“¡Golpistas, golpistas! ¡Esto no es diálogo!”, les gritó el activista Alfredo Lecuona a los senadores del PRI y de Acción Nacional que apoyan la Ley de Seguridad Interior en el momento más bochornoso de la sesión de comisiones unidas para dictaminar este proyecto rechazado por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
La senadora Cristina Díaz, del PRI, presidenta de la Comisión de Gobernación perdió la compostura, regañó al asistente y sometió a votación después de más de una hora de discusión las propuestas de moción suspensiva, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y la propuesta de ampliar las audiencias públicas, argumentada por el senador panista Juan Carlos Romero Hicks.
La aplanadora de los priistas y sus aliados del PAN, con Roberto Gil Zuarth a la cabeza, desecharon ambas propuestas por 15 votos contra 8 y por 15 contra 9, en el caso de las audiencias de Romero Hicks. La correlación de fuerzas estaba clara desde las 15:30 pm de este 13 de diciembre en que pretende el Senado aprobar la minuta procedente de la Cámara de Diputados con cambios a 9 artículos, considerados como insuficientes por la CNDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Ustedes podrán tener mayoría aquí, en el Senado, adentro, pero afuera, en las calles tienen una ínfima minoría ante la población. Hasta los obispos se han expresado en contra. No podemos aprobar una ley así de espaldas a la población”, afirmó la senadora Dolores Padierna, quien remató señalando que “es la ley más grave que he visto en 18 años de legisladora”.
Durante todo el debate de dos horas para argumentar una consulta real y pública ante los sectores involucrados, los priistas guardaron silencio. Sólo dejaron a los opositores que se desahogaran.
El senador Alejandro Encinas, calificó como “deleznables” las audiencias del pasado lunes 11 de diciembre donde asistieron 7 gobernadores y 6 alcaldes, en sesión cerrada, sin posibilidad de participación.
En el mismo sentido, el senador Romero Hicks les reprochó a la mayoría: “Este Senado debe tener dignidad. No ha habido audiencias públicas”. Fue respaldado por la senadora Pilar Ortega, así como varios legisladores de Acción Nacional y del PT-Morena y del PRD.
El coordinador de la bancada del PRD, Luis Sánchez, desde el principio reforzó la posición de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien afirmó que hubo “oídos sordos” del Senado a las organizaciones civiles y les reprochó que hasta el presidente Enrique Peña Nieto había convocado a un “diálogo” el pasado viernes 8 de diciembre.
Sánchez leyó los dos párrafos principales del comunicado conjunto de la CNDH y del Alto Comisionado donde advierten que, pese a los 9 artículos modificados, el proyecto de Ley de Seguridad Interior “sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto a los derechos humanos en México, la vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantienen vigentes”.
Ambos organismos le advirtieron al Senado que “no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley” en un proceso legislativo que termina este viernes 15 de diciembre.
La senadora panista Laura Rojas, en tono sarcástico, se burló de algunos legisladores priistas que consideraron que este comunicado sólo representa a “dos organizaciones”: “le recuerdo que la ONU es un organismo de Estados nacionales, en la cual México participa y ninguna de sus posiciones es personal, sino consensuada”.
Rojas citó también a otro gobernador panista, cuyo nombre no mencionó, que ni siquiera fue convocado a la reunión del lunes 11 de diciembre.
El senador Fidel Demédicis, del PT Morena, leyó las palabras de Peña Nieto del viernes 8 de diciembre llamando a “un acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil”, opositoras a la Ley de Seguridad Interior.
“¿Cuál es la prisa de aprobar fast track una ley que sabemos va a generar una ola de desestabilización en el país, producto de las protestas de los mexicanos y las mexicanas que están en contra de que se militarice el país”, afirmó el legislador morelense.
Tras la votación en contra de la moción suspensiva y de que se abriera a audiencias públicas el análisis de la ley que faculta a efectivos militares a realizar una serie de tareas propias de autoridades civiles, los senadores continuaron la dictaminación para tenerla listo el dictamen esta noche o mañana jueves 14 y sea aprobado por el pleno.
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