Unidad contra la dictadura .- John M. Ackerman

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i siquiera las amenazas de Donald Trump habían logrado unir de manera tan clara y contundente a la sociedad mexicana. La oposición a la dictatorial Ley de Seguridad Interior (análisis aquí: http://bit.ly/2AMmbE9) unió a tirios y troyanos. Tomó vuelo un histórico coro multicolor de repudio que combinaba las voces de los maestros de la CNTE y de los burócratas de la CNDH, de los intelectuales morenistas y de los pensadores del liberalismoconservador, de la Coparmex y de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Hasta destacados actores de cine, como Diego Luna y Gael García Bernal, se lanzaron a las calles en protesta. Y firmaron importantes desplegados juristas que en otros momentos habían preferido hacerse de la vista gorda frente a brutales violaciones a los derechos humanos.

La respuesta del régimen fue de cerrazón absoluta. Ni un solo priísta en la Cámara de Diputados o el Senado votó en contra o siquiera se atrevió a abstenerse. Como simples levantadedos y viles sirvientes al poder y el dinero, abdicaron su responsabilidad como representantes populares de tomar en cuenta todas las voces ciudadanas, deliberar cuidadosamente sobre los asuntos de su competencia y votar de acuerdo con su conciencia.

Pero el PRI no lo pudo haber hecho solo. Para lograr el quórum necesario en ambas cámaras, Enrique Peña Nieto requirió del apoyo de los legisladores igualmente abyectos del PAN, el PVEM y el Panal. El apoyo de los legisladores calderonistas, como Ernesto Cordero, Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth, fue particularmente importante. Estos legisladores votaron en bloque junto con el PRI a favor de la militarización del país y la violación generalizada de los derechos humanos en toda la República.

Todo parece indicar que Calderón ha traicionado a su propia esposa, repitiendo la historia de su abandono a Josefina Vásquez Mota en 2012. Al percibir la poca tracción de la precandidatura de Margarita Zavala, el PAN ahora cierra filas con Peña Nieto alrededor del banquero José Antonio Meade. Tanto Vicente Fox como Lozano ya se han pronunciado públicamente en este sentido. Faltarían pocas semanas para que el mismo Calderón hiciera lo propio.

Son laudables los esfuerzos por convencer a Peña Nieto de devolver la Ley de Seguridad Interior al Congreso, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución. También tiene sentido presentar múltiples acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley por su evidente violación a los artículos uno, 6, 21, 29, 73 y 129 de la Carta Magna.

Sin embargo, es ingenuo e irresponsable levantar la expectativa de que estas vías eventualmente pudieran tener éxito. Las órdenes vienen de mucho más arriba, incluyendo los altos mandos de las fuerzas armadas y el mismo gobierno de Trump. Frente a esta presión, ni Peña Nieto ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su composición actual repleta de fieles calderonistas y peñistas, cuentan con dignidad o soberanía algunas.

Así que en lugar de esperar las decisiones del Presidente o de las instituciones realmente existentes, habría que actuar desde ahora para defender la democracia y los derechos de la población.

En menos de siete meses tendrá lugar una de las elecciones más importantes en la historia de México. Estará en disputa no solamente la Presidencia de la República, sino también todo el Senado, la Cámara de Diputados, la jefatura de Gobierno de Ciudad de México y más de 3 mil cargos locales en 30 entidades federativas del país.

Además, para la mayor parte de estos cargos quienes resulten electos en esta ocasión podrán ser relectos en las siguientes elecciones. El próximo primero de julio de 2018 se definirá el bloque histórico que gobernará, o malgobernará, al país por más de una década.

Se valen y son bienvenidas, desde luego, las críticas hacia Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. Sin embargo, cada día resulta más claro que el tabasqueño es el único aspirante presidencial que no participa en las redes de complicidad, de corrupción y de violencia que hoy tienen destruida a la nación.

Por ejemplo, López Obrador ha sido muy claro en que recibir el apoyo del Partido Encuentro Social no implica modificar un ápice el compromiso irrestricto de Morena con los derechos humanos y las libertades sociales. El proyecto de nación, los estatutos del partido y la composición del futuro gabinete hablan por sí solos al respecto.

El viernes pasado en su acto en la delegación Tlalpan, López Obrador no dejó lugar a dudas: “Sigo el pensamiento de Ignacio Ramírez, El Nigromante, quien decía: ‘Soy liberal, pero me hinco donde se hinca el pueblo’. Respeto la religión del pueblo y cuando hablo de respetar las libertades, incluyo el respeto a la diversidad, siempre vamos a ser respetuosos de las libertades individuales y colectivas. Que nadie tenga dudas ni desconfíe y que quede claro, para todos, de manera especial para la comunidad gay; no somos oportunistas, no luchamos sólo por los votos, luchamos por ideales y no tienen nada que temer, vamos a respetar la diversidad sexual”.

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Twitter: @JohnMAckerman

Caso Ayotzinapa: Preocupa a la CIDH que la Sedena pueda mandar por encima de Peña

Emilio Álvarez Icaza de visita en la Normal Rural de Ayotzinapa. 

Foto: José Luis de la Cruz

WASHINGTON (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las recientes declaraciones del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien subrayó que no permitirá que los militares sean interrogados por extranjeros.

No obstante, el organismo dijo que confía en que sea el presidente Enrique Peña Nieto quien realmente mande en México.

“Por supuesto que preocupa que el secretario de la Defensa diga que no va a haber acceso (a los militares)”, declaró en conferencia de prensa Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la CIDH.

Al anunciar el calendario de audiencias en materia de derechos humanos del 156 periodo de sesiones, que se realizarán del 17 al 18 de octubre en esta capital estadunidense, Álvarez Icaza expresó su esperanza de que lo declarado por el general Cienfuegos no sea un indicio de que quienes mandan en México son los militares y no las autoridades civiles.

En entrevista con un reportero de Televisa y transmitida durante el noticiario que conduce Joaquín López Dóriga, el titular de la Sedena dejó en claro que no permitirá que los militares mexicanos sean interrogados por los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace más de un año en Iguala, Guerrero.

“Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver”, dijo Cienfuegos a la televisora.

En la conferencia de prensa, Álvarez Icaza destacó que pese a lo establecido por el titular de la Sedena, la CIDH insistirá en que los militares integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala sean interrogados por los miembros del GIEI, quienes recientemente emitieron un informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que solicitan al gobierno de Enrique Pena Nieto que se les permita interrogar a los soldados que saben de lo ocurrido en Iguala.

“En su caso, entiendo que quienes mandan en México son las autoridades civiles. En su caso será el presidente de la Republica el que tendría que tomar la última decisión. De no ser el caso que nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que mandan y entenderíamos entonces que las palabras del secretario de la Defensa son las últimas”, enfatizó el exombudsman de la capital mexicana.

De acuerdo con el secretario ejecutivo de la CIDH, el gobierno de Peña Nieto, que ha minimizado y descalificado el informe del GIEI sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa, está obligado a cumplir con las solicitudes que se le hicieron, tomando en cuenta que México forma parte de la comunidad del Sistema Interamericano.

Y por ello mismo, resaltó, el GIEI puede interrogar a los militares. “Es del dominio público que estuvieron enterados” de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, acotó.

“Hasta donde yo entiendo la Constitución dice que las autoridades civiles son las que toman las últimas decisiones. Esperaríamos, en congruencia con lo que se ha anunciado, que el GIEI tenga acceso”, insistió Álvarez Icaza.

Es más, durante la “visita in loco” que realizó el órgano defensor de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), agregó, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora general de la República, Arely Gómez, aseguraron que “iban a atender” las recomendaciones del GIEI.

“Posteriormente salió el secretario de la Defensa a decir lo que dijo. No es usual que un secretario de la Defensa saliera a hacer declaraciones y nos llamó la atención. Pero la Comisión va a seguir insistiendo en ese tema, un tema básico de normalidad democrática, de rendición de cuentas”, concluyó.

Al hablar de la situación de los derechos humanos en México, Álvarez Icaza no titubeó en calificarla de “delicada” y preocupante. Esta visión, explicó, incluso fue señalada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra´ad Al Hussein, en la visita que hizo esta semana a México.

La gravedad del caso sobre el deterioro del respeto a los derechos humanos en México, subrayó, se refleja también en el calendario de audiencias de la CIDH.

Junto con Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, México será sujeto a cuatro audiencias en el 156 periodo de sesiones. Una de ellas se realizará por determinación de la misma CIDH, precisamente para abordar el caso de los normalistas de Ayotzinapa y en la cual se presentará el informe sobre el caso que elaboró el GIEI.

“El año pasado se hicieron mil 800 peticiones de audiencias sobre derechos humanos a la CIDH; de éstas, 500 fueron de México”, remató Álvarez Icaza, con lo que subrayó la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos.

Tlatlaya: dictadura militar selectiva

Por: Jaime Avilés (@Desfiladero132)

4 de julio de 2015.- Un reportaje sobre las matanzas de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato,escrito por nuestro colaborador, Federico Mastrogiovanni, y publicado este jueves 2 de julio por los portales de Carmen Aristegui y Polemón en México, por Ópera Mundi en Brasil y ayer viernes por el diario italiano La Repubblica, produjo hilarantes reacciones de la embajada mexicana en Roma.

En una carta a Ezio Mauro, director del rotativo, el embajador Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo aseguró que México está “empeñando” en “combatir a la delincuencia respetando los derechos humanos”.

El gobierno de Peña, según su representante, tiene como prioridades “el desmantelamiento de los grupos de la delincuencia organizada que operan en el país y la plena incorporación constitucional de los derechos humanos, así como la enseñanza de estos principios a todos los niveles y rangos de la sociedad”.

Nótese cómo el uso de la palabra “rangos” alude veladamente al Ejército. Ruiz-Cabañas asegura que estos “argumentos”, según él “fundamentales para comprender a plenitud la realidad mexicana, están ausentes en el artículo del periodista Federico Mastrogiovanni, cuyo texto proporciona al lector información parcial, que no favorece la comprensión integral de lo que sucede en México”.

Sin tomar en cuenta que Peña Nieto creó un cuerpo llamado Gendarmería a imagen y semejanza de los Carabineros italianos, el embajador prosigue resbuznando: “Ante la ausencia de una institución como los Carabineros italianos, y ante la necesidad del gobierno mexicano de hacer frente a los criminales, se ha encargado al ejército mexicano coadyuvar en esta tarea”.

Según el diplomático, “las fuerzas armadas, como el resto de la sociedad mexicana, están sujetas al Estado de Derecho, como siempre lo han demostrado”.

Comunicazione Ezio Mauro La Repubblica

Nueva pesadilla 

“Soldados asesinos, nueva pesadilla de México”, fue el título que La Repubblica dio al trabajo de Mastrogiovanni, premio PEN Club 2014, que presenta una síntesis detallada del informe que el Centro Pro de Derechos Humanos dio a conocer sobre el asesinato de 22 civiles, que ya se habían rendido ante el ejército, en una bodega del municipio mexiquense de Tlatlaya, el 30 de junio del año pasado.

Para proteger la integridad física de la señora Clara Gómez González, que sobrevivió a la matanza, en la que fue fusilada su hija de 15 años, el Pro obtuvo por medio de procedimientos legales una copia del oficio girado por la base de operaciones “San Antonio del Rosario”, sita en el Campo Militar número 22-D, y dirigido al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, el 11 de junio de 2014.

En ese documento, Rodríguez Martínez recibe órdenes de basarse en “un profundo trabajo de inteligencia” a fin de planear “acciones para reducir la violencia” y ejecutarlas “en horas de oscuridad, sobre objetivos específicos, evitando con esto interferir en las actividades de la población civil”.

Añade el documento: “La prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas involucradas, evitándose generar víctimas colaterales”. En consecuencia, “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad“.

Aun cuando el Centro Pro exhibió el instructivo recibido por el teniente Rodríguez Martínez, como prueba legal de que las tropas a su mando aprovecharon las “horas de oscuridad” para asesinar a 22 civiles en Tlatlaya, una lectura más amplia sugiere queestamos ante una pauta general de conducta, que se aplica en todo el país.

De otro modo, cómo nos explicamos que, después de cada nueva matanza de civiles el Ejército invariablemente anuncie que los enfrentamientos ocurrieron cuando “un convoy militar fue emboscado al amanecer“. La verdad, ahora podemos ya confirmarlo, es muy otra.

Por lo menos desde que Felipe Calderón puso en práctica las enseñanzas del general colombiano, Oscar Naranjo, inventor del programa de estímulos y recompensas llamado “falsos positivos”, para premiar a soldados que dieran muerte a narcotraficantes y guerrilleros aunque éstos en realidad fuesen civiles inocentes cazados al azar, los excesos del Ejército mexicano han ido en aumento.

Recuérdense los civiles acribillados en retenes militares en Sinaloa y Tamaulipas, elasesinato de testigos de enfrentamientos en Monterrey, donde civiles que se ocultaban para salvarse del fuego entre soldados y narcos, fueron ejecutados con disparos en el rostro y exhibidos con armas de fuego en las manos, como si fueran criminales.

Pero el dato sin duda más valioso y escalofriante, aportado por el cuerpo de abogados y abogadas del Centro Pro, revela que en México, desde el sexenio de Calderón, existe un sistema de “justicia” clandestina, una especie de dictadura militar selectiva, que investiga, juzga, condena y elimina a civiles, al margen de las leyes vigentes y pasando, como señala Mastrogiovanni, “por encima del Poder Judicial”.

¿Quién o qué le otorga derechos a determinado oficial del ejército para decidir que una persona debe morir aplastada como una cucaracha, aun cuando se trate de un asesino con un largo historial de crímenes en su haber?

Estamos frente a la negación absoluta del Estado de Derecho invocado por el embajador mexicano en Italia, pero el cuadro se oscurece más si pensamos que las instituciones del Poder Judicial tampoco respetan las leyes, ni las garantías individuales ni los derechos humanos, y son manipuladas por los elementos más corruptos del régimen.

De otra forma cómo entender la desaparición forzada de un sinnúmero de personas,que fueron secuestradas por delincuentes en complicidad con agentes del gobierno, y la falta de voluntad en la clase política para establecer leyes que combatan eficazmente este fenómeno cada vez más extendido.

O la ceguera de jueces y magistrados frente al saqueo cometido por gobernantes que, pese a haber sido señalados como ladrones –el caso de Humberto Moreira es el más fresco– siguen disfrutando de la más amplia impunidad.

México, disculparán la insistencia, dejó de ser un país hace rato. Hoy sólo es un territorio que exporta recursos naturales, drogas de todos colores y divisas, en el que el gobierno carece de estructura jurídica y el presidente de estructura mental, y todas y todos salimos sobrando.