Priísta señalada de operar red de trata rinde protesta como diputada

Ángel Bolaños Sánchez

 

Periódico La Jornada
Miércoles 19 de septiembre de 2018, p. 46

Sandra Esther Vaca Rodríguez, señalada en 2014 como reclutadora en una red de prostitución que operaba en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) capitalino para el entonces dirigente del partido, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, rindió protesta ayer al cargo de diputada del Congreso de la Ciudad de México luego de que se aprobó la licencia solicitada por la diputada titular, Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez para separarse del cargo.

La ahora diputada con licencia rindió protesta el lunes para la instalación del Congreso y ese mismo día dirigió a la mesa directiva el escrito por el que solicitó licencia, por así convenir a mis intereses políticos y personales.

En un reportaje que transmitió en 2014 la periodista Carmen Aristegui, realizado por una reportera infiltrada en ese instituto político, Vaca Rodríguez y otra mujer llamada Claudia Priscila Martínez González fueron identificadas como las personas que reclutaban a mujeres jóvenes a las que ofrecían trabajo de edecán, pero una vez allí se les pedía realizar servicios sexuales para Gutiérrez de la Torre.

Al siguiente año, en el proceso interno de selección de candidatos, el Revolucionario Institucional capitalino intentó registrarla como candidata a una diputación de la Asamblea Legislativa por el distrito 24 en la delegación Iztapalapa, pero el caso fue revisado por la Comisión de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional.

Posteriormente, apareció en 2016 como presidenta de la Red de Jóvenes por México y con ese cargo partidario participó en actos del ex candidato del PRI a la jefatura de Gobierno, Mikel Arriola Peñalosa, y este año obtuvo la diputación al ser registrada como candidata suplente, en fórmula con Gutiérrez Rodríguez, en el segundo lugar de la lista de candidatos de representación proporcional.

En Milenio, Meade encubre a sus cómplices

“Pérame, pérame”, interrumpe molesto Meade ante cuestionamientos sobre la corrupción en su entrevista con Milenio

POR  JENARO VILLAMIL en Homozapping

Enojado, interrumpiendo a sus entrevistadores con un “¡pérame, pérame!”, el candidato presidencial priista José Antonio Meade perdió los estribos al ser cuestionado por la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por su responsabilidad en La Estafa Maestra, por los casos de Javier Duarte y Roberto Borge, ex mandatarios estatales del tricolor.

“Como servidor público y como hijo de servidor público, me da coraje la generalización y la reducción de lo público a corrupto”, sentenció Meade al responderle a Juan Pablo Becerra Acosta y hasta lanzó que los ex gobernadores de Veracruz y Quintana Roo están en la cárcel gracias a su función en la Secretaría de Hacienda.

-¿Presentaste alguna denuncia contra algún alto funcionario de Rosario Robles? –le preguntó Carlos Puig en la primera parte de la entrevista colectiva.

-A mí correspondió denunciar hechos. No funcionarios –atajó Meade.

-¿Te encontraste un cochinero en Sedesol? –insistió Puig.

Meade realizó una larga exposición sobre lo que le correspondía hacer como secretario, para el final de la entrevista quejarse de que le preguntaron más sobre lo que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación.

-¿Enrique Peña Nieto es honesto? –preguntó Silva Herzog Márquez.

-Sí… La pregunta relevante en esta elección es ¿Ricardo (Anaya) lo es? No, porque hizo negocios desde el poder. ¿Andrés Manuel lo es? No. En la boleta está un funcionario y ese soy yo.

En la primera y tensa parte de los 90 minutos de la entrevista colectiva, Meade trató de evadir los insistentes cuestionamientos sobre la herencia de corrupción de la administración peñista para insistir en que en esta elección, lo más importante es “la confianza” y no la indignación. “El tema de la elección es quién genera confianza”, insistió.

-¿El PRI genera confianza? –le pregunto Azucena Uresti.

-Sí. No estoy hablando para las élites. Estoy hablando para la gente que su dinero le va rendir menos.

Cuando la conductora, como en otros casos, quiso contrapuntearlo, Meade le dijo: “Pérame, Azucena, pérame”. Lo mismo le dijo a Carlos Puig cuando le cuestionó que la inversión pública en este sexenio es uno de los más bajos en los últimos gobiernos.

-¿No le pesa el PRI? –lo acorraló Azucena Uresti.

-Estamos diciendo que vamos a ganar –contestó molesto Meade.

-Tú nos dices que es Peña fue un presidente honesto, en medio de un gobierno corrupto. Nos dices que fuiste secretario de Hacienda, en medio de un gobierno corrupto –inició su pregunta Héctor Aguilar Camín.

-Eso lo dices tú- le corrigió Meade.

-Lo que nos interesa a los ciudadanos es que no hay un funcionario limpio en medio de una red de funcionarios. ¿De qué tamaño es esa red de corrupción? –le preguntó Aguilar Camín.

-Y tienes toda la razón, pero el que está en la boleta soy yo –le reviró Meade.

El penta secretario de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto señaló que para combatir la corrupción se necesitan “ministerios públicos autónomos y un presidente sin fuero”. Habló de  los casos de Singapur, de Hong Kong, en Corea del Sur, en Italia, pero volvió a molestarse cuando le insistieron en la corrupción.

En la última parte de la entrevista, Meade abundó sobre la estrategia de inseguridad pública y el combate al crimen organizado. Volvió a molestarse con Puig cuando el reportero le recordó que los errores cometidos en este sexenio fueron por decisiones tomadas por Peña Nieto, como el hecho de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública para dejarla en la Secretaría de Gobernación.

“Tú crees que la política pública es una cosa de nombres y apellidos”, le reprochó Meade.

El candidato priista rechazó la posibilidad de la amnistía porque lo que ha cambiado es “la estructura de ingresos del crimen organizado” y “con la delincuencia organizada hoy no puedes tener diálogo”.

Se destapa corrupción de Meade en Sedesol: desaparece 12 mil mdp destinados a indígenas

En el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade se convirtió en titular de la Sedesol, esta dependencia consiguió más de 12 mil millones de pesos adicionales al presupuesto que tenía aprobado; oficialmente se dijo que los recursos serían utilizados para apoyar a niños y ancianos indígenas. Sin embargo, los años siguientes a 2015 –año electoral– el presupuesto para esa población regresó a las cantidades de antes. Es decir, el ahora candidato presidencial contabilizó a millones de niños y ancianos indígenas “fantasmas” que no volvieron a aparecer, igual que el dinero extra que recibió.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade Kuribreña asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia consiguió incrementos presupuestales por 12 mil 645 millones de pesos que, sin pasar por el Congreso ni consultar a las dependencias previstas por la ley, tuvieron un destino incierto.

Un análisis presupuestal del gobierno permitió observar que dichos recursos servirían para beneficiar a 2 millones 466 mil adultos mayores y a otros 2 millones y medio de niños, ambos entre la población indígena y que, según estadísticas oficiales, no existen.

La anomalía en el manejo presupuestal fue informada a Miguel Ángel Osorio Chong, cuando era secretario de Gobernación; a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, así como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, sin embargo, no indagaron ni hicieron público lo ocurrido.

Mediante un programa llamado Pensión para Indígenas Adultos Mayores, de la Sedesol, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2015 había previsto fondos por el orden de 12 mil 958 millones de pesos. Pero a la llegada de Meade –hoy candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México– se aplicaron modificaciones en el tercer y cuarto trimestres que, de manera inexplicable, aumentó a 23 mil 376 millones de pesos.

Los datos fueron identificados en 2016 por Jaime Martínez Veloz, entonces titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, que denunció el comportamiento presupuestal anómalo del segundo semestre de 2015. 

Al notar la modificación presupuestal, Martínez Veloz vio que el mencionado programa estaba destinado a indígenas de 65 años o más, una población objetivo variable, dependiendo de la definición estadística y la metodología pero que, en el gobierno federal tiene como base los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Los datos del INEGI fueron interpretados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que contabilizó 892 mil 190 indígenas mayores de 65 años en todo el país.

El cálculo de Martínez Veloz fue elemental: un beneficiario del programa recibe una pensión mensual de 580 pesos, esto es 6 mil 960 pesos anuales. Por lo tanto, con el presupuesto de 12 mil 958 millones se podía atender a 1 millón 861 mil 800 personas, una cantidad que, conforme a la estadística oficial, era más del doble de la población objetivo.

Ya con el incremento presupuestal a 23 mil 376 millones de pesos se podría atender a 3 millones 358 mil 588 personas. Esto es, 3.8 veces la cantidad de adultos mayores indígenas que hay en México. Dicho de otra manera: partiendo del supuesto poco probable de que todos los adultos mayores indígenas hubieran recibido el beneficio, quedan 2 millones 466 mil 398 beneficiarios que no existen. 

Conforme al análisis realizado por la CDPIM, en 2016 y 2017 los recursos asignados al programa Pensión para Indígenas Adultos Mayores, volvió a los niveles que tenía originalmente en el PEF de 2015.

“La cuestión es: ¿qué hicieron con los millones de indígenas mayores de 65 años que incorporaron en 2015? ¿En 2016 ya no los apoyaron? ¿Los desaparecieron de los padrones? ¿O en realidad nunca existieron?”, plantea Martínez Veloz en entrevista.

También los niños

Como ocurrió con los recursos para los adultos mayores pasó también con lo destinado a niños beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles Indígenas: hubo un incremento de mil por ciento, pero los recursos no reflejaron una ampliación de estancias ni de niños beneficiarios.

En el mismo segundo semestre de 2015 la partida para dicho programa se incrementó de 228 millones a 2 mil 515 millones de pesos.

Según datos oficiales, disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Sedesol, en 2014 había 9 mil 504 estancias infantiles indígenas en el país que atendían a 290 mil 175 niños.

Al concluir 2015, los datos oficiales establecen que había 9 mil 534 estancias infantiles –sólo 30 más– en las que se atendía a 303 mil 374 niños, esto es 13 mil 199 infantes más, una cifra que de por sí, parece desproporcionada en el análisis de la CDPIM.

Una vez más la operación es sencilla y el contraste insostenible, asumiendo que la información sobre cantidad de estancias y niños beneficiarios es verídica: el presupuesto para esas estancias creció mil por ciento, pero la cantidad de estancias aumentó  sólo .3% y el número de beneficiarios, 4.5%.

Para 2016 el presupuesto volvió a ser como se había programado en el PEF 2015, por lo que el entrevistado vuelve a plantear:

“¿Dieron de baja a niños no indígenas para incorporar indígenas? ¿A mitad de año? ¿Cómo supieron que eran indígenas los que incorporaron? ¿Y dónde están los expulsados del programa?”

En total, con esos dos programas, la cantidad irregular asciende a 12 mil 645 millones de pesos.

Los denunció

El pasado 10 de enero Martínez Veloz presentó su renuncia a la CDPIM, pero aclara: “Que no se cuestione por qué no denuncié antes”. Luego ofrece los documentos con sello de recibido en 2016 y 2017.

En dos oficios dirigidos a Osorio Chong (SG/CDPIM/109/2017 y SG/CDPIM/110/2017, del 2 y el 5 de octubre de 2017, respectivamente, de los que Proceso tiene copia), Martínez Veloz entregó un análisis del presupuesto destinado a programas relacionados con la población indígena.

Los oficios fueron entregados también, en las mismas fechas, a los diputados Vitalico Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y a Charbel Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ambos priistas, así como al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal.

Con base en el artículo 26, fracción I, del PEF 2017, las disposiciones de operación de programas en materia indígena deben considerar la participación de la CDI, así como de la CDPIM, por lo que Martínez Veloz realizó la revisión, encontrando una reducción drástica a todos los programas del rubro, así como las irregularidades respecto a las que expuso:

“En diversos análisis de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, elaborados por esta Comisión, se ha documentado la falta de claridad acerca de los criterios y metodologías usadas por estos programas para identificar a la población indígena y ejercer los recursos etiquetados, lo que implica que mientras los recortes al presupuesto sí impactaron directamente a la población indígena, los incrementos compensatorios no representaron beneficios adicionales a este sector de la población.”

Por “incrementos compensatorios” se refiere en el documento, a la forma en que se disparó el presupuesto de la Sedesol.

Todo se inició a mediados de 2016 –explica Martínez Veloz– cuando la integración del PEF 2017 observó que había “una tendencia a reducir sustancial y sistemáticamente los recursos destinados a la atención de esta población”.

Los datos del gasto público así lo reflejaban. Por ejemplo, en 2015 se redujo 22.5% el presupuesto de la CDI; el Programa de Infraestructura Indígena bajó 31.2%. Y como los programas de atención a los pueblos y comunidades indígenas son transversales, es decir, implican a diferentes dependencias y entidades gubernamentales, identificó otros recortes drásticos.

Los programas operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se redujeron 26.6%; por la Secretaría de Agricultura, 27.8%; de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 37.2%. En suma, esos recortes representaron una reducción total al presupuesto destinado a programas de atención a la población indígena por 8 mil 781 millones de pesos, una cantidad 3 mil millones de pesos inferior a lo que se asignó la Sedesol de Meade.

“Nos dimos cuenta de que en el tercer trimestre de 2015, cuando entra José Antonio Meade a Sedesol, se disparó la inversión. Naturalmente no consultaron a la CDI ni a la CDPIM, fue un acuerdo de Sedesol con Hacienda, donde era titular Luis Videgaray”, explica.

El tercer trimestre se operó un primer incremento al programa de Adultos Mayores Indígenas para situar en 16 mil millones el presupuesto anual; en el cuarto trimestre se registró otra ampliación que lo coloca en 19 mil millones y, “si hasta entonces se nos hacía muy raro, nuestra sorpresa fue cuando vimos en la cuenta pública que terminó en los 23 mil 350 millones… todo, en 2015, un año electoral”.

Añade: “Hubo un disparo de las cifras en 2015 que es inexplicable y que nosotros hicimos del conocimiento de quienes podían hacer algo. Yo no soy investigador y teníamos que llevarlo a las instancias competentes, que son la Cámara de Diputados y la ASF”.

–¿Y nadie respondió?

–Fuimos a la Auditoría Superior de la Federación a decirles que estábamos preocupados por esta situación. Después tuvieron otras prioridades… pero lo cierto es que no contestaron.

–¿En qué momento fueron?

–Primero cuando vimos el primer salto en 2016 y no tuvimos respuesta. Cuando vimos que el asunto no avanzaba y sobre todo cuando recortaron otros rubros que repercuten en los pueblos y comunidades indígenas y que coincidían con la llegada de Meade a la Secretaría de Hacienda, nos reunimos el 25 de octubre de 2017 con Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de la ASF.

En una revisión realizada por Proceso al sistema de consulta pública de la ASF, resultó que las auditorías practicadas a la Sedesol por el ejercicio fiscal 2015 no incluyeron los programas de adultos mayores ni de estancias infantiles indígenas.

Y debido a la secrecía que deben guardar los órganos internos de control, no fue posible saber si la Secretaría de la Función Pública o el órgano interno de control abrieron alguna investigación al respecto.

El recorte a la CDI fue también inusual y, para el entrevistado, injustificado, sin ningún criterio, desproporcionado. De 11 mil 900 millones que tenía se le dejó en 5 mil 900 millones de pesos.

“A los indígenas en términos presupuestales les fue mal con Meade. Tuvimos reuniones con el Congreso, con representantes de pueblos indígenas, y aunque hubo diputados que apoyaban que al menos se establecieran los mínimos para esta dependencia, a final de cuentas quedó tal como lo presentó Meade.”

La preocupación, advierte, por los recortes presupuestales era por la creciente conflictividad en pueblos y comunidades indígenas, y mientras la CDPIM intentaba acercamientos, se topaban con el malestar de los pueblos. La CDI prácticamente estaba incapacitada para dar respuesta, dice, pues cuando llegaban, encontraban que se habían cancelado programas de agua potable, vivienda o infraestructura social. 

“En Gobernación enfrentábamos las broncas que se generaban por las condiciones que imponían las áreas económicas. En Hacienda, por ejemplo, sin decir agua va, cortaban presupuestos sin ninguna justificación. Luego los incrementaban, como este incremento que es inusual y que autorizaron de esa partida de adultos mayores sin ninguna aprobación del Congreso, ni opinión de nosotros ni de nadie.”

–¿Identificó ampliación en padrones o algo que acreditara cómo se bajó esa cantidad?

–No, ¿de dónde lo pueden inventar si el INEGI dice que no existen? Al año siguiente las partidas asignadas regresaron a los términos iniciales de 2015 y 2014. El único año en que hubo un disparo en esa partida fue 2015, en el momento en que estaba Meade al frente de la Sedesol. 

Su conclusión: “Lo que puedo decir es que inventaron 1 millón y medio de indígenas mayores de 65 años que no existen en el país, que son fantasmas. No hay forma de justificarlo, te lo digo categóricamente. Lo que hizo (Meade) con la CDI fue quitarle recursos, y de eso que le quitó lo mandó a la Sedesol para atender un grupo fantasma, un grupo que no existe, de beneficiarios”. 

Y que le encuentran residencia de 15 mdp a Ochoa Reza en Morelia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Guillermo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, Michoacán, denunció la construcción de una residencia con valor aproximado de 15 millones de pesos, presuntamente con recursos públicos, del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, en el exclusivo club de golf Altozano, de la ciudad de Morelia.
   
A través de un trabajador que participó en los acabados de lujo de la residencia y que se quejó del pago de su trabajo, se reveló la existencia de esta millonaria propiedad que, asegura, es de Ochoa Reza a quien vio varias ocasiones llegar en una camioneta acompañado de otras dos unidades con escoltas.
     

Se trata de una casa de tres niveles, varias recámaras, cocheras, varios baños y una terraza con un jacuzzi. Los acabados son de mármol y granito.
     
Según el trabajador, la puerta de la casa tiene una puerta traída de la India, cuyo costo es de “varios millones de pesos”. Los muebles de la cocina son de madera y los habría diseñado la hermana del líder nacional del PRI.
       
El trabajador estimó que el precio de la casa sería de 10 millones de pesos y el terreno otros 4 millones; aparte los acabados de mármol en un millón de pesos más. En total más de 15 millones de pesos, contando los acabados interiores. 

Al tomar la presidencia nacional del PRI, en 2016, Ochoa Reza declaró un terreno de 588 metros cuadrados en Michoacán, con un valor de 3 millones 371 mil 688 pesos en copropiedad con su esposa. Ahí dijo que se construía una casa de 488 metros cuadrados.

En un video de más de diez minutos de duración, el trabajador –cuya identidad se reserva- le narra a Guillermo Valencia, quien fue líder juvenil del PRI en Michoacán, los pormenores de la construcción de la residencia y la forma en que le hacían firmar a él y a los demás trabajadores recibos oficiales para el pago de sus servicios en efectivo.

“Todo eso me lo hacía firmar porque tenían que reportarlo a Hacienda. Me pedían la firma… como que él pidió más dinero y quería rellenar el gasto de la casa”, dijo el trabajador al referirse a Ochoa Reza.
   
El empleado mostró fotos del trabajo que hizo en los pisos, paredes y baños por el que había acordado cobrar 300 mil pesos y al final sólo le dieron 50 mil.
 
“No pago lo que me debía. Nada más me decía que terminara y que me iba a mandar mi finiquito. Yo le decía que quería lo que era mi paga”, relató el denunciante.

Entre 7 u 8 meses se realizaron los trabajos, aseguró el empleado, quien señaló que Ochoa Reza sólo llega a su residencia los fines de semana “a jugar golf” y a pasear.
   
Hay que recordar que cuando asumió la presidencia del PRI, Enrique Ochoa dio a conocer su declaración 3 de 3 en la que reportó ser el dueño de 50 automóviles, 41 Tsuru y 9 Tiida, pero sin mencionar las placas de taxi. 

Asimismo, una colección de arte con 54 obras, al igual que sus bienes inmuebles: de su casa en San Ángel, que vale 6 millones 900 mil pesos, y su departamento que ahora se sabe está ubicado en La Paz, Baja California Sur –con un valor de 9 millones 708 mil 552 pesos, adquirido a crédito–, se suma un terreno en su natal Morelia, Michoacán.   

El dirigente del PRI fue criticado porque en la revisión de sus declaraciones y su 3 de 3, se observa que no cumplió con la transparencia, pues no detalló cuánto ganó con sus taxis, cuál fue la ganancia de la compra y venta de su flotilla de autos, y tampoco sus ingresos por “actividad industrial, comercial, financiera y otros”.

Niega Hacienda que haya triangulado recursos al PRI en 2016

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó esta tarde que la dependencia haya desviado recursos por más de 250 millones de pesos a campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional en 2016, cuando la dependencia era dirigida por Luis Videgaray Caso.

Hacienda respondió así a la nota principal del diario Reforma que, en su edición impresa de este martes, tituló: “Triangula SHCP millonada al PRI”, en la cual recoge fragmentos de la declaración ministerial de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno del priista César Duarte.

Según la nota del diario, los gobiernos priistas de César Duarte en Chihuahua; Javier Duarte en Veracruz, y Egidio Torre en Tamaulipas pactaron con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para las campañas priistas.

La declaración ministerial de Herrera Corral, de acuerdo con Reforma, lleva el número de expediente 1701/2017 y clasificada como “Identidad Reservada”.

Fue rendida ante la Fiscalía de Chihuahua, y en ella se anota que Herrera sostiene que “Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y exsecretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones” … y contó “con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda”, con el cual aprobaron un convenio de ‘Fortalecimiento Financiero’ por 275 millones de pesos”, según reveló hoy Reforma.

En su respuesta –a través de su cuenta de Twitter y en el blog de su página web–, la Secretaría de Hacienda se muestra virulenta contra el diario, pero no acierta a convencer con argumentos.

“Esta información es falsa”, escribió en carta firmada por el titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocero, José Luis Ruiz, y dirigida a Lázaro Ríos, director general editorial del diario.

Agrega: “La nota de Reforma se basa en declaraciones aisladas que forman parte de una investigación en curso, por lo que carecen de cualquier valor probatorio”.

Acusa: “Reforma incumplió con los estándares de técnica y ética periodística al publicar una acusación, sin reflejar en la misma nota la posición del sujeto afectado. Esta Secretaría reitera su rechazo categórico a la acusación, que fue utilizada para generar la percepción infundada de la existencia de un hecho irregular.

Amenaza: “Cabe señalar que la declaración con la que se pretende sustentar la nota, se publica mediante la posible comisión de delitos relacionados con la violación de la secrecía de las investigaciones ministeriales prevista en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y pretende engañar, pues está documentada la opacidad en el ejercicio del gasto público por parte de la SHCP. Muchas organizaciones de la sociedad civil lo han demostrado:

“También en forma categórica la SHCP subraya que su actuación no atiende situaciones electorales, ni está sujeta a partido u organización política alguna. La programación, presupuestación y ejecución del gasto público se realiza con estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales”.

Finalmente, Hacienda se enoja:

“Le solicito que atento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de Réplica, esta carta deberá publicarse íntegramente sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia, a fin de informar debidamente a la opinión pública de la posición de esta Secretaría respecto de los hechos atribuidos el día de hoy”.

OHL soborna a íntimos de Peña; Luis Miranda, de Sedesol, uno de ellos

Los turbios manejos de la trasnacional OHL en México implican al círculo cercano del presidente Enrique Peña Nieto. Proceso pudo documentar los privilegios y sobornos que dispensó a funcionarios y parientes del mandatario. Su compadre y titular de Sedesol, Luis Miranda y Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, son dos ejemplos. Coincidentemente, en el emblemático municipio de Atlacomulco, se construirá un hospital del IMSS de 800 millones de pesos y la cuestionada constructora española pelea ese contrato en plena campaña electoral por la gubernatura del Estado de México.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras en España las investigaciones de la justicia sobre la corrupción de OHL ya hicieron caer a directivos amigos de los reyes y a políticos del gobernante Partido Popular, en México –de cuya sucursal salió dinero para sobornos en ese país– la empresa goza de privilegios y agasaja a funcionarios y a parientes del presidente Enrique Peña Nieto.

Justo cuando OHL busca que en pleno proceso electoral del Estado de México le sea asignada la construcción del hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Atlacomulco –con una inversión de más de 800 millones de pesos–, emergen datos de cómo esa empresa financió las vacaciones de Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social y compadre del presidente Enrique Peña.

Las vacaciones de Miranda Nava pagadas por OHL.

Las vacaciones de Miranda Nava pagadas por OHL.

Pero también pagó el disfrute de Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador Arturo Montiel Rojas –antecesor y tío de Peña Nieto–, en cuyo sexenio se instaló OHL en el Estado de México y construyó una de sus dos principales obras: el Circuito Exterior Mexiquense.

Hasta el secretario de Obras del gobierno de la Ciudad de México con Marcelo Ebrard, Fernando Aboitiz Saro, disfrutó con 15 miembros de su familia de la generosidad de OHL –a la que a su vez benefició con concesiones– en su lujoso hotel Fairmont Mayakoba, en Playa del Carmen, Quintana Roo, tal como lo hicieron en ese mismo lugar Miranda Nava y Montiel Yáñez.

En efecto, por cortesía de OHL, Miranda vacacionó con su familia en el Fairmont Mayakoba de la Riviera Maya, en abril de 2007, justo cuando se negociaba la concesión del Viaducto Bicentenario, la segunda obra de esta empresa en el Estado de México, siendo Peña Nieto gobernador.

El propio José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México, envió un mensaje vía correo electrónico a Víctor Hugo Martínez Pineda, gerente del hotel, para pagar los consumos de Miranda, a quien Peña recién había nombrado subsecretario de Gobierno tras su derrota ante el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones por la alcaldía de Toluca.

“Le reitero que los cargos de 48,123 pesos que usted me dijo eran los que había para la habitación 829 del Sr. Luis Miranda serán absorbidos (pagados) por OHL”, escribió textualmente De Oteyza a Martínez Pineda, la tarde del lunes 16 de abril, cuando Miranda dejó la habitación tras una estancia de seis días.

El correo De Oteyza a Martínez Pineda.

La cantidad, que amparaba sólo los consumos en la habitación –de cuya descripción Proceso tiene copia–, es económicamente pequeña –equivalente a 4 mil 370 dólares al tipo de cambio de esa fecha, a 10.99 pesos por dólar–, pero es reveladora del esquema de privilegios recíprocos.

“Evidencia la forma ordinaria de hacer negocios de OHL: corromper para obtener beneficios”, explica el abogado Paulo Díez Gargari, quien ha documentado los contubernios de la trasnacional española con prominentes políticos mexicanos, como lo ejemplifica el trato a Miranda: “La orden viene de De Oteyza”, destaca.

La factura de los consumos de Miranda en el hotel Fairmont Mayakoba –propiedad también de OHL– se emitió a nombre de OHL Concesiones México, S.A. de C.V., que hizo lo mismo con Montiel Yáñez, quien disfrutó de una estancia de tres días en el Fairmont Mayakoba, del 22 al 25 de febrero de 2007, que costó 65 mil 182 pesos.

Las vacaciones de Montiel a cargo de OHL.

Las vacaciones de Montiel a cargo de OHL.

El padre de Montiel Yáñez gobernó de 1999 a 2005 y Miranda Nava fue su secretario de Administración y Finanzas, junto a su amigo Peña Nieto. En ese sexenio se instaló OHL en el estado, gracias a la amistad de De Oteyza con el exgobernador Alfredo del Mazo González, padre del actual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Maza.

Otro funcionario que fue agasajado por OHL fue Aboitiz Saro, quien como secretario de Obras del gobierno de la capital de la República, encabezado por Marcelo Ebrard, gozó con 14 miembros de su familia de un fin de semana, del viernes 6 al domingo 8 de abril de 2012, también en el hotel Fairmont Mayakoba.

Edna Vega, responsable de relaciones públicas del hotel situado en la Riviera Maya, la víspera le dio instrucciones al personal para recibir a Aboitiz Saro, un panista converso al perredismo, quien fue titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) en la primera parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera:

“Este viernes, a las 10 AM, estará de visita el señor Fernando Aboitiz y su familia, persona muy importante para el Grupo (secretario de Obras del gobierno del DF). Atento a lo anterior, pido que alguien esté esperándolo para atenderlo (hacerles un recorrido por los canales, llevarlos a un club de playa e invitarlos a comer, así como cualquier otra atención que deseen).”

Para el trato al funcionario, Vega hace referencia a Pablo Wellentin Crawford, representante de OHL en México: “El día de hoy me llamó el Lic. Pablo Wellentin para comentarme que serán 15 personas. Y todos los consumos que se realicen por favor cargarlos a la tarjeta corporativa adjunta y a su vez facturarlo a OHL México, S.A. de C.V.”.

Como secretario de Obras de Ebrard, Aboitiz Saro concesionó a OHL la Autopista Urbana Norte (segundo piso del Periférico en la Ciudad de México) y la Supervía Poniente, que conecta la zona sur de la capital con Santa Fe, donde comienza la autopista México-Toluca.

Castigos en España

Este trato obsequioso de OHL a Miranda Nava, Aboitiz Saro y Montiel Yáñez corresponde al que le dispensó al secretario de Comunicaciones del actual gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas: Apolinar Mena, quien fue exhibido en grabaciones difundidas por el portal Sin embargo, en mayo de 2015, solicitando como pago en especie vacaciones para él y su familia.

En una de las grabaciones se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL en México, acordó con Mena pagar las vacaciones navideñas de él y su familia en diciembre de 2014, en el hotel Fairmont Mayakoba.

“Necesito una habitación porque vamos a estar muy apretados ahí”, le pide Mena a Wallentin, según el audio. “El lunes tú tienes una suite con dos cuartos en donde puedan quedarse cinco personas”, le garantiza el directivo de OHL, quien le promete alojarle en “el mejor” hotel de la zona: “Yo te lo reservo, yo te lo reservo”.

Ambos hablan de “pagos y depósitos” cuyo fin no se especifica en las grabaciones, pero tras el escándalo el funcionario del Estado de México admitió que acudió a Wallentin para que lo “apoyara” a fin de que el hotel no lo obligara a contratar un paquete de estancias por más días de los que él necesitaba.

Al mostrar un estado de cuenta bancaria durante la conferencia de prensa a la que convocó, dijo que se podía constatar que “el 9 de diciembre del 2014 el Hotel Fairmont (Mayakoba) realizó un cobro por la cantidad de 124 mil 038 pesos” que, según él, pagó con su tarjeta bancaria.

Aun así Eruviel Ávila destituyó a Mena como secretario de Comunicaciones, pero cuatro meses después, en septiembre, lo hizo secretario técnico de su gabinete, cargo que desempeña hasta la fecha.

En contraste, en España la justicia investiga los sobornos de OHL al Partido Popular a cambio de privilegios en obra pública, lo que llevó a la captura de Javier López Madrid, yerno del máximo accionista de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, también imputado por corrupción en la fallida adjudicación para que OHL construyera el hospital Son Espases en Palma de Mallorca.

La operación Lezo, que investiga la corrupción del derechista Partido Popular, alcanzó a López Madrid, amigo íntimo de los reyes de España, por presuntamente sobornar con 1.4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, del PP, a cambio de que la compañía obtuviera la concesión para construir y explotar el fallido tren en las comunidades madrileñas de Navalcarnero-Móstoles.

González ha sido mano derecha de Esperanza Aguirre, quien fracasó como aspirante del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid y quien tuvo que dimitir de sus cargos en el PP tras la detención de su compañero de partido.

En México, la máxima sanción a OHL por malas prácticas es la multa por 71.7 millones de pesos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le impuso por inflar los costos en el Circuito Exterior Mexiquense, y otra del gobierno del Estado de México por 38.3 millones de pesos por diversas irregularidades detectadas en el Viaducto Elevado Bicentenario, que la empresa ni siquiera ha pagado.

El Circuito Exterior Mexiquense en el tramo de Chimalhuacán, Edomex. Foto: Germán Canseco

IMSS-Atlacomulco-OHL

Pese a todas las evidencias de corrupción de sus directivos y de los funcionarios priistas del gobierno de Peña Nieto y del Estado de México, OHL participa en el proceso de licitación para construir el nuevo hospital del IMSS en el municipio de Atlacomulco, que prevé una inversión de más de 800 millones de pesos.

A través de su filial, Constructora de Proyectos Viales de México (CPVM), OHL aspira a construir el hospital que, según el IMSS, atenderá las cuatro especialidades médicas básicas: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia y pediatría, así como los servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento, hospitalización y servicios ambulatorios.

Apenas el 6 de abril, en pleno proceso electoral, el director del IMSS, Mikel Arreola, anunció la obra para el municipio que da nombre al grupo político priista y donde nació Peña Nieto, quien ha sido uno de los principales impulsores de OHL desde los gobiernos estatal y federal.

De hecho, según el abogado Diez Gargari, “el presidente Peña ha instruido a los miembros de su gabinete que ‘rescaten’ a OHL cueste lo que cueste, aunque no con sus propios recursos, sino con recursos públicos, de los mexicanos”, y la asignación del hospital de Atlacomulco a esa empresa forma parte de esta instrucción.

En una carta enviada al director del IMSS, de la que Proceso tiene copia, el abogado le recuerda que “OHL tiene un negro historial en materia hospitalaria” y enumera la rescisión del contrato por incumplimiento en Sidra, Qatar, para construir un hospital; el intento de soborno en Palma de Mallorca para una obra médica y el encarcelamiento del director de la constructora en Costa Rica por la mala obra en el Hospital de Alajuela.

Agrega que el Hospital San José, en Chile, resultó en la muerte de varias personas; también en ese país se produjo un escándalo con el Hospital Marga Marga, adjudicado gracias a la participación del cuñado del expresidente Ricardo Lagos, y el retraso en la construcción del hospital de la Universidad de Montreal, Canadá.

Al respecto, le dice a Arreola: “Si usted decide adjudicar la construcción del Hospital General de Zona en Atlacomulco en favor de CPVM no podrá decirle el día de mañana a la sociedad ni a los jueces competentes que no lo sabía. Ya lo sabe usted”.

Y concluye: “En todo caso me parece, señor director, que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben abstenerse de celebrar contratos con cualquier empresa que forme parte del grupo OHL, por lo menos mientras no se aclare el tema del supuesto ‘soborno’ de 1.4 millones de euros pagado a un empleado público español con dinero proveniente de México y mientras no paguen la multa de 38.3 millones de pesos que les impuso el gobierno del Estado de México por sus fechorías en el Viaducto Bicentenario. ¿No le parece?”

Diez Gargari se pregunta: “¿A quién protege el gobierno mexicano? ¿A Villar Mir? ¿O a algún otro accionista encubierto y de nacionalidad mexicana de OHL?”

Por lo pronto, este martes 16 se tiene previsto que se entreguen las ofertas técnicas y económicas para la construcción del hospital en la tierra natal de Peña Nieto, donde su primo Alfredo del Mazo está en riesgo de derrota…

Más podredumbre peñista sale a la luz. Ahora es CAPUFE

#Capufeleaks

Se desconoce cuánto tiempo operó así Mauricio Sánchez Woodworth y cuánto dinero ilegal adquirió para él y sus socios, dentro y fuera de CAPUFE. Sin embargo, la red de corrupción de CAPUFE está demasiado cercana a la confianza de Los Pinos. Foto: Gobernación.

El compadre del Presidente dirige Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), en dicha dependencia se filtraba información a contratistas para arreglar ganadores en licitaciones públicas. Las filtraciones se hacían desde la oficina del segundo abordo, Mauricio Sánchez Woodworth, director de Infraestructura de la dependencia. El monto de los contratos –descubiertos hasta el momento- otorgados bajo este esquema asciende a 700millones de pesos. La red de corrupción fue develada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a través del reportaje “#Capufeleaks”.

Los reporteros de la organización tuvieron acceso  a “un documento secreto de BANOBRAS, que contenía datos técnicos y económicos de obras por ejecutarse en carreteras por un total de 5 mil 868 millones de pesos, (que) fue filtrado a contratistas a través de un esquema de tráfico de información que involucra al Director de Infraestructura de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el segundo al mando de esa dependencia federal encargada de la construcción de vías.

En la carátula del documento de 31 páginas se menciona que el 100% del contenido es información reservada por 12 años a partir del 21 de diciembre de 2015, por lo que podría hacerse público en el año 2027, ello, debido a que contiene secretos de carácter comercial y fiduciario. Se trata del oficio SOTS/152000/418/2015, emitido por la Dirección Fiduciaria de la Subdireción de Operación Técnica y Seguimiento.”

Se desconoce cuánto tiempo operó así Mauricio Sánchez Woodworth y cuánto dinero ilegal adquirió para él y sus socios, dentro y fuera de CAPUFE. Sin embargo, la red de corrupción de CAPUFE está demasiado cercana a la confianza de Los Pinos.

En el reportaje periodístico está acreditado que “La filtración con los detalles de todas las obras que proyectaba para 2016 Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se realizó desde un correo que se ha podido acreditar que maneja Mauricio Sánchez Woodworth”.

“Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a alrededor de 80 correos electrónicos en los que Sánchez Woodworth, su cuñada Estela Vega y el líder del sindicato de limpieza, Marco Antonio Reyes, intercambiaron información sobre licitaciones de obra, la cual se enviaba a empresarios amigos. Uno de esos correos contenía el documento secreto.”

Hasta el día de hoy, la respuesta de los mandos de CAPUFE ha sido deficiente. Desde que se hizo pública la información las autoridades de CAPUFE han optado por el silencio como una forma de evadir su obligación de rendir cuentas a la sociedad mexicana. Benito Neme, compadre de Enrique Peña, y director de CAPUFE no ha mencionado nada sobre la red de corrupción descubierta en la institución que dirige.

Al respecto, MCCI sacó un comunicado en el que hace las siguientes preguntas a Neme:

-¿Cuándo supo el director general de CAPUFE, Benito Neme, de este esquema de filtración de información reservada a empresas contratistas?

– ¿Es Benito Neme parte de ese esquema?

– ¿Fue de conocimiento de Benito Neme que el 21 de marzo pasado MCCI envió a Sánchez Woodworth un cuestionario sobre este esquema fraudulento en donde se le preguntaba a su brazo derecho si el Director General sabía de la filtración de datos a contratistas?

– ¿Por qué no le ha pedido Benito Neme a Sánchez Woodworth que se separe, así sea de manera temporal, de sus funciones para facilitar las investigaciones?

– MCCI pudo probar que al menos 770 millones de pesos en obras fueron destinados a través de este esquema, sin embargo, el monto podría ser mayor: ¿Ha detectado Benito Neme otros contratos con similar modus operandi?

El silencio de las autoridades es pernicioso. Pero más aun cuando es revelado que el Procurador General de la República, Ricardo Cervantes, es amigo de Benito Neme. Además de amigo, Neme y Cervantes, participaron en la campaña presidencial de Peña Nieto. Neme era representante del PRI ante el IFE y Cervantes era el abogado de la campaña de Peña.

La pregunta es: ¿A qué tanta justicia podemos aspirar cuando la corrupción es tan evidente y las tapaderas entre amigos de la clase política parecen ser más grandes? Según la experiencia en los últimos días, el Procurador no moverá un ápice sin que lo mande el Presidente. Y el Presidente no llevará a su compadre ante la justicia. Ergo: otro caso más de corrupción e impunidad en la actual administración. Mientras tanto, el Fiscal Anticorrupción sigue pendiente en la cámara de Senadores.

Alfredo Del Mazo se dice “íntegro”, pero datos muestran que tiene cola que le pisen

Por Efrén Flores

SinEmbargo

abril 28, 2017

[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]

EL DICHO: “A mi no me van a manchar con la corrupción de ustedes. Yo soy un hombre íntegro”. “Cada obra pública, cada licitación, cada obra pública se hará de manera transparente y de cara a la ciudadanía. Yo soy un hombre de valores, soy un hombre que siempre he sido honesto y recto” (Alfredo Del Mazo Maza, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, durante el debate político del martes 25 de abril de 2017).

EL HECHO: Alfredo Del Mazo asevera no estar vinculado a actos de corrupción. Sin embargo, el ex Alcalde de Huixquilucan ha sido señalado por sus contrincantes políticos, en diversas ocasiones, de estar involucrado en negocios opacos -con Grupo Higa y OHL, como indicó Josefina Vázquez Mota el 25 de abril- o de formar parte de un árbol genealógico “podrido” del Grupo Atlacomulco -como dijo Delfina Gómez durante el debate-. Además, existen pruebas que refieren que no es tan transparente como presume. Uno de esos casos nos remonta a la época (2012-2015) en que estuvo al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), tiempo en que, según el Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno federal, habría otorgado, de manera directa (sin licitación pública), contratos a empresas señaladas por ser opacas. A pesar de los señalamientos y de los hechos, lo cierto es que Alfredo Del Mazo, hasta donde se sabe, no cuenta con procesos en su contra. Su único estigma, en ese sentido, está ligado a una investigación ocurrida en el año 2000 por un caso de presunto desvío de recursos, en el que él se habría visto beneficiado para estudiar en Harvard. Más allá de eso, lo único que lo persigue son acusaciones y cuestionamientos -lo que no quiere decir que sea inocente-.

#DichosyHechos dice que las acusaciones y las polémicas en que se ha visto involucrado el candidato tricolor, ponen en tela de juicio la integridad que el candidato ostenta tener. Por lo demás, la información oficial disponible hasta el momento no permite vincularlo, de manera legal u oficial, a un acto de corrupción. A continuación los hechos.

· El escándalo del 2000: Hace 17 años, Alfredo Del Mazo Maza formó parte de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), por un presunto desvío de recursos en el año 2000, cuando fue beneficiario de una beca otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex), en calidad de empleado, con la finalidad de poder estudiar en Harvard. Según la averiguación previa 09/DAFMJ/2002 de la PGR, del Mazo habría recibido una beca por 257 mil 552 pesos por parte de Pemex, a escasos tres meses de estar laborando en la paraestatal, siendo que la normatividad interna señala que, para hacerse acreedor a esta prestación, es necesario acreditar tres años de servicio. Entre las inconsistencias del caso figuran: uno, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, habría creado un puesto “fuera de cuadro” para Del Mazo, por lo que éste no era un “profesionista de planta” -otro requisito para merecer la beca-. Dos, en este caso estuvieron involucrados Juan José Domene Berlanga y Carlos Juaristi Septién, quienes en esa época eran señalados por el supuesto desvío más de mil 500 millones de pesos de Pemex, que habrían terminado en las arcas del Partido Revolucionario Institucional. Y tres, de acuerdo con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (disuelta en 2003), las autoridades de Pemex violaron varias disposiciones internas para favorecer a Del Mazo, siendo que sospechaba que al momento de obtener la beca, el priista aún no contaba con su titulo de licenciatura. Además, Pemex le concedió un permiso especial, con goce de sueldo y sin interrupción de su antigüedad como empleado -otra inconsistencia más-.

· Banobras: De 2012 a 2015, Del Mazo Maza ocupó la dirección de Banobras. De acuerdo con una revisión de SinEmbargo a los 889 contratos que la institución hizo públicos ante el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), en su primer año de administración, Banobras celebró 463 contratos por un monto de 934 millones 446 mil 488 pesos, de los cuales, sólo 10 no fueron entregados por Adjudicación Directa -dos fueron por licitación pública y el resto por invitación a tres personas-. Algunas de las empresas beneficiadas fueron: Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana Del Estado De México, señalada por no rendir cuentas (recibió más de 10 millones 776 mil 439 pesos); y Eolo Plus, la empresa de taxis aéreos de Grupo Higa, involucrada en casos como el de la “casa blanca” de la primera dama Angélica Rivera de Peña. Hasta aquí, que Del Mazo vaya a transparentar “cada obra pública, cada licitación”, no se ve claro.

· Grupo Higa: El 17 de abril de 2017, durante un evento político en Zinacantepec, Estado de México, Del Mazo fue cuestionado por haber entregado dos créditos a Juan Armando Hinojosa Cantú (propietario del consorcio Grupo Higa) a través de la compañía Autopistas de Vanguardia SA de CV, por un monto total de 4 mil 400 millones de pesos, para participar -junto con otros bancos- del financiamiento del proyecto de construcción de 38.7 kilómetros de la autopista Toluca–Naucalpan. En su defensa, Del Mazo aseveró que el “financiamiento para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca […] se autorizó en la administración del presidente Calderón y la directora de Banobras era Gerogina Kessel”. Por su parte, Abraham Zamora Torres, extitular de Banobras (2015), refirió que “a esta administración federal [la de Del Mazo] sólo le correspondió formalizar los créditos previamente autorizados”.

· Su “relación” con Duarte: En 2014, aún como director de Banobras, Del Mazo otorgó 794 millones de pesos a 45 municipios de Veracruz -estado entonces gobernado por Javier Duarte de Ochoa (2010-2016)-, para la construcción de obras de infraestructura del Programa Banobras-Fais 2014-2017. La financiación sería liquidada durante las administraciones de Duarte y de Del Mazo. A partir de que Duarte cayera en desgracia el año pasado, acusado de diversos delitos financieros, todos quienes sostuvieron relaciones con él fueron señalados. Prestos, los políticos comenzaron a distanciarse del ex Gobernador. Del Mazo no fue la excepción. Este año, tras publicarse una foto en la que aparece junto a Javier Duarte, Alfredo Del Mazo dijo en público que “no hay una relación de amistad, fue una relación institucional como director del banco […]. [L]o que hicimos fue trabajar con los gobiernos municipales”.

***

¿Verdad o mentira? VERDAD A MEDIAS. Que Alfredo Del Mazo Maza sea un hombre “íntegro” y “transparente” no queda claro. Los datos no permiten corroborarlo. A pesar de los múltiples señalamientos en su contra, la información disponible tampoco permite acusarlo -de manera oficial o legal- por cometer actos de corrupción.