lunes, 10 de enero de 2011
¿Ya pasamos la cresta de la ola? De la Redacción / EL DIARIO Ciudad Juárez, Chihuahua,
Las estadísticas son implacables porque difícilmente pueden ser rebatidas con opiniones que discrepen de los fríos números que dan cuenta de alguna realidad.
Sobre todo, cuando esos datos han sido obtenidos con base en cifras oficiales avaladas por la investigación de profesionales serios, como es el caso de la cantidad de homicidios dolosos cometidos en Ciudad Juárez en los tres años pasados, a consecuencia de la guerra que se libra en las calles de esta frontera.
Los dígitos obtenidos en estos conteos han sido proporcionados por los protocolos de información, primero de la Procuraduría de Justicia del Estado y, a partir de octubre del año pasado, de la Fiscalía General, confrontados con la sumatoria que cada día llevan, de manera rigurosa, los reporteros de este medio.
De manera que sería absurdo rebatir con palabras la despiadada realidad de que en esta comunidad fronteriza se volvió a imponer el vergonzoso récord, por tercer año consecutivo, de ser la ciudad más violenta del mundo, aun por encima de urbes y países que se hallan en confrontaciones abiertas como son Afganistán, Irak e incluso Pakistán.
O bien, con índices mayores de asesinatos a los que presentan ciudades consideradas violentas en el contexto mundial, como son Caracas, Venezuela; San Pedro Sula, Honduras; o San Salvador, la capital de El Salvador.
De hecho, frente a la violencia que vive Juárez ya ni siquiera se la compara con otras ciudades de Colombia en la actualidad, que en su momento pudieron haber sido los referentes obligados, a saber, Bogotá, Cali o Medellín.
Hasta los políticos, acostumbrados a salirse por la tangente cuando los números no los favorecen, han tenido que admitir esta realidad devastadora.
En una de sus primeras declaraciones del año, el presidente Felipe Calderón tuvo que aceptar que 2010 fue el año más violento en México, aun cuando quiso atemperar estas inobjetables condiciones revirtiéndoles toda la responsabilidad a los cárteles de la droga y, como ha sido su costumbre, a los medios de comunicación, sobre todo a los impresos, a los que incluso pretendió “darles línea” sobre el manejo que deberían hacer de las notas “buenas” y las “malas”, según su percepción.
Asimismo, al mal tiempo que impera en el país, el primer mandatario intentó presentarle una buena cara, lo cual resulta imposible frente a la violencia inocultable con que ha comenzado este año.
En entrevista con una estación de radio de la ciudad de México, Calderón aseguró que “ya pasamos la cresta de la ola… la mala noticia es que esos eventos (la pugna entre los cárteles de la droga) determinaron que 2010 fuera el año más violento en términos de muertes … la buena noticia es que ha sido el primer año donde, mes a mes, han comenzado a descender los homicidios violentos…”
Como para darle la contra al jefe de la Nación, en esta ciudad la racha de homicidios en vez de disminuir ha continuado en los primeros días del año, mientras que en otras partes del país, como ayer en Acapulco donde fueron tirados 15 cuerpos decapitados, la violencia refuta las “buenas noticias” de Calderón.
Los principales responsables de frenar esta tendencia que en tres años ha sido insuperable, el propio presidente Calderón y el gobernador César Duarte, se reunieron el viernes en Los Pinos, encuentro del que, al parecer, no hubo resultados como para lanzar vítores, porque se expusieron discursos ya conocidos, si bien se reiteró la disposición de ambos para continuar con la coordinación iniciada en octubre pasado.
Duarte refrendó el compromiso de su gobierno para reforzar la colaboración con la Federación en la lucha contra el crimen organizado, así como seguir avanzando en el objetivo de contar con policías locales más confiables, mejor preparadas y agilizar los sistemas de procuración y administración de justicia.
A su vez, el Ejecutivo federal ratificó que continuará su lucha por la seguridad de las mujeres y los hombres de Chihuahua, “apoyando a las autoridades de la entidad con todos los recursos del Estado mexicano”.
No bien había terminado esa reunión entre los dos gobernantes cuando el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora –quien por cierto estuvo presente en el encuentro–, en sesión con los secretarios ejecutivos de los sistemas de seguridad pública estatales unas horas después, reconocía públicamente que el tema de la profesionalización y certificación de los policías municipales, estatales y federales ha sido un “talón de Aquiles” para el gobierno.
Y es que, según reveló Blake Mora, hasta el 30 de noviembre del año pasado sólo habían sido evaluados con las pruebas de confiabilidad 33 mil 500 agentes de un total de 448 mil que existen a nivel nacional, apenas el 7.5 por ciento.
Por lo que respecta al Gobierno estatal, a mediados de la semana que comienza cumplirá sus primeros cien días, lapso en el que se comprometió a presentar avances en materia de seguridad pública.
Los adelantos que se han conseguido han sido, fundamentalmente, en el marco teórico con algunas reformas aplicadas al esquema de justicia penal dejado por la anterior administración que, como tanto se recalcó en estos espacios, propició altos índices de impunidad, si bien uno de los logros más divulgados, la prisión vitalicia para los secuestradores, será rebasado a partir del 28 de febrero próximo, cuando entre en vigor la normatividad federal sobre esta materia.
En estos momentos se realiza una consulta estatal para definir nuevos cambios que serán introducidos en el sistema de justicia, con el fin de ponerle candados a las “puertas giratorias” en que se habían convertido las oficinas procuradoras de justicia, a donde llegaban los delincuentes y a las pocas horas o días ya andaban en libertad, reincidiendo en sus ilícitos.
Uno de estos últimos casos es el de uno de los tres detenidos por la balacera del jueves en El Granjero, que ya había sido arrestado con anterioridad, acusado de decenas de homicidios y otros delitos, pero se hallaba tan campante en libertad y participando en balaceras y más asesinatos.
Ha habido, asimismo, avances en la desarticulación de algunas bandas de plagiarios, a quienes se les ha podido aplicar la cadena perpetua con el beneplácito de la ciudadanía.
Sin embargo, ni para el Gobierno estatal ni para el federal es tiempo, aún, de hablar de “buenas noticias”, porque la obcecada realidad de violencia se sigue imponiendo sobre las buenas voluntades.
En ese contexto, se anuncia la próxima visita del presidente Calderón a esta ciudad a finales de enero, con el propósito de inaugurar la unidad deportiva prometida a los vecinos de Villas de Salvárcar, a casi un año de la tragedia que arrojó aquella masacre de quince estudiantes, que detonó las visitas del primer mandatario a esta frontera y la instrumentación del “Todos somos Juárez”.
La presencia de Calderón en la ciudad en este mes será, sin duda, una excelente coyuntura para que los juarenses evalúen, junto con las autoridades, lo que dentro de ese programa se ha realizado en esta frontera, que en realidad es muy poco.
Con excepción de esa unidad deportiva, no hay otra obra que pueda destacarse de las tantas que se anunciaron para “reconstruir el tejido social” tan maltrecho en esta ciudad, que dio pauta para la descomposición que ha derivado en la situación que hoy vivimos.
Dos de los puntos torales de este programa, como fueron la regularización de los autos chuecos con fines de seguridad pública y la afiliación masiva de juarenses al sistema de salud a través del Seguro Popular, han sido sendos fracasos hasta ahora.
Del primero, como sabemos, sólo pudo lograrse la fronterización de una pequeña parte del parque vehicular irregular que circula por las calles de la ciudad.
Esa situación generó que el gobernador Duarte anunciara un censo con engomado para la identificación de los autos chuecos y la petición de otro proceso de regularización al Gobierno federal el viernes pasado, en su entrevista con el presidente Calderón, que ni siquiera motivó una respuesta inmediata de éste.
No parece haber interés en el Gobierno federal para solucionar este problema, como se vio en el transcurso del año pasado, a pesar de que el propio Calderón recalcó lo contrario las veces que ha estado aquí.
Más aún, como si no hubiese sido la peor decisión el decreto de importación de vehículos que data del 24 de diciembre de 2008, que por sus altos costos sepultó desde entonces la actividad comercial para los vendedores de autos y cerró la puerta de la legalización a los poseedores de autos ‘chuecos’, a fines de diciembre pasado el presidente Calderón extendió su vigencia otros seis meses.
El decreto original caducaba el 31 de diciembre de 2010, pero como según el mandatario “la Comisión de Comercio Exterior ha emitido opinión favorable de la medida a la que se refiere dicho instrumento”, lo extendió hasta el 30 de junio de este año.
De allí la urgente necesidad de que el Gobierno del Estado emprenda con celeridad el censo anunciado.
Por lo que se refiere al Seguro Popular, si bien se ha llevado a cabo una masiva afiliación de derechohabientes que antes no contaban con algún servicio de salud, los resultados han tenido sus asegunes, porque lo cierto es que la infraestructura médica existente no estaba preparada para dar cabida a tantos demandantes y lo que puede observarse por estos días son hospitales saturados y con mala atención.
Si ya de por sí, los nosocomios no se dan abasto para atender a los miles y miles de baleados, menos tienen la capacidad para dar un servicio aceptable a las decenas de miles que han sido afiliadas al Seguro Popular. Lo cual denota que estas decisiones burocráticas han sido adoptadas sobre las rodillas sin tomar en cuenta la realidad.
Así pues, a pesar de que se vean algunos signos alentadores en lo que hacen nuestras autoridades de las diversas instancias, los desalentadores abruman. Es hora de pasar del discurso a las acciones más drásticas. La ciudadanía todavía no modifica su percepción de desconfianza hacia la autoridad de cualquier nivel, y no lo hará mientras continúe esta situación de violencia sin grandes variaciones.
Si como están las vísperas seguirán los días, entonces el inicio de este año no nos pinta nada bueno para los meses subsecuentes. Todavía no hemos llegado a la cresta de la ola, como diría el presidente Calderón. A no ser, claro, que las autoridades realmente se pongan las pilas y empiecen a cristalizar los anuncios y las reformas en marcha. Ciudad Juárez ya no aguanta un cuarto año como la más violenta del mundo.
Jueces y fiscales: hora
de pagar la indolencia
Si uno de los tres poderes ha estado históricamente alejado del escrutinio público, ese es el Poder Judicial. No por nada, en el imaginario colectivo persiste la idea de que jueces, magistrados y funcionarios de esa institución pública se han identificado –o así se sienten algunos de ellos– como una especie de “casta divina” que a nadie debe rendir cuentas de sus actos y sus decisiones.
Por ello la serie de acontecimientos que siguieron a la liberación en primera instancia del acusado por el homicidio de Rubí Marisol Frayre Escobedo, y que llevó a la separación de los tres jueces de un Tribunal Oral que dieron ese fallo –cuando meses después estalló el escándalo público por el asesinato de la madre de la víctima, Marisela Escobedo– produjeron una sacudida en todas las estructuras de la procuración de justicia que no puede pasarse por alto.
Y eso que las ventanas apenas se están abriendo. Hasta hoy únicamente se ha aplicado contra los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib Jurado, una suspensión temporal que ordenó el Supremo Tribunal de Justicia, mientras se resuelve un procedimiento administrativo que los deberá sancionar internamente si en efecto se comprueba que actuaron violentando algún precepto legal cuando en su fallo del 29 de abril de 2010 exoneraron a Sergio Barraza Bocanegra, argumentando falta de pruebas en el expediente.
Por escribirse está todavía el inédito recurso del juicio político contra los tres jueces que el 21 de diciembre solicitó instaurar (y luego ratificó el 29 del mismo mes) ante el Congreso del Estado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz.
Viene de la portada
El fallo judicial de abril del año pasado sería archivo muerto si Marisela Escobedo no hubiese ofrendado su vida en el fatídico atentado que sufrió frente a las puertas del palacio estatal, donde mantenía un plantón con la que había sido su exigencia durante ocho meses desde que los jueces exoneraron al acusado: que la Fiscalía persiguiera y detuviera a Sergio Barraza Bocanegra para que pagara por el crimen de Rubí Marisol.
Si bien desde aquella polémica exoneración, el Poder Ejecutivo estatal enderezó una queja contra los jueces y luego la entonces Procuraduría (hoy Fiscalía General) promovió un recurso de casación que concluyó con una nueva sentencia condenatoria contra el acusado (ya en libertad), ni los jueces habían tenido que explicar su criterio, ni Sergio Barraza Bocanegra volvió a ser aprehendido para pagar su culpa.
En el aire quedó la sentencia de 50 años contra el homicida dictada por otro Tribunal de Juicio Oral el 26 de mayo y en nada quedó también la auditoría al trabajo de los jueces luego de la creación de una comisión revisora con la participación de todos los colegios de abogados, a la que convocó entonces el titular del Poder Ejecutivo.
Apenas en el Supremo Tribunal de Justicia se preparan para dictaminar en el proceso administrativo y en el Congreso del Estado citaron para discutir la integración de la Comisión Jurisdiccional que requiere el juicio político para el próximo 11 de enero, y ya los jueces que entraron al relevo de los temporalmente suspendidos se colocaron también en el ojo del huracán por un polémico fallo.
Carlos Martínez García, Aram Delgado García y Juan Javier Cornejo Páez exoneraron el miércoles 5 de enero, en su primer fallo como sustitutos, a tres hombres (presuntamente extorsionadores y sicarios de una de las bandas del crimen organizado), por un doble asesinato cometido en septiembre de 2009.
De nuevo, como en el caso del crimen de Rubí Marisol, no fue tomada en cuenta una declaración autoinculpatoria y otra vez la Fiscalía anuncia que apelará ese fallo ante un Tribunal de Casación, en busca de que se logre la condena (podría pedirse la prisión vitalicia) y se ordene a otro Tribunal Oral dictar sentencia.
En medio del cisma institucional que están generando estos casos entrelazados, diputados locales ya propusieron la creación de un Consejo de la Judicatura Estatal (como ya existe en otras entidades o a nivel federal) para que sea este órgano el responsable de valorar a los jueces y magistrados, revisar sus actuaciones, recibir quejas y sancionar cuando corresponda, sin que se sufra la injerencia de otros poderes.
Sin embargo, no es la rendición de cuentas para los integrantes del Poder Judicial la única asignatura pendiente que han evidenciado los hechos con los que cerraron el año viejo y la primera semana del 2011.
Además de ese déficit estructural para procesar las omisiones, fallas y conflictos de interés de los jueces, el caso desnudó las limitaciones del Ministerio Público que antes y después de la intervención de los juzgadores, antes y después del relevo sexenal y del cambio de nombre de la Procuraduría a Fiscalía General, fue incapaz de realizar una eficiente investigación, y luego ubicar el paradero del prófugo Sergio Barraza Bocanegra.
Infortunadamente, esa ha sido otra constante atrás de muchos de los casos de crímenes de alto impacto y cientos, quizás miles de expedientes de homicidios dolosos y otros delitos: las carpetas de investigación bajo responsabilidad de los agentes del Ministerio Público, quedan en blanco, sin que se les anexen testimonios, documentales o periciales que prueben la responsabilidad de los presuntos, estén o no detenidos.
Urge que a la par de la anunciada reforma al sistema de justicia para cerrar rendijas a la impunidad, se rediseñe y se fortalezca al Ministerio Público, esa institución que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, sin cuyo soporte de investigación y trabajo científico, nada puede hacer un juzgador.
Es la hora de la rendición de cuentas para los jueces y magistrados pero hay que cerrar el círculo: de esa tarea pendiente no pueden estar al margen los fiscales cuyas deficiencias han quedado a la vista de todos.
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Todos montados y armados, con la vista inequívocamente puesta en 2012. Felipe “regala” al maniatado precandidato sacrificable, el Cordero de ínfima talla política, dos secretarías de campaña, la de Comunicaciones y Transportes, para que negocie con el gran poder de las televisoras y rompa el predominio electrónico del Gaviotón Triple A, y la de Energía, para que inversionistas interesados se arreglen desde ahora con el presunto candidato oficial. Y el mismo Felipe enfila hacia el PAN, para hacerse cargo de la secretaría de elecciones, al turbio e impúdico Juan Molinar HorcABCitas, especializado en trabajos sucios, fontanerías y sótanos, trampas y traiciones (“Tú tranquilo, Ernesto, al cabo que Molinar se hará cargo de preparar tu postulación interna, la campaña y las elecciones de 2012. Confía en él”, sería la escalofriante instrucción del jefe Lipe al precandidato Neto. Gulp).
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¿Mchk? Así se escribiría la onomatopeya de ese sonido que se hace cuando se truena la boca en un gesto que desaprueba lo que se dice o sucede. Ese chasqueo de labios lo he escuchado mucho cuando alguien escucha una propuesta distinta a lo que piensa. Peor aún si se trata de asuntos público, todas las personas creen tener la razón y pocos son los que se atreven a ofrecer el beneficio de la duda.
Pues prefiero arriesgarme a que cuando se lean estas líneas se provoquen estos chasquidos y no quedarme callado con el riesgo de haber vivido en un error. Sólo al compartir las ideas se reciben las críticas suficientes para aprender. De cualquier manera, usaré mi podrida imaginación para que los chasquidos de labios parezcan besos.
Quiero plantear una pregunta y tres alternativas de solución para que las analicemos, discutamos y no sé si llegar a un acuerdo pero que tengamos la sensatez de ver las cosas lo más claro posible. Debo advertir, es mi punto de vista que puede coincidir o no con otros, pero es tan válido como cualquier otro.
Pregunta: ¿Qué podemos hacer para que nuestro gobierno mejore?
Respuestas:
a) Nada, es caso perdido.
b) Una revolución.
c) Participar más dentro de las instituciones existentes.
Para el inciso “a) Nada, es caso perdido”. Esto implicaría asumir que efectivamente vivimos en un Estado Fallido o que vivimos en la ingobernabilidad. Aunque son afirmaciones que anteriormente he hecho, hoy no estoy muy seguro de ello ¿por qué? Bueno básicamente porque el Estado sigue trabajando, cobra impuestos, mantiene a la burocracia, la fuerza policiaca se sigue respetando (o temiendo) por la mayoría de las personas. Podríamos decir que el Estado ofrece servicios de pésima calidad, tan pobres que no resuelven los problemas de la ciudadanía, pero es muy distinto a suponer que no funciona.
En este aspecto coincido con la propuesta de Antonio Camou, que sugiere que una gobernabilidad o ingobernabilidad absoluta son extremos que nunca se llegan a presentar. Explica que la gobernabilidad es una relación entre las demandas ciudadanas y la capacidad gubernamental para atenderlas. De tal suerte que nunca un gobierno podrá atender absolutamente todas las demandas ciudadanas ni puede existir un gobierno que atienda ninguna. Se trata de buscar un balance que cuando se empieza a perder genera lo que sería un déficit de gobernabilidad o crisis de gobernabilidad, pero aun así el gobierno continúa teniendo recursos y funcionando.
¿Se puede decir que un gobierno que no atiende las necesidades ciudadanas no funciona? Puede ser, lo cierto es que ahí sigue, pero con el fin de reflexionar al respecto supondré que efectivamente no podemos hacer nada porque el gobierno no funciona en lo absoluto. ¿Qué alternativa tenemos?
Primero, y una alternativa que ya ha sido adoptada por alguna gente, es que cada quién se cuide como pueda. Esto implica, en el mejor de los casos, contratar guardaespaldas y en el peor comprarse un arma por si acaso. Personalmente identifico aquí un conflicto ético, pues se pondría la voluntad propia sobre la colectiva representada en la ley, y así siempre habrá unos más fuertes que otros lo cual es la base de la injusticia.
¿Vivimos en un lugar sin ley...? Es verdad que tenemos impunidad, pero todavía no llegamos a ser un lugar sin ley, la gente sigue respetando los semáforos y hacen filas para pagar el predial, no vivimos en el caos a pesar, repito, de tanta impunidad.
Cuando pienso que lo mejor sería olvidarme de los asuntos públicos y buscar la solución a mis problemas de manera totalmente individual, pienso también que estoy viendo las cosas de una manera parcial y sesgada que entonces sí le abona más a dirigirnos al caos y a la injusticia dónde sólo el más fuerte puede hacer su voluntad. No soy de los fuertes y no quiero vivir bajo el yugo de quién sí lo es, prefiero pensar en que todos tenemos las mismas oportunidades o al menos los elementos mínimos para tener una vida digna.
La opción de hacer nada, no me parece viable porque me parece que trae más problemas de los que puede solucionar.
El segundo inciso, “b) Una revolución”... ¿Qué decir? Me gusta pensar en los héroes y la ventaja de ser adulto es que cada quien puede elegir los suyos. El Ché y Villa son los míos, quedándome claro que la guerra es cruel e inhumana, quiero pensar que ellos pelearon su guerra para que yo no tenga que pelear una. Si cada quien va a buscar su guerra personal quedamos igual que en la primera opción, pero supongo que los que han muerto en las luchas de libertad por este país es para que las próximas generaciones no tengan que morir también.
¿Una revolución armada? Por un momento pensemos que tenemos las armas y la organización para empezar la revolución. ¿Qué haríamos primero? ¿Tomar la presidencia municipal? No, no es viable. Para empezar, después de tomarla tendríamos que plantear la resistencia en contra de las fuerzas del gobierno, y aquí en la ciudad están más que concentradas. Además, no tiene caso tomar la presidencia municipal, ahí no están los recursos que sirven para sostener la ciudad, ahí se administra, pero el dinero está en bancos y el cemento en bodegas.
Tomar el Cuartel del Vigesimosexto Batallón de Infantería. Tampoco suena muy viable, considerando que ahora México cuenta con una fuerza área que bien podría destrozarlo.
En una guerra contra el mal gobierno ¿qué objetivo se debería tomar para empezar a hablar de victorias y cambios? Habrá que pensar también en las relaciones con el gobierno estatal, de otros estados y el federal. ¿La guerra iría contra todos?
Los zapatistas lograron gobiernos autónomos pero son comunidades pequeñas y que han buscado la forma de subsistir con recursos propios y en su momento de la ayuda internacional. ¿Qué recursos tenemos aquí en Juárez para sobrevivir?, la fuerza del municipio está en la ciudad que además esta sumamente relacionada a la economía global, por eso es importante pensar que si se quita un gobierno a la fuerza se deben cuidar las relaciones y tal vez hasta los intereses de otros países. En su momento así lo hizo Villa.
Es que son las ventajas de la ciudad lo que ha impulsado el crecimiento del municipio, no puedo imaginarme que de la noche a la mañana se cierren maquilas y toda la población se dedique a producir en el campo y/o cambiar la forma de vivir de manera cotidiana para conseguir lo necesario para que todos en esta ciudad puedan comer, refugiarse, atenderse la salud, etc.
Un cambio tan radical de vida seguramente obligaría a que las escuelas, del nivel básico a superior empezaran a enseñar otras cosas. ¿Habría profesores y estudiantes dispuestos? ¿Qué harían los obreros de las maquiladoras, abogados, contadores e ingenieros? ¿Dejarían lo acumulado de su experiencia (buena, mala, mucha o poca) para construir desde la base una nueva comunidad? La verdad me es difícil pensar que sí.
Otra alternativa sería una guerra de guerrillas, objetivos precisos y vida clandestina. Una bomba aquí, un saqueo allá, se golpea y se desaparece, agotando las defensas del enemigo hasta que de tan golpeado no le quede otra más que renunciar, claudicar y es entonces cuando los revolucionarios toman el poder. Lo malo empieza cuando se tenga que identificar un objetivo sin vidas inocentes. El gobierno esta repleto de trabajadores que no toman decisiones y cuyas culpas (si las hay) no ameritarán morir en batalla, no son soldados pues. Hablar de muertes colaterales o necesarias es ponerse al mismo nivel de la guerra antinarco del gobierno federal, y es algo con lo que no estoy de acuerdo. Además, en el contexto actual, ¿qué tan lejos estaría una guerrilla del crimen organizado que secuestra y extorsiona? Secuestros y extorsión era una forma en que Villa financiaba sus campañas, pero repito, supongo que él lo hizo para que nosotros no tuviéramos que hacerlo...
Una lucha armada en medio de toda la ola de violencia que protagonizan el gobierno y el crimen organizado, creo que obligaría tener posiciones claras ante estos actores. Si se va en contra del gobierno, es probable que se tengan que mantener negociaciones con el crimen organizado... ¿o no? En mi ignorancia entiendo que este tipo de relación fue la que resto legitimidad a las FARC con el pueblo colombiano. ¿O no?
En fin, el caso es que una revolución armada me parece tan complicada que no creo que sea viable ni que tenga el apoyo necesario para realizarse.
En cuanto al último inciso “c) Participar más dentro de las instituciones existentes.” Este en realidad me genera un conflicto a la hora de definir mi posición al respecto. Desde hace muchos años había sido lo que ahora llaman anulista. Cuando iba a votar si ningún candidato me convencía ponía leyendas como “la democracia es el gobierno del pueblo” o “sin la voz del pueblo la justicia no existe”. Con el tiempo las frases me empezaron a parecer poco impactantes así que buscando dejar clara mi inconformidad las cambie por otras como “Puto el que lo lea”. Siento que a fin de cuentas esta última forma tenía un poco más de impacto.
Durante los años que escribía leyendas en las boletas, pensaba que la democracia directa era la mejor forma de tomar decisiones, pero hoy en día no estoy tan seguro. ¿Por qué? He visto que generar consensos no es tan fácil cómo podría parecer. Para ello se requieren dos aspectos esenciales, el primero es ceder. Esto implica el ofrecer la oportunidad de que alguien (o muchos) más tenga razón, lo cual implícitamente sugiere que tal vez “yo” este equivocado. A nadie le gusta estar equivocado y muchas veces se prefiere alejarse de un proceso que busca el consenso a ceder. El otro aspecto necesario para ello es reconocer que como comunidad se tiene el legítimo derecho de equivocarse y reivindicarse. Lo cual implica poder tomar una decisión y si no es la adecuada pues cambiarla, es algo que como comunidades podemos y deberíamos hacer.
Pero la cosa no es tan sencilla, que alguien reconozca sus posibles fallas no es sencillo y mientras no avancemos en este aspecto, construir consensos comunitarios es muy complicado, no imposible, complicado.
También he pensado que una mayor representación comunitaria debería mejorar mucho la manera en que se toman decisiones. Pero esto genera dos problemas principalmente. El primero es que la participación ciudadana puede darse no por los grupos desorganizados que viven cotidianamente la ciudad y sus deficiencias sino por grupos de interés que no son una representación legítima de la sociedad. Por mencionar dos ejemplos, en la Comisión Consultiva Municipal de Obra Pública, la representación ciudadana es solamente la del Presidente de la Cámara de Industria de la Construcción; en el consejo deliberativo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de 22 lugares, 2 son colegios de profesionistas, 1 para un representante de educación superior, 1 para el empresariado, 1 para un representante del consejo de planeación (que es otro parecido) y 1 para asociaciones y clubes de servicio. El primero de estos consejos es muy cerrado pues la participación ciudadana esta reducida a una sola y específica persona. Por su parte el del IMIP es más amplio pero aun así, ¿podemos decir que son una representación plena de la ciudadanía? Yo no estoy seguro, es más, sospecho que no.
Pero aun así pienso que la participación ciudadana en donde se toman decisiones es importante, pero también hay que reconocer otro riesgo, y es el de formar una élite participativa. Un pequeño grupo de gente suficientemente informada como para participar en estos espacios pero que, sin ser parte de la burocracia oficial, no obstante terminan formando otra pequeña burocracia que cuesta y tampoco representa al resto de la sociedad. Me recuerda a cuando he sido invitado a diálogos con el gobierno federal y en lugar de llenar un estadio a cambio de una soda y un burrito, llenan un salón a cambio de una comida o desayuno pero con supuestos “representantes de la sociedad”. Una pequeña élite que supone hablar por la mayoría... ¿Será?
El caso es que a pesar de que vamos avanzando muy despacio en mecanismos de democracia directa, participativa y/o deliberativa, todavía nos falta mucho por hacer... ¿y mientras?
Debemos reconocer que sí hemos avanzado mucho en lo que se refiere a la democracia electoral. Pero para que esta funcione creo que se deben reconocer al menos cuatro elementos.
Primeramente es reconocer que si no empezamos a usar nuestro voto estamos tirando una gran cantidad de dinero a la basura. Por poner un ejemplo, el no ir a votar permitió que Reyes Ferriz fuera de nuevo presidente municipal y por segunda vez desperdiciara una gran cantidad de dinero malhaciendo un proyecto tan necesario como el de mejorar el transporte público en la ciudad. Pero no fue el único responsable. La responsabilidad del transporte público, en Chihuahua pertenece al estado y no al municipio. Cuando Reyes Ferriz estaba preparando el proyecto de transporte urbano, el gobierno del estado encabezado por José Reyes Baeza, designó a René Franco Ruiz como responsable de darle seguimiento al proyecto, esa era su única responsabilidad. Pasaron dos años y el funcionario estatal hizo nada para que las cosas funcionaran, y él sí tenía toda la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué recibió a cambio? Ahora es diputado por el VII distrito de Ciudad Juárez. Pareciera que la inutilidad (no cómo insulto sino como descripción concreta de su participación en el proyecto de transporte público en la ciudad) es premiada, pero sólo es la indiferencia del 70 % de los votantes lo que lo permite.
Segundo. Tenemos una costosísima inversión en mecanismos que nos permitirían emitir un sufragio mejor y más meditado. Inversión que si no la empezamos a utilizar se puede ir tarde o temprano a la basura. Los institutos de transparencia y electorales, deben ser rescatados por la ciudadanía sino queremos que se conviertan en una monserga burocrática inútil. Es cierto que actualmente parecen estar siendo coptados por las partidos y gobiernos, pero son espacios ciudadanos que surgen por la presión y el trabajo ciudadano. Si los rescatamos, entonces tendremos bases suficientes para pedirle a los representantes que rindan cuentas como se debe. De lo contrario seguiremos tirando nuestro dinero a la basura... bueno en realidad lo tiramos a grandes salarios y prestaciones para gente que no hace su trabajo y en ocasiones hasta daña a la ciudadanía.
Cómo tercer elemento es el desprendernos de los partidos. El 30 % de votación es lo que decide quién gobierna, y este porcentaje sólo representa el voto duro de los partidos. Así, el 70 %, la mayoría puede sin mucho problema definir qué partido será el ganador. Pero cuando pensamos que al votar beneficiamos al partido entonces estamos dándole demasiada importancia a la institución y no a las demandas ciudadanas. Podemos votar por quién proponga atender nuestras necesidades de forma viable, y si no cumple,entonces le quitaremos el voto y la siguiente ocasión votaremos por otro cualquiera menos por el que nos quedó mal. Esto debería hacer que en una competencia sana los partidos fueran cada vez haciendo mejores propuestas políticas. Pero mientras el 70 % siga sin votar, sólo necesitarán el 15 o 16 % de votantes para gobernar como si fuera la voluntad de la mayoría. El punto es que si al votar pensáramos en nuestras demandas y en cómo han sido atendidas por los partidos, en lugar de que si beneficiamos al partido o no, seguramente nuestro voto tendría más valor.
Cómo último y cuarto elemento, debemos reconocer el avance que se ha generado. En las elecciones antepasadas se firmaban compromisos frente a notarios, ahora se firman frente a grupos ciudadanos con demandas específicas como el de “Juárez, sí” o “Escúchame hazlo por Juárez”, donde candidatos a la alcaldía, gubernatura y diputaciones, firmaron el compromiso de atender demandas ciudadanas muy específicas. Hemos avanzado en este aspecto, pero para que esto pueda ser efectivo y traducirse en un mejor gobierno, o al menos uno que escuche más a la ciudadanía, los votantes deben mostrar su conformidad o inconformidad mediante el sufragio.
Nunca pensé en promover el voto, pero ahora que lo pienso, al menos es a la hora de votar cuando todos y cada uno de los ciudadanos valemos exactamente lo mismo. No importa si eres rico o pobre, empresario o maestro, desempleado o explotado, si nadie te conoce o eres influyente. En ese momento es una persona, un voto. Me imagino que algún día podremos sentarnos y no decir que votaremos por el PRI o por el PAN, sino tal vez, decir, votaré por el otro partido porque el que está no me gusta cómo hace las cosas, y si queremos cambiar nuestro voto en las siguientes elecciones, tal vez poder decir, no me gusta este partido pero el candidato tiene buenas propuestas. Incluso ir a hablar con un funcionario de elección popular y negociarle que o atiende nuestras demandas o ni él ni su partido verán nuestros votos la siguiente vez.
Esta última es lo que en realidad me parece más viable, no fácil, de acuerdo, pero en la que ya llevamos camino recorrido, dinero invertido y sólo nos falta tomarla por los cuernos.
En resumen. Para poner cosas sobre la mesa de discusión, veo tres posibilidades de cambiar la forma en que se gobierna esta ciudad.
La primera es hacer nada y dejar que las cosas sigan empeorando cada día, obviamente y pensando en mis hijos esta propuesta me parece irresponsable y peligrosa. La segunda sería una revolución armada, la cual me parece muy complicada y peligrosa también. La tercera sería el aprovechar las instituciones que ya tenemos y mantenemos con nuestro dinero, sólo es usarlas para que no se echen a perder.
Sería importante pensar el papel que juega la sociedad civil o las comunidades organizadas en un debate como este. Si bien es cierto que reducir la participación ciudadana a la cuestión electoral es un riesgo, también lo puede ser el ignorar este tipo procesos.
Así... ¿Qué opinan? ¿Existen más posibilidades? ¿Estoy enfocando erróneamente alguna de las que presento? Cualquier comentario estoy seguro que enriquecerá la discusión y clarificará cuál debe ser nuestra forma de acción para tener una ciudad donde nuevamente se pueda vivir.
Hernán Ortiz
jhiiio@hotmail.com
jhortiz@uacj.mx
Sarah Palin subió a Internet un mapa con 20 políticos demócratas en el punto de mira
Los políticos demócratas de EE UU se encuentran, desde hace meses, en el punto de mira de los republicanos tras haber votado a favor de la reforma sanitaria impulsada por su presidente, Barack Obama.
La republicana Sarah Palin ya había publicado en marzo de 2010 a través de su perfil en Facebook un mapa en el que señalaba, con símbolos de mirillas de escopeta, los 20 "objetivos" demócratas que votaron a favor de dicha reforma. Tres de estas mirillas, referentes a demócratas que ya anunciaron su retirada, aparecen coloreadas de rojo.
Al mapa precede un texto en el que Palin anima a los ciudadanos estadounidenses a no desanimarse tras el empeño del presidente por llevar a cabo una reforma en el sistema de salud de EE UU con "promesas imposibles de mantener". "No a la desmoralización. ¡Organicémonos! ¡Recuperemos los 20!", reza el título de dicho texto.
Los demócratas que aparecen en el mapa pertenecían a distritos que ganaron McCain y Palin en las elecciones presidenciales en 2008. Se trata de Vic Snyder (del Estado de Arkansas), Ann Kirkpatrick (Arizona), Harry E. Mitchell (Arizona), Gabrielle Giffords (Arizona), John Salazar (Colorado), Betsy Markey (Colorado), Allen Boyd (Florida), Suzanne M. Kosmas (Florida), Baron P. Hill (Indiana), Earl Pomeroy (Dakota del Norte), Charlie Wilson (Ohio), John Boccieri (Ohio), Kathy Dahlkemper (Pennsylvania), Christopher Carney (Pennsylvania), John M. Spratt, Jr. (Carolina del Sur), Tom Perriello (Virginia), Alan B. Mollohan (Virginia del Oeste) y Nick J. Rahall II (Virginia del Oeste).
La retórica que Palin emplea en el texto se acerca bastante al tono militar: "Ésta es sólo la primera salva en una lucha para elegir a gente de toda la nación que aporte sentido común a Washington". Llama además a unirse a ella "en la lucha" a través de su web sarahpac.com.
Ajustes más finos. Clase Política
Los maltratos, extorsiones, secuestros y hasta asesinatos en agravio de migrantes de Centro y Sudamérica requieren una acción enérgica de las autoridades mexicanas y, para empezar, deben conocerse en toda su dimensión.
El presidente del Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén, señaló que valdría la pena revisar el método utilizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para una evaluación precisa sobre el número de migrantes afectados.
“No descarto que se trata de una situación gravísima”, pero se requiere de una evaluación estadística, de medición, con ajustes más finos, más que una simple multiplicación, indicó el especialista.
La cosecha
Aunque formalmente no es todavía el presidente del PRI, el coahuilense Humberto Moreira Valdés asumió de inmediato el liderazgo de su partido y en tal condición apareció en Acapulco al lado del candidato a gobernador de Guerrero por la alianza PRI-PVEM-Panal, Manuel Añorve Baños, para arrancar la recta final del proceso electoral en ese estado…
En sus primeras acciones, Moreira ha insistido en la conveniencia de “mantener la unidad para lograr los triunfos que vendrán” y en tal sentido destaca su reiterado reconocimiento a Emilio Gamboa Patrón por haber depuesto sus aspiraciones en aras de mantener dicha unidad...
La celebración priísta en Acapulco, a la cual acudió también el taquillero gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, resultó afectada por un accidente en el cual resultaron heridos simpatizantes del tricolor…
La presidenta saliente del PRI, Beatriz Paredes, estuvo en Olinalá, donde aseguró que todo México sabe que el PRI ganará las elecciones de 2012 y recuperará la Presidencia de la República, “porque la gente quiere un partido que sí sepa gobernar”…
El abanderado de la alianza PRD-PT-Convergencia al gobierno de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tuvo también, en Ometepec, respaldos de primera línea encabezados por el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien lleva su enfrentamiento con Peña Nieto a todos rumbos. Los simpatizantes de Aguirre sustentaron su optimismo en una encuesta que le concede ventaja sobre Añorve, cuyos seguidores exhibieron otro sondeo que le resulta favorable…
Otro estado donde el proceso electoral entró en la recta final es Baja California Sur, donde muchos analistas sostienen que las divisiones internas afectan al gobernante PRD al grado que el candidato a gobernador de la alianza PRI-PVEM, Ricardo Barroso Agramont, se mantiene arriba en las preferencias electorales, con el respaldo de Esthela Ponce, la aspirante a la presidencia municipal de La Paz…
Acompañado por el secretario de Desarrollo Social, el también sinaloense Heriberto Félix Guerra, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, demandó que el programa Oportunidades ya no se utilice con fines políticos…
riverapaz@prodigy.net.mx
Despecho mexicano ante Brasil Miguel Angel Granados Chapa Periodista
Distrito Federal– Al tomar posesión como presidenta de Brasil, la economista Dilma Rousseff protagonizó un hecho histórico. Es la primera mujer elegida para gobernar a ese gigante, la mayor potencia latinoamericana, “el país continente” como lo definiera Gilberto Freyre. Su asunción significa en muchos sentidos una victoria de la política: en su juventud militó en la insurgencia armada contra la dictadura militar y pagó por ello años de prisión. Eligió entonces la participación partidaria como vía para la transformación de su país, el móvil de su ingreso a la guerrilla. Y mediante acuerdos partidarios, el impulso de su antecesor Lula y su propio empuje, ganó el derecho a gobernar para que su opulento país sea también justo, sin desposeídos que vivan debajo de la dignidad humana.
Fue una gran fiesta, a la que acudieron jefes de estado y de gobierno, o dignatarios de alto nivel. La presencia de la mayor diversidad política representaba el aval de la comunidad internacional a un país que hace apenas 15 años rehusaba elegir a Luiz Inácio da Silva considerándolo un peligro para Brasil. Más allá del protocolo, el primer ministro de Corea del Sur y el de la Autoridad Nacional Palestina, la secretaria de estado norteamericana y el príncipe heredero de España, y no digamos los presidentes y líderes de los países vecinos, viajaron a Brasilia en ejercicio de la mejor diplomacia, la que procura el interés de cada quien mediante el entendimiento y la buena fe.
El gobierno mexicano se privó de la celebración. El presidente Calderón, proclive a viajar a la menor provocación, pero carente de un criterio que rija su asistencia a la toma de posesión de mandatarios, prefirió quedarse en casa. Debió representarlo la secretaria de relaciones exteriores Patricia Espinosa, aunque fuera por un mecánico ánimo de solidaridad femenina. Pero asimismo ella eligió recibir el nuevo año en la intimidad familiar. La misión recayó entonces en el subsecretario para América Latina y el Caribe, Rubén Beltrán Guerrero. Aunque hace una década se desempeñó durante dos años como director para esta región, hace apenas tres meses ascendió al rango con el que llevó la representación mexicana. Hasta antes del primero de octubre era cónsul general en Nueva York.
Quién sabe cómo habrán reaccionado los funcionarios de Itamaraty ante ese manifiesto desdén. Quizá se incomodaron o simplemente sonrieron ante el gesto pueril. Tal vez supusieron, como lo ha hecho el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, que la ausencia del presidente Calderón era una reacción contra la del presidente Lula, que no llegó a la Cumbre de Cancún sobre el cambio climático, apenas un mes atrás.
Si esa fue la motivación, se hace notorio el ralo análisis político que se practica en la cancillería. El mandatario brasileño estaba por concluir sus ocho años de gobierno.
A unas cuantas semanas de hacerlo, hubiera sido imprudente su participación en negociaciones que suponen compromisos cuyo cumplimiento no puede garantizar. También pudo haber obrado en él un factor de buenas maneras. Precisamente por la inminencia de su retiro, y dado el papel que ha desempeñado en diversos ámbitos de la política internacional, su presencia hubiera implicado un protagonismo en demasía, con detrimento del sitio que correspondía al anfitrión.
Desde otra perspectiva, quizá la omisión mexicana puede entenderse a la luz de la filiación política del gobernante que se va y de la que llega. Pero si en la diplomacia privaran las volubilidades ideológicas, los presidentes de Colombia Juan Manuel Santos y de Chile, Sebastián Piñera, cuyas concepciones políticas de derecha son semejantes a las de Calderón, se habrían también abstenido de presentarse. Y sin embargo lo hicieron y, a juzgar por el ánimo captado por las cámaras, no participaban en una reunión luctuosa.
El rango menor de la delegación mexicana refleja la rispidez que por lo menos desde la perspectiva mexicana ha regido las relaciones entre los dos países en los últimos años, en que se ha desarrollado una suerte de disputa sorda por ostentar el liderazgo de América Latina. Aunque la diplomacia brasileña ha sido en todo tiempo muy activa y se la considera como una de las más profesionales del mundo, la inestabilidad política y económica que afectó a esa enorme nación durante los últimos decenios del siglo XX, contrastante con la estabilidad mexicana de ese periodo y la relativa continuidad de su política exterior posible por el régimen de partido único, generaron la percepción de que México se hallaba a la cabeza de las naciones latinoamericanas. Pero desde que el presidente Fernando Henrique Cardoso rescató a Brasil de sus vicisitudes financieras a través de un programa que no fue rechazado sino continuado por Lula, pese a sus diferencias, el “país continente” emergió con toda su potencia en las relaciones internacionales.
Llevado por las circunstancias y la concepción panista de la diplomacia (si es que hay alguna) México se ha distanciado de Sudamérica. En contraste, la dinámica política internacional de Lula lo ha hecho surgir como un país potente, cuyo concurso es menester en diversas combinaciones del poder político y económico mundial. Su pujanza y su progreso social, la expectativa de que la nueva Presidenta ahondará los programas que condujeron a ese resultado, hacen brillar cada día con más intensidad a Brasil. Una suerte de despecho, de inmaduro rechazo a la fortuna ajena vaya o no en detrimento de la propia aleja a México de aquella nación.
Intereses de empresas que apoyaron al PAN imponen su ley en comida chatarra
Yerno de Gordillo rechaza que existan acuerdos políticos
Bimbo, Coca-Cola, Pepsico y Jumex, entre las beneficiadas
“Los políticos sin escrúpulos venden hasta la salud de los niños”, admiten legisladores
El poder económico hace fracasar la regulación a la comida chatarra
Imperan intereses de empresarios por el apoyo que representan en época electoral: investigadores
Karina Avilés
Periódico La Jornada
Lunes 10 de enero de 2011, p. 5
Al reiniciar hoy las clases en 231 mil escuelas de educación básica, el acuerdo entre el gobierno de Felipe Calderón y las empresas que han apoyado al Partido Acción Nacional (PAN) pasará por encima de la salud de más de 27 millones de niños que podrán comprar en sus escuelas productos chatarra, que afectan a los infantes, advierten legisladores, investigadores y representantes de organizaciones civiles.
Las utilidades de esta industria, que ascienden a “40 mil millones de pesos en las cooperativas escolares”, no se tocan por una razón de fondo: el apoyo financiero a los intereses electorales con miras al 2012, coinciden expertos.
Sin embargo, el subsecretario de Educación Básica y yerno de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, Fernando González Sánchez, rechaza de manera tajante que los intereses económico-políticos existan en los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas, que a partir de este lunes se aplicarán en las escuelas públicas y privadas de enseñanza básica en todo el país.
Afirma que en las reuniones en que participó con los representantes de esta industria, lo único que “vi fue un gran deseo de cooperación; hubo empresas que ofrecieron fideicomisos para mejorar canchas deportivas, infraestructura, e incluso refresqueras que decidieron salirse de las escuelas antes de que los lineamientos entraran en vigor.
“En mi trato con todos ellos, lo único que vi fue el interés por mantener la planta productiva, la planta laboral de manera completa y el interés social por mejorar sus fórmulas y alimentos… Jamás vi prácticas dilatorias, no vi manejos turbios. Si los hubiera visto, lo diría.”
Contrario a esa consideración, el diputado Helario Verver, de la Comisión de Salud, sostiene que dicha regulación se convirtió al final “en un documento a modo de los grandes intereses económicos que, por tanto, tienen intereses políticos. Este es un año electoral y prelectoral decisivo”.
El investigador Telésforo Nava, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Iztapalapa, subraya que “lo económico es un asunto político. En este reglamento se juegan enormes intereses de quienes fabrican los productos chatarra. El grupo Bimbo es el gran financiador de Acción Nacional y tiene un peso muy fuerte en el sistema político, incluso no sólo en el blanquiazul, ya que el PRI agacha la cabeza cuando los Servitje (propietarios) dan alguna orden”.
Este es un caso, añade, en donde el poder económico se impuso al bien colectivo, porque los funcionarios saben los “beneficios” que proceden de los hombres del dinero: “el apoyo en abundancia para sus campañas electorales, que este año es vital, por las elecciones en el estado de México, que son el preámbulo para el proceso de 2012”.
El director de El poder del consumidor, Alejandro Calvillo, recuerda que Bimbo, Coca-Cola y PepsiCo, las tres grandes procesadoras de alimentos que acaparan el mercado, incluyendo el de las tiendas escolares, “han tenido momentos en que han sido denunciadas por sus vínculos con las campañas políticas. La familia Servitje, con el PAN; Coca-Cola, con Vicente Fox y todas las relaciones del blanquiazul con ese grupo, mientras que Pepsi, por medio de Sabritas, participó de manera evidente en la campaña contra López Obrador”.
Además, agrega, no hay que olvidar que la ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, “realizó convenios con Coca-Cola y Pepsi para acordar programas de vida saludable en las escuelas, cuestión que daría risa en cualquier otro país del mundo”.
En esta regulación, agrega, el cabildeo ocurrió a nivel del Poder Ejecutivo. “El secretario de Economía, Bruno Ferrari, y la subsecretaria de Industria y Comercio, Lorenza Martínez, presionaron para que se modificaran los lineamientos y el primero que dio cabida al argumento de las empresas fue Alonso Lujambio.
“Por parte de la industria, el cabildero de alto nivel que ahora sirve a las empresas fue Jaime Zabludovsky, presidente ejecutivo de ConMéxico, organismo en donde se agrupan PepsiCo, Coca-Cola, etcétera, y quien durante el gobierno de Carlos Salinas fue subsecretario de Economía.”
Para el presidente de la comisión para analizar los esquemas de tercerización de servicios en el sector público de la Cámara de Diputados, Emilio Serrano (PRD), es claro que los titulares de la SEP, Alonso Lujambio, y de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova, se hicieron de la vista gorda. “Los políticos sin escrúpulos venden todo lo que está a su alcance, hasta la salud de los niños”.
En este contexto, tampoco se puede perder de vista que el titular de la SEP, Alonso Lujambio, “cree que puede jugar la candidatura a la Presidencia de la República, al igual que los secretarios de Hacienda y del Trabajo. Quieren llegar a como dé lugar, aunque sea vendiendo al país”, sostiene.
Por esa razón, agrega, se permite que “los grandes empresarios hagan y deshagan con los productos que venden. En lugar de en Educación, Lujambio debería estar en la Secretaría Promotora de Productos Chatarra”.
Pese a que México es líder mundial en obesidad de adultos y es el país número uno con niños que padecen sobrepeso y obesidad, las nuevas medidas permiten, por ejemplo, galletas, pastelitos, confites y postres de 140 kilocalorías o menos, botanas con igual número de calorías y bebidas con edulcorantes, estas últimas para los alumnos de secundaria.
Alejando Calvillo recuerda que Coca-Cola tiene una serie de marcas de bebidas, como Del Valle, y el grupo PepsiCo no sólo es la Pepsi, sino todas las botanas que vende mediante Sabritas y Sonrics, y lo mismo ocurre con Bimbo, con Marinela, Barcel y Ricolino.
Las empresas “ya están sacando jugo” de las nuevas disposiciones, y en un hecho “gravísimo, hay las que, como Jumex, sacaron espectaculares en donde dicen que sus productos están avalados por la SEP. Ahora nada más falta que las minichatarras aparezcan con el sello de que son saludables”.
El subsecretario González Sánchez indica que la industria alimentaria en México “es muy importante, y entre todos debemos cuidarla. Ellos deben responder con mayor responsabilidad social incorporando las innovaciones que nos lleven a una mejor alimentación de los niños y niñas… Pero esperaríamos que de fondo, en el nuevo etiquetado (de los productos), se explique que sí se responde a los requerimientos y no se trate sólo de un tema de mercadotecnia”.
Desde la óptica nutricional, la investigadora María del Consuelo Velázquez, del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, señala que “aquí no se trata de quién va a ser el próximo presidente de México, porque independientemente de quien vaya a ser, tenemos un problema que no se ha resuelto y que no se resolverá con medidas parciales”.
Advierte que si no se regula la venta de alimentos, si no se quita a los vendedores en el exterior de las escuelas, si no se educa a los padres para que preparen comida saludable, “entonces sólo se da atole con el dedo y, por cierto, un atole bastante endulzado y con azúcar refinada”. De ahí que insista en su propuesta de introducir básculas en todos los planteles, para pesar a los niños al inicio del ciclo escolar y medir su grasa corporal, entre otros rubros, así como el servicio de los nutriólogos para que al final del año se realice una evaluación.
El que hayan imperado los intereses de una industria –la cual obtiene “40 mil millones de pesos” tan sólo en las cooperativas escolares– sobre la salud infantil retardará incluso la solución, y el problema será más grave, lamenta Heladio Verver.
María del Consuelo Velázquez añade: “que la historia se los aplauda o reclame, pero lo que puede pasar es que estas medidas queden como una campaña frustrada” e ineficiente.
Clima de odio a migrantes, detrás de la violencia en Arizona
“!>cautelosamente optimistas”!>sobre la salud de Giffords
“!>tal vez”!>el ambiente político más polarizado del país, donde ultraderechistas han empleado símbolos, realizado actos y utilizado lenguaje agresivos en sus campañas antimigrantes y contra el presidente Barack Obama y sus aliados.
“!>vitriólica”!>que se ha ampliado por todo el país es factor importante en los hechos.
“!>Cuando uno ve gente desequilibrada, cómo responden a lo vitriólico que sale de ciertas bocas sobre cómo desmantelar al gobierno, la ira, el odio y la intolerancia que imperan en este país se están volviendo atroces. Desafortunadamente, creo, Arizona se ha convertido en la capital. Nos hemos vuelto la meca para el prejuicio y la intolerancia”!>.
“!>no es uno de los nuestros”!>, mientras progresistas y liberales acusaron a políticos derechistas y sus bases de haber cultivado el ambiente político
“!>en que este tipo de violencia casi fue invitada”!>.
“!>cautelosamente optimistas”!>sobre la condición de Giffords y que ella ya respondió a señas a algunas instrucciones. Sin embargo, nadie sabe la magnitud del daño cerebral por la bala que le atravesó el cráneo.
“!>persiguiendo activamente”!>a un segundo sospechoso, quien todavía no ha sido identificado.
“!>hay evidencia de que Loughner había premeditado la acción”!>, reportó el New York Times. Éstos aseguran que Loughner compró la pistola Glock que utilizó en el asesinato en la tienda Sportsman’s Warehouse en Tucson el 30 de noviembre –en uno de los estados donde la adquisición legal de armamento es sumamente fácil y de donde provienen miles de armas decomisadas en México.
“!>étnica”!>sobre historia y cultura latina. De hecho, bajo la nueva norma, la semana pasada una Corte local ordenó cancelar programas de estudios latinos en el sistema de escuelas públicas de Tucson.
Fue un estudiante latino, Daniel Hernández, de 20 años, quien salvó la vida a Giffords. Voluntario en el acto, estaba a su lado. Cuando la vio caer aplicó presión sobre la herida para detener la hemorragia. Además, la mantuvo alerta.
“!>Como estaba padeciendo gran dolor, le dije que me apretara la mano tan fuerte como quisiera para aguantar”!>, comentó a CNN.
El incidente sacudió a la clase política del país.
“!>Un ataque contra uno que sirve (al público) es contra todos los que sirven”!>, afirmó ayer el presidente de la cámara, Boehner, y todos los legisladores federales fueron alertados para que tomaran medidas de precaución. El ataque ha desatado nuevamente un debate sobre el carácter del discurso político estadunidense, sobre todo el generado tras la elección de Obama, con agrupaciones ultraderechistas calificando de
“!>socialista”!>al gobierno, cuestionando la ciudadanía del presidente, empleando códigos con implicaciones raciales, tildando sus políticas de
“!>antiestadunidenses”!>y amenazando a políticos que son aliados de la Casa Blanca o apoyan algunas de sus iniciativas.
Arizona ha sido epicentro de esa ofensiva ultraderechista y dos de las víctimas de este ataque han sido objeto de agresiones anteriores. Giffords es una de los 20 legisladores incluidos en la
“!>lista de blancos”!>identificados para ser derrotados por ultraconservadores en la contienda electoral en una página de Facebook publicada por Sarah Palin, con una gráfica que mostraba una mira de un rifle (el sitio fue cerrado recientemente). Su contrincante, el republicano ultraconservador y ex marine Jesse Kelly, convocaba a
“!>dar al blanco”!>e invitaba a un acto de campaña donde las personas podían disparar un fusil M-16 automático.
Giffords empezó a recibir amenazas de muerte en 2010, durante su campaña de relección. Grupos afiliados a la ultraderecha, inclusive neonazis, la acusan de
“!>traición”!>por sus ideas, a pesar de que es una demócrata
“!>moderada”!>que apoya mayor presencia militar en la frontera, aunque respalda una reforma migratoria integral y también defiende el derecho a portar armas. Giffords había alertado hace meses sobre las consecuencias violentas de la retórica y los símbolos empleados por sus contrincantes.
Por otro parte, el juez federal Roll también había recibido amenazas de muerte por
“!>patriotas”!>antimigrantes desde febrero de 2009, cuando resolvió en favor de una demanda legal de indocumentados contra un ranchero. Fue tan preocupante, que el servicio federal de alguaciles le otorgó protección un mes.
Todo indica que el odio sembrado en años recientes en Arizona y otras partes fue cosechado la mañana del sábado en Tucson.
Encinas y la justicia electoral. Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 9 de enero.- Como corresponde a un hombre que ha hecho de la militancia congruente una forma de vida, la probable candidatura de Alejandro Encinas al gobierno mexiquense ha suscitado un gran entusiasmo político, como se vio en el pequeño círculo dirigente de los partidos que lo apoyarían, el miércoles, y al día siguiente en los mítines mexiquenses en que compartió ovaciones con Andrés Manuel López Obrador.
Está por establecerse el modo en que será candidato Encinas, cuya inclusión en el proceso local de ese estado, idea inicial de su exjefe, dio al traste con la alianza del PAN y del PRD, puesto que la hizo imposible para el perredismo. Habrá una coalición, la de los partidos que postularon a López Obrador a la Presidencia de la República, que en esa entidad obtuvo en 2006 más de 1 millón 800 mil votos, pero es poco probable que a esa alianza se agregue el PAN. Tenía sentido forjarla con el partido que gobierna el país para derrotar al PRI, pero ello no se conseguiría ni remotamente con candidaturas divididas de los partidos llamados de izquierda. De su actitud inicial en que dividía a sus partidos, la sagacidad política de López Obrador lo ha llevado a promover su unidad, en torno a un candidato de su confianza y la de todos.
Para cuando se recorra el camino político para su postulación, es probable que Encinas tenga ya plena seguridad sobre el cumplimiento de los requisitos que lo hagan elegible. Pondría en riesgo la gobernabilidad del estado el que el desempeño del jefe de los diputados perredistas y sus variados apoyos le consiguieran la victoria y ésta no pudiera legalmente consumarse porque el candidato no satisfizo la condición de residencia que la Constitución local establece.
Salvo que ese documento fijara en 1993 requisitos diversos de los que actualmente rigen, el registro de la candidatura de Encinas en aquel año podría constituir un inequívoco antecedente, una prueba plena de que cumplió entonces esa condición legal, y puede sustentarse que la cumple también ahora. Y es que el haber residido durante cinco años en el Estado de México para ser candidato a gobernador es requisito cumplible en cualquier tiempo, no inmediatamente antes del día de la elección. Encinas ya probó haber sido residente y, por lo tanto, ciudadano mexiquense, y no ha incurrido en ninguna de las causas por las que tal condición se pierde.
Claro que las circunstancias de la competencia electoral hace 17 años eran en esa entidad muy otras de las vigentes hoy, y acaso por ese motivo no se consideró necesario exigir de modo estricto cumplir los requisitos de elegibilidad. En aquel tiempo el gobierno mexiquense apenas comenzaba a abrirse a la presencia opositora, especialmente la de Acción Nacional. Los candidatos antagónicos carecían de la mínima probabilidad de triunfar, y al cinismo legal del gobierno le daba lo mismo si esos apóstoles eran elegibles o no.
Apenas en 1981, y con tintas pálidas, comenzó a trazarse el panorama electoral competitivo mexiquense. Alfredo del Mazo González obtuvo 62% de los votos, contra 6.1% del aspirante panista y sólo 3.1% del candidato comunista. Seis años después la votación panista casi se duplicó, para llegar a 11.3%, pero la maquinaria priista asignó el 72.9% a Mario Ramón Beteta (quien incumplió el requisito de residencia). El actor y activista Carlos Bracho, candidato de la izquierda, avanzó a 8.8%, que en números absolutos daba una cifra inimaginable para un partido marginal: 175 mil votos.
En 1993 el joven (no llegaba todavía a los 40 años) diputado federal Encinas superó en cien mil votos la cifra de Bracho, aunque se quedó en el mismo nivel porcentual. Contendió contra Luis Felipe Bravo Mena, quien obtuvo más de medio millón, y con Emilio Chuayffet, quien se aproximó a los 2 millones de votos.
Chuayffet dejaría a medio camino su gubernatura y luego sería secretario de Gobernación, de donde fue depuesto y sometido a un breve ostracismo del que se repuso con sendas curules en 2003 y 2009. Bravo Mena encabezó el partido que arrebató al PRI la Presidencia, y luego de ser embajador ahora es secretario privado de Felipe Calderón.
La vida política de Encinas fue más rica y sorprendente si se considera que todavía a mediados de los años 90 las posibilidades de gobernar estaban vedadas para la izquierda. Pero con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF en 1997 muchos militantes empezaron a cursar una carrera gubernativa. Con ese jefe de Gobierno, Encinas fue secretario del Medio Ambiente. Con López Obrador sería después secretario de Desarrollo Económico y subsecretario y secretario de Gobierno, hasta suplirlo en la jefatura de la administración capitalina en julio de 2005.
Cinco años antes, sin embargo, había sucumbido de nuevo a la tentación electoral, esta vez con perspectivas halagüeñas. Apoyado por el mayor número posible de partidos (más que los que postulaban a López Obrador) buscó ser jefe delegacional en Álvaro Obregón. Como se sabría después por confesión propia, el empresario argentino Carlos Ahumada apoyó financieramente la campaña de Luis Eduardo Zuno, el candidato panista que trampeó y logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara su triunfo, aunque apenas le reconociera poco más de 500 votos de diferencia.
Toparía Encinas de nuevo con ese tribunal en 2008. Luego de su satisfactorio desempeño como jefe de Gobierno, y su sagaz combinación de autoridad de todos y militante de la causa de López Obrador, adquirió una gran presencia y sólida reputación dentro del PRD, que lo llevó a disputar la presidencia del partido. Lo hizo contra Jesús Ortega, quien por enésima vez buscaba esa posición y no se paró en barras para obtenerla esta vez. Al cabo de un sucio proceso electoral, que debió ser anulado dadas las trapacerías que lo caracterizaron, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ungieron jefe del partido a Ortega, con lo que la fractura perredista, visible durante las campañas internas, se ahondó hasta casi partir en dos a ese partido.
Asegúrese pues Encinas, y estén seguros también sus postulantes, de que su elegibilidad no ofrecerá un flanco débil que lo prive de un triunfo claramente obtenido, como ocurrió en los dos momentos recordados. No se expongan a perder en oscuras oficinas lo que acaso obtengan en la transparencia de las urnas.
Cambios en el equipo de Calderón. Bajo Reserva
LOS CAMBIOS en el equipo del presidente Felipe Calderón Hinojosa podrían no haber terminado. Hasta hace algunas semanas se pensaba que Roberto Gil Zuarth podría ir como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, donde Salvador Vega Casillas no parece capaz de controlar las manos de los funcionarios públicos, cuando incluso integrantes de su familia son señalados de promover negocios poco claros, pero su paisanaje con Calderón le sigue permitiendo sobrevivir al interior del gabinete.
LA CANCILLERÍA, que encabeza Patricia Espinosa, era también vista como terreno fértil para la aparición de nuevos mandos, pues se aseguraba que la titular estaba cansada. Pero vino la COP16, y con ello, un alarde de la secretaria, quien hizo lucir por todo lo alto a la diplomacia mexicana y recuperó la confianza de la comunidad internacional en las instancias multilaterales para resolver asuntos de gran envergadura. Poca cosa. Adicionalmente, Espinosa tiene frente a sí resolver designaciones clave de embajadores y cónsules.
JUAN MOLINAR Horcasitas tendrá sobre su espalda una tarea clave en la definición de la estrategia electoral de su partido durante 2011 y 2012. Para eso deberá contar con todo el apoyo imaginable desde Los Pinos. Y ahí tendrá un problema. En la casa presidencial dejó algunas malquerencias que le atribuían un desordenado manejo de los asuntos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde Molinar seguramente no construyó una sola amistad nueva entre los magnates de todo tipo con los que tenía que lidiar.
POR CIERTO, el citado Roberto Gil Zuarth quedó sobradamente compensado tras el mal trago que tuvo que pasar durante semanas, luego de que el propio presidente Calderón le pidiera lanzarse en pos de la dirigencia nacional del PAN y le designó a Patricia Flores como la coordinadora de su campaña. Ya ni quién se acuerde de eso, ¿o sí?
EN NAYARIT,la presumida unidad del PRI comienza a estar en riesgo. La ventaja en las preferencias ciudadanas que logró el alcalde de Tepic, Roberto Sandoval, construida con grandes despliegues de recursos en programas asistenciales, nos cuentan, se ha desvanecido, y los senadores Raúl Mejía y Gerardo Montenegro, prácticamente lo han alcanzado. El edil amaga con dejar al tricolor si no es designado candidato, y los senadores han comenzado a construir un acuerdo para que alguno de los dos sea el candidato del partido: el primero es cuñado del gobernador Ney González y el segundo, el heredero de la dirigencia moral del magisterio nayarita.
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