Las estadísticas son implacables porque difícilmente pueden ser rebatidas con opiniones que discrepen de los fríos números que dan cuenta de alguna realidad.
Sobre todo, cuando esos datos han sido obtenidos con base en cifras oficiales avaladas por la investigación de profesionales serios, como es el caso de la cantidad de homicidios dolosos cometidos en Ciudad Juárez en los tres años pasados, a consecuencia de la guerra que se libra en las calles de esta frontera.
Los dígitos obtenidos en estos conteos han sido proporcionados por los protocolos de información, primero de la Procuraduría de Justicia del Estado y, a partir de octubre del año pasado, de la Fiscalía General, confrontados con la sumatoria que cada día llevan, de manera rigurosa, los reporteros de este medio.
De manera que sería absurdo rebatir con palabras la despiadada realidad de que en esta comunidad fronteriza se volvió a imponer el vergonzoso récord, por tercer año consecutivo, de ser la ciudad más violenta del mundo, aun por encima de urbes y países que se hallan en confrontaciones abiertas como son Afganistán, Irak e incluso Pakistán.
O bien, con índices mayores de asesinatos a los que presentan ciudades consideradas violentas en el contexto mundial, como son Caracas, Venezuela; San Pedro Sula, Honduras; o San Salvador, la capital de El Salvador.
De hecho, frente a la violencia que vive Juárez ya ni siquiera se la compara con otras ciudades de Colombia en la actualidad, que en su momento pudieron haber sido los referentes obligados, a saber, Bogotá, Cali o Medellín.
Hasta los políticos, acostumbrados a salirse por la tangente cuando los números no los favorecen, han tenido que admitir esta realidad devastadora.
En una de sus primeras declaraciones del año, el presidente Felipe Calderón tuvo que aceptar que 2010 fue el año más violento en México, aun cuando quiso atemperar estas inobjetables condiciones revirtiéndoles toda la responsabilidad a los cárteles de la droga y, como ha sido su costumbre, a los medios de comunicación, sobre todo a los impresos, a los que incluso pretendió “darles línea” sobre el manejo que deberían hacer de las notas “buenas” y las “malas”, según su percepción.
Asimismo, al mal tiempo que impera en el país, el primer mandatario intentó presentarle una buena cara, lo cual resulta imposible frente a la violencia inocultable con que ha comenzado este año.
En entrevista con una estación de radio de la ciudad de México, Calderón aseguró que “ya pasamos la cresta de la ola… la mala noticia es que esos eventos (la pugna entre los cárteles de la droga) determinaron que 2010 fuera el año más violento en términos de muertes … la buena noticia es que ha sido el primer año donde, mes a mes, han comenzado a descender los homicidios violentos…”
Como para darle la contra al jefe de la Nación, en esta ciudad la racha de homicidios en vez de disminuir ha continuado en los primeros días del año, mientras que en otras partes del país, como ayer en Acapulco donde fueron tirados 15 cuerpos decapitados, la violencia refuta las “buenas noticias” de Calderón.
Los principales responsables de frenar esta tendencia que en tres años ha sido insuperable, el propio presidente Calderón y el gobernador César Duarte, se reunieron el viernes en Los Pinos, encuentro del que, al parecer, no hubo resultados como para lanzar vítores, porque se expusieron discursos ya conocidos, si bien se reiteró la disposición de ambos para continuar con la coordinación iniciada en octubre pasado.
Duarte refrendó el compromiso de su gobierno para reforzar la colaboración con la Federación en la lucha contra el crimen organizado, así como seguir avanzando en el objetivo de contar con policías locales más confiables, mejor preparadas y agilizar los sistemas de procuración y administración de justicia.
A su vez, el Ejecutivo federal ratificó que continuará su lucha por la seguridad de las mujeres y los hombres de Chihuahua, “apoyando a las autoridades de la entidad con todos los recursos del Estado mexicano”.
No bien había terminado esa reunión entre los dos gobernantes cuando el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora –quien por cierto estuvo presente en el encuentro–, en sesión con los secretarios ejecutivos de los sistemas de seguridad pública estatales unas horas después, reconocía públicamente que el tema de la profesionalización y certificación de los policías municipales, estatales y federales ha sido un “talón de Aquiles” para el gobierno.
Y es que, según reveló Blake Mora, hasta el 30 de noviembre del año pasado sólo habían sido evaluados con las pruebas de confiabilidad 33 mil 500 agentes de un total de 448 mil que existen a nivel nacional, apenas el 7.5 por ciento.
Por lo que respecta al Gobierno estatal, a mediados de la semana que comienza cumplirá sus primeros cien días, lapso en el que se comprometió a presentar avances en materia de seguridad pública.
Los adelantos que se han conseguido han sido, fundamentalmente, en el marco teórico con algunas reformas aplicadas al esquema de justicia penal dejado por la anterior administración que, como tanto se recalcó en estos espacios, propició altos índices de impunidad, si bien uno de los logros más divulgados, la prisión vitalicia para los secuestradores, será rebasado a partir del 28 de febrero próximo, cuando entre en vigor la normatividad federal sobre esta materia.
En estos momentos se realiza una consulta estatal para definir nuevos cambios que serán introducidos en el sistema de justicia, con el fin de ponerle candados a las “puertas giratorias” en que se habían convertido las oficinas procuradoras de justicia, a donde llegaban los delincuentes y a las pocas horas o días ya andaban en libertad, reincidiendo en sus ilícitos.
Uno de estos últimos casos es el de uno de los tres detenidos por la balacera del jueves en El Granjero, que ya había sido arrestado con anterioridad, acusado de decenas de homicidios y otros delitos, pero se hallaba tan campante en libertad y participando en balaceras y más asesinatos.
Ha habido, asimismo, avances en la desarticulación de algunas bandas de plagiarios, a quienes se les ha podido aplicar la cadena perpetua con el beneplácito de la ciudadanía.
Sin embargo, ni para el Gobierno estatal ni para el federal es tiempo, aún, de hablar de “buenas noticias”, porque la obcecada realidad de violencia se sigue imponiendo sobre las buenas voluntades.
En ese contexto, se anuncia la próxima visita del presidente Calderón a esta ciudad a finales de enero, con el propósito de inaugurar la unidad deportiva prometida a los vecinos de Villas de Salvárcar, a casi un año de la tragedia que arrojó aquella masacre de quince estudiantes, que detonó las visitas del primer mandatario a esta frontera y la instrumentación del “Todos somos Juárez”.
La presencia de Calderón en la ciudad en este mes será, sin duda, una excelente coyuntura para que los juarenses evalúen, junto con las autoridades, lo que dentro de ese programa se ha realizado en esta frontera, que en realidad es muy poco.
Con excepción de esa unidad deportiva, no hay otra obra que pueda destacarse de las tantas que se anunciaron para “reconstruir el tejido social” tan maltrecho en esta ciudad, que dio pauta para la descomposición que ha derivado en la situación que hoy vivimos.
Dos de los puntos torales de este programa, como fueron la regularización de los autos chuecos con fines de seguridad pública y la afiliación masiva de juarenses al sistema de salud a través del Seguro Popular, han sido sendos fracasos hasta ahora.
Del primero, como sabemos, sólo pudo lograrse la fronterización de una pequeña parte del parque vehicular irregular que circula por las calles de la ciudad.
Esa situación generó que el gobernador Duarte anunciara un censo con engomado para la identificación de los autos chuecos y la petición de otro proceso de regularización al Gobierno federal el viernes pasado, en su entrevista con el presidente Calderón, que ni siquiera motivó una respuesta inmediata de éste.
No parece haber interés en el Gobierno federal para solucionar este problema, como se vio en el transcurso del año pasado, a pesar de que el propio Calderón recalcó lo contrario las veces que ha estado aquí.
Más aún, como si no hubiese sido la peor decisión el decreto de importación de vehículos que data del 24 de diciembre de 2008, que por sus altos costos sepultó desde entonces la actividad comercial para los vendedores de autos y cerró la puerta de la legalización a los poseedores de autos ‘chuecos’, a fines de diciembre pasado el presidente Calderón extendió su vigencia otros seis meses.
El decreto original caducaba el 31 de diciembre de 2010, pero como según el mandatario “la Comisión de Comercio Exterior ha emitido opinión favorable de la medida a la que se refiere dicho instrumento”, lo extendió hasta el 30 de junio de este año.
De allí la urgente necesidad de que el Gobierno del Estado emprenda con celeridad el censo anunciado.
Por lo que se refiere al Seguro Popular, si bien se ha llevado a cabo una masiva afiliación de derechohabientes que antes no contaban con algún servicio de salud, los resultados han tenido sus asegunes, porque lo cierto es que la infraestructura médica existente no estaba preparada para dar cabida a tantos demandantes y lo que puede observarse por estos días son hospitales saturados y con mala atención.
Si ya de por sí, los nosocomios no se dan abasto para atender a los miles y miles de baleados, menos tienen la capacidad para dar un servicio aceptable a las decenas de miles que han sido afiliadas al Seguro Popular. Lo cual denota que estas decisiones burocráticas han sido adoptadas sobre las rodillas sin tomar en cuenta la realidad.
Así pues, a pesar de que se vean algunos signos alentadores en lo que hacen nuestras autoridades de las diversas instancias, los desalentadores abruman. Es hora de pasar del discurso a las acciones más drásticas. La ciudadanía todavía no modifica su percepción de desconfianza hacia la autoridad de cualquier nivel, y no lo hará mientras continúe esta situación de violencia sin grandes variaciones.
Si como están las vísperas seguirán los días, entonces el inicio de este año no nos pinta nada bueno para los meses subsecuentes. Todavía no hemos llegado a la cresta de la ola, como diría el presidente Calderón. A no ser, claro, que las autoridades realmente se pongan las pilas y empiecen a cristalizar los anuncios y las reformas en marcha. Ciudad Juárez ya no aguanta un cuarto año como la más violenta del mundo.
Jueces y fiscales: hora
de pagar la indolencia
Si uno de los tres poderes ha estado históricamente alejado del escrutinio público, ese es el Poder Judicial. No por nada, en el imaginario colectivo persiste la idea de que jueces, magistrados y funcionarios de esa institución pública se han identificado –o así se sienten algunos de ellos– como una especie de “casta divina” que a nadie debe rendir cuentas de sus actos y sus decisiones.
Por ello la serie de acontecimientos que siguieron a la liberación en primera instancia del acusado por el homicidio de Rubí Marisol Frayre Escobedo, y que llevó a la separación de los tres jueces de un Tribunal Oral que dieron ese fallo –cuando meses después estalló el escándalo público por el asesinato de la madre de la víctima, Marisela Escobedo– produjeron una sacudida en todas las estructuras de la procuración de justicia que no puede pasarse por alto.
Y eso que las ventanas apenas se están abriendo. Hasta hoy únicamente se ha aplicado contra los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib Jurado, una suspensión temporal que ordenó el Supremo Tribunal de Justicia, mientras se resuelve un procedimiento administrativo que los deberá sancionar internamente si en efecto se comprueba que actuaron violentando algún precepto legal cuando en su fallo del 29 de abril de 2010 exoneraron a Sergio Barraza Bocanegra, argumentando falta de pruebas en el expediente.
Por escribirse está todavía el inédito recurso del juicio político contra los tres jueces que el 21 de diciembre solicitó instaurar (y luego ratificó el 29 del mismo mes) ante el Congreso del Estado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz.
Viene de la portada
El fallo judicial de abril del año pasado sería archivo muerto si Marisela Escobedo no hubiese ofrendado su vida en el fatídico atentado que sufrió frente a las puertas del palacio estatal, donde mantenía un plantón con la que había sido su exigencia durante ocho meses desde que los jueces exoneraron al acusado: que la Fiscalía persiguiera y detuviera a Sergio Barraza Bocanegra para que pagara por el crimen de Rubí Marisol.
Si bien desde aquella polémica exoneración, el Poder Ejecutivo estatal enderezó una queja contra los jueces y luego la entonces Procuraduría (hoy Fiscalía General) promovió un recurso de casación que concluyó con una nueva sentencia condenatoria contra el acusado (ya en libertad), ni los jueces habían tenido que explicar su criterio, ni Sergio Barraza Bocanegra volvió a ser aprehendido para pagar su culpa.
En el aire quedó la sentencia de 50 años contra el homicida dictada por otro Tribunal de Juicio Oral el 26 de mayo y en nada quedó también la auditoría al trabajo de los jueces luego de la creación de una comisión revisora con la participación de todos los colegios de abogados, a la que convocó entonces el titular del Poder Ejecutivo.
Apenas en el Supremo Tribunal de Justicia se preparan para dictaminar en el proceso administrativo y en el Congreso del Estado citaron para discutir la integración de la Comisión Jurisdiccional que requiere el juicio político para el próximo 11 de enero, y ya los jueces que entraron al relevo de los temporalmente suspendidos se colocaron también en el ojo del huracán por un polémico fallo.
Carlos Martínez García, Aram Delgado García y Juan Javier Cornejo Páez exoneraron el miércoles 5 de enero, en su primer fallo como sustitutos, a tres hombres (presuntamente extorsionadores y sicarios de una de las bandas del crimen organizado), por un doble asesinato cometido en septiembre de 2009.
De nuevo, como en el caso del crimen de Rubí Marisol, no fue tomada en cuenta una declaración autoinculpatoria y otra vez la Fiscalía anuncia que apelará ese fallo ante un Tribunal de Casación, en busca de que se logre la condena (podría pedirse la prisión vitalicia) y se ordene a otro Tribunal Oral dictar sentencia.
En medio del cisma institucional que están generando estos casos entrelazados, diputados locales ya propusieron la creación de un Consejo de la Judicatura Estatal (como ya existe en otras entidades o a nivel federal) para que sea este órgano el responsable de valorar a los jueces y magistrados, revisar sus actuaciones, recibir quejas y sancionar cuando corresponda, sin que se sufra la injerencia de otros poderes.
Sin embargo, no es la rendición de cuentas para los integrantes del Poder Judicial la única asignatura pendiente que han evidenciado los hechos con los que cerraron el año viejo y la primera semana del 2011.
Además de ese déficit estructural para procesar las omisiones, fallas y conflictos de interés de los jueces, el caso desnudó las limitaciones del Ministerio Público que antes y después de la intervención de los juzgadores, antes y después del relevo sexenal y del cambio de nombre de la Procuraduría a Fiscalía General, fue incapaz de realizar una eficiente investigación, y luego ubicar el paradero del prófugo Sergio Barraza Bocanegra.
Infortunadamente, esa ha sido otra constante atrás de muchos de los casos de crímenes de alto impacto y cientos, quizás miles de expedientes de homicidios dolosos y otros delitos: las carpetas de investigación bajo responsabilidad de los agentes del Ministerio Público, quedan en blanco, sin que se les anexen testimonios, documentales o periciales que prueben la responsabilidad de los presuntos, estén o no detenidos.
Urge que a la par de la anunciada reforma al sistema de justicia para cerrar rendijas a la impunidad, se rediseñe y se fortalezca al Ministerio Público, esa institución que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, sin cuyo soporte de investigación y trabajo científico, nada puede hacer un juzgador.
Es la hora de la rendición de cuentas para los jueces y magistrados pero hay que cerrar el círculo: de esa tarea pendiente no pueden estar al margen los fiscales cuyas deficiencias han quedado a la vista de todos.
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