez ha obstaculizado el trabajo de los auditores internos y ha incurrido en otras irregularidades, como subcontratar a su pareja sentimental con un sueldo de 65 mil pesos, según consta en las actas y copias de la nómina consultadas por este semanario.
Las cerca de 4 mil personas que debieron contratar con sueldos de entre 7 mil y 8 mil pesos mensuales para dar servicios “para la operación y administración de las unidades de atención a usuarios, así como para la operación y conservación de la red de carreteras” del Fonadin que administra y opera Capufe, en su mayoría no existen o no realizan las funciones que establece el contrato 4500025581.
El contrato estipula que los comprobantes fiscales serán autorizados por la Gerencia de Administración de Capital Humano a nombre del Fonadin –no de Capufe–, mientras que el outsourcing deberá cubrir “el monto autorizado para la capacitación, los viáticos generados, pasajes terrestres, peajes y gasolina generados en las comisiones que se le asignen” al personal especializado.
El mismo contrato obliga al outsourcing a “mantener y guardar en estricta y absoluta confidencialidad y reserva toda la información o documentación que le sea proporcionada por Capufe o de cualquier otra fuente” y “deberán abstenerse de publicarla, reproducirla o comunicarla a personas ajenas a Capufe”.
En la cláusula décimo octava se establece que el outsourcing, “como empresario y patrón del personal que empleen con motivos de los servicios del presente contrato, serán los únicos responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, y se obligan a responder a todas las reclamaciones de carácter individual o colectiva que sus trabajadores y los sindicatos a los que pertenezcan e inclusive terceros presenten en su contra o en contra de Capufe”.
Irregularidades en el telepeaje
Además de las irregularidades en este contrato de prestación de servicios laborales, existen cerca de 800 millones de pesos de “cuentas por cobrar” en el servicio de monitoreo de peaje que Capufe subrogó a una empresa denominada Telepeaje Dinámico S.A. (Tedisa), con la que se firmó en 2014 un contrato por 4 mil 250 millones de pesos, uno de los más caros para telepeaje en las 41 carreteras que administra.
El contrato con Tedisa debió vencer el 31 de julio de este año, pero se amplió ocho meses, mediante adjudicación directa de Capufe, por un monto de hasta 463 millones de pesos. Es decir, casi 5 mil millones de pesos para una sola empresa.
El objetivo del contrato es que Tedisa realice un control de la interoperabilidad de las carreteras y entregue un reporte mensual a Capufe, pero la auditoría interna indica que no se ha cumplido con lo estipulado en el contrato.
Tedisa es propiedad del empresario mexiquense Roberto Alcántara, propietario de Grupo IAMSA y Viva Aerobús. El contrato con esta empresa tenía por objetivo que Telepeaje Dinámico garantizara la “interoperabilidad”, es decir, que sin importar su tag, cada conductor pudiera cruzar cualquier caseta. Debió entrar en vigor desde agosto de 2014.
El periódico Reforma publicó el martes 2 de octubre que “de última hora” Banobras, en su carácter de fiduciario de Fonadin, convocó desde el 21 de septiembre a una licitación para sustituir a Telpeaje Dinámico en el servicio de interoperabilidad. El fallo se dará a conocer el 12 de noviembre, 18 días antes de que termine el sexenio, y tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2023.
Esta licitación de última hora se realiza en medio de las investigaciones que realiza la SFP a las múltiples irregularidades que existen en el sistema de telepeaje y en los trabajos de varias de las 41 carreteras que Fonadin tiene a su cargo.
Otras irregularidades en el manejo de las carreteras de Capufe involucran los trabajos de estabilización de la autopista Tijuana-Ensenada, recientemente auditada por trabajos no realizados por 150 millones de pesos y otras irregularidades que ascienden a 50 millones de pesos.
La auditoría de julio de 2017 (la número 16/127) observó que la empresa Gluyas Construcciones “no realizó los trabajos conforme a lo presupuestado, determinándose pagos en exceso, sin cuantificar el posible quebranto patrimonial”.
A raíz de esta auditoría, Capufe firmó el 17 de mayo pasado un convenio modificatorio con la empresa para autorizarle un “ajuste” en el precio unitario, pagándose una diferencia de 2.9 millones de pesos a favor de Capufe.
El 14 de mayo último, el OIC realizó una visita de inspección en la autopista Tijuana-Ensenada y detectó deficiencias en la integración de los precios extraordinarios, en los que se presume un daño patrimonial por 33.4 millones de pesos derivado de errores de cálculo y falta de soporte documental en la integración de los auxiliares que conforman la matriz del precio, entre otras.
Apenas el pasado 10 de septiembre se envió un informe de detección de irregularidades que implica a funcionarios de Capufe por “actos y omisiones”.
Por esas fechas se concluyó otra auditoría interna en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo en la cual se encontraron otras irregularidades, como pagos en exceso y sobreprecios, así como falta de servicios, entre otros.

México militarizado, un país de cotidianos crímenes de lesa humanidad

Los problemas venían de mucho antes. Pero al incendio que ya era México, se le echó gasolina: se ordenó la militarización del país. Hoy se trata de una maltrecha nación bajo “ataque sistemático y generalizado contra la población civil”. Es una de las conclusiones de un informe conjunto elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura, la International Federation for Human Rights, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) e I(dh)eas: Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Este embate generalizado inició el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces (impugnado) presidente Felipe Calderón Hinojosa impuso una estrategia de guerra para supuestamente combatir a las drogas. Tal estrategia –continuada por el presidente de Enrique Peña Nieto– desde un principio provocó una escalada de violencia sin precedentes con crímenes de lesa humanidad, de los cuales “en algunas regiones del país hay elementos suficientes para afirmar que se cometen de manera generalizada y en ocasiones sistemática contra la población civil”.
Esta estrategia de combate a las drogas se ha centrado en desplegar miles de militares de las tres Fuerzas Armadas para emplear la fuerza letal en contra de integrantes de las organizaciones criminales. En específico, señala el informe titulado Crímenes de lesa humanidad en el marco de la lucha contra las drogas, desde diciembre de 2006 a la fecha se han desplegado 640 mil 695 efectivos, en un promedio de 53 mil 391 por año. Tal violencia va acompañada de impunidad para la mayoría de los actores beligerantes (de todos los bandos): el 93 por ciento de los crímenes no se investiga.
El análisis de las organizaciones civiles mexicanas e internacionales establece que “la intensidad y los patrones de violencia cometidos desde diciembre de 2006 en el marco de la implementación de una política de corte militar dirigida al combate al narcotráfico, constituyen pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros de la delincuencia organizada, al no ser posible considerarlos como actos aislados, sólo pueden entenderse como crímenes de lesa humanidad”.
Las cifras oficiales de asesinatos cometidos durante los dos últimos sexenios, que rondan los 200 mil, ya resultan impactantes –como aseveró el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado reconocido.
“Durante los años 2011 y 2017 se han registrado las tasas de homicidio más altas, con un total de 22 mil 852 y 25 mil 339 personas asesinadas respectivamente.”
El documento dispone de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que señala que en los enfrentamientos armados en los que participaron efectivos de esta dependencia –entre el 13 de enero de 2007 y el 5 de abril de 2014– murieron 209 militares, 3 mil 907 “agresores” y 60 víctimas ajenas a los hechos. Mientras, los heridos han sido 1  mil 184 militares, 1 mil 61 agresores y 213 víctimas.
Y agrega: “Es importante mencionar que existe un ocultamiento de las cifras en relación a las personas heridas y fallecidas en enfrentamientos en donde participan las Fuerzas Armadas, ya que a partir del 6 de abril de 2014, la Sedena ya no da continuidad a registros de presuntos agresores muertos y heridos en enfrentamientos”.
Por otra parte, el documento señala que los militares en las calles han detenido a 80 mil 235 civiles.
Además, hasta junio de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido 75 recomendaciones en las que se documentan asesinatos cometidos por elementos militares y policiacos. Cuarenta y ocho de ellas señalan a las Fuerzas Armadas Mexicanas; 16 a la Policía Federal, y ocho a policías estatales y municipales.
Y sólo entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió 1 mil 148 quejas por tortura atribuibles a las Fuerzas Armadas.
En materia de desaparición forzada, el estudio cita al propio Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que al 1 de enero de este año consigna la cifra de 34 mil 656 personas reportadas como desaparecidas. Y señala:
“La impunidad en temas de desaparición forzada es de tal nivel de gravedad que, en 10 años, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, sólo se han emitido 11 sentencias por ese delito a nivel federal, y sólo nueve de ellas son condenatorias.”
Los datos no se acaban. Con respecto de las fosas clandestinas, el estudio recoge que entre diciembre de 2006 y junio de 2017 se contabilizaron en 23 entidades de la República al menos 1 mil 610 fosas con 3 mil 36 cuerpos y 876 fragmentos de personas.
Se trata apenas de un esbozo de los datos contenidos en el informe. Resulta un estudio revelador, toda vez que logra relacionar la comisión de crímenes de lesa humanidad con una política de Estado que los hace posible: la actual manera de “enfrentar” el narcotráfico.
La militarización del conflicto no sólo es un fracaso –si en verdad busca acabar con el trasiego de drogas–. Es también un lastre para un país con millones de víctimas directas e indirectas.
El país tendría que empezar de inmediato un proceso de desmilitarización de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. ¿Por qué se mantiene una estrategia asesina? ¿Por qué el gobierno que entrará en funciones ha ido mudando su discurso y ha tenido que aceptar las condiciones de la jerarquía militar? ¿Por qué ha tenido que recular en aquello de regresar a los militares a sus cuarteles? ¿No se quiere someter el poder militar al civil?
Zósimo Camacho
[OPINIÓN][COLUMNA][ZONA CERO][SEMANA][D]

Exigen la renuncia del ministro Luis María Aguilar por nepotismo y corrupción.


Luego de que fuera revelado que una hija del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, de profesión dentista, y una hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien percibe 135 mil pesos mensuales, laboran en el máximo tribunal, la Asociación Civil México Justo, encabezada por el expresidente de la SCJN y ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel, exigió a Aguilar Morales su renuncia.
Dicha asociación señala que él y su familia son parte del nepotismo y la corrupción que se vive en el Poder Judicial Mexicano, a pesar de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, ordenó una investigación con el fin de prevenir nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación, aun cuando su hija está integrada en la nómina.
Hay que recordar que la hija del ministro presidente, Ana Elena Aguilar Arrangoiz, quien es cirujano dentista, integra la ponencia del ministro, Alberto Pérez Dayán, y cobra mensualmente un salario neto de 26 mil pesos 398 pesos. Además de contar con prestaciones superiores a las de la ley; asimismo, que Daniela Pardo Soto Reyes, hija del ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, también se ubica en la secretaría jurídica de la presidencia, como secretaria de estudio y cuenta adjunta, donde percibe un sueldo mensual neto de 95 mil 73 pesos.

Con información de: El Sol de México

Rosario Robles en blanco y negro PARTE 1

Monopolios causan sobreprecios de hasta 98% en tortillas, frutas, lácteos, verduras, medicinas…

La falta de competencia y los monopolios de mercado en México provocan que un sobreprecio de hasta 98.23 por ciento al momento de consumir bienes de consumo final como la tortilla de maíz, pan, cárnicos y huevo, lácteos, frutas, verduras, bebidas no alcohólicas, medicamentos y materiales de construcción, de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Acerca de las pérdidas monetarias de los hogares mexicanos, la Cofece indica que el sobreprecio que pagan puede ser interpretada como un “impuesto”. Para los hogares con menor ingreso, las pérdidas son de hasta 30.9 por ciento del ingreso mensual, equivalentes a 841 pesos. En el caso de los de mayor ingreso, la pérdidas ascienden a 2 mil 237 pesos, que equivalen al 5.7 por ciento del ingreso mensual.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- La falta de competencia y los monopolios de mercado hacen que los hogares mexicanos paguen un sobreprecio de hasta 98.23 por ciento al momento de consumir bienes de consumo final (tortilla de maíz, pan, cárnicos y huevo, lácteos, frutas, verduras, bebidas no alcohólicas, medicamentos y materiales de construcción) y servicios como el transporte foráneo de pasajeros, concluyó un estudio realizado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Este aumento afecta, sobre todo, al poder adquisitivo de las familias más pobres de México y acentúa la desigualdad nacional.
“Los hogares mexicanos pierden, en promedio, 16 de cada 100 pesos de su ingreso como consecuencia de los sobreprecios que genera el poder de mercado sobre 12 bienes y servicios de consumo generalizado y de alta demanda”, refiere el estudio.

 En el caso de las familias con mayor vulnerabilidad económica, la pérdida en ingreso es de 31 por cada 100 pesos, cifra que es 4.4 veces mayor respecto a lo que pierden las familias con más recursos.
A nivel regional, los sobreprecios impactan más en el suroeste que en el noroeste mexicano. En estados del sur con altos índices de pobreza (como Chiapas, Guerrero y Oaxaca) la reducción del poder adquisitivo es 47 por ciento menor que en entidades federativas del norte (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora).
Por tipo de producto, la Cofece mencionó que las frutas son las de mayor sobreprecio al alcanzar un incremento de 238 por ciento. Le siguen el pan (200), los materiales de construcción (113), los lácteos (95), las verduras (31), las tortillas (26), el pollo y el huevo (14), la carne de res (ocho), las bebidas alcohólicas (cinco), los medicamentos (cuatro) y las carnes procesadas (dos por ciento).
 En materia de servicios, los precios del transporte aéreo de pasajeros tiene incrementos de poco más de 27 por ciento y el de los autobuses foráneos de 15 por ciento.
La escalada de precios se debe, principalmente, a la falta de competencia económica ya que “una empresa puede subir precios y retener a sus clientes porque tiene pocos o ningún competidor”, se lee en el Estudio sobre el impacto que tiene el poder de mercado en el bienestar de los hogares mexicanos.
También puede deberse a prácticas monopólicas derivadas del control de los recursos escasos o de insumos esenciales, rendimientos crecientes a escala, superioridad tecnológica y barreras regulatorias creadas por el Gobierno.
“Mercados con menores elasticidades donde hay empresas con poder de mercado, tienen mayores probabilidades de observar precios más altos que aquellos mercados con elasticidades grandes o donde no hay empresas con poder de mercado”, explicó la Cofece.
Ante este tipo de escenario –es decir, el de un mercado poco flexible– las alternativas para el consumidor son limitadas. O paga el sobreprecio, o debe prescindir del bien que requiere.
La elasticidad de los precios –explicó la Comisión– está definida por qué tan prescindible es el producto o servicio para los consumidores. De este modo, un “bien elástico” es aquel que tiene más decremento de demanda por su incremento de precio y un “bien inelástico” el que tiene menor decremento a pesar del aumento de precio.
En ese sentido, el estudio refiere que los productos más elásticos son el pan, las frutas, las verduras, los lácteos, así como el pollo y el huevo. Y los bienes y servicios más inelásticos son la carne de res, los autobuses foráneos, los materiales de construcción y los medicamentos.
Las elasticidades menores a uno –como en los casos de la carne de res, de los autobuses, los materiales de construcción, medicamentos y carnes procesadas– “pueden interpretarse como un ‘foco rojo’ ya que es indicativo de la vulnerabilidad en el ingreso de los hogares ante aumentos de precios en estos mercados”, explicó el informe.
Acerca de las pérdidas monetarias de los hogares mexicanos, la Cofece indica que el sobreprecio que pagan puede ser interpretada como un “impuesto”.
Para el decil con menor ingreso, las pérdidas son de hasta 30.9 por ciento del ingreso mensual, equivalentes a 841 pesos. En el caso del decil más alto, la pérdidas ascienden a 2 mil 237 pesos, que equivalen al 5.7 por ciento del ingreso mensual.
En promedio, este denominado impuesto representa el 15.7 por ciento del ingreso mensual de los hogares mexicanos, sin dejar de advertir que el impacto siempre es más perjudicial para las familias de menores ingresos.
Así pues y de manera proporcional, la pérdida relativa de bienestar de los hogares de menores ingresos es 4.42 veces mayor a la de los hogares con mayores ingresos, situación “que contribuye de forma importante a acentuar la desigualdad del país”.
Los sobreprecios ocasionados por el poder de mercado, abunda el estudio, “incrementaron la desigualdad por ingreso en el país en un 7.3 por ciento”.

 Para la realización del estudio, la Cofece analizó las categorías de bienes y servicios mencionados con base en cinco criterios: que fueran bienes de consumo final; que existieran series de precios separadas del Índice Nacional de Precios al Consumidor; que tuvieran contribución relevante en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional; que se tratara de bienes y servicios de consumo generalizado a nivel nacional y de alta demanda en hogares de menores ingresos.
Asimismo, el estudio consideró a 46 ciudades del país, distribuidas en 8 regiones geográficas. Y para las estimaciones, la Cofece utilizó datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) con base 2014.