“Temo por mi vida”, dice empresario que denunció a Collado

Juan Collado en el corazón de la mafia del poder

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ya he recibido amenazas de varios tipos”, reveló el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la red de lavado de dinero en la empresa Libertad Servicios Financieros propiedad del abogado Juan Collado Mocelo y que involucra a los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto.

“Temo por mi vida y la de mi familia”, declaró el empresario queretano al periodista Alvaro Delgado, quien la publicó hoy en su columna “Historia de lo inmediato”, en el diario El Heraldo de México, a una semana de que fue detenido Collado por la FGR, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Bustamante Figueroa denunció a Collado Mocelo y aseguró que Libertad Servicios Financieros es en realidad propiedad de Salinas de Gortari y Peña Nieto, así como del gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, y del senador Mauricio Kuri González.

La denuncia de Bustamante Figueroa, quien teme por su seguridad y la de su familia, implica además de los dos expresidentes y miembros de la cúpula del PAN, a empresarios como el casinero Javier Rodríguez Borgio y Martín Díaz, sobrino de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda.

Aprehenden a tres ex servidores de Finanzas de la CDMX por desvío de 190 millones

Lucha contra la corrupción

Berenice Guerrero

Transfirieron recursos del erario a una cuenta de empresa fantasma

Laura Gómez Flores

 

Periódico La Jornada
Martes 16 de julio de 2019, p. 29

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) aprehendió a tres ex trabajadores de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México por su probable participación en el delito cometido por servidores públicos contra la hacienda pública local, por un monto de 190 millones 24 mil 307 pesos.

Berenice Guerrero Hernández, ex subsecretaria de Planeación Financiera; José Iván Morales Palafox, ex director de Operación de Fondos y Valores, y Gabriel Rincón Hernández, director general de Administración Finaciera, serían los primeros ex funcionarios detenidos por corrupción.

El 7 de junio del año pasado, la ex subsecretaria presuntamente firmó la transferencia de recursos de la cuenta bancaria de la dependencia a la de una empresa que no estaba registrada en el padrón de proveedores de la institución ni contaba con antecedentes en la administración pública.

Además no se especificó la obra o el servicio a realizar por la compañía –que no existe– y no se cubrió ninguno de los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la ciudad ni con los ordenamientos para realizar pagos por esas cantidades.

De acuerdo con la denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, no mediaron bases sobre servicios o productos, términos de referencia, procesos de licitación ni cuentas por liquidar certificadas, entre otras.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales inició la indagatoria y giró oficios a la Policía de Investigación para ubicar a testigos; mientras peritos recaban dictámenes.

Con los trabajos de inteligencia, gabinete y campo desarrollados por los agentes se conoció la probable participación de los tres implicados y el puesto que ocupaban como servidores públicos, y se confirmó con instituciones bancarias los movimientos en cuentas públicas de particulares.

Asimismo se corroboró el daño causado a la hacienda pública de la Ciudad de México, por lo que, una vez reunidas las pruebas, se solicitó a un juez de control liberar las órdenes de aprehensión contra los implicados, que se cumplieron ayer.

Uno de los hombres, de 37 años, fue capturado en la demarcación Azcapotzalco, y otro, de 57, en Venustiano Carranza; en tanto, la mujer, de 41 años, fue detenida en Benito Juárez. En los tres casos se cumplió con el debido proceso y se respetaron en todo momento sus derechos humanos, precisó la PGJ.