domingo, 20 de junio de 2021

El cruel ataque de EEUU sobre Cuba .


 Bahía de Cienfuegos, en el centro de Cuba


Ciudad de México. El 23 de junio se presentará ante la Asamblea General de la ONU (AGNU) un nuevo informe sobre la resolución llamada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EU contra Cuba. Desde 1992, en 28 ocasiones, la propuesta de la isla ha contado con amplio respaldo internacional. En 2019 fueron 187 los países que rechazaron esta inhumana agresión contra ese pueblo.

Estados Unidos ha ignorado, con su típica soberbia, las sucesivas resoluciones de la AGNU y las numerosas voces que abogan, dentro y fuera del territorio estadunidense, por el fin de esa política criminal.

Antes de la proclamación oficial del bloqueo impuesto por Kennedy, en febrero de 1962, Lester Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos de Estados Unidos, sintetizó sus propósitos cuando escribió en un memorándum secreto, en abril de 1960, que “la mayoría de los cubanos apoyan a Castro”. Por tanto, “el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales”. Hay que lograr “los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducir sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Esta infame estrategia ha estado en el centro de la política estadunidense hacia la Cuba revolucionaria. El bloqueo viola, de manera sistemática y masiva, los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Califica como acto de genocidio, a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Tras el derrumbe del campo socialista y de la URSS, Estados Unidos decide dar otra vuelta de tuerca al bloqueo. Primero, a través de la Ley Torricelli, aprobada el 23 de octubre de 1992; luego, con la Helms-Burton, del 12 de marzo de 1996. La primera fue promulgada por George Bush (padre) que aspiraba a la relección, presionado por el apoyo que Clinton, entonces candidato presidencial demócrata, dio a ese proyecto legislativo en su campaña en Florida. Así, en medio de la algarabía publicitaria y demagógica de una contienda electoral, se decidía estrechar aún más el cerco en torno a un pequeño país que acababa de perder abruptamente a sus principales aliados comerciales. Fue concebida para aislar definitivamente a Cuba. Sus disposiciones extraterritoriales contravienen las normas que rigen la libertad de comercio y navegación y muestran el desprecio de Washington a la soberanía de los estados.

Se propuso impedir el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías estadunidenses en terceros países y prohibir a los barcos que entren a puertos cubanos tocar el territorio de Estados Unidos durante los 180 días siguientes.

La Ley Helms-Burton viola del mismo modo, flagrantemente, el derecho internacional, en particular la libertad de comercio e inversión. Niega créditos y ayuda financiera a países y entidades que cooperen con Cuba e instituye que las compañías de cualquier país del mundo que tengan tratos con la isla pueden ser sometidas a represalias legales. Amenaza incluso a potenciales inversionistas con prohibirles la entrada a Estados Unidos. Incita, además, a dueños y herederos de propiedades nacionalizadas por la Revolución donde haya algún tipo de inversión extranjera, a presentar ante tribunales estadunidenses demandas contra ciudadanos y empresas de otras naciones.

La aplicación de este último punto, cuyo anuncio generó conflictos con aliados de Estados Unidos, fue pospuesta por todos los presidentes de ese país hasta la irrupción de Trump, quien descongeló el capítulo que propicia tal aberración jurídica.

La Helms-Burton recoge en su letra la obsesión de ese país por recolonizar a Cuba: decreta que el bloqueo sólo se levantará cuando se devuelvan las propiedades nacionalizadas y el presidente estadunidense certifique que el gobierno establecido en la isla luego de la caída de la Revolución sea efectivamente “democrático” según sus esquemas, entre otros requisitos.

Trump reforzó el bloqueo con 243 medidas nuevas y no hizo nada para flexibilizarlo por razones humanitarias ante el avance de la pandemia global. Al contrario, promovió una campaña mediática de descrédito contra los médicos cubanos, multiplicó los proyectos de subversión interna e hizo lo imposible por impedir la adquisición de medicamentos, medios de protección, pruebas diagnósticas e insumos básicos destinados al combate contra la epidemia y a la fabricación de vacunas en la isla.

La aplicación de las leyes del bloqueo en su conjunto ha sido implacable. Se persigue a navieras y barcos contratados para la importación de combustible y otros suministros vitales, bajo amenaza de sanciones. Son multimillonarias las multas impuestas a bancos internacionales por la más mínima transacción que involucre a Cuba.

El contexto tan adverso creado por la epidemia puso seguramente de moda entre los tanques pensantes del imperio el viejo memorándum de Mallory: se trataba de una coyuntura apropiada para intensificar las acciones que restaran “apoyo interno” a la Revolución “mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales” y “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Raúl calificó al bloqueo, en el reciente octavo Congreso del Partido Comunista, como “la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado contra nación alguna”.

Trump subestimó la capacidad de resistencia del pueblo cubano y las raíces martianas y marxistas que han sustentado a la Revolución. Ante cada medida sumada a esta interminable y perversa guerra económica, ha aumentado el apoyo de la abrumadora mayoría de la población al proceso revolucionario y se ha hecho más honda su conciencia antiimperialista.

Hasta ahora Biden no ha dado ningún paso para aliviar la terrible carga que pesa sobre Cuba desde hace tantos años. Ojalá sea capaz de rectificar una política despiadada, cruel, condenada al fracaso. Si no lo hace, pasará a la historia como otro emperador vencido de forma humillante por una islita digna del Caribe.

Escritor cubano, presidente de Casa de las Américas.

lunes, 14 de junio de 2021

Nuestra falta de agua tiene responsables. ¿Quién otorgó las concesiones?

 Concesiones aun en acuíferos sobrexplotados

La industria acapara agua mientras ciudadanos sufren por desabasto

Mineras, refresqueras, cerveceras y armadoras de autos reciben un volumen mayor al almacenamiento del Sistema Cutzamala al año

Foto
▲ De acuerdo con información de la Conagua, para la producción de carne, una vaca requiere 3 millones 100 mil litros, ya que incluye el recurso usado para su alimentación durante al menos tres años. Para un vaso de leche se emplean 200 litros de agua, indica. La imagen, un establo localizado en Torreón, Coahuila.Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 14 de junio de 2021, p. 3

Mientras los ciudadanos ven secar los ríos y acuíferos, carecen de agua o la reciben unas horas al día y las autoridades les piden hacer un uso eficiente de ella, la industria mantiene sin límites sus concesiones, aun en acuíferos sobrexplotados.

En el país hay plantas mineras, refresqueras, cerveceras y armadoras de autos ligeros que concentran al año un volumen de líquido superior a la capacidad de almacenamiento del Sistema Cutzamala (que tiene tres presas y abastece de 33 por ciento del agua del valle de México), indican análisis de expertos.

Ante la sequía que hay en el país y el bajo nivel de presas, se da a los ciudadanos la responsabilidad de cuidar el agua. Sin duda hay que evitar el desperdicio y cambiar la forma de consumo. Pero no es nuestra responsabilidad el desabasto, señala Nathalie Seguin, de la organización Red Mexicana de Acción por el Agua.

El desabasto tiene que ver con un modelo de gestión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) obsoleto, solapado por la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que no contempla el líquido en forma transversal ni que se necesitan los ecosistemas para cumplir su ciclo, pero sí permite su concentración y acaparamiento hasta por 60 años. El 2.1 por ciento de los usuarios detentan 61.4 por ciento del agua, refiere.

El director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Víctor Bourguett, hace unos días consideró como una buena idea establecer programas de eficiencia en el uso del agua en la industria, a la cual se le exige el costo de la tarifa y mientras más consuman, más pagan.

En México hay sectores industriales, como plantas de minería, de cerveza, refrescos y armadoras de autos ligeros que en conjunto suman un volumen de 837 millones 245 mil metros cúbicos al año para sus actividades, indica el reporte Captura política, grandes concentraciones y control de agua en México, realizado por la UNAM y Oxfam. El Sistema Cutzamala, en las presas Valle de Bravo, Villa Victoria y el Bosque, tiene una capacidad de almacenamiento de 782 millones de metros cúbicos.

El informe precisa que la industria cervecera cuenta con 18 plantas embotelladoras, sobre todo en el norte y centro del país, la mitad en zonas con déficit de agua; las refresqueras en su mayoría están en acuíferos sobrexplotados, sobre todo en el centro. Las armadoras de autos están en el centro, bajío y norte, en corredores industriales, también en acuíferos sobrexplotados.

La industria goza de gran cantidad de agua para la producción de sus mercancías, no ocurre lo mismo con la población en general, lo que profundiza la desigualdad manifiesta en la falta de disposición de agua potable, así como en el acceso a concesiones por parte de las comunidades campesinas e indígenas, indica el reporte.

Tan sólo la minería en 2014 extrajo 437 millones de metros cúbicos, suficiente para abastecer a la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit, y se cuenta entre las actividades industriales que causan mayor impacto sobre el medio natural, señala Manuel Llano, Critica, en un análisis de las concesiones de agua a este sector.

La LAN permite este tipo de acaparamiento y la Ley General de Derechos favorece que los usuarios de agua con fines de lucro paguen centavos por cada metro cúbico, apunta Nathalie Seguin. Además falta actualizar la información sobre el uso del agua, porque aún se dice que el sector agrícola es el principal consumidor, pero cuando se investiga y revisan sus pozos, se ve que son utilizados por inmobiliarias, refresqueras, mineras, agrega. Se desconoce si se mantienen en el límite de extracción de agua autorizado, ya que los usuarios deben contar con medidor y muchos no lo tienen, señala.

Escándalos de Luis Mendoza Acevedo