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| Mariano Niño Martinez |
SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- Desesperada, Alicia Zapata Anguiano acudió al Congreso local, a fines de junio pasado, porque necesitaba completar el pago para el traslado del cadáver de su hijo, quien el 27 de ese mes falleció en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a causa de un infarto.
La familia quería llevar los restos a su tierra natal en Ciudad del Maíz.
Acompañada por otra de sus hijas, Alicia se dirigió al diputado panista Mariano Niño Martínez, a quien pidió la apoyara para reunir los 23 mil pesos que cobraba el servicio funerario por el traslado del cuerpo. Entre hermanos, primos y otros familiares lograron reunir 11 mil pesos. Les faltaban 12 mil.
En la oficina Niño Martínez le pidieron que presentara su credencial de elector, un oficio con la petición y algunos datos más. Quedaron de responderle.
Pasaron casi tres meses y, luego de varias vueltas a la oficina del panista, le respondieran con una negativa. “No hay recursos por los sismos en la Ciudad de México y el sur del país”, fue la justificación que le dieron.
Pero la mujer ignoraba que el 1 de agosto la Junta de Coordinación Política del Congreso recibió una carta del legislador donde exponía, a nombre de Alicia, la necesidad de que se le pagara una factura “porque no cuenta con los recursos suficientes”.
La carta se acompañó de un oficio supuestamente firmado por la solicitante, en la que requería el apoyo de los diputados para comprar materiales de construcción, “ya que somos de bajos recursos aquí en la comunidad donde nos ubicamos dentro del municipio de Ciudad del Maíz”.
Ese mismo día, el Congreso expidió una factura a nombre de la empresa Fradima, S.A. por 38 mil 836 pesos, que amparaban el pago de varilla, cemento, alambre y yeso.
Ese entramado se conoció después de ser revelado por la organización ciudadana Ganemos, que forma parte del Frente Ciudadano Anticorrupción. Su dirigente, Óscar David Reyes Medrano, dijo que se trata de “la segunda ecuación de la corrupción” en el Congreso local, cuyos escándalos en este rubro escalan cada vez más.
A principios de junio se conoció la primera “ecuación de la corrupción”. En este caso, un video difundido por el periódico Pulso exhibió a otro diputado del PAN, Enrique Flores Flores, en una reunión con un alcalde a quien pidió un “moche” a cambio de “limpiar” las irregularidades u observaciones en la cuenta pública de su administración.
Apro publicó que la extorsión era práctica común de Flores y diputados de otras fracciones, algunos de los cuales solicitaron licencia cuando el reclamo ciudadano alcanzó la toma del Congreso, además de que se interpusieron denuncias penales, que a la fecha no han prosperado en la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Mientras se conocía el video de esa primera “Ecuación de la corrupción”, los desvíos de recursos en el Congreso local, específicamente los destinados a la “ayuda social” que entregan diputadas y diputados, siguieron su curso.
En estas maniobras apareció el nombre de Mariano Niño Martínez, ingeniero industrial con maestrías en Administración, especializado en finanzas y gestión pública aplicada.
Como militante del PAN desde hace 20 años, el legislador ocupó los cargos de dirigente municipal y secretario del Comité Directivo Estatal. En la iniciativa privada ha formado parte de la Coparmex y la Canirac. Y, según describe con sus propias palabras en su resumen profesional publicado por el Congreso, es miembro del Consejo de administración del Lomas Raquet Club.
Los oficios, facturas y datos que recibió y rastreó la organización Ganemos, mismos que fueron exhibidos en denuncia pública y en una demanda ante la PGJ, este martes 12, apuntan a que por lo menos seis solicitudes se hicieron bajo el mismo esquema; es decir, la oficina de Niño tramitó y cobró –a través de diversos prestadores que supuestamente facturaron servicios de variada índole– cerca de 200 mil pesos entre marzo y octubre de este año.
Uno de los oficios presentados al Congreso de SLP por el diputado panista Mariano Niño Martínez
Vilezas
En la denuncia de Ganemos, Mariano Niño Martínez es señalado como presunto responsable “de todo tipo de triquiñuelas” que, según Óscar David Reyes Medrano, pueden configurar los delitos de fraude y uso indebido de documentos ilegales.
La principal tiene que ver con la utilización y falsificación del nombre y firma de personas que le pidieron ayuda para gestionar recursos ante la Junta de Coordinación Política del Congreso, mismos que fueron pagados a través de facturas de empresas diversas, pero nunca llegaron a manos de quienes hicieron la petición.
Pero hay más. De acuerdo con el rastreo que efectuó la organización con base en un expediente que recibió de manera anónima a principios de noviembre, varios de los supuestos beneficiarios de los recursos que gestionó y obtuvo el diputado panista nunca hicieron tal solicitud, y así lo expusieron –la mayoría de manera personal y directa– a los integrantes de Ganemos.
“Recibimos un correo en el que nos referían que el diputado estaba robando dinero y engañando a la gente, que les decía que vería la probabilidad de ayudarles y a la mera hora les dice que ya no pudo, pero mientras tanto se queda con sus credenciales de elector y las utiliza para hacer sus gestiones y falsificando sus firmas. Nos quedó la duda, pero con la información recibida pudimos investigar y encontramos a varias personas que no sólo no habían recibido los recursos, sino que algunas ni siquiera los habían solicitado y no saben cómo obtuvieron sus credenciales de elector”, narró a Apro Óscar Reyes Medrano.
Puso como ejemplo el caso de un taxista que acudió con el diputado panista para que le facilitara el acceso a algún programa de apoyo a emprendedores, con el objetivo de iniciar un negocio propio.
“El señor ya ni le movió porque cuando fue a Hacienda se le hicieron muy complicados los trámites y ya no hizo nada. Pero no pidió un peso y aparece su firma en uno de los oficios, que él aclara es falsa”, señaló Reyes Medrano.
Incluso entre los documentos con los que el diputado Niño Martínez “comprobaba” el uso de recursos, figuran algunas cartas de los supuestos beneficiarios agradeciendo el beneficio recibido.
Es el caso de Alma Delia Terrones Flores, quien nunca hizo petición alguna al legislador del Partido Acción Nacional, pero la copia de su credencial de elector aparece en el oficio que éste dirigió a la Junta de Coordinación Política el pasado 16 de junio, pidiendo apoyo con tanques cisterna.
Niño anexó un oficio en el que presuntamente la mujer expone la necesidad de que se les otorguen las cisternas “porque la falta de agua nos obliga a almacenarla y no tenemos la capacidad suficiente”. Las cisternas supuestamente beneficiarían a cinco vecinos de la localidad de Los Retes en el municipio de Mexquitic de Carmona San Luis Potosí.
En la documentación obtenida por Ganemos figura otra carta en la que aparece la supuesta firma de Alma Delia, dirigida a los diputados con este contenido: “Me es grato saludarles y a la vez agradecerles el apoyo brindado a la comunidad de Los Retes en el municipio de Mexquitic de Carmona SLP.
“Por lo que declaro, bajo protesta de decir la verdad, se recibió en mi domicilio lo siguiente: 5 cisternas de 5000 lts c/u que beneficiarán a 5 hogares de la comunidad de Los Retes en municipio de Mexquitic de Carmona SLP”.
En otra de las peticiones (copias de los documentos fueron entregadas a Apro), una supuesta madre soltera, quien cuida a sus padres, de avanzada edad, pide –a través del mismo diputado– auxilio para ampliar su casa porque “ya no caben”.
La Junta autorizó los recursos y el 25 de julio el Congreso recibió una factura a nombre de JOEF innovadores, con domicilio fiscal en calle Jerusalén 244, colonia Ricardo B. Anaya segunda sección, por 25 mil pesos, que ampara 87 piezas de varilla y cinco sacos de cemento.
El 11 de agosto, los diputados de la Junta recibieron la “carta de agradecimiento” por las 87 varillas del número tres y los cinco bultos de cemento, que la aparente beneficiaria en realidad nunca recibió.
Este miércoles, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN emitió un comunicado en el que solicita Mariano Niño Martínez “que aclare el asunto en cuestión”, aunque dejó en manos de las autoridades la investigación.
“Ninguna actuación personal de ningún servidor público emanado del PAN que esté vinculada a un posible acto de ilegalidad y opacidad representa los valores del PAN”, destaca el documento atribuido al dirigente Xavier Azuara, en el que se pide una investigación oficial profunda “que arroje resultados tangibles para los potosinos”.
No obstante, en tono ambiguo el CDE refiere que “al interior del partido se hará lo que corresponde… serán los órganos internos quienes estudien y resuelvan los temas”.
La denuncia penal en contra del diputado panista fue presentada en la Mesa de delitos cometidos por servidores públicos. La recibió el agente del Ministerio Público de la Unidad de atención temprana Héctor Aldaroso Guzmán.
En ella, Alicia Zapata Anguiano asentó: “No hemos podido pagar los gastos funerarios de traslado (de su hijo) y, además, tenemos pendientes cuentas por pagar al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto”.
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