MATEO PERAZA VILLAMIL
Un país que ostenta el infausto número de 30 mil desaparecidos y 200 mil muertos; un país que tiene como estandarte la ausencia de seguridad y educación; un país cuyos gobernantes persiguen, con una montaña de errores a cuestas, la aprobación de una ley que promueve los abusos de las fuerzas armadas al grado de no ser impugnables ante autoridades civiles. Una ley, como dijo el doctor Alejandro Madrazo ante un grupo de senadores impávidos, que da a los militares la facultad de “autogobernarse” sin rendirle cuentas al presidente de la República e incluso abre la puerta a la posibilidad de instalar un “estado de excepción” sin que los gobiernos asuman su responsabilidad política ante la actual crisis de inseguridad. En síntesis: una ley que representa otro retroceso orquestado por el PRI en colusión con sus viejos, y nuevos, partidos filiales.
Académicos, organizaciones de derechos humanos, artistas, políticos, sacerdotes: un espectro amplísimo de personajes se han manifestado contra su aprobación. La ONU y la CNDH dijeron que con esta legislación el gobierno mexicano pretende soslayar su responsabilidad frente a la crisis de inseguridad: “El Estado debe atender sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos”, espetaron las organizaciones en un comunicado.
El padre Alejandro Solalinde, activista por los derechos humanos de los migrantes, dijo que con la Ley el gobierno instalará un régimen similar al de Honduras, pues habrá toque de queda, atropellos a los derechos humanos y un posible fraude electoral amparado por el ejército que comanda Cienfuegos, mismo que ha tomado, en contra de cualquier ética marcial, posiciones políticas. “Lo preocupante es que esta opinión que generó el dirigente de Morena ocasionó la respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas, quienes se lanzaron contra una opinión política. Nunca se ha visto en ningún lado que las Fuerzas Armadas tengan como vocación lanzarse para atacar a los oponentes políticos del régimen. Como ciudadanos independientes pueden hacerlo, pero no como titulares de las Fuerzas Armadas”, destacó Solalinde en una entrevista para Regeneración, refiriéndose al intercambio de argumentos entre el líder de Morena, AMLO, y los representantes del ejército mexicano. Agregó: “(La Ley de Seguridad) es anticonstitucional, es un crimen, es una ley perversa que convertiría a México en una dictadura, por ello esa infamia no debe ser aprobada”.
Diego Luna y Gael García, célebres actores mexicanos, protestaron públicamente durante una manifestación improvisada en las puertas del Senado. “Una de las reacciones que esperemos que este tema cause es que es imperativo que los ciudadanos nos involucremos y recordemos la responsabilidad que significa vivir en un país como éste, en un año que ha sido tan violento”, dijo Luna.
Días atrás, Garcia Bernal lanzó un video en el que solicitaba reunir firmas para derribar la ley. Y antes, vía Twitter, mantuvo un conflicto con el senador Javier Lozano. El actor le escribió que sus decisiones en relación a la Ley son “conservadoras, superficiales y hechas de traumas”.
Roberto Hernández, del portal Animal Político, escribió que la Ley es un un trabalenguas repleto de conceptos jurídicos poco claros. Destaca que, por sus cualidades laberínticas, aprobarla significaría mantener al ejército en un “pantano legal”. “Cuando una ley no se construye desde la perspectiva de quien la tiene que aplicar, es casi inútil”, detalló.
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