Unidad contra la dictadura .- John M. Ackerman

N

i siquiera las amenazas de Donald Trump habían logrado unir de manera tan clara y contundente a la sociedad mexicana. La oposición a la dictatorial Ley de Seguridad Interior (análisis aquí: http://bit.ly/2AMmbE9) unió a tirios y troyanos. Tomó vuelo un histórico coro multicolor de repudio que combinaba las voces de los maestros de la CNTE y de los burócratas de la CNDH, de los intelectuales morenistas y de los pensadores del liberalismoconservador, de la Coparmex y de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Hasta destacados actores de cine, como Diego Luna y Gael García Bernal, se lanzaron a las calles en protesta. Y firmaron importantes desplegados juristas que en otros momentos habían preferido hacerse de la vista gorda frente a brutales violaciones a los derechos humanos.

La respuesta del régimen fue de cerrazón absoluta. Ni un solo priísta en la Cámara de Diputados o el Senado votó en contra o siquiera se atrevió a abstenerse. Como simples levantadedos y viles sirvientes al poder y el dinero, abdicaron su responsabilidad como representantes populares de tomar en cuenta todas las voces ciudadanas, deliberar cuidadosamente sobre los asuntos de su competencia y votar de acuerdo con su conciencia.

Pero el PRI no lo pudo haber hecho solo. Para lograr el quórum necesario en ambas cámaras, Enrique Peña Nieto requirió del apoyo de los legisladores igualmente abyectos del PAN, el PVEM y el Panal. El apoyo de los legisladores calderonistas, como Ernesto Cordero, Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth, fue particularmente importante. Estos legisladores votaron en bloque junto con el PRI a favor de la militarización del país y la violación generalizada de los derechos humanos en toda la República.

Todo parece indicar que Calderón ha traicionado a su propia esposa, repitiendo la historia de su abandono a Josefina Vásquez Mota en 2012. Al percibir la poca tracción de la precandidatura de Margarita Zavala, el PAN ahora cierra filas con Peña Nieto alrededor del banquero José Antonio Meade. Tanto Vicente Fox como Lozano ya se han pronunciado públicamente en este sentido. Faltarían pocas semanas para que el mismo Calderón hiciera lo propio.

Son laudables los esfuerzos por convencer a Peña Nieto de devolver la Ley de Seguridad Interior al Congreso, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución. También tiene sentido presentar múltiples acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley por su evidente violación a los artículos uno, 6, 21, 29, 73 y 129 de la Carta Magna.

Sin embargo, es ingenuo e irresponsable levantar la expectativa de que estas vías eventualmente pudieran tener éxito. Las órdenes vienen de mucho más arriba, incluyendo los altos mandos de las fuerzas armadas y el mismo gobierno de Trump. Frente a esta presión, ni Peña Nieto ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su composición actual repleta de fieles calderonistas y peñistas, cuentan con dignidad o soberanía algunas.

Así que en lugar de esperar las decisiones del Presidente o de las instituciones realmente existentes, habría que actuar desde ahora para defender la democracia y los derechos de la población.

En menos de siete meses tendrá lugar una de las elecciones más importantes en la historia de México. Estará en disputa no solamente la Presidencia de la República, sino también todo el Senado, la Cámara de Diputados, la jefatura de Gobierno de Ciudad de México y más de 3 mil cargos locales en 30 entidades federativas del país.

Además, para la mayor parte de estos cargos quienes resulten electos en esta ocasión podrán ser relectos en las siguientes elecciones. El próximo primero de julio de 2018 se definirá el bloque histórico que gobernará, o malgobernará, al país por más de una década.

Se valen y son bienvenidas, desde luego, las críticas hacia Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. Sin embargo, cada día resulta más claro que el tabasqueño es el único aspirante presidencial que no participa en las redes de complicidad, de corrupción y de violencia que hoy tienen destruida a la nación.

Por ejemplo, López Obrador ha sido muy claro en que recibir el apoyo del Partido Encuentro Social no implica modificar un ápice el compromiso irrestricto de Morena con los derechos humanos y las libertades sociales. El proyecto de nación, los estatutos del partido y la composición del futuro gabinete hablan por sí solos al respecto.

El viernes pasado en su acto en la delegación Tlalpan, López Obrador no dejó lugar a dudas: “Sigo el pensamiento de Ignacio Ramírez, El Nigromante, quien decía: ‘Soy liberal, pero me hinco donde se hinca el pueblo’. Respeto la religión del pueblo y cuando hablo de respetar las libertades, incluyo el respeto a la diversidad, siempre vamos a ser respetuosos de las libertades individuales y colectivas. Que nadie tenga dudas ni desconfíe y que quede claro, para todos, de manera especial para la comunidad gay; no somos oportunistas, no luchamos sólo por los votos, luchamos por ideales y no tienen nada que temer, vamos a respetar la diversidad sexual”.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

De madrugada, senadores del PRI, PAN y Verde aprueban ley que militariza al país

Redacción (@revistapolemon)

16 de diciembre de 2017.- Minutos antes de las tres de la madrugada, cuando todo estaba oscuro, así como si estuvieran robando una casa o un banco o un país entero, los senadores del PRI, PAN y Verde aprobaron la ley de seguridad interior.

No valió que organizaciones de la sociedad civil dijeran y repitieran: esa ley no es de seguridad, es autoritaria. Nada valió que esas sociedades civiles organizadas, más cientos de ciudadanos no organizados, estuvieran en las calles diciendo: esa ley no es de seguridad, es autoritaria.

Nada valió que organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y decenas de organizaciones de la sociedad civil internacional (como Amnistía Internacional, entre otras), dijeran: esa ley no es de seguridad, es autoritaria.

Nada valió. Ni los miles de videos que circularon en internet, ni los artículos de opinión de cientos de personas, ni las voces autorizadas y no autorizadas que dijeron: esa ley no es de seguridad, es autoritaria. Nada valió. No valió que académicos de las universidades más prestigiosas del país dijeran no a esa ley, ni que los rectores de varias instituciones educativas hubieran firmado una carta donde pedían a los senadores no aprobar esa ley porque esa ley no es de seguridad, sino autoritaria.

Nada valió.

Ayer, a las tres de la mañana, como si fueran ladrones que roban descaradamente y con violencia en una casa o en un negocio o en una oficina, los senadores del PRI, PAN y Verde aprobaron la ley de seguridad importándoles nada todo lo que escucharon, todo lo que les dijeron, todas las peticiones para que no aprobaran la ley, todas las críticas, las voces, las opiniones, los llamamientos al diálogo. Ellos votaron la ley, una ley autoritaria, que permite y alienta la violación sistemática a los derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses.

Y es que dicha ley, en términos prácticos, permite que el ejército se encargue de las tareas que están destinadas a las policías. Es decir, dicha ley legaliza que el ejército funja como policía, para lo cual no está capacitado y que ha demostrado, en los últimos 11 años, no ser efectivo.

La ley permite al jefe del ejecutivo, es decir, al presidente del país, mandar al ejército a donde le venga en gana, y ante diversas “amenazas”, establecer regímenes de excepción donde los derechos humanos podrían ser vulnerados.

Igualmente, dicha ley faculta al presidente, ante protestas sociales que se consideren “violentas”, mandar a militares a sofocarlas.

Eso aprobaron los senadores en la madrugada: legalizaron un régimen autoritario. Y lo hicieran con prisa, como si quisieran que estuviera listo ya para lo que se ofrezca, por ejemplo, para las próximas elecciones…

Diputados avalan Ley de Seguridad Interior…. en una hora

Una hora les bastó a los diputados para aprobar los cambios realizados por los senadores a la Ley de Seguridad Interior. Sin discusión, el dictamen fue sometido a votación y recibió 262 votos a favor por 25 en contra.

Tras su aprobación, la polémica Ley de Seguridad Interior que militariza al país fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial, entre aplausos y gritos de los legisladores del PRI y del Verde Ecologista.

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Parte de la IP, en favor de la norma; otros exigen posponer la aprobación

Canacope solicita al Presidente ejerza su facultad de veto

Alejandro Alegría y Bertha Teresa Ramírez

 

Periódico La Jornada
Viernes 15 de diciembre de 2017, p. 6

Al tiempo que la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) se pronunció por la presencia del Ejército en las calles y por que se apruebe la ley de seguridad interior, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) hizo un llamado al Senado para que se posponga la aprobación de la norma y se abra el diálogo y la participación de la sociedad en una ley que la involucra directamente.

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco-Servytur, sostuvo que este ha sido el peor año que hemos tenido en cuanto a seguridad y dijo que la legislación que se discute en el Senado es necesaria.

Aunque vemos que tiene muchos riesgos, es más urgente profesionalizar a la policía. Los comercios quieren al Ejército en las calles. No lo digo yo, lo dice el sector empresarial del país, sobre todo el pequeño y el micro empresario que nadie defiende, agregó.

Enfatizó que el sector que representa ha reconocido la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad, porque no tenemos confianza en las policías ni tampoco tenemos policías en la calle.

Solana Sentíes respaldó la legislación porque da certeza al Ejército, pues ellos están peleando en la calle sin tener un marco jurídico que los defienda.

Dijo no entender por qué Derechos Humanos dice que hay uso excesivo de la violencia, pues le jalaron muy fuerte al gatillo, hay jalarle despacito para que no sea violento. Es una barbaridad. Concluyó que si se quita al Ejército de las calles todo el sector comercio se vería en total indefensión.

Por su parte, Ada Irma Cruz, presidenta de la Canacope, rechazo que la ley deje abierta la posibilidad de que las fuerzas armadas sean utilizadas con fines políticos y de represión, desviando su atención y recursos de la verdadera problemática, que es la violencia y la delincuencia que generan los grupos criminales.

Dijo que la Canacope se une al llamado de la sociedad civil, de organizaciones nacionales e internacionales al Senado para posponer la aprobación del proyecto y abrir el diálogo y la participación de la sociedad en una ley que la involucra directamente.

Indicó que la Canacope solicita al presidente Enrique Peña Nieto que ejerza su facultad de veto en caso de que el Senado apruebe la ley de seguridad interna sin acatar el legítimo llamado de la sociedad sobre el desacuerdo ante dicha legislación.

“¡Golpistas!”, “diálogo simulado”, reprochan a priistas

“¡Golpistas, golpistas! ¡Esto no es diálogo!”, les gritó el activista Alfredo Lecuona a los senadores del PRI y de Acción Nacional que apoyan la Ley de Seguridad Interior en el momento más bochornoso de la sesión de comisiones unidas para dictaminar este proyecto rechazado por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

La senadora Cristina Díaz, del PRI, presidenta de la Comisión de Gobernación perdió la compostura, regañó al asistente y sometió a votación después de más de una hora de discusión las propuestas de moción suspensiva, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y la propuesta de ampliar las audiencias públicas, argumentada por el senador panista Juan Carlos Romero Hicks.

La aplanadora de los priistas y sus aliados del PAN, con Roberto Gil Zuarth a la cabeza, desecharon ambas propuestas por 15 votos contra 8 y por 15 contra 9, en el caso de las audiencias de Romero Hicks. La correlación de fuerzas estaba clara desde las 15:30 pm de este 13 de diciembre en que pretende el Senado aprobar la minuta procedente de la Cámara de Diputados con cambios a 9 artículos, considerados como insuficientes por la CNDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Ustedes podrán tener mayoría aquí, en el Senado, adentro, pero afuera, en las calles tienen una ínfima minoría ante la población. Hasta los obispos se han expresado en contra. No podemos aprobar una ley así de espaldas a la población”, afirmó la senadora Dolores Padierna, quien remató señalando que “es la ley más grave que he visto en 18 años de legisladora”.

Durante todo el debate de dos horas para argumentar una consulta real y pública ante los sectores involucrados, los priistas guardaron silencio. Sólo dejaron a los opositores que se desahogaran.

El senador Alejandro Encinas, calificó como “deleznables” las audiencias del pasado lunes 11 de diciembre donde asistieron 7 gobernadores y 6 alcaldes, en sesión cerrada, sin posibilidad de participación.

En el mismo sentido, el senador Romero Hicks les reprochó a la mayoría: “Este Senado debe tener dignidad. No ha habido audiencias públicas”. Fue respaldado por la senadora Pilar Ortega, así como varios legisladores de Acción Nacional y del PT-Morena y del PRD.

El coordinador de la bancada del PRD, Luis Sánchez, desde el principio reforzó la posición de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien afirmó que hubo “oídos sordos” del Senado a las organizaciones civiles y les reprochó que hasta el presidente Enrique Peña Nieto había convocado a un “diálogo” el pasado viernes 8 de diciembre.

Sánchez leyó los dos párrafos principales del comunicado conjunto de la CNDH y del Alto Comisionado donde advierten que, pese a los 9 artículos modificados, el proyecto de Ley de Seguridad Interior “sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto a los derechos humanos en México, la vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantienen vigentes”.

Ambos organismos le advirtieron al Senado que “no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley” en un proceso legislativo que termina este viernes 15 de diciembre.

La senadora panista Laura Rojas, en tono sarcástico, se burló de algunos legisladores priistas que consideraron que este comunicado sólo representa a “dos organizaciones”: “le recuerdo que la ONU es un organismo de Estados nacionales, en la cual México participa y ninguna de sus posiciones es personal, sino consensuada”.

Rojas citó también a otro gobernador panista, cuyo nombre no mencionó, que ni siquiera fue convocado a la reunión del lunes 11 de diciembre.

El senador Fidel Demédicis, del PT Morena, leyó las palabras de Peña Nieto del viernes 8 de diciembre llamando a “un acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil”, opositoras a la Ley de Seguridad Interior.

“¿Cuál es la prisa de aprobar fast track una ley que sabemos va a generar una ola de desestabilización en el país, producto de las protestas de los mexicanos y las mexicanas que están en contra de que se militarice el país”, afirmó el legislador morelense.

Tras la votación en contra de la moción suspensiva  y de que se abriera a audiencias públicas el análisis de la ley que faculta a efectivos militares a realizar una serie de tareas propias de autoridades civiles, los senadores continuaron la dictaminación para tenerla listo el dictamen esta noche o mañana jueves 14 y sea aprobado por el pleno.

Seguridad Interior

MATEO PERAZA VILLAMIL

Un país que ostenta el infausto número de 30 mil desaparecidos y 200 mil muertos; un país que tiene como estandarte la ausencia de seguridad y educación; un país cuyos gobernantes persiguen, con una montaña de errores a cuestas, la aprobación de una ley que promueve los abusos de las fuerzas armadas al grado de no ser impugnables ante autoridades civiles. Una ley, como dijo el doctor Alejandro Madrazo ante un grupo de senadores impávidos, que da a los militares la facultad de “autogobernarse” sin rendirle cuentas al presidente de la República e incluso abre la puerta a la posibilidad de instalar un “estado de excepción” sin que los gobiernos asuman su responsabilidad política ante la actual crisis de inseguridad. En síntesis: una ley que representa otro retroceso orquestado por el PRI en colusión con sus viejos, y nuevos, partidos filiales.

Académicos, organizaciones de derechos humanos, artistas, políticos, sacerdotes: un espectro amplísimo de personajes se han manifestado contra su aprobación. La ONU y la CNDH dijeron que con esta legislación el gobierno mexicano pretende soslayar su responsabilidad frente a la crisis de inseguridad: “El Estado debe atender sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos”, espetaron las organizaciones en un comunicado.

El padre Alejandro Solalinde, activista por los derechos humanos de los migrantes, dijo que con la Ley el gobierno instalará un régimen similar al de Honduras, pues habrá toque de queda, atropellos a los derechos humanos y un posible fraude electoral amparado por el  ejército que comanda Cienfuegos, mismo que ha tomado, en contra de cualquier ética marcial, posiciones políticas. “Lo preocupante es que esta opinión que generó el dirigente de Morena ocasionó la respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas, quienes se lanzaron contra una opinión política. Nunca se ha visto en ningún lado que las Fuerzas Armadas tengan como vocación lanzarse para atacar a los oponentes políticos del régimen. Como ciudadanos independientes pueden hacerlo, pero no como titulares de las Fuerzas Armadas”, destacó Solalinde en una entrevista para Regeneración, refiriéndose al intercambio de argumentos entre el líder de Morena, AMLO, y los representantes del ejército mexicano.  Agregó: “(La Ley de Seguridad) es anticonstitucional, es un crimen, es una ley perversa que convertiría a México en una dictadura, por ello esa infamia no debe ser aprobada”.

Diego Luna y Gael García, célebres actores mexicanos, protestaron públicamente durante una manifestación improvisada en las puertas del Senado. “Una de las reacciones que esperemos que este tema cause es que es imperativo que los ciudadanos nos involucremos y recordemos la responsabilidad que significa vivir en un país como éste, en un año que ha sido tan violento”, dijo Luna.

Días atrás, Garcia Bernal lanzó un video en el que solicitaba reunir firmas para derribar la ley. Y antes, vía Twitter, mantuvo un conflicto con el senador Javier Lozano. El actor le escribió que sus decisiones en relación a la Ley son “conservadoras, superficiales y hechas de traumas”.

Roberto Hernández, del portal Animal Político, escribió que la Ley es un un trabalenguas repleto de conceptos jurídicos poco claros. Destaca que, por sus cualidades laberínticas, aprobarla significaría mantener al ejército en un “pantano legal”. “Cuando una ley no se construye desde la perspectiva de quien la tiene que aplicar, es casi inútil”, detalló.

Luz verde en comisiones a la repudiada Ley de Seguridad; dan primera lectura en el pleno del Senado

Velada por la paz y contra la Ley de Seguridad Interior en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una clara mayoría de 15 senadores del PRI, del Verde y los legisladores panistas Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Preciado y Fernando Torres Graciano, los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, tras incorporar modificaciones a nueve de los 43 artículos de este ordenamiento que fue condenado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por la oposición del PT-Morena, PRD y senadores independientes.

En cuanto se aprobó el dictamen, se volvió a reunir el pleno del Senado para darle la primera lectura al proyecto de ley. Este jueves 14 pretenden darle la segunda lectura, votarla en lo general y en lo particular, y enviarla a la Cámara de Diputados para que, antes del término de sesiones, quede aprobada esta nueva norma que legaliza las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior.

En el debate en comisiones, el senador panista Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa, negó que se haya dado un procedimiento “atropellado” o que se aprobara fast track, mientras que el presidente de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, Benjamín Robles Montoya, aseguró que los cambios introducidos son insuficientes porque no generan “ningún tipo de control adicional y extraordinario” ni se supervisa el cumplimiento de derechos humanos.

“Sólo trata de cubrir la inconstitucionalidad de la ley, se fomenta la opacidad y se incumplen con las expectativas de los organismos internacionales y de especialistas”, acusó Robles Montoya, cuya solicitud de moción suspensiva fue desechada por 15 votos contra ocho.

El legislador Ricardo Barroso Agramont, titular de la Comisión de Marina, aseguró que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los senadores, sino que solicitaron un marco jurídico adecuado porque “no creo que estas intenciones sean para afectar a los mexicanos”.

Uno de los defensores más vehementes de la minuta procedente de la Cámara de Diputados fue el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, quien admitió que no existía acto jurídico alguno ni de autoridad que fundamentara la orden del Ejecutivo para sacar a los militares de sus cuarteles.

“De eso se trata esta Ley de Seguridad Interior. De darle certeza jurídica. Tratamos de poner orden al desorden”, sentenció el exsecretario privado de Felipe Calderón, el mandatario que ordenó desde el 2007 los operativos militares para combatir al crimen organizado.

“Esta ley no va a cambiar el problema de seguridad pública porque no está pensada para eso”, exclamó Gil Zuarth, mientras el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, escuchaba de pie y con interés la alocución de uno de los “rebeldes” del PAN.

El vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, afirmó que esta ley es un “error histórico” del gobierno de Peña Nieto.

“El gobierno federal no ignora el rechazo a la ley, pero no le importa”, sentenció el senador poblano.

Barbosa argumentó que el gobierno federal y sus aliados “están desesperados y quieren esta ley porque saben que van a perder el poder” en las elecciones del 2018. “La mano dura, la militarización del país, es un largo anhelo de la oligarquía”, alertó Barbosa.

Otros senadores del PRD, PT-Morena y del PAN argumentaron también en contra, al señalar que esta ley busca encubrir el fracaso de la estrategia de seguridad pública, no garantiza la paz ni da certeza jurídica a los ciudadanos.

El senador Fernando Torres Graciano informó que se presentarán propuestas de modificación para su discusión en el pleno de los artículos primero, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26 y la adición de un transitorio del proyecto de decreto.

En la sesión de este jueves 14 se realizará la segunda lectura, el debate y la previsible aprobación en el pleno de 128 senadores, donde el PRI, el Verde y los siete legisladores del PAN que apoyan la controvertida ley tienen mayoría simple.

Ley de Seguridad Interior: viene el “Guadalupanazo”

Ignorando a organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; haciendo a un lado los reclamos de toda suerte de agrupaciones civiles, instancias gubernamentales y reputados juristas nacionales y extranjeros; despreciando a legisladores de la oposición, así como a ciudadanos recientemente galardonados con la Medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Derechos Humanos, el Senado se apresta a dar un “Guadalupanazo” con la aprobación de la repudiada Ley de Seguridad Interior. Las presiones para que esto ocurra antes del viernes 15 se dejaron sentir la semana pasada desde Los Pinos, la Sedena y la Semar.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La semana pasada se intensificó en el Senado el cabildeo de los gobernadores del PRI y el PAN, así como la presión directa desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Los Pinos para que la Ley de Seguridad Interior –aprobada el 30 de noviembre en San Lázaro– sea dictaminada sin cambios y votada a favor por el pleno de los senadores antes del viernes 15.

“Nos van dar el guadalupanazo, como con la Reforma Energética”, advirtió la senadora Dolores Padierna en alusión al 12 de diciembre de 2013, cuando sus pares aprobaron los cambios constitucionales para permitir la inversión extranjera en la producción y extracción de petróleo.

Pese a la oposición generalizada a esta ley, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, convocaron para el martes 12, a las 9 de la mañana, a una sesión para dictaminar.

De última hora, el viernes 8 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”.

Momentos antes, al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos y delante de Peña Nieto, el activista Miguel Álvarez Gándara fue muy duro con la ley porque, dijo, “representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona”. Y sentenció, en medio del aplauso generalizado: “Esta ley no debe prosperar”.

La misma bióloga e investigadora Julia Carabias, al recibir la Medalla Belisario Domínguez el miércoles 6 en la casona de Xicoténcatl en sesión solemne, urgió a los senadores a realizar un diálogo “profundo e incluyente” con todos los sectores sociales. Peña Nieto se quedó callado ante este exhorto de quien fuera secretaria de Estado durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

La oposición a la ley ha sido prácticamente generalizada, salvo gobernadores, alcaldes o columnistas cercanos al gobierno que la apoyan, ignorando los rasgos anticonstitucionales ampliamente expuestos en todos los documentos de especialistas en derecho.

La ley de seguridad interior convertiría a México en dictadura, advierte Solalinde

El sacerdote califica como perverso el proyecto que considera el Senado

Carolina Gómez Mena

 

Periódico La Jornada
Sábado 9 de diciembre de 2017, p. 5

El proyecto de la ley de seguridad interior (LSI) que se pretende imponer es anticonstitucional, es un crimen, es una ley perversa que convertiría a México en una dictadura, por ello esa infamia no debe ser aprobada, aseguró el sacerdote Alejandro Solalinde.

Acotó que es lamentable que no se escuche a los expertos y a la comunidad internacional que han expresado su rechazo a esa iniciativa.

Esto que están haciendo es una traición al pueblo. Ellos saben perfectamente que el Ejército y las fuerzas armadas no pueden estar por encima de la autoridad civil. De aprobarse esta ley convertirán a México en un país militarizado.

Advirtió que la intención es preparar el escenario para reprimir a la gente ante el gran fraude que pretenden realizar en 2018 y destacó que la ciudadanía se tiene que pronunciar, ahora. No podemos permitir que se perpetre ese crimen de ley de seguridad interior.

El articulista de La Jornada John Ackerman indicó que con la referida ley se busca legalizar y eternizar la presencia de las fuerzas armadas en las calles.

Precisó que a la puerta de las eleciones el partido gobernante está dispuesto a hacer todo para aferrarse al poder.

México, mayordomo de EU por hacerle el trabajo sucio

En torno a la situación de los migrantes centroamericanos, el escritor Paco Ignacio Taibo II propuso abrir las fronteras; no más fronteras, libre paso, abolición de las fronteras entre México y Centroamérica, porque –dijo– estas vallas separan a seres humanos que en sí no son diferentes.

Todos por naturaleza [somos] un pueblo migrante y esa es nuestra virtud. Recordó que él mismo es un migrante. Nació en Gijón, Asturias.

Condenó que el gobierno mexicano al intentar frenar de diversas maneras el flujo migratorio hacia Estados Unidos le esté haciendo el trabajo sucio, de soltar los buitres que operan en diferentes niveles contra los migrantes. Nos hemos convertido en el mayordomo pinche de Estados Unidos, sostuvo.

En la presentación del libro Solalinde: los migrantes del sur, el sacerdote aseguró que todos somos migrantes existenciales y sociológicos. Somos hermanos en el camino.

Añadió que el libro habla de una gran lección para México y anima a tomar conciencia en la medida que nos desliguemos del sistema capitalista.

Acotó que en los 13 años que lleva trabajando en favor de los migrantes centroamericanos ha constatado que a los migrantes no hay que pobretearlos, hay que aprender de ellos y calificó la obra de autoría conjunta con la antropóloga Ana Luz Minera, de un grito de rebeldía, de subversión que nos invita a perder el miedo.

Destacó que urge cambiar a México el próximo año y rencontramos con nuestros hermanos del sur. El sur es una categoría geopolítica, también somos gente del sur. Por eso hacia los migrantes debe haber solidaridad.

Comentó que lo que pasa con este flujo migratorio es asombroso. Ellos huyen de la violencia y la precariedad, y una vez que salen se vuelven resilientes y fuertes. Pero también es cierto que muchos se quedan en el camino; de hecho, ya podemos hablar de un genocidio, de un holocausto.

Remarcó que suceda lo que suceda, como la llegada de Donald Trump al gobierno estadunidense, la migración no se detendrá. No los van a parar, siguen pasando a pesar de Trump. Decían que del 20 de enero en adelante iba a disminuir la migración, y no es así.

Los senadores ya tienen la orden de aprobar la Ley de Seguridad Interior

Senadores “no están dispuestos a cambiar ni una coma” a la #LeydeSeguridadInterior: investigadora del CIDE

En entrevista con Carmen Aristegui, Catalina Pérez-Correa dijo que una de las preocupaciones es cómo se va a utilizar esta ley durante y después de las elecciones 2018.

Los senadores se han reunido con organizaciones para escuchar sus preocupaciones sobre la Ley de Seguridad Interior, pero “no están dispuestos a cambiar ni una coma”, advirtió Catalina Pérez-Correa, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista para #AristeguiEnVivo, detalló que el pasado jueves, los senadores invitaron a expertos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pero no manifestaron ningún interés de subsanar las preocupacionesni turnaron la dictaminación a la Comisión de Derechos Humanos.

“No hay el intento de cambiar una coma de esta ley y creo que tiene que ver porque esto tiene que salir antes de que se acabe el periodo legislativo”, dijo.

Pérez Correa afirmó que detrás de la aprobación de esta ley están las elecciones de 2018.

“Esa es una de las preocupaciones: cómo se va a utilizar esta ley en el proceso electoral, y después, en caso de que haya manifestaciones”, señaló. 

"Nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes" : General Cienfuegos

CIENFUEGOS PIDE EL REGRESO DE LOS MILITARES A LOS CUARTELES

Indigo Staff  Dic 8, 2016

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que los militares deben regresar a los cuarteles y seguir con sus labores pues “no estudian para perseguir o capturar delincuentes”.

En conferencia de prensa, el funcionario federal explicó que los elementos del ejército no pidieron estar en las calles.

“Nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, expresó.

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 Dic 8, 2016

 Lectura 3 min

Nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando.

- Salvador Cienfuegos

Secretario de Defensa Nacional

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que los militares deben regresar a los cuarteles y seguir con sus labores pues “no estudian para perseguir o capturar delincuentes”.

En conferencia de prensa, el funcionario federal explicó que los elementos del ejército no pidieron estar en las calles.

“Nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, expresó.

Debido a que prevalece la incertidumbre entre los efectivos por la falta de garantías jurídicas en la lucha contra el narcotráfico, Cienfuegos Zepeda solicitó establecer un marco jurídico para definir las funciones de las Fuerzas Armadas.

Este miércoles, Reporte Indigo publicó un especial a 10 años de que el entonces presidente Felipe Calderón inició la guerra contra le narcotráfico argumentando que representaba una amenaza para la seguridad nacional, por lo que determinó que el ejército realizara acciones de seguridad empezando por Michoacán. el saldo fue de màs de 100 mil muertos y de 28 mil personas desaparecidas, además de daño al tejido social en distintas regiones.

Relacionado: La década violenta

“Estamos pendiendo que se regularice la actuación de las fuerzas armadas; qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas, si quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”, dijo ante representantes de los medios de comunicación. 

También criticó el nuevos sistema de justicia penal debido a que se han liberado a delincuentes de alta peligrosidad que ya habían sido juzgados y encarcelados bajo el argumento de faltas al debido proceso. “Los soldados ya mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con los riesgos de ir a la cárcel acusados de violar derechos humanos o que sean procesados por desobedecer (a sus mandos superiores)”, mencionó.

A 10 años del inicio de la lucha contra el crimen organizado, que ha dejado miles de mexicanos muertos, el titular de la Sedena  criticó a las policías, quienes consideró, no han hecho el trabajo correspondiente para darle seguridad a los mexicanos.

Ver: Los números rojos

“Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas, el balance es que hay un número importante de muertos que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes y necesarios presupuesto para atender estas situaciones”, manifestó Cienfuegos.

Sobre el 2016, el funcionario reconoció que “no fue un buen año” en materia de seguridad debido al repunte en homicidios y delitos, particularmente en zonas donde años anteriores se había logrados reducir la incidencia delictiva.

Alcaldes del país rechazan Ley de Seguridad, porque subordina a policías y centraliza el poder

La Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) rechazó la Ley de Seguridad Interior por considerar que no coordina a las corporaciones de seguridad estatales y municipales con las federales, sino que subordina a las policías ante las Fuerzas Armadas.

La ley, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en el Senado, centraliza el poder en una sola persona y dispone métodos discrecionales.

Entre sus deficiencias, dijo la Anac en un comunicado, la ley no detalla los supuestos o las condiciones bajo las cuales puede ampliarse el periodo de intervención de las fuerzas armadas en estados y municipios, que inicialmente sólo podrá durar un año. Por lo tanto esa decisión estará sujeta a criterios personales y no técnicos.

La nueva norma prejuzga además a las policías municipales y supone su ineficiencia sin haber evaluado a cada una de ellas. La Anac prevé que con la Ley de Seguridad Interior las Fuerzas Armadas intervendrán en municipios sin haber escuchado a los alcaldes, quienes no tienen representación en el Consejo de Seguridad Nacional.

A continuación, el posicionamiento íntegro de la Anac:

POSICIONAMIENTO DE LA ANAC RESPECTO A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

• Se busca centralizar intervenciones de Seguridad sin concertación de Gobiernos Estatales y Municipales.

• La ley señala métodos discrecionales en intervención de Fuerzas Armadas.

• La Ley trasciende al ámbito personal de cada individuo, vulnera y viola derechos y libertades básicas de los mexicanos.

Los 469 Municipios que conforman la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), tras la revisión de la Ley de Seguridad Interior aprobada el 30 de Noviembre en la Cámara de Diputados, señala:

1. Es una Ley vertical que excluye la coordinación entre los órdenes de Gobierno, pues en su Artículo 5o, señala que es competencia para aplicarla únicamente el Ejecutivo Federal; a través de la Secretaría de Gobernación, dejando de lado el acuerdo con Gobernadores y Alcaldes.

2. Se comete el error de prejuzgar sobre protestas y movilizaciones sociales, catalogándolas entre graves y no graves, trastocando la libertad de reunión, pues con base a su artículo 8 son no graves las de motivo político electoral, excluyendo otras formas de organización de la sociedad civil para señalar temas de otra índole.

3. En el Artículo 11, párrafo 2o, señala que en caso de existir las condiciones de amenazas, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de intervención de la Federación y expedirá́, dentro de las 72 horas, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Ante esta circunstancia manifiesta su oposición pues se realizarán intervenciones en los territorios de los Municipios sin haber escuchado las posiciones de los Alcaldes, quienes conocen de primera mano las demandas de la ciudadana, y que no tienen representación en dicho Consejo.

4. En el caso del artículo 15 enuncia, que los periodos de intervención si bien en la ley se señala no podrán exceder de un año, la cual puede prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República, hace falta detallar las hipótesis a acreditar o evaluar para la ampliación del periodo de intervención, de lo contrario se está sujeto a criterios personales y no técnicos la permanencia de las fuerzas armadas.

5. Esta Ley de seguridad Interior viola flagrantemente el Artículo 115 Constitucional al restar facultades a los gobiernos municipales, pues parte del supuesto de la ineficiencia de las policías Municipales sin que haya mediado evaluación de cada una de las corporaciones policiales en cada Municipio.

6. En la Ley, la Fuerza Armada Federal se impone sobre la Estatal y la Municipal, por lo tanto no es un asunto de coordinación, sino de subordinación, con centralización del poder en usa sola persona y con métodos discrecionales.

7. Si la Ley fuera de seguridad interior realmente se buscara la participación y concertación de los Estados y Municipios, señalara mecanismos para ellos, pero más bien es una manera de normar a las Fuerzas Armadas en funciones policiales.

8. La Ley trasciende al ámbito personal de cada individuo, vulnera y viola derechos y libertades básicas de los mexicanos.

La ANAC señala que de ninguna manera va apoyar propuestas que tiendan a desaparecer a las policías municipales, pues no obstante no se puede aseverar que las fuerzas federales o estatales sean mejores que las municipales, sin contar con una evaluación detalla de por medio de cada corporación.

Por ello hace un llamado al diálogo y la cooperación entre los tres órdenes de gobierno para poder atender el tema de la seguridad en el país.