En el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade se convirtió en titular de la Sedesol, esta dependencia consiguió más de 12 mil millones de pesos adicionales al presupuesto que tenía aprobado; oficialmente se dijo que los recursos serían utilizados para apoyar a niños y ancianos indígenas. Sin embargo, los años siguientes a 2015 –año electoral– el presupuesto para esa población regresó a las cantidades de antes. Es decir, el ahora candidato presidencial contabilizó a millones de niños y ancianos indígenas “fantasmas” que no volvieron a aparecer, igual que el dinero extra que recibió.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade Kuribreña asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia consiguió incrementos presupuestales por 12 mil 645 millones de pesos que, sin pasar por el Congreso ni consultar a las dependencias previstas por la ley, tuvieron un destino incierto.
Un análisis presupuestal del gobierno permitió observar que dichos recursos servirían para beneficiar a 2 millones 466 mil adultos mayores y a otros 2 millones y medio de niños, ambos entre la población indígena y que, según estadísticas oficiales, no existen.
La anomalía en el manejo presupuestal fue informada a Miguel Ángel Osorio Chong, cuando era secretario de Gobernación; a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, así como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, sin embargo, no indagaron ni hicieron público lo ocurrido.
Mediante un programa llamado Pensión para Indígenas Adultos Mayores, de la Sedesol, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2015 había previsto fondos por el orden de 12 mil 958 millones de pesos. Pero a la llegada de Meade –hoy candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México– se aplicaron modificaciones en el tercer y cuarto trimestres que, de manera inexplicable, aumentó a 23 mil 376 millones de pesos.
Los datos fueron identificados en 2016 por Jaime Martínez Veloz, entonces titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, que denunció el comportamiento presupuestal anómalo del segundo semestre de 2015.
Al notar la modificación presupuestal, Martínez Veloz vio que el mencionado programa estaba destinado a indígenas de 65 años o más, una población objetivo variable, dependiendo de la definición estadística y la metodología pero que, en el gobierno federal tiene como base los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Los datos del INEGI fueron interpretados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que contabilizó 892 mil 190 indígenas mayores de 65 años en todo el país.
El cálculo de Martínez Veloz fue elemental: un beneficiario del programa recibe una pensión mensual de 580 pesos, esto es 6 mil 960 pesos anuales. Por lo tanto, con el presupuesto de 12 mil 958 millones se podía atender a 1 millón 861 mil 800 personas, una cantidad que, conforme a la estadística oficial, era más del doble de la población objetivo.
Ya con el incremento presupuestal a 23 mil 376 millones de pesos se podría atender a 3 millones 358 mil 588 personas. Esto es, 3.8 veces la cantidad de adultos mayores indígenas que hay en México. Dicho de otra manera: partiendo del supuesto poco probable de que todos los adultos mayores indígenas hubieran recibido el beneficio, quedan 2 millones 466 mil 398 beneficiarios que no existen.
Conforme al análisis realizado por la CDPIM, en 2016 y 2017 los recursos asignados al programa Pensión para Indígenas Adultos Mayores, volvió a los niveles que tenía originalmente en el PEF de 2015.
“La cuestión es: ¿qué hicieron con los millones de indígenas mayores de 65 años que incorporaron en 2015? ¿En 2016 ya no los apoyaron? ¿Los desaparecieron de los padrones? ¿O en realidad nunca existieron?”, plantea Martínez Veloz en entrevista.
También los niños
Como ocurrió con los recursos para los adultos mayores pasó también con lo destinado a niños beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles Indígenas: hubo un incremento de mil por ciento, pero los recursos no reflejaron una ampliación de estancias ni de niños beneficiarios.
En el mismo segundo semestre de 2015 la partida para dicho programa se incrementó de 228 millones a 2 mil 515 millones de pesos.
Según datos oficiales, disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Sedesol, en 2014 había 9 mil 504 estancias infantiles indígenas en el país que atendían a 290 mil 175 niños.
Al concluir 2015, los datos oficiales establecen que había 9 mil 534 estancias infantiles –sólo 30 más– en las que se atendía a 303 mil 374 niños, esto es 13 mil 199 infantes más, una cifra que de por sí, parece desproporcionada en el análisis de la CDPIM.
Una vez más la operación es sencilla y el contraste insostenible, asumiendo que la información sobre cantidad de estancias y niños beneficiarios es verídica: el presupuesto para esas estancias creció mil por ciento, pero la cantidad de estancias aumentó sólo .3% y el número de beneficiarios, 4.5%.
Para 2016 el presupuesto volvió a ser como se había programado en el PEF 2015, por lo que el entrevistado vuelve a plantear:
“¿Dieron de baja a niños no indígenas para incorporar indígenas? ¿A mitad de año? ¿Cómo supieron que eran indígenas los que incorporaron? ¿Y dónde están los expulsados del programa?”
En total, con esos dos programas, la cantidad irregular asciende a 12 mil 645 millones de pesos.
Los denunció
El pasado 10 de enero Martínez Veloz presentó su renuncia a la CDPIM, pero aclara: “Que no se cuestione por qué no denuncié antes”. Luego ofrece los documentos con sello de recibido en 2016 y 2017.
En dos oficios dirigidos a Osorio Chong (SG/CDPIM/109/2017 y SG/CDPIM/110/2017, del 2 y el 5 de octubre de 2017, respectivamente, de los que Proceso tiene copia), Martínez Veloz entregó un análisis del presupuesto destinado a programas relacionados con la población indígena.
Los oficios fueron entregados también, en las mismas fechas, a los diputados Vitalico Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y a Charbel Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ambos priistas, así como al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
Con base en el artículo 26, fracción I, del PEF 2017, las disposiciones de operación de programas en materia indígena deben considerar la participación de la CDI, así como de la CDPIM, por lo que Martínez Veloz realizó la revisión, encontrando una reducción drástica a todos los programas del rubro, así como las irregularidades respecto a las que expuso:
“En diversos análisis de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, elaborados por esta Comisión, se ha documentado la falta de claridad acerca de los criterios y metodologías usadas por estos programas para identificar a la población indígena y ejercer los recursos etiquetados, lo que implica que mientras los recortes al presupuesto sí impactaron directamente a la población indígena, los incrementos compensatorios no representaron beneficios adicionales a este sector de la población.”
Por “incrementos compensatorios” se refiere en el documento, a la forma en que se disparó el presupuesto de la Sedesol.
Todo se inició a mediados de 2016 –explica Martínez Veloz– cuando la integración del PEF 2017 observó que había “una tendencia a reducir sustancial y sistemáticamente los recursos destinados a la atención de esta población”.
Los datos del gasto público así lo reflejaban. Por ejemplo, en 2015 se redujo 22.5% el presupuesto de la CDI; el Programa de Infraestructura Indígena bajó 31.2%. Y como los programas de atención a los pueblos y comunidades indígenas son transversales, es decir, implican a diferentes dependencias y entidades gubernamentales, identificó otros recortes drásticos.
Los programas operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se redujeron 26.6%; por la Secretaría de Agricultura, 27.8%; de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 37.2%. En suma, esos recortes representaron una reducción total al presupuesto destinado a programas de atención a la población indígena por 8 mil 781 millones de pesos, una cantidad 3 mil millones de pesos inferior a lo que se asignó la Sedesol de Meade.
“Nos dimos cuenta de que en el tercer trimestre de 2015, cuando entra José Antonio Meade a Sedesol, se disparó la inversión. Naturalmente no consultaron a la CDI ni a la CDPIM, fue un acuerdo de Sedesol con Hacienda, donde era titular Luis Videgaray”, explica.
El tercer trimestre se operó un primer incremento al programa de Adultos Mayores Indígenas para situar en 16 mil millones el presupuesto anual; en el cuarto trimestre se registró otra ampliación que lo coloca en 19 mil millones y, “si hasta entonces se nos hacía muy raro, nuestra sorpresa fue cuando vimos en la cuenta pública que terminó en los 23 mil 350 millones… todo, en 2015, un año electoral”.
Añade: “Hubo un disparo de las cifras en 2015 que es inexplicable y que nosotros hicimos del conocimiento de quienes podían hacer algo. Yo no soy investigador y teníamos que llevarlo a las instancias competentes, que son la Cámara de Diputados y la ASF”.
–¿Y nadie respondió?
–Fuimos a la Auditoría Superior de la Federación a decirles que estábamos preocupados por esta situación. Después tuvieron otras prioridades… pero lo cierto es que no contestaron.
–¿En qué momento fueron?
–Primero cuando vimos el primer salto en 2016 y no tuvimos respuesta. Cuando vimos que el asunto no avanzaba y sobre todo cuando recortaron otros rubros que repercuten en los pueblos y comunidades indígenas y que coincidían con la llegada de Meade a la Secretaría de Hacienda, nos reunimos el 25 de octubre de 2017 con Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de la ASF.
En una revisión realizada por Proceso al sistema de consulta pública de la ASF, resultó que las auditorías practicadas a la Sedesol por el ejercicio fiscal 2015 no incluyeron los programas de adultos mayores ni de estancias infantiles indígenas.
Y debido a la secrecía que deben guardar los órganos internos de control, no fue posible saber si la Secretaría de la Función Pública o el órgano interno de control abrieron alguna investigación al respecto.
El recorte a la CDI fue también inusual y, para el entrevistado, injustificado, sin ningún criterio, desproporcionado. De 11 mil 900 millones que tenía se le dejó en 5 mil 900 millones de pesos.
“A los indígenas en términos presupuestales les fue mal con Meade. Tuvimos reuniones con el Congreso, con representantes de pueblos indígenas, y aunque hubo diputados que apoyaban que al menos se establecieran los mínimos para esta dependencia, a final de cuentas quedó tal como lo presentó Meade.”
La preocupación, advierte, por los recortes presupuestales era por la creciente conflictividad en pueblos y comunidades indígenas, y mientras la CDPIM intentaba acercamientos, se topaban con el malestar de los pueblos. La CDI prácticamente estaba incapacitada para dar respuesta, dice, pues cuando llegaban, encontraban que se habían cancelado programas de agua potable, vivienda o infraestructura social.
“En Gobernación enfrentábamos las broncas que se generaban por las condiciones que imponían las áreas económicas. En Hacienda, por ejemplo, sin decir agua va, cortaban presupuestos sin ninguna justificación. Luego los incrementaban, como este incremento que es inusual y que autorizaron de esa partida de adultos mayores sin ninguna aprobación del Congreso, ni opinión de nosotros ni de nadie.”
–¿Identificó ampliación en padrones o algo que acreditara cómo se bajó esa cantidad?
–No, ¿de dónde lo pueden inventar si el INEGI dice que no existen? Al año siguiente las partidas asignadas regresaron a los términos iniciales de 2015 y 2014. El único año en que hubo un disparo en esa partida fue 2015, en el momento en que estaba Meade al frente de la Sedesol.
Su conclusión: “Lo que puedo decir es que inventaron 1 millón y medio de indígenas mayores de 65 años que no existen en el país, que son fantasmas. No hay forma de justificarlo, te lo digo categóricamente. Lo que hizo (Meade) con la CDI fue quitarle recursos, y de eso que le quitó lo mandó a la Sedesol para atender un grupo fantasma, un grupo que no existe, de beneficiarios”.
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