Absuelve juez castrense a seis soldados por el caso Tlatlaya

Una de las víctimas del enfrentamiento en la bodega del municipio mexiquenseFoto Agencia MVT /Archivo

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2016, p. 5

Un juez militar absolvió a soldados acusados de participar en la ejecuciónde 22 personas en una bodega ubicada en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014, razón que hace pensar que ese caso ‘‘se encamina a quedar impune’’, aseguraron organizaciones defensoras de derechos humanos.

El juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron ‘‘en la masacre de Tlatlaya’’.

Además, el séptimo elemento fue condenado solamente a un año de prisión por el ilícito de desobediencia, pena que el militar ya compurgó.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Centro Nacional de Comunicación Social firmaron un comunicado en el que exigieron que se haga justicia por estos crímenes.

‘‘La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea–, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente.

‘‘Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad.’’ Las ONG lamentaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) en este caso, aun cuando hay procesos iniciados en la justicia civil, sin que hasta el momento se avance.

‘‘Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos.’’

Recordaron que el 2 de julio de 2015, el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la orden general de operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’’.

Entre estas pruebas, la ONG pidió que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. ‘‘Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas’’.

Los organismos civiles también criticaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya negado el acceso a la información de su recomendación sobre el tema a una de las víctimas, con el argumento que la Sedena ‘‘la había clasificado como reservada’’.

Dada la gravedad de este ‘‘emblemático caso de violación a los derechos humanos”, las organizaciones consideraron que la respuesta debería ser una ‘‘actuación ejemplar de la justicia’’. Por el contrario, ‘‘las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer’’.

Exigieron que se investigue la responsabilidad por la orden de ‘‘abatir delincuentes’’, pues según el relator sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas, Christoph Heyns, ‘‘ésta debe ser indagada cabalmente’’, dado que ‘las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales’’.

Combaten INAI, PGR y Ejército transparencia sobre ejecuciones en Tlatlaya

Las tres dependencias se inconformaron con la orden de un juez que derribó la secrecía de la averiguación previa militar.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han puesto a trabajar a sus abogados para mantener bajo reserva el caso Tlatlaya, Estado de México, donde soldados ejecutaron a civiles de manera extrajudicial.

Los tres órganos se inconformaron con la decisión de un juez, que había ordenado al INAIcorregir su decisión de mantener reservada la información de las investigaciones militares. Además, el INAI debía tomar en cuenta que los hechos ocurridos en Tlatlaya eran violaciones graves a derechos humanos, una condición que permitiría el acceso al expediente.

La sentencia del juez fue resultado de una demanda iniciada por Aristegui Noticias, en coordinación con la organización Artículo 19, para evitar que el expediente se mantuviera en la opacidad, como había decidido el INAI. El juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del DF, Gabriel Regis López, falló a favor de esa petición el 23 de noviembre de 2015.

Pero el INAI, PGR y Sedena se inconformaron con esa decisión e interpusieron un recurso para que sea revisada por un Tribunal Colegiado o, en su caso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fuentes consultadas al interior del INAI aseguran que la decisión de impugnar no fue llevada al pleno ni consultada a los comisionados de forma particular.

El recurso del INAI fue firmado por el director general de asuntos jurídicos del instituto,Pablo Francisco Muñoz Díaz, en suplencia de la comisionada presidente, Ximena Puente.

El funcionario sostiene que la sentencia del juez Regis López, según él, vulnera la autonomía del instituto, que los delitos en tribunales militares no violan derechos humanosy que el INAI no tenía la obligación de precisar de qué manera se vería mayormente beneficiada la sociedad con la reserva de la información.

El INAI además solicita que la Suprema Corte conozca del amparo y determine quién debe calificar hechos como violaciones graves de derechos humanos.

La inconformidad del ejército, firmada por el procurador general de justicia militar,General de Brigada Jesús Gabriel López Benítez, dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está facultada para calificar un hecho como violación grave de derechos humanos, que difundir los datos personales de los militares involucrados dañaría el debido proceso y que el documento de la averiguación previa ya no se encuentra en poder de la Procuraduría Militar.

Con respecto a este último punto, esto dice el Ejército:

“La parte quejosa solicita una información que ya no se encuentra en la Procuraduría General de Justicia Militar, sino en el Juzgado Sexto Militar Adscrito a la Primera Región Militar [...], no se dejó duplicado en la Procuraduría de Justicia Militar de la Averiguación Previa que en su momento se consignó ante los tribunales militares, por no existir disposición legal que así lo señale en el código de justicia militar” (sic).

Por parte de PGR, quien interpone el recurso legal es la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado que otorgó el amparo, Ana Bertha Limón Torres, quien argumenta que no se acredita que se afecten los derechos de quien inició la demanda (Aristegui Noticias) y que la CNDH no califica como “graves” las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en Tlatlaya.

En los próximos días se conocerá cuál tribunal revisará la sentencia dictada por el juez Regis López. No obstante, la Suprema Corte puede atraer el caso antes de que ese tribunal tome una determinación.

Procurador de Edomex, aspirante a la Corte, culpa al Ejército de alterar escena en Tlatlaya

MÉXICO, DF (apro).- En medio de cuestionamientos de juristas y organizaciones sociales que ponen en entredicho su honorabilidad y capacidad, las ternas de mujeres y hombres que aspiran a ocupar dos vacantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desfilaron en el Senado para exaltar sus méritos, y sólo dos, los más cuestionados, se defendieron de sus escándalos.

Uno fue el procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien culpó al Ejército, y no a la dependencia a su cargo, de alterar la escena de crimen en Tlatlaya, donde 22 civiles fueron ejecutados. El otro, Javier Laynez Potisek, retó a que se revise si ha torcido la ley en los cargos que ha ocupado.

Los integrantes de las dos ternas enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado se presentaron hoy ante el pleno para emitir, cada uno, un mensaje de 20 minutos. Y será a partir del próximo lunes 30 cuando comparezcan ante la Comisión de Justicia y luego serán elegidos por el pleno, tentativamente el 10 de diciembre.

En este marco, el abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, lanzó una campaña para recopilar firmas y pedir a Peña Nieto que retire las ternas por “impresentables y escandalosas”.

En una acción distinta, el doctor en Derecho Óscar Valdés Ramírez tramitó un amparo contra la elección de ministros porque ninguno de ellos, dijo, reúne los requisitos de gozar de buena reputación, eficiencia, capacidad, probidad y respeto irrestricto a la Constitución.

–¿Ninguna de las mujeres y ninguno de los hombres tiene las cualidades para ser ministro?

–No. Es muy simple: La Constitución exige que tengan buena fama, honorabilidad y respeto a la Constitución. Ninguno cumple.

En la demanda de amparo que presentó ante Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del Juzgado Séptimo de Distrito, el abogado mexiquense Valdés Ramírez detalla las razones por las que debe suspenderse el trámite de elección de los sustitutos de Olga Sánchez Cordero Dávila y Juan Silva Meza.

–¿Tiene posibilidades reales de obtener el amparo?

–Tenemos una Corte muy cortesana con el Ejecutivo. Los jueces reciben línea para que no admitan las demandas. Esta misma demanda se tramitó contra la moción de Eduardo Medina Mora. No pasó nada.

Lo que es un hecho, afirma, es que los seis aspirantes a ministros no cumplen con los requisitos constitucionales, como él lo describe en su trámite de amparo, aspectos que, en efecto, no abordaron en el pleno, salvo en el caso del procurador del Estado de México, que culpó al Ejército por el caso Tlatlaya.

“De conformidad con la recomendación de la Comisión Nacional de (los) Derechos Humanos, presumiblemente elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la Procuraduría mexiquense (PGJEM), lo cual es materia de la investigación penal de las autoridades federales”, expuso.

“Se procesó el lugar en los términos en los que fue hallado”, dijo el funcionario, quien sostuvo que las posibles omisiones, deficiencias o insuficiencias del personal de la PGJEM sobre el procesamiento de los hechos “derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias de lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento”.

Por su parte, Laynez Potisek, exprocurador fiscal en el gobierno de Felipe Calderón, fue investigado por la Procuraduría General de la república (PGR) por ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, además de que fue descalificado en la primera ronda cuando intentó acceder al Tribunal Penal Internacional.

Laynez pidió al Senado que al ser evaluado, además de considerar sus conocimientos, experiencia y visión de Estado, se verifique si su conducta ha sido con estricto código que rige el ejercicio de la  abogacía.

“Pido se analice si cada uno de mis actos en el servicio público se ajustó o no a la ley, si en alguno de mis actos como funcionario público cometí alguna injusticia en contra del propio servicio o de un particular, si tergiversé la interpretación jurídica para favorecer a un grupo determinado público o privado, en lugar de centrarnos si laboré bajo tal o cual presidente o bajo tal o cual secretario”.

Aunque Laynez es visto como uno de los aspirantes que apoyan los senadores del PRI y del PAN –mismo bloque definitorio que también respalda a la magistrada Norma Lucía Piña Hernández–, no se descarta que pueda ser respaldado también Álvaro Castro Estrada.

Subsecretario del Trabajo con Javier Lozano, su principal impulsor, Castro Estrada fue acusado de omisión e insensibilidad ante la tragedia de la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores y, al ser reconvenido por el senador panista Ricardo García Cervantes, lo insultó. Lozano tuvo que destituirlo como subsecretario, pero lo hizo su coordinador de asesores.

En su comparecencia, el amigo de Lozano hizo guiños de su panismo: “Más allá de doctrinas, escuelas de pensamiento, ideologías o creencias, soy un abogado que reconoce como premisa fundamental de su ser y hacer la importancia de la persona humana”.

Y homenajeó a uno de los próceres de la abogacía de derecha: “Quiero reconocer aquí que esta enseñanza como tantas otras se la debo a mi admirado maestro, el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, quien después de toda una vida consagrada a la función jurisdiccional continúa impulsando el comportamiento ético de los juzgadores mexicanos”.

La presentación de la terna de mujeres enviada por Peña inició con la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, a quien se ve como la que concita el apoyo de priistas y panistas, y a quien la demanda de amparo del abogado Óscar Valdés Ramírez la refiere como “amiga y comadre” de la ministra Margarita Luna Ramos.

“Ha sido la eterna candidata a todos los puestos en la SCJN disponibles, impulsada por la ministra Margarita Luna Ramos. Basta decir que no ha logrado ser consejera, pues no cuenta con la simpatía ni el respaldo de la SCJN, pero cuenta con todo el respaldo de su amiga y comadre para meterla en todos lados”.

En su exposición, Piña Hernández expresó: “Hablar de democracia es hablar de justicia, si nos preciamos de ser una nación democrática debemos hacer efectiva la justicia en México. Como decía mi padre: ‘en toda la posibilidad de nuestro destino’”.

Defensora de oficio en sus inicios como abogada, luego fiscal y juez, Sara Patricia Orea Ochoa fue la segunda expositora de la terna de Peña. En su exposición omitió haber trabajado con el magistrado asesinado en 1995 Abraham Polo Uscanga, quien como subprocurador de Justicia capitalino presentó a toda la banda de los “narcosatánicos”, en 1990.

Justamente la magistrada es hermana de Omar Orea Ochoa, uno de los integrantes de esa banda, como lo hace notar la demanda de amparo del abogado Valdés Ramírez. “Con este antecedente sale sobrando su historial. No existe a la fecha deslinde alguno de su familiar ni declaración emitida por la ahora magistrada”.

La otra propuesta de Peña para ministra es Verónica Judith Sánchez, a quien en 2011 la PGR investigó por supuestos actos contra la administración de justicia, por haber liberado en 2009 a Osvaldo Sauceda Guerra, acusado de lavado de dinero y de quien las autoridades de Estados Unidos pedían su extradición.

Además, según la demanda de amparo, también cuenta con dos amonestaciones públicas por mal ejercicio del servicio público y pese a lo cual quiere ser ministra –dijo hoy ante senadores– “como cumbre de mi carrera judicial”.

Tlatlaya: dictadura militar selectiva

Por: Jaime Avilés (@Desfiladero132)

4 de julio de 2015.- Un reportaje sobre las matanzas de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato,escrito por nuestro colaborador, Federico Mastrogiovanni, y publicado este jueves 2 de julio por los portales de Carmen Aristegui y Polemón en México, por Ópera Mundi en Brasil y ayer viernes por el diario italiano La Repubblica, produjo hilarantes reacciones de la embajada mexicana en Roma.

En una carta a Ezio Mauro, director del rotativo, el embajador Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo aseguró que México está “empeñando” en “combatir a la delincuencia respetando los derechos humanos”.

El gobierno de Peña, según su representante, tiene como prioridades “el desmantelamiento de los grupos de la delincuencia organizada que operan en el país y la plena incorporación constitucional de los derechos humanos, así como la enseñanza de estos principios a todos los niveles y rangos de la sociedad”.

Nótese cómo el uso de la palabra “rangos” alude veladamente al Ejército. Ruiz-Cabañas asegura que estos “argumentos”, según él “fundamentales para comprender a plenitud la realidad mexicana, están ausentes en el artículo del periodista Federico Mastrogiovanni, cuyo texto proporciona al lector información parcial, que no favorece la comprensión integral de lo que sucede en México”.

Sin tomar en cuenta que Peña Nieto creó un cuerpo llamado Gendarmería a imagen y semejanza de los Carabineros italianos, el embajador prosigue resbuznando: “Ante la ausencia de una institución como los Carabineros italianos, y ante la necesidad del gobierno mexicano de hacer frente a los criminales, se ha encargado al ejército mexicano coadyuvar en esta tarea”.

Según el diplomático, “las fuerzas armadas, como el resto de la sociedad mexicana, están sujetas al Estado de Derecho, como siempre lo han demostrado”.

Comunicazione Ezio Mauro La Repubblica

Nueva pesadilla 

“Soldados asesinos, nueva pesadilla de México”, fue el título que La Repubblica dio al trabajo de Mastrogiovanni, premio PEN Club 2014, que presenta una síntesis detallada del informe que el Centro Pro de Derechos Humanos dio a conocer sobre el asesinato de 22 civiles, que ya se habían rendido ante el ejército, en una bodega del municipio mexiquense de Tlatlaya, el 30 de junio del año pasado.

Para proteger la integridad física de la señora Clara Gómez González, que sobrevivió a la matanza, en la que fue fusilada su hija de 15 años, el Pro obtuvo por medio de procedimientos legales una copia del oficio girado por la base de operaciones “San Antonio del Rosario”, sita en el Campo Militar número 22-D, y dirigido al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, el 11 de junio de 2014.

En ese documento, Rodríguez Martínez recibe órdenes de basarse en “un profundo trabajo de inteligencia” a fin de planear “acciones para reducir la violencia” y ejecutarlas “en horas de oscuridad, sobre objetivos específicos, evitando con esto interferir en las actividades de la población civil”.

Añade el documento: “La prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas involucradas, evitándose generar víctimas colaterales”. En consecuencia, “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad“.

Aun cuando el Centro Pro exhibió el instructivo recibido por el teniente Rodríguez Martínez, como prueba legal de que las tropas a su mando aprovecharon las “horas de oscuridad” para asesinar a 22 civiles en Tlatlaya, una lectura más amplia sugiere queestamos ante una pauta general de conducta, que se aplica en todo el país.

De otro modo, cómo nos explicamos que, después de cada nueva matanza de civiles el Ejército invariablemente anuncie que los enfrentamientos ocurrieron cuando “un convoy militar fue emboscado al amanecer“. La verdad, ahora podemos ya confirmarlo, es muy otra.

Por lo menos desde que Felipe Calderón puso en práctica las enseñanzas del general colombiano, Oscar Naranjo, inventor del programa de estímulos y recompensas llamado “falsos positivos”, para premiar a soldados que dieran muerte a narcotraficantes y guerrilleros aunque éstos en realidad fuesen civiles inocentes cazados al azar, los excesos del Ejército mexicano han ido en aumento.

Recuérdense los civiles acribillados en retenes militares en Sinaloa y Tamaulipas, elasesinato de testigos de enfrentamientos en Monterrey, donde civiles que se ocultaban para salvarse del fuego entre soldados y narcos, fueron ejecutados con disparos en el rostro y exhibidos con armas de fuego en las manos, como si fueran criminales.

Pero el dato sin duda más valioso y escalofriante, aportado por el cuerpo de abogados y abogadas del Centro Pro, revela que en México, desde el sexenio de Calderón, existe un sistema de “justicia” clandestina, una especie de dictadura militar selectiva, que investiga, juzga, condena y elimina a civiles, al margen de las leyes vigentes y pasando, como señala Mastrogiovanni, “por encima del Poder Judicial”.

¿Quién o qué le otorga derechos a determinado oficial del ejército para decidir que una persona debe morir aplastada como una cucaracha, aun cuando se trate de un asesino con un largo historial de crímenes en su haber?

Estamos frente a la negación absoluta del Estado de Derecho invocado por el embajador mexicano en Italia, pero el cuadro se oscurece más si pensamos que las instituciones del Poder Judicial tampoco respetan las leyes, ni las garantías individuales ni los derechos humanos, y son manipuladas por los elementos más corruptos del régimen.

De otra forma cómo entender la desaparición forzada de un sinnúmero de personas,que fueron secuestradas por delincuentes en complicidad con agentes del gobierno, y la falta de voluntad en la clase política para establecer leyes que combatan eficazmente este fenómeno cada vez más extendido.

O la ceguera de jueces y magistrados frente al saqueo cometido por gobernantes que, pese a haber sido señalados como ladrones –el caso de Humberto Moreira es el más fresco– siguen disfrutando de la más amplia impunidad.

México, disculparán la insistencia, dejó de ser un país hace rato. Hoy sólo es un territorio que exporta recursos naturales, drogas de todos colores y divisas, en el que el gobierno carece de estructura jurídica y el presidente de estructura mental, y todas y todos salimos sobrando.

Mátenlos en lo oscurito, ordenó la SEDENA en Tlatlaya

Hace público el Centro Pro la instrucción oficial a los elementos del Ejército

‘‘Abatir a delincuentes en horas de oscuridad’’: orden en Tlatlaya

Documento presentado en la conferencia de prensa

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Viernes 3 de julio de 2015, p. 5

Los militares que participaron en el caso Tlatlaya, donde murieron 22 civiles, tenían la orden expresa y por escrito de ‘‘abatir a delincuentes en horas de oscuridad’’, reveló el Centro Pro de Derechos Humanos, quien ayer hizo pública la orden de relevo y designación del teniente que iba al mando del grupo castrense.

Al presentar el informe Tla-tlaya a un año: la orden fue abatir, se señala la necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército en estos hechos, que se inicia con los militares directamente involucrados en las ejecuciones extrajudiciales, pero que llega al mismo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.

En la conferencia de prensa convocada para dar a conocer dicho informe, también se presentó por primera vez en público la señora Clara Gómez González, testigo sobreviviente conocida hasta ahora solamente como Julia, cuyo testimonio fue crucial para conocer la masacre cometida en la bodega de El Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

El informe del Centro Pro contiene la carátula de la orden recibida por el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien iba al frente del grupo militar, y en cuyo inciso VII se lee: ‘‘Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario’’.

Mario Patrón Sánchez, director del Centro Pro, informó que este documento, dirigido al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, junto con otros, fue obtenido de manera legal mediante un proceso jurisdiccional iniciado contra la opacidad castrense, y obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando presente en la institución castrense.

Sobre todo, añadió, porque en el propio expediente el término ‘‘abatir’’ es empleado de manera unívoca para aludir a la privación de la vida. ‘‘Por ello, el esclarecimiento de Tlatlaya demanda que por primera vez se investigue en México con eficacia y debida diligencia la cadena militar de mando hasta sus últimas consecuencias’’, se dijo durante la presentación.

El informe –dividido en cinco apartados– expone los principales rezagos en materia de verdad, justicia y reparación respecto del caso Tlatlaya. Pero, además, contiene 11 recomendaciones. Algunas de ellas, según informó el director del Centro Pro, ya se iniciaron. Por ejemplo, ayer mismo se formalizó una solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR) para que cite a la cadena de mando militar que actuó el día de los hechos, y explique el contenido de la orden de ‘‘abatir a delincuentes en horas de oscuridad’’, justo para determinar la responsabilidad institucional del Ejército.

Otra es la petición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que emita medidas cautelares a fin de que la Sedena evite que se sigan generando órdenes como la de Tlatlaya, pues son un incentivo a que se cometan graves violaciones a los derechos humanos.

Se solicitó por una parte a la Corte Penal Internacional que, con base en este informe, evalúe la oportunidad de instruir una investigación por posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, pero por otra se pidió a la Relatoría Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que emita un llamamiento urgente sobre este caso para que se evite este tipo de órdenes a los militares.

Para poder determinar la dimensión de lo ocurrido, el Centro Pro solicitó que se cree una comisión de expertos independientes, que permita conocer con exactitud el número de personas que fueron ejecutadas, pues hay divergencias entre la PGR, que dice que fueron 8, y la CNDH, que señala que fueron entre 12 y 15.

En su intervención, la señora Clara Gómez denunció un ‘‘manejo irresponsable’’ en torno a la información que se ha dado por las dependencias oficiales –como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas–, que la ubican como una de las personas que han recibido una ‘‘indemnización millonaria’’, lo cual desmintió.

Responsabilizó al gobierno mexicano de cualquier daño a su integridad, pues la colocan en un estado de mayor vulnerabilidad. Asimismo, esta persona, identificada hasta ahora solamente como la testigo Julia, reivindicó la memoria de su hija Erika, adolescente de 15 años de edad que fue privada de la vida en los hechos de Tla-tlaya, quien no ha sido considerada víctima pese a que hay indicios de que el cuerpo y evidencias fueron manipulados.

Cinco apartados del informe

Primero. ‘‘Justicia incompleta y ausencia de verdad’’, donde se refieren las razones que impiden tener el caso por resuelto, como las significativas discrepancias en el número de víctimas de ejecución que subsisten en las versiones oficiales.

Segundo. ‘‘Necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército’’, donde con pruebas documentales se comprueba la existencia de órdenes castrenses que propiciaron graves violaciones a derechos humanos en Tlatlaya.

Tercero. ‘‘Indebida extensión del fuero militar’’, donde se señala cómo Tlatlaya evidencia los alcances y límites de la reciente reforma al fuero militar.

Cuarto. ‘‘Revictimización’’. Ahí se alude a la ausencia de un trato digno para las víctimas.

Quinto. Es el referente a las recomendaciones, donde el Centro Pro propone una ruta para revertir la impunidad y generar verdaderas garantías de no repetición.

Peritos del Edomex buscaron cuadrar sus estudios con la versión de la Sedena

Múltiples contradicciones entre PGJEM y PGR en análisis del caso Tlatlaya

No es posible precisar dónde cayó cada cuerpo ni la hora de su muerte, según expertos federales

En las primeras diligencias del caso Tlatlaya los peritos del estado de México omitieron señalar en actas que la escena del crimen fue alteradaFoto Agencia MTV

Gustavo Castillo García/ y II

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de junio de 2015, p. 7

Los peritos del estado de México trataron de cuadrar las versiones oficiales que ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de lo que sucedió en la bodega de Tlatlaya. Sostuvieron que la muerte de 22 personas fue producto de un enfrentamiento. En las primeras diligencias omitieron precisar en actas que la escena fue alterada y que el lugar se limpió antes de que iniciaran los estudios forenses.

Dieron por hecho que lo ocurrido en el sitio fue un tiroteo por fuego cruzado. Sin embargo, las investigaciones federales, realizadas por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), descubrieron que el lugar fue manipulado de tal manera que no se puede precisar realmente dónde cayó cada cuerpo, las horas de la muerte y la posición original de los objetos decomisados (armas, cartuchos, vehículos y cargadores).

Son numerosas las contradicciones entre los resultados de los peritos mexiquenses y los especialistas federales. Los primeros sostuvieron que el lugar fue conservado por militares. Sin embargo, desde el 8 de octubre los peritos forenses de la PGR determinaron en el dictamen en materia de criminalística de campo, folio 71221, que se modificó el lugar de los hechos.

Movieron los cadáveres

Otra discordancia consiste en que los integrantes del Instituto de Servicios Periciales del gobierno mexiquense sostuvieron que la localización y ubicación de los cuerpos en el interior de la bodega sí correspondieron a las últimas y originales posiciones que tenían al momento de ser heridos y fallecer.

En sus reportes anotaron que lo corroboraron por la presencia de indicios biológicos debajo de sus cuerpos (lagos o manchas hemáticas), así como por la ubicación de las livideces, manchas que señalan la posición del cuerpo al producirse el fallecimiento, de acuerdo con la definición forense.

Los funcionarios de la PGR determinaron que los cadáveres fueron cambiados del sitio donde fallecieron, porque no encontraron correspondencia entre los rastros de tierra, residuos y escurrimiento de sangre que había en los cuerpos, las ropas y el suelo, con la zona donde se supone murieron.

Así lo explica el dictamen: la presencia de maceraciones de tierra en ropas y en regiones expuestas del cuerpo, con la falta de correspondencia de las partes anatómicas lesionadas con los escurrimiento de sangre sobre las prendas, superficies corporales y maceraciones hemáticas en el suelo.

En la mayoría de las necropsias los peritos del estado de México no establecieron el denominado crono tanatológico (tiempo que transcurrió entre cada deceso y la práctica de la autopsia) y en general, los forenses sintetizaron:signos tanatológicos de los veintidós cadáveres. Presentaron signos de muerte real y no reciente, con flacidez generalizada y livideces fijas, correspondiesen (sic) a la posición en la que fueron encontrados.

Añadieron que las posiciones que guardaban los cuerpos en el lugar, en el momento de la intervención de personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, no corresponde con la posición final, al momento de ocurrirles la muerte. En consecuencia, los objetos asegurados tampoco conservan su situación y posición original, el subrayado fue hecho por la PGR.

Midieron la temperatura de los cuerpos con la mano

La procuraduría federal también exhibe la manera en que los forenses estatales tomaron la temperatura de los cuerpos: algunos lo hicieron con un termómetro rectal, pero la mayoría sólo asentó, cuestión insólita, que al cadáver le pusieron la mano para medir la temperatura: los restos tenían una temperatura igual o menor a la mano que realizaba la exploración o menor a la del medio ambiente.

Las anotaciones se realizaron de la siguiente manera: cadáver número 1) “El resultado fue el siguiente: se trata de un individuo de sexo masculino (…) se aprecian signos de muerte real y reciente, con temperatura corporal inferior a la del medio ambiente, con rigidez cadavérica presente en partes posteriores del cuerpo”.

Cadáver 4) “30 de junio (…) aspecto exterior (…) con temperatura menor a la mano del explorador e igualándose con el medio ambiente”.

Mientras en los estudios correspondientes a la víctima número 3 se menciona:presenta signos de muerte real y reciente con temperatura rectal de 24 grados centígrados.

Este es un dato que llama la atención, ya que los enviados de la PGR señalan en sus reportes que uno de los cuerpos ya presentaba signos de descomposición y olores fétidos.

En los documentos también se evidencia que los peritos mexiquenses sólo anotaron en sus reportes el día (30 de junio o primero de julio de 2014) en que practicaron las autopsias, pero no la hora, a pesar de que en uno de los casos se menciona que el cuerpo ya presentaba signos de descomposición y olores fétidos.

Cadáver identificado con el número seis: “signos tanatológicos. Presenta signos de muerte real y No (sic) reciente en periodo de putrefacción en su fase de fetidez (…) con temperatura corporal menor a la mano que explora y semejante a la del medio ambiente”.

En términos generales, los expertos del estado de México señalaron que en base a los signos tanatológicos observados en los cadáveres marcados del uno al veintidós, en el Servicio Médico Forense de este instituto se determina que su deceso ocurrió en un lapso de tiempo (sic) no menor a 20 horas y no mayor a 30 horas.

La versión del fuego cruzado

A pesar de que los estudios realizados por los peritos federales detectaron que los militares accionaron sus armas de fuego a corta distancia de las víctimas, los integrantes del Instituto de Servicios Periciales del estado de México expresaron que por la ausencia de tatuaje, quemadura o ahumamiento en los orificios de entradas de los cadáveres, se determina que los disparos se realizaron a una distancia mayor a 70 centímetros entre la boca del cañón del arma empleada y las zonas anatómicas afectadas.

En ese contexto, los estudios de las autoridades mexiquenses señalan quepor la interpretación criminalística y tomando en cuenta la dispersión, distribución y localización de los indicios de índole balístico, tanto en el interior como al exterior de la bodega, se determina que en el presente hecho que nos ocupa se trata de un tiroteo por fuego cruzado donde se realizaron los disparos tanto de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de la mencionada bodega.

Los peritajes de la PGR agregan: cabe señalar que de acuerdo con el dictamen médico, las lesiones que presentaron los veintidós cadáveres se ubicaron en su mayoría en tórax y abdomen, y que por su gravedad conllevaron una muerte inmediata, por lo que estaban imposibilitados para realizar desplazamientos por sí mismos, posteriores a ser lesionados.

En este caso, el 23 de septiembre de 2014, el ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia, tras ofrecer una conferencia magistral en el seminario La defensa nacional del Estado mexicano,declaró: de acuerdo con algunos testimonios, todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento, lo que le valió agrias críticas, pues las investigaciones apenas comenzaban.

Ejecución extrajudicial

Un mes después, el 21 de octubre, la CNDH concluyó en sus investigaciones que ocho elementos del Ejército asesinaron al menos a 15 de las 22 personas que perdieron la vida en los hechos, y que entre las víctimas estaban dos menores de edad.

En conferencia de prensa, el ombudsman explicó que tras realizar una indagatoria sobre el caso, logró comprobarse que si bien ocurrió un enfrentamiento entre los uniformados y una veintena de presuntos delincuentes, después los militares privaron ilegalmente de la vida a varios sospechosos cuando éstos ya se habían rendido.

La CNDH emitió una recomendación que fue aceptada por la Sedena, y esta dependencia inició un juicio en el ámbito castrense contra ocho militares que presuntamente participaron en los hechos de Tlatlaya.

En paralelo, la PGR informó el pasado 30 de octubre que puso a disposición de un juez federal a cuatro militares, tres de tropa y un teniente, como responsables de haber cometido el delito de homicidio en agravio de ocho personas.

En ningún caso los juicios han concluido; están en la etapa de desahogo de pruebas. Los militares implicados están en la prisión del Campo Militar número Uno, en la ciudad de México.

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Prácticamente se fusiló a 11 de los 22 en Tlatlaya: peritos

Del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares, determinan PGJEM y PGR

Luego de los hechos los cadáveres fueron numerados; en la pared se aprecian huellas de sangreFoto Agencia MVT

Gustavo Castillo García /I

 

Periódico La Jornada
Martes 23 de junio de 2015, p. 3

Peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que de las 22 personas que fueron abatidas por elementos del Ejército el 30 junio de 2014, dentro de una bodega en el municipio mexiquense de Tlatlaya, 11 fueron prácticamente fusiladas, otras cinco murieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares.

En los documentos se da cuenta de que estaban descargadas (desabastecidas) las armas de tres víctimas, a las que en las primeras investigaciones se les señalaba como participantes en el enfrentamiento con los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los estudios forenses –con los cuales la PGR sustentó las acusaciones de homicidio en contra de tres soldados en agravio de nueve de las 22 víctimas– indican que los militares también utilizaron en estos hechos un fusil al que le borraron la matrícula y otra arma de la cual no se precisó su origen.

Los militares –siempre con base en los estudios– realizaron al menos 160 disparos y las víctimas 12. Los soldados impactaron 60 balas, todas en la zona torácica de los presuntos delincuentes. El reporte refiere que tres balas lesionaron a un miembro del Ejército, y para el estudio forense se analizaron las huellas de los impactos en un chaleco antibalas.

La Jornada obtuvo copia de los peritajes mediante una solicitud de información pública y en ella se documenta que algunos militares dispararon a corta distancia a varias de las víctimas y los casquillos de los cartuchos percutidos quedaron a escasos 70 centímetros de los cadáveres, lo que confirmaría las versiones que aparecieron después en ese sentido y la descripción que peritos dieron de las fotografías que se publicaron en este diario el 26 de septiembre de 2014.

El año pasado, una de las tres mujeres que sobrevivieron a lo sucedido en la bodega reveló que sólo uno de los hombres fue abatido en enfrentamiento y los demás se entregaron, fueron interrogados y luego privados de la vida. Hoy, las tres mujeres son testigos protegidos. Los resultados forenses difieren diametralmente de la versión que el día de los hechos difundió la Sedena por medio de un comunicado de prensa y que a la letra menciona:

‘‘A las 05:30 horas del 30 de junio de 2014, personal militar perteneciente al 102/o. Batallón de Infantería adscrito a la 22/a. Zona Militar, al realizar reconocimientos terrestres, a inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, México, ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión.

‘‘Con motivo de estos hechos, resultó herido un soldado y fallecieron 22 presuntos agresores (21 hombres y una mujer), se aseguraron en el lugar 25 armas largas (16 fusiles Ak-47 calibre 7.62X39 mm., 6 fusiles AR-15 calibre 0.223, un fusil marca Calico y dos escopetas calibres 12 y 0.22); 13 armas cortas (cuatro calibre 9 mm., tres calibre 0.45, cuatro calibre 0.38 súper, una calibre 0.22 y un revólver calibre 0.38 especial); una granada de fragmentación, 112 cargadores, así como cartuchos de diversos calibres.

‘‘En este evento se liberaron a tres mujeres, quienes manifestaron estar secuestradas; las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes en calidad de presentadas; asimismo, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación el armamento y municiones aseguradas.’’

También contradicen lo dicho el 17 de julio de 2014 por el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sáchez, sobre que ‘‘en las diligencias practicadas, no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se ha hecho referencia en algunos medios de comunicación’’.

De acuerdo con lo asentado en los reportes, a las 11 horas del 30 de junio, personal de la PGJEM solicitó que se trasladara a Tlatlaya personal del Instituto de Servicios Periciales. Los especialistas recorrieron 64 kilómetros, pues se encontraban en la delegación de Tejupilco.

Tardío traslado

Los peritos llegaron cinco horas y media después de ocurridos los hechos. ‘‘Nos trasladamos al lugar de investigación, para realizar nuestra inspección Técnica Criminalística, por el delito de homicidio, en agravio de 21 sujetos del sexo masculino y uno del sexo femenino, todos ellos de identidades desconocidas’’.

El antecedente de lo sucedido ‘‘nos fue referido por (un) coronel (,) que se dio un enfrentamiento entre un grupo delictivo y el Ejército Mexicano’’.

Señalaron que el sitio de los hechos ‘‘corresponde a la carretera Los Cuervos-Arcelia, tramo San Pedro Limón, San Antonio del Rosario, entre las comunidades de Higo Prieto y Ancón de los Curieles, municipio de Tlatlaya. ‘‘Al momento de nuestra intervención, siendo las 12:30 horas, prevalecía cielo despejado, clima cálido y buena visibilidad’’.

Los peritos procedieron a dar ‘‘protección al lugar’’, colocar cintas amarillas que impidieran el paso de personas ajenas, señalizar los cuerpos y su posición, los casquillos y armas, para luego ‘‘fijar’’ (fotografiaron) el lugar, colectaron indicios y trasladaron los restos humanos al Servicio Médico Forense en Toluca.

Los resultados de los peritajes determinaron que las lesiones que provocaron el fallecimiento a las víctimas, cuyos cuerpos fueron marcados con los números 1, 2, 5, 11 y 17, les fueron inferidas ‘‘al momento de realizar maniobras instintivas de defensa’’, sin realizar ninguna otra acción.

La conjunción de los peritajes entregados por la PGR en días pasados, y las fotografías obtenidas en septiembre de 2014, muestran que las víctimas identificadas con los números 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 prácticamente fueron fusiladas.

Esta es la descripción pericial, la cual no menciona de manera directa que las víctimas fueron colocadas contra la pared antes de que les dispararan: “Por el tipo y características de las lesiones observadas en el cadáver (…) se determina que éstas le fueron producidas al tener contacto con una superficie de consistencia dura y áspera’’.

Otros cinco fueron abatidos cuando ‘‘trataban de realizar maniobras instintivas de defensa’’, es decir, cubrirse con manos y piernas de los disparos. El resto, según los peritajes, fueron blanco de los tiros de los soldados porque no estaban totalmente ocultos.

Esta es la descripción pericial de las víctimas identificadas con los números 4, 6, 7, 13 y 14: ‘‘Tomando en cuenta la ubicación anatómica de los orificios de entrada observados en el cuerpo (…) se determina que éste presentó (…) planos anatómicos de su cuerpo al momento de producirse los disparos’’.

En las conclusiones de los estudios de criminología de la PGR se determina que las víctimas que fueron abatidas por los militares, sin que mediara enfrentamiento, fueron las identificadas con los números 1, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 21 y 22.

Lo anterior, con base en ‘‘estudio microcomparativo realizado en el presente dictamen y las balas ‘testigo’ obtenidas de la prueba de disparo realizada a las armas de fuego relacionadas con la AP PGR/SEIDO/UEITA/117/2014”. En contra de siete de los nueve mencionados, los militares utilizaron dos armas de cargo: una carabina calibre .223, marca DPM, modelo 15, fabricada en Estados Unidos, y un fusil marca Arsenal, modelo SLR-100H fabricado en Bulgaria, calibre 7.62; una carabina calibre .223, marca Colt, modelo AR-15 Target, fabricada en Estados Unidos, abrió fuego contra una de las personas, y contra la víctima número 22 se usó un arma no identificada, cuyo calibre era .223.

Asimismo, los peritajes contradicen los señalamientos del procurador mexiquense de Justicia en cuanto a que ‘‘el intercambio de disparos resultó proporcional’’ entre los militares y las víctimas que fueron señaladas como presuntas integrantes de un grupo delictivo.

Los estudios forenses realizados por la Procuraduría General de Justicia mexiquense dan cuenta de que en la parte externa de la bodega se localizaron 41 cartuchos, todos ‘‘del calibre 7.62, de la marca ‘FC’, de latón”, que, según los documentos, corresponden a los disparados por los militares.

Dentro de la bodega donde se encontraban los presuntos delincuentes, los peritos recogieron 16 casquillos, cuatro de ellos calibre 7.62, con la marca ‘FC’ con la que identificaron los cartuchos utilizados por los militares. Otros 12 presuntamente correspondían a las armas que poseían las víctimas.

En los cuerpos de los occisos había 60 orificios de entrada. La camioneta que utilizaban los soldados presentaba 20 impactos. En los vehículos estacionados dentro de la bodega, que supuestamente estaban en poder de las víctimas, impactaron 55 tiros. En las paredes de la bodega, 48.

Sin embargo, en toda el área donde se supone que se dio un enfrentamiento, solamente se recogieron 57 cartuchos (fundas de bala), 45 con la marca ‘FC’, 12 con otras leyendas.

Pidió Sedena a PGJEM retrasar llegada a Tlatlaya tras matanza

TOLUCA, Edomex. (apro).- El general de brigada de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León, intervino para que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) demorara su arribo a Tlatlaya por alrededor de seis horas, el pasado 30 de junio, tras la masacre de 22 civiles en la comunidad de San Pedro Limón.

José Manzur, secretario general de Gobierno mexiquense, reveló ante los diputados federales de la Comisión de Derechos Humanos que, debido a la posibilidad de encontrarse con sujetos armados del crimen organizado, en el trayecto de Toluca a Tlatlaya se retrasó el despliegue de personal de la PGJEM.

“Me volví a comunicar con el general –José Luis Sánchez León– y nos dijo que no fuera muy rápido el personal de la Procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro”, indicó.

Con base en los primeros reportes emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estimó que los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas del 30 de junio.

Durante la reunión de trabajo del funcionario mexiquense con diputados federales de esta comisión, también precisó que las 22 víctimas y los sobrevivientes, en su mayoría, son oriundos del estado de Guerrero.

Manzur Quiroga insistió en que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema están siendo atendidas y ofreció que la ley se aplicará en contra de quienes resulten responsables de las omisiones y hechos que se les atribuyen.

Luego recordó que el Estado de México integró un Fideicomiso de Atención a las Víctimas, al que podrán acceder las tres mujeres sobrevivientes, torturadas y agredidas sexualmente por personal de la PGJEM, conforme a las investigaciones de la CNDH.

Los servidores públicos involucrados en la procuración de justicia mexiquense, afirmó, están siendo capacitados en materia de derechos humanos.

La CNDH consideró que en estos hechos y los subsecuentes autoridades judiciales del Estado de México manipularon la escena del crimen, obstaculizaron la investigación y violentaron las garantías individuales de tres víctimas que fueron detenidas, entre otras anomalías.