México militarizado, un país de cotidianos crímenes de lesa humanidad

ZÓSIMO CAMACHO @ZOSIMO_CONTRA

Los problemas venían de mucho antes. Pero al incendio que ya era México, se le echó gasolina: se ordenó la militarización del país. Hoy se trata de una maltrecha nación bajo “ataque sistemático y generalizado contra la población civil”. Es una de las conclusiones de un informe conjunto elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura, la International Federation for Human Rights, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) e I(dh)eas: Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Este embate generalizado inició el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces (impugnado) presidente Felipe Calderón Hinojosa impuso una estrategia de guerra para supuestamente combatir a las drogas. Tal estrategia –continuada por el presidente de Enrique Peña Nieto– desde un principio provocó una escalada de violencia sin precedentes con crímenes de lesa humanidad, de los cuales “en algunas regiones del país hay elementos suficientes para afirmar que se cometen de manera generalizada y en ocasiones sistemática contra la población civil”.

Esta estrategia de combate a las drogas se ha centrado en desplegar miles de militares de las tres Fuerzas Armadas para emplear la fuerza letal en contra de integrantes de las organizaciones criminales. En específico, señala el informe titulado Crímenes de lesa humanidad en el marco de la lucha contra las drogas, desde diciembre de 2006 a la fecha se han desplegado 640 mil 695 efectivos, en un promedio de 53 mil 391 por año. Tal violencia va acompañada de impunidad para la mayoría de los actores beligerantes (de todos los bandos): el 93 por ciento de los crímenes no se investiga.

El análisis de las organizaciones civiles mexicanas e internacionales establece que “la intensidad y los patrones de violencia cometidos desde diciembre de 2006 en el marco de la implementación de una política de corte militar dirigida al combate al narcotráfico, constituyen pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros de la delincuencia organizada, al no ser posible considerarlos como actos aislados, sólo pueden entenderse como crímenes de lesa humanidad”.

Las cifras oficiales de asesinatos cometidos durante los dos últimos sexenios, que rondan los 200 mil, ya resultan impactantes –como aseveró el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado reconocido.

“Durante los años 2011 y 2017 se han registrado las tasas de homicidio más altas, con un total de 22 mil 852 y 25 mil 339 personas asesinadas respectivamente.”

El documento dispone de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que señala que en los enfrentamientos armados en los que participaron efectivos de esta dependencia –entre el 13 de enero de 2007 y el 5 de abril de 2014– murieron 209 militares, 3 mil 907 “agresores” y 60 víctimas ajenas a los hechos. Mientras, los heridos han sido 1  mil 184 militares, 1 mil 61 agresores y 213 víctimas.

Y agrega: “Es importante mencionar que existe un ocultamiento de las cifras en relación a las personas heridas y fallecidas en enfrentamientos en donde participan las Fuerzas Armadas, ya que a partir del 6 de abril de 2014, la Sedena ya no da continuidad a registros de presuntos agresores muertos y heridos en enfrentamientos”.

Por otra parte, el documento señala que los militares en las calles han detenido a 80 mil 235 civiles.

Además, hasta junio de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido 75 recomendaciones en las que se documentan asesinatos cometidos por elementos militares y policiacos. Cuarenta y ocho de ellas señalan a las Fuerzas Armadas Mexicanas; 16 a la Policía Federal, y ocho a policías estatales y municipales.

Y sólo entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió 1 mil 148 quejas por tortura atribuibles a las Fuerzas Armadas.

En materia de desaparición forzada, el estudio cita al propio Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que al 1 de enero de este año consigna la cifra de 34 mil 656 personas reportadas como desaparecidas. Y señala:

“La impunidad en temas de desaparición forzada es de tal nivel de gravedad que, en 10 años, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, sólo se han emitido 11 sentencias por ese delito a nivel federal, y sólo nueve de ellas son condenatorias.”

Los datos no se acaban. Con respecto de las fosas clandestinas, el estudio recoge que entre diciembre de 2006 y junio de 2017 se contabilizaron en 23 entidades de la República al menos 1 mil 610 fosas con 3 mil 36 cuerpos y 876 fragmentos de personas.

Se trata apenas de un esbozo de los datos contenidos en el informe. Resulta un estudio revelador, toda vez que logra relacionar la comisión de crímenes de lesa humanidad con una política de Estado que los hace posible: la actual manera de “enfrentar” el narcotráfico.

La militarización del conflicto no sólo es un fracaso –si en verdad busca acabar con el trasiego de drogas–. Es también un lastre para un país con millones de víctimas directas e indirectas.

El país tendría que empezar de inmediato un proceso de desmilitarización de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. ¿Por qué se mantiene una estrategia asesina? ¿Por qué el gobierno que entrará en funciones ha ido mudando su discurso y ha tenido que aceptar las condiciones de la jerarquía militar? ¿Por qué ha tenido que recular en aquello de regresar a los militares a sus cuarteles? ¿No se quiere someter el poder militar al civil?

Zósimo Camacho

[OPINIÓN][COLUMNA][ZONA CERO][SEMANA][D]

Ley de Seguridad Interior: viene el “Guadalupanazo”

Ignorando a organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; haciendo a un lado los reclamos de toda suerte de agrupaciones civiles, instancias gubernamentales y reputados juristas nacionales y extranjeros; despreciando a legisladores de la oposición, así como a ciudadanos recientemente galardonados con la Medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Derechos Humanos, el Senado se apresta a dar un “Guadalupanazo” con la aprobación de la repudiada Ley de Seguridad Interior. Las presiones para que esto ocurra antes del viernes 15 se dejaron sentir la semana pasada desde Los Pinos, la Sedena y la Semar.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La semana pasada se intensificó en el Senado el cabildeo de los gobernadores del PRI y el PAN, así como la presión directa desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Los Pinos para que la Ley de Seguridad Interior –aprobada el 30 de noviembre en San Lázaro– sea dictaminada sin cambios y votada a favor por el pleno de los senadores antes del viernes 15.

“Nos van dar el guadalupanazo, como con la Reforma Energética”, advirtió la senadora Dolores Padierna en alusión al 12 de diciembre de 2013, cuando sus pares aprobaron los cambios constitucionales para permitir la inversión extranjera en la producción y extracción de petróleo.

Pese a la oposición generalizada a esta ley, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, convocaron para el martes 12, a las 9 de la mañana, a una sesión para dictaminar.

De última hora, el viernes 8 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”.

Momentos antes, al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos y delante de Peña Nieto, el activista Miguel Álvarez Gándara fue muy duro con la ley porque, dijo, “representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona”. Y sentenció, en medio del aplauso generalizado: “Esta ley no debe prosperar”.

La misma bióloga e investigadora Julia Carabias, al recibir la Medalla Belisario Domínguez el miércoles 6 en la casona de Xicoténcatl en sesión solemne, urgió a los senadores a realizar un diálogo “profundo e incluyente” con todos los sectores sociales. Peña Nieto se quedó callado ante este exhorto de quien fuera secretaria de Estado durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

La oposición a la ley ha sido prácticamente generalizada, salvo gobernadores, alcaldes o columnistas cercanos al gobierno que la apoyan, ignorando los rasgos anticonstitucionales ampliamente expuestos en todos los documentos de especialistas en derecho.

2018: por las urnas o por las armas

Por Martín Moreno

*LSI: absoluto control militar
*Cienfuegos y Soberón, a la caza de AMLO

Los secretarios de la Defensa y Marina se asumen, desde ahora, como los principales garantes del triunfo priista en 2018. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Tan inaudito como preocupante. Tan inverosímil como alarmante. Tan sorpresivo como amenazante:

Que los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina arremetan públicamente, juntos, en contra del principal político opositor al sistema, jamás se había visto en México. ¡Nunca! Codo a codo, los jefes de soldados y marinos blandiendo armas y escudos en franca amenaza a la propuesta de un civil (AMLO) respecto al planteamiento discutible – solo fue eso: un planteamiento-, de amnistiar a victimarios y líderes del narco, es una postal que vaticina días de represión y de totalitarismo.

“Mera propaganda electoral”, acusa el titular de Marina, almirante Francisco Soberón.

¿Y desde cuando el jefe de la Marina se convirtió en vulgar matraquero electoral del sistema, crucificando a los opositores cuyas propuestas son debatibles?

“Están dejando de lado todo el mal que le han hecho al país, cuánta gente ha muerto por su culpa…cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía”, atizó Salvador Cienguegos.

¿Y desde cuándo los generales le ordenan al poder civil qué sí discutir y qué no discutir?

La andanada de Cienfuegos y de Soberón en contra de un político civil – López Obrador-, es preocupante por dos razones fundamentales (más allá de nombres, personajes o propuestas polémicas):

Primero, porque, de manera abierta y sin ningún límite, ya se está permitiendo a los jefes de los cuerpos de seguridad responsables de la tranquilidad interna del país, intervenir en asuntos políticos-civiles. Podrán gustar o no las propuestas de AMLO, pero una cosa es discutirlas, criticarlas, apoyarlas o desecharlas, en un marco de discusión civilizada, y otra cosa, muy diferente, es permitir que los secretarios de la Defensa y Marina salgan y vociferen en contra del puntero en las próximas elecciones presidenciales. Ello no es casualidad: Cienfuegos y Soberón se suman así al TUCOMO (Todos Unidos Contra Morena), y desde ahora avisan que participarán, con armas y toletes, en el proceso político-electoral del año próximo. Soldados y marinos serán los operadores electorales del gobierno peñista. Nada menos.

Segundo, que al amparo de la Ley de Seguridad Interior (LSI), los militares tendrán facultades para intervenir contra protestas de carácter social o electoral, como bien podría ocurrir en el 2018, en caso de que haya manifestaciones públicas opositoras en contra de lo que, desde ahora, se viene diseñando y perfilando: un fraude electoral que le permita al PRI mantenerse en Los Pinos. La andanada pública de Cienfuegos y de Soberón en contra de López Obrador es apenas el inicio de un estado ya anunciado: el Estado militarizado, con plenas facultades para intervenir, confrontar y someter a civiles, sin castigo alguno y cobijados legalmente por la LSI.

(Personalmente, yo no estoy de acuerdo con la propuesta de AMLO de otorgar amnistía a líderes y victimarios del narco; empero, sí apoyaría discutir nuevas estrategias para combatir al crimen organizado, no atacarlas con amenazas militarizadas como las de Cienfuegos y Soberón. No en balde, el sexenio de Peña Nieto pasará a la historia como el más violento, sangriento e impune).

La postura de Cienfuegos y de Soberón ya no es la posición respetuosa de los jefes del Ejército y de la Marina en torno a conflictos que competen exclusivamente a civiles. No. Ya no lo es.

Su postura, ahora, es la de dos activistas políticos del sistema que se lanzan, abiertamente y sin pudor alguno, en contra de un planteamiento – ni siquiera ha llegado a ser una propuesta formalmente planteada ante el Congreso-, del líder político que amenaza con sacar al PRI de Los Pinos. Esa es la fotografía del momento: General y Almirante contra López Obrador.

¡Cuidado!

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Más allá de la polémica y la preocupación que ha generado la militarizada Ley de Seguridad Interior – esa sí discutida formalmente en el Congreso mexicano y que confiere facultades extraordinarias al Ejército y a La Marina, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo tareas de investigación sustituyendo al Ministerio Público, intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial, y utilizar la fuerza para contener protestas sociales o electorales-, nos debe alertar en qué momento se aprueba dicha ley.

La LSI se aprueba de cara a las elecciones presidenciales del 2018. El mensaje es: si hay protestas públicas de inconformidad con los resultados electorales del uno de julio próximo, los militares saldrán a aplacar a los ciudadanos. Más claro: si hay fraude, las manifestaciones de denuncia serán aplacadas por tanques, fusiles, escudos y toletes. Garantizar y proteger el triunfo del PRI por las urnas o por las armas. Es girar las manecillas del reloj a 1968.

La LSI se avala como escudo protector del desastre dejado por Enrique Peña Nieto. Ante el pésimo gobierno peñista y la imposibilidad de obtener un triunfo limpio en las urnas, se recurrirá al modelo 1988 (fraude electoral salinista), o al de 2017, en el Estado de México: la compra de votos y la ceguera del INE y del TEPJF. Ante la avisada estrategia, ¿quiénes serán los policías que se encarguen de cuidar las urnas y de calificar el resultado electoral? Sí: los militares. En la praxis, la calificación de la próxima elección presidencial se hará en el Periférico, sí, pero no en el Sur, donde se ubica la sede del Instituto Nacional Electoral, sino en el Norte, donde se enclava la Secretaría de la Defensa Nacional.

La LSI nos lleva a un Estado militarizado. Los especialistas dicen que solamente se está ordenando, jurídicamente, lo que en las calles ya ocurre: la intervención de los militares en acciones de seguridad. De acuerdo. Sin embargo, se aprovecha este lance para darles mayores facultades a Defensa y Marina de intervenir en asuntos que competen exclusivamente a poderes civiles, desplazando, inclusive, a poderes ya establecidos – legislativo y judicial-, absorbiendo tareas que las convierten en poderes supranacionales sin ningún límite o restricción.

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A unos cuántos meses de la elección presidencial, el gobierno peñista nos muestra el camino para enfrentarla: si protestan por los resultados, los militares saldrán a las calles a aplacar las protestas. Ese es un propósito toral de la LSI.

Los secretarios de la Defensa y Marina se asumen, desde ahora, como los principales garantes del triunfo priista en 2018: con amenazas abiertas y directas en contra de AMLO, principal opositor al régimen peñista. No es, ni de lejos, una casualidad. AMLO solo les dio el pretexto para que enseñaran las fauces.

Los tiempos de la represión parecen perfilarse.

1968-2018: 50 años después.

TW @_martinmoreno

FB / Martin Moreno

Peña declara la guerra a México .- John M. Ackerman

S

i el Senado avala la Ley deSeguridad Interior (LSI), ya aprobada por los legisladores priístas y calderonistas en la Cámara de Diputados, el régimen autoritario mexicano finalmente se quitará la máscara para transitar abiertamente hacia una dictadura militarizada.

Es falso que esta ley busque regular o dar cobijo a la actuación de los militares contra el crimen. En realidad, constituye una abierta declaración de guerra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón contra todo el pueblo mexicano, y sobre todo contra los activistas sociales y movimientos políticos de oposición que luchan por democratizar y modernizar el país.

Algunos justifican la presencia de los militares en las calles por motivos de seguridad pública. Afirman que frente a la corrupción desbordada y la falta de profesionalización de los cuerpos policiacos, alguien tiene que mantener el orden. También sostienen que si los militares están arriesgando sus vidas con el fin de garantizar la paz, por lo menos habría que desarrollar un marco jurídico que clarifique sus funciones y establezca controles precisos.

Aceptando, aunque sin conceder desde luego, esta problemática argumentación, la ley mencionada de ninguna manera cumple con este propósito. No ofrece claridad jurídica a los militares ni protección a los ciudadanos, sino todo lo contrario.

Para muestra, un botón: el artículo 18 de la ley de seguridad interior dice explícitamente que en ningún caso, las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las fuerzas armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.

No podría ser de otra manera porque la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, señala que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil y la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. De manera complementaria, el artículo 129 dice que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Y si el Presidente llegara a requerir de manera excepcional, emergente y temporal a los militares para tareas diferentes a su función constitucional, tendría que acotarse estrictamente al procedimiento delineado en el artículo 29 constitucional, incluyendo la aprobación por el Congreso de la Unión y controles de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La función de los militares es defender a la nación contra amenazas externas, no internas. Si Peña Nieto y Calderón quieren cambiar la naturaleza y las facultades de las fuerzas armadas, tendrían que hacerlo desde la misma Constitución.

La citada ley entonces de ninguna manera avala la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen. Ninguna ley puede colocarse por encima de la Carta Magna.

¿Para qué sirve entonces la LSI? ¿Si no regula la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, por qué tanta urgencia para aprobarla fast track sin discusión ni debate alguno?

La respuesta es obvia para quien la quiera ver: Peña Nieto y Calderón se preparan para utilizar las fuerzas armadas y evitar una verdadera alternancia política en las elecciones del próximo primero de julio 2018. Buscan utilizar los militares para alejar a los ciudadanos de las urnas, así como evitar el reconocimiento del triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

El contenido de la LSI refleja claramente esta intención. Entre las amenazas a la seguridad interior que justificaría la intervención de las fuerzas armadas se incluyen movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que no sean absolutamente pacíficas. Es decir, será suficiente colocar un par de provocadores encapuchados para romper vidrios durante cualquier protesta poselectoral para justificar la intervención del Ejército en la represión de los manifestantes.

La ley también avala la intervención militar para frenar cualquier acto tendente a consumar la rebelión o a inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico. Es decir, la ley autoriza que los militares intervengan para dispersar cualquier reunión de personas que pudiera estar apenas planeando alguna acción de bloqueo de una carretera o una protesta contra algún edificio gubernamental.

La LSI no incluye control alguno de parte del Congreso o de la Suprema Corte. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad unilateral y discrecional de utilizar los militares para fines políticos cuando así le parezca conveniente.

Es también importante recordar que desde 2002 México forma parte del NorthCom o Northern Command del Departamento de Defensa estadunidense. Este mando único para América del Norte, establecido con la venia de Vicente Fox, tiene el fin de defender y asegurar Estados Unidos y sus intereses (véase).

Así que la ley de seguridad interior no sólo nos somete a los caprichos militares de Peña Nieto, sino también a los de Donald Trump.

Todos los mexicanos, incluyendo los mismos soldados y quienes defienden la presencia de los militares en las calles, tendrían que oponerse a esta ley que desvirtúa y politiza la función de las fuerzas armadas y también afecta gravemente la soberanía nacional al someternos a las órdenes del desquiciado neofascista que hoy despacha en la Casa Blanca.

johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Ciudad de México. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de Ley de Seguridad Interior. Acompañado de sus aliados, el PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, inclinaron la balanza a favor del controvertido documento que normará la estancia de las fuerzas armadas en las calles para combatir a la delincuencia organizada.

Una vez que esta mañana se aprobó el dictamen en la comisión de Gobernación, la presidencia de la mesa directiva, encabezada por Jorge Carlos Ramírez Marín, enlistó en la orden del día de la sesión, el dictamen para proceder a su aprobación. A éste se le dispensó lectura y entró de lleno a debate.

Después de dos horas con veinte minutos de expresar propuestas en pro y en contra, con la ausencia de debate, el presidente cameral, el yucateco Ramírez Marín procedió a someterlo a votación.

Con 248 votos a favor, se inclinó la aprobación en lo general en los artículos no reservados, 115 legisladores votaron en contra y 48 se abstuvieron.

En el cúmulo de abstenciones destacaron un número considerable de panistas, entre ellos su coordinador Marko Cortés, quien hasta la víspera había exigido que a la par de Ley de Seguridad Interior, se discutiera y aprobara la de mando mixto policial. Ahora ni se comprometió con una negativa ni con una afirmativa. La que sí definió con clairidad el sentido de su voto, fue su compañera Claudia Sánchez, quien respaldó desde la misma comisión de Gobernación, el dictamen.

Una vez que fue aprobado en lo general, se elaboró una lista de reservas a los distintos artículos del dictamen. En total sumaron 101, que serán dirimidas en cuatro horas.

Con la aplanadora encabezada por el PRI, se advierte que no hay posibilidad de cambio alguno a los artículos reservados, por lo que alrededor de las veinte horas habrá concluido la sesión aprobatoria del dictamen en materia de seguridad interior.

Control militar del país .- Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El proyecto de ley del oficialismo considera como amenaza contra la seguridad interior “cualquier acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas”, es decir la seguridad pública, la cual en consecuencia debería ser resguardada por la autoridad civil.

Sin embargo, ese mismo proyecto presentado por el PRI afirma que las fuerzas armadas intervendrán cuando las capacidades de la policía federal “resulten insuficientes para contrarrestar la amenaza”, es decir, siempre. Pero esa intervención militar “en ningún caso se considerará de seguridad pública”. En otras palabras, la seguridad pública lo es de por sí pero cuando los militares la asumen entonces ya no lo es. ¿Alguien puede explicar esto?

El circunloquio priista conduce a consentir en una ley que las funciones de seguridad pública, cuando las asumen las fuerzas armadas, no son de seguridad pública sino de “seguridad interior”, la cual se encuentra definida en su propio proyecto como “continuidad de las instituciones y del desarrollo nacional”, es decir, cualquier cosa.

Ante un peligro contra esa “continuidad” entran las fuerzas armadas a dar seguridad, pero “interior”, aunque en realidad es para combatir a los delincuentes aunque no estén “amenazando” el “desarrollo nacional”. ¿Por qué el término? El presidente está investido de la facultad de disponer de las fuerzas armadas para la defensa exterior y la seguridad interior. De ahí se cuelgan quienes desean “legalizar” la ocupación extensiva de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, es decir, lucha contra la delincuencia organizada.

Por más vueltas que se quiera dar a las tareas policiales de las fuerzas armadas, las mismas seguirán siendo inconstitucionales. Mas el problema no está cifrado en estos términos porque el Ejército y la Armada tienen años ejerciendo de policías, sino en el hecho de que han fracasado.

Una década después el país está peor que al principio. Este es el desenlace de la “guerra” declarada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto.

¿Con la pretendida ley oficialista de seguridad interior las fuerzas armadas podrían someter finalmente a las grandes bandas de narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores y sicarios? Nadie lo cree. Se trata sin embargo de un reclamo del Ejército y de la Marina, cuyos titulares exigen “garantías”. Pero la autoridad no requiere garantías sino que es ella quien debe brindarlas a la sociedad. Las cosas han sido puestas al revés.

Lo primero que habría que reconocer es que el problema más grave (que sí es de seguridad interior) es la penetración de la delincuencia organizada en el aparato público y la consecuente impunidad de la que han gozado las bandas. Mas se requiere al mismo tiempo aceptar que el narcotráfico no se va a acabar a balazos sino hasta que se levante la prohibición y el Estado se convierta en regulador en lugar de persecutor.

De lo anterior se desprenden dos tareas: por un lado, intervenir a fondo donde la delincuencia ha tomado control de aparatos públicos y, por el otro, empezar a legalizar la producción, distribución y comercialización de las drogas, como ya se intenta en varios países, entre ellos Uruguay y Estados Unidos, en nuestro continente.

Dice el proyecto priista, impulsado también por los generales y almirantes, que “las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior” y, al realizarlas, podrán “hacer uso de cualquier método de recolección de información”. Esto es propiciar el control militar del país. No tiene caso andar con ambages en asuntos tan serios.

Hace daño defender toda acción de las fuerzas armadas aunque sean ejecuciones (Tlatlaya) o uso desproporcionado de la fuerza, sin sobrevivientes (Tepic), entre otras acciones violatorias de derechos humanos. Es entendible que si se mete un Ejército a la seguridad pública, se habrán de ejecutar acciones de guerra contra civiles, aunque ésos sean los peores, lo cual no está permitido en el derecho internacional de derechos humanos al que México es afecto por mandato constitucional. Sin embargo, eso es justamente lo que busca “legalizar” el gobierno de Peña Nieto.

El proyecto también advierte que el presidente de la República “podrá ordenar acciones inmediatas a las fuerzas armadas”, en referencia a la seguridad pública, es decir, para hacer frente a los delincuentes. Pero no sólo cuando éstos toman control sobre entidades públicas, entre ellas cuerpos enteros de policía, sino en toda circunstancia, a juicio del gobierno. Esto no es “seguridad interior” sino prepotencia presidencial y predominio militar.

Cuando, como en el proyecto de Peña-Cienfuegos, la seguridad interior se define como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la continuidad de sus instituciones, así como el desarrollo nacional…”, se abarca todo lo que ya está construido y lo que se podría construir en el futuro. ¿Es esa la “seguridad interior”? No, por cierto, porque la Constitución más bien la refiere como el funcionamiento normal del sistema político legal.

Mientras, los narcos siguen en lo suyo.

El PAN condujo al Ejército a las calles y ahora, con el PRI, le dará “un poder descomunal”, alertan

A diez años de que la guerra contra el narcotráfico iniciara, el PAN busca reglamentar la participación del Ejército en las calles. El 11 de diciembre de 2006 el otrora Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío a las Fuerzas Armadas al combate frontal contra las fuerzas fácticas en Michoacán. Este fue el inicio de una estrategia federal de abordar la lucha contra las drogas, y la violencia no tardó en dispararse. Estadísticas oficiales registraron que los asesinatos subieron de 27 cometidos por día, durante la administración del primer gobernante panista Vicente Fox Queseada, a 56 en el sexenio calderonista.

Sin embargo, hoy lejos de regresar a los cuarteles, los elementos castrenses están más cerca de realizar operativos de seguridad pública gracias al respaldo del PAN a la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, presentada por el PRI.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Diez años después del inicio de la guerra contra el narcotráfico, el Partido Acción Nacional (PAN) apuesta por que las Fuerzas Armadas combatan en las calles contra el crimen organizado a través de las propuestas de Ley en materia de Seguridad Interior, que están por iniciar sus discusión en la Cámara de Diputados.

La oposición de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) al uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales ha dejado al Blanquiazul y sus votos como indispensables para detener las propuestas en esta materia, que ya impulsa el PRI.

“Yo creo de lo que se trata es de reglamentar, poner límites al poder del Presidente de la República como jefe máximo de nuestras Fuerzas Armadas para que pueda mandar a las calles al Ejército. Y así saber ¿bajo qué condiciones puede el Ejército salir a las calles, en qué casos, cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la participación del poder Legislativo? Eso es lo que no tenemos”, dijo el Diputado panista Jorge Triana Tena, miembro de la Comisión de Gobernación que discutirá las propuestas.

Hasta el momento hay seis propuestas de iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Pero ha sido la presentada por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiróz, el pasado 27 de octubre, la que ha secundado la solicitud expresa del Presidente Enrique Peña Nieto de legislar este asunto.

Una Ley de Seguridad Interior le otorgaría al Presidente de la República la capacidad de decretar la intervención de las Fuerzas Armadas en un lugar y tiempo determinado.

Peña Nieto decidió continuar con la estrategia de seguridad de su antecesor, Felipe Calderón. Pero los registros oficiales refieren que la violencia no disminuyó con la intervención de militares para acabar con el narcotráfico.

Camacho Quiroz, de corbata verde, fue quien presentó la iniciativa de Seguridad Interior en la Cámara Baja del Congreso. Foto. Cuartoscuro

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que entre 2001 y 2006, bajo el Gobierno de Vicente Fox Quesada, fueron asesinadas 60 mil 162 personas. Mientras que con el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón Hinojosa entre 2006 y 2012, ocurrieron 121 mil 613.

En el seno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el PRI cuenta, junto con su aliado el Partido Verde, con 15 votos. Por su parte, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano (MC), quienes se han manifestado en contra de legislar sobre este asunto, suman ocho votos. Lo que deja como decisivos los siete votos del PAN para aprobar o no un dictamen sobre Seguridad Interior.

“Como veo la situación, es que esta Ley trae un gran apoyo del PRI, Verde, Panal, y el mismo PAN. Ellos hacen mayoría y temo que van aplicar esa fuerza numérica para aprobarlo en comisión y después en el pleno. Sin embargo, siendo el Congreso un órgano deliberativo eso no nos impide decir lo que hemos dicho, que la propuesta es reduccionista. Sólo un parche para el problema”, consideró Macedonio Támez Guajardo, Diputado de MC.

De acuerdo con el Diputado blanquiazul Jorge Ramos, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa no es un espaldarazo al PRI, pues dijo que su partido presentó casi un año antes, desde noviembre de 2015, su propia propuesta.

“Yo creo que están opinando sobre una Ley. Y la comisión va dictaminar sobre seis. En particular mi iniciativa que está diseñada para una intervención temporal, subsidiaria y transitoria para las Fuerzas Armadas. Siento que se está precipitando declaraciones sin conocer el contenido”, añadió Ramos.

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La Ley de Seguridad de EPN busca imponer al mando militar por encima de la autoridad, alertan

Ramos, a diferencia del resto, no propuso la creación de una nueva legislación, sino la modificación de la Ley de Seguridad Nacional en materia de seguridad interior para reglamentar el actuar de los militares.

Los legisladores del PAN sostuvieron que el uso de las Fuerzas Armadas podrá servir para acabar con el narcotráfico.

“Absolutamente esta ley y la del mando mixto ayudarían. El problema no es el Ejército, ni la marina. Gracias a su intervención no se ha agudizado el problema en el país”, dijo Ramos.

No obstante, a diez años de la guerra contra el narcotráfico hay pocos indicios de que las células criminales hayan sido reducidas. Datos de la Procuraduría General de la República (PGR), actualizados al 13 de febrero, apuntaron que en el país operan 37 células delictivas y nueve cárteles.

El 11 de diciembre de 2006 el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío a las Fuerzas Armadas al combate frontal contra el narcotráfico en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

La incursión del Ejército en enfrentamientos con presuntos criminales aumentó los índices de asesinato en diversos municipios en un 6 por ciento, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sin embargo, esta tasa se incrementa a 9  por ciento cuando se ven involucrados en el combate elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Este centro de estudios reveló que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011 se registraron 68 masacres, donde hubo al menos 10 muertos.

“Algunos diputados del PAN sostienen que la Ley va resolver los señalamientos de derechos humanos sobre las Fuerzas Armadas. Pero, yo creo que así como está esa propuesta, genera lo contrario. Es anticonstitucional, y va en contra de varios convenios de derechos humanos”, dijo el Diputado del PRD, Rafael Soriano Hernández.

 El martes pasado, una serie de organizaciones de la sociedad civil ofrecieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que el Gobierno federal estaría omitiendo recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que exhortaron a diseñar un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

“La Ley de Seguridad Interior busca darle protección militar a aquello que los militares han venido haciendo extra legalmente. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados”, dijo la activista Denise Dresser.

El inicio de la guerra contra el narcotráfico disparó las quejas contra la Sedena en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones a derechos humanos.

De 182 quejas recibidas en 2006, la CNDH pasó a registrar 367 en 2007 y mil 230 en 2008, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

“El PAN tiene condicionada su aprobación al respeto de los derechos Humanos, a que sea una iniciativa de carácter subsidiario y temporal para la participación de las Fuerzas Armadas. Y tercero, con obligaciones de gobiernos locales de restituir capacidades institucionales para que el Ejército se vaya”, aseguró el diputado panista Jorge Ramos.

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha dado continuidad a la estrategia de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa. Foto: Cuartoscuro

Pero la estrategia de la organización de las fuerzas policiales no ha sido debatida. Y la profesionalización de las policías ha sido un tema pendiente por el Gobierno federal, acusó el legislador de oposición Macedonio Támez.

Si bien el ex Presidente Calderón buscó que cada entidad aprobara un Mando Único, en el que las policías municipales quedaran al mando del Gobernador, el modelo no gozó del apoyo necesario para ser adoptado en todo el país.

Ahora, bajo un llamado Modelo Mixto en el que los municipios más grandes podrán conservar sus propios policías, el PAN, PRI, MC y PRD buscan reconfigurar la organización policial de México.

¿Por qué el modelo policial ha sido relacionado con las propuestas de Seguridad Interior y no la regularización de las drogas?, se le preguntó al Diputado del Blanquiazul, Jorge Triana.

“Es un tema distinto. A título personal soy un convencido del uso de las drogas. Incluso, con fines lúdicos. Creo que esto eliminaría de forma importante el mercado negro. Y el mercado negro de narcóticos se llama narcotráfico. Pero vamos muy atrasados con respecto al entorno internacional. Apenas estamos abordando el tema del uso medicinal”, justificó.

Los legisladores adelantaron que esperan tener la próxima semana un dictamen sobre las distintas propuestas de seguridad interior que reglamente las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; así como aprobar una legislación en seguridad interior al finalizar este periodo de sesiones que acaba en abril.

La Ley de Seguridad de EPN busca imponer al mando militar por encima de la autoridad, alertan

Organizaciones alertaron de la sumisión del poder civil al militar de ser aprobada la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior. La propuesta hecha por el PRI, dijeron, brinda al Ejército de facultades hasta ahora exclusivas de las policías del país. Y recordaron, que a la fecha, la guerra contra el narcotráfico sólo arreció la violencia y acentuó el crimen organizado que pretendía combatir.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil y miembros de la academia mexicana rechazaron hoy la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que permitirá al Ejército tomar las labores de la policía cuando el mandatario así lo decida.

Este martes se tenía programada la discusión del dictamen de Seguridad Interior en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; sin embargo, legisladores de oposición pidieron no dar paso a la discusión.

“En este contexto el mando militar pareciera tratar de imponerse sobre el mando civil, y pocos respingan. Décadas de tradición y práctica Constitucional para evitar la militarización ahora son amenazadas por un Ejército empoderado”, dijo la politóloga Denise Dresser.

La iniciativa, propuesta el 27 de octubre por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, pretende dejar en manos del Presidente de la República la declaratoria de Seguridad Interior en un lugar y tiempo determinado.

Las organizaciones apuntaron que la guerra contra las drogas, que inició el ex Presidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006, ha acentuado el poder del narcotráfico y la violencia en México, en vez de acabarlo.

En la última década han sido desplegados 52 mil elementos; alrededor de 84 operaciones regionales han pretendido reducir la violencia; ha habido unos 213 mil muertos, y un índice de letalidad en el que el Ejército mata a ocho personas por cada una que hiere, apuntaron las organizaciones como la evidencia de una estrategia contraproducente.

“El Presidente ha permitido esto, quizá, por debilidad, por el temor que tiene al Ejército sino lo apuntala”, añadió Dresser.

Algunas de las organizaciones presentes fueron el Colectivo #seguridadnomilitarizada, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Las organizaciones pidieron a los legisladores no dejarse influenciar por objetivos electorales e hicieron un llamado a que se atienda la evidencia científica de la violencia provocada por la estrategia del choque frontal contra el narcotráfico.

Hasta hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) registra 37 células delictivas en el país, cuyas operaciones responden a nueve cárteles.

“Tenemos evidencia de causalidad entre los operativos conjuntos durante el periodo de Felipe Calderón y el incremento de los homicidios a nivel municipal. Llevó a México a pasar de una tasa de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes a una de 24 por cada 100 mil”, dijo el profesor.

Más aún, con ejercicios estadísticos, el CIDE determinó que cada combate contra el narcotráfico incrementó la tasa de homicidios en un 6 por ciento, pero si era la Secretaría de la Defensa Nacional la implicada en el enfrentamiento, el porcentaje subía a 9.

Impulsada por Washington, avanza la bota militar

JENARO VILLAMIL
2016-12-17 22:22:49 ·
FUERZAS ARMADAS

En el trasfondo del reclamo de los altos mandos militares mexicanos, para que se le dé a las Fuerzas Armadas un marco jurídico a su presencia en las calles, hay algo más que una percepción amenazante. Está el impulso y la presión del Pentágono. Coincide con quienes así lo advierten la voz de Manuel Bartlett, senador de la República, que en su calidad de exsecretario de Gobernación sabe de lo que habla. Interpreta como una “faramalla” el intercambio de expresiones entre representantes del Estado mexicano. De acuerdo con su análisis, compartido en entrevista con Proceso, la militarización del país es un hecho decretado desde Washington. Y va para más…

Es una “faramalla”, un “teatro mal hecho” la secuencia reciente de la declaración del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; la reacción del presidente Enrique Peña Nieto; la del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la iniciativa urgente del Congreso para apresurar la Ley de Seguridad Interior, porque “mandan al Ejército a presionar a la opinión pública” y para “continuar con la militarización que forma parte de un proyecto de integración con el Pentágono”, advierte el senador de oposición Manuel Bartlett.

“Tiene dos lecturas este absurdo apoyo de Peña Nieto al general Cienfuegos: por un lado, la debilidad del propio presidente frente a un desafío del secretario de la Defensa y, por otro, la entrega del Estado mexicano al Ejército. Es la militarización de facto que ahora quieren regularizar”, resume en entrevista con Proceso el coordinador de la bancada del PT en el Senado.

Subraya que esta militarización no es un proyecto de los generales mexicanos o del presidente de la República, sino que responde a los intereses geopolíticos de Washington: “Forma parte de la lógica de la ‘integración’ de México a la seguridad interior de Estados Unidos”.

“La militarización no es un cuartelazo al viejo estilo. Es una entrega paulatina de nuestra soberanía”, indica.

“Una vez que se aprobó en México la reforma energética de Peña Nieto comenzó a haber voces oficiales de Estados Unidos reclamando seguridad: si no hay seguridad, nadie va a invertir. Y la seguridad es el Ejército en las calles.

“¿Por qué olvidan los analistas algo esencial?: Felipe Calderón tomó la decisión de meter al Ejército en la guerra contra el narcotráfico por mandato norteamericano. Ahí está la Iniciativa Mérida. Que no se nos olvide este punto, porque entonces no entendemos qué están haciendo los soldados en las calles”, abunda uno de los críticos más constantes de la reforma energética y de la aprobación de enmiendas para ajustar la Constitución y las leyes reglamentarias a las necesidades de los militares.

Entre esas leyes que este año se aprobaron bajo presión de las secretarías de Defensa y de Marina están el Código de Justicia Militar, la ley reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y la reciente militarización de los puertos mexicanos.

Secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, Bartlett habla de lo que significan las palabras del general Cienfuegos:

“Si yo hubiera sido secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa hace estas declaraciones, yo le pido al presidente de la República que lo quite. Cienfuegos no puede hablar a nombre del Ejército porque él no es el jefe del Ejército. El comandante supremo es el presidente de la República. Y cuando el presidente avala esto, diciendo que lo van a apoyar y que fueron ‘descontextualizadas’ sus palabras, está avalando la destrucción de todo el mando civil.”

–¿Entonces es una simulación?

–Es una faramalla mal hecha, como todo lo que hacen. Peña Nieto manda al general para presionar a la opinión pública. Como lo mandó antes a Televisa, cuando dijo Cienfuegos que él no tenía por qué permitir al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que interrogara a los soldados, como si él fuera el presidente de la República.

Bartlett se refiere así a la entrevista que Cienfuegos dio el pasado octubre a Santos Mondragón, de Televisa, para afirmar que “el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana y con el Grupo de Expertos es que vienen a complementar las investigaciones de nuestras autoridades. En ningún momento dice que pueden interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten”.

Ante esas declaraciones, el 5 de octubre de este año Bartlett propuso un punto de acuerdo en el Senado para condenar las declaraciones del secretario de la Defensa, porque “se situó fuera de la Constitución, del gobierno y del Estado mexicano”. “Las Fuerzas Armadas son parte del Estado mexicano y, por tanto, están obligadas, como parte de él, a atender y cumplir el acuerdo suscrito entre el Estado mexicano y la CIDH”, argumentó esa vez.

Ese es uno de los antecedentes del protagonismo declarativo del secretario de la Defensa, rememora Bartlett.

“Hacen sus teatros tan mal que el general queda pésimamente mal parado, los tres Poderes de la Unión quedan mal y hasta la iniciativa privada queda mal, porque de inmediato salen a decir que tiene razón Cienfuegos.

“Ahora, esta semana, se movió el Congreso. Ahora resulta que el jefe del Senado es el general Cienfuegos, que él dice cuándo se deben dictaminar las leyes. Se los dije en la Junta de Coordinación Política. Esa es la militarización… Y el líder de los diputados priistas (César Camacho) apurándose a decir que ya terminaron la Ley de Seguridad Interior, que van a trabajar hasta en Navidad.”

–¿Entonces no hay mucha lógica en esta faramalla, porque las declaraciones del general debieron generar una reacción muy dura en el gobierno?

–No, nada. Es una rebelión que va más allá de lo militar. Cienfuegos acaba con todos: con el Poder Judicial, con Osorio Chong, con los gobernadores, con el Senado. Si se toman en serio sus palabras, este señor debería ser destituido y mandado a retiro porque habló y criticó a su jefe supremo, el presidente de la República.

“Y ahora, Peña Nieto dice que el general tiene razón y que los medios ‘descontextualizaron’ sus palabras. Peña Nieto le está entregando el Estado al Ejército mexicano. Ya está ahora militarizado. Los jefes de las zonas militares hacen lo que quieren con los gobernadores.”

El papel de Osorio

–Siguiendo esa lógica, ¿estas declaraciones de Cienfuegos son un desafío o a qué responden?

–Si las tomas literalmente, es una insurrección militar. Es un putsch. ¿Qué ameritaría? El señor general debería estar ya en el retiro y su Estado Mayor también. Es inaceptable lo que dijo.

–¿Es función de un secretario de Gobernación decirle al presidente que frene al secretario de la Defensa?

–Yo fui secretario de Gobernación seis años y conozco el país y la Constitución y las reglas. Ahora no existe un secretario de Gobernación. Lo redujeron al papel de primer policía del país. Osorio Chong fue absolutamente zarandeado por Cienfuegos y ahora lo anda justificando.

“Descontextualizadas o no, las declaraciones de Cienfuegos constituyen una crítica al Estado mexicano y al jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República.

“El asunto es peor, porque esto es un mandato de Estados Unidos para que el Ejército esté a cargo de la seguridad interior de México.”

–¿Cómo fue la relación de usted, como secretario de Gobernación, y el entonces secretario de la Defensa?

–Yo tuve una espléndida relación con el secretario de la Defensa porque la relación debe ser muy estrecha por razones políticas y porque las Fuerzas Armadas están supeditadas al mando civil.

–Recordemos un caso. El sismo de 1985. La decisión de sacar al Ejército a las calles capitalinas para las labores de rescate, ¿quién la tomó: usted o el presidente De la Madrid?

–Ha tomado un buen ejemplo. El presidente De la Madrid en la crisis de los sismos le ordenó al secretario de Gobernación atender la emergencia. Y esa misma noche dimos una conferencia de prensa conjunta el secretario de la Defensa, el regente del Distrito Federal y yo. El encargado de la emergencia en ese momento era el secretario de Gobernación, no el general de la Defensa. El Ejército tiene el espléndido Plan DN-III, pero la responsabilidad es de Gobernación.

“El Programa Nacional de Protección Civil de ahí surgió. Lo hice yo. Para desmilitarizar la protección civil. El rescate tuvo que hacerse con el Ejército y con todo el Estado, pero el Ejército no tomó el mando de la ciudad. El Ejército debe actuar bajo el régimen civil, todo el tiempo.

“Cada estado, cada gobernador, debe tener su propio programa de protección civil. No esperar a que el Ejército lo resuelva todo. Porque ahí tienes a los alcaldes, a las policías, a los encargados de comunicaciones y transportes.”

“Imposición” de Estados Unidos

Bartlett no quita el dedo del renglón del punto, para él, más delicado de esta “militarización de facto” que ya vive el país: “Lo peor es que la presencia del Ejército como responsable de la seguridad de México es una demanda o una imposición de Estados Unidos. Si no tienes idea de la geopolítica, no sabes nada de lo que pasa. Y Peña Nieto y su grupo son de una ignorancia supina en este tema. El Congreso es ignorante de la geopolítica”.

Seguidor de la información que se genera en los círculos militares y políticos de Washington, Bartlett muestra una nota de la reunión del 13 de mayo de 2016, en Colorado Springs, encabezada por el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, y a la cual asistieron tanto Cienfuegos como el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina, como integrantes del Comando Norte de Estados Unidos.

“Ahí estuvieron sentaditos los secretarios de la Defensa y de la Marina mexicanos, escuchando estas palabras de Carter:

“Quiero agradecer también a nuestros socios mexicanos por su determinación de expandir nuestra sociedad en la defensa continental. México se ha convertido en un exportador global de seguridad en dos lugares: en este continente y más allá.

“Quiero aplaudir a México por el incremento de nuestras relaciones en materia de defensa y su decisión de continuar asegurando nuestros valores comunes, el respeto a los derechos humanos y la fundación de fuerzas de seguridad en todo el hemisferio y de todo el mundo.

“Este es el discurso de la integración de México en materia de defensa. Es la integración de nuestro Ejército a los intereses de Estados Unidos.”

–¿Qué papel juega en este sentido la apertura energética?

–La política energética de este gobierno le dio a las trasnacionales el privilegio de exigir la seguridad en el terreno necesario, en las aguas necesarias que ellos ocupen, sin límite.

“Como tienen kilómetros bajo la figura jurídica de la ‘ocupación temporal’ que se aprobó en este Senado, también tienen derecho a exigir la seguridad.

“¿Qué ha pasado? Para eso está el Ejército. La globalización que es la que dizque combate Donald Trump significa esto: la inversión y las fábricas de Estados Unidos son más importantes afuera que adentro del territorio norteamericano. Ellos quieren que las cuide el Ejército. Que el Ejército mexicano esté desplegado y tenga el mando de la seguridad pública para cuidar las inversiones norteamericanas.”

–¿Es la misma lógica para entregarle el control de los puertos a la Secretaría de Marina?

–Cuando hablamos del dominio territorial estamos hablando también de los puertos de México. Por eso se militarizaron recientemente los puertos. Y esto ya fue aprobado por las dos cámaras del Congreso.

–Usted se remite al Plan Mérida y al momento en que Felipe Calderón ordenó hace una década la Operación Michoacán. ¿Fue más importante entonces la presión de Estados Unidos para sacar el Ejército a las calles que la debilidad del entonces mandatario?

–Se trata de una ocupación gradual. Calderón se prestó a meter el Ejército por órdenes de Estados Unidos. Es público. Ahí está la Iniciativa Mérida, que es un eufemismo del Plan Colombia, que ordena la utilización del Ejército.

La Iniciativa Mérida, cuya primera Carta de Acuerdo fue firmada en diciembre de 2008 por Estados Unidos y México, representó la asignación de 2.3 mil millones de dólares de fondos del Congreso estadunidense, de los cuales, 1.4 mil millones de dólares fueron entregados en equipo y entrenamiento a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal.

–¿El combate contra el narcotráfico sirvió entonces para encubrir el interés de Estados Unidos por la seguridad en materia energética?

–Ha servido para encubrir todo. Se dio el paso de usar al Ejército en una función de combate al narcotráfico a un control total de la seguridad. Ese Ejército que está en las calles y que empieza a recibir más tareas hasta suplantar a las fuerzas civiles.

“Estamos viviendo ahora una militarización que surge de ahí: de la integración energética. La integración a la política norteamericana se dio mediante acuerdos interinstitucionales. Esto es una marrullería que viene de la época de Carlos Salinas. A través de estos acuerdos interinstitucionales, como la Iniciativa Mérida, pasaron por alto al Senado y fueron atando el destino de México al de Estados Unidos.