TOLUCA, Edomex. (apro).- El general de brigada de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León, intervino para que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) demorara su arribo a Tlatlaya por alrededor de seis horas, el pasado 30 de junio, tras la masacre de 22 civiles en la comunidad de San Pedro Limón.
José Manzur, secretario general de Gobierno mexiquense, reveló ante los diputados federales de la Comisión de Derechos Humanos que, debido a la posibilidad de encontrarse con sujetos armados del crimen organizado, en el trayecto de Toluca a Tlatlaya se retrasó el despliegue de personal de la PGJEM.
“Me volví a comunicar con el general –José Luis Sánchez León– y nos dijo que no fuera muy rápido el personal de la Procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro”, indicó.
Con base en los primeros reportes emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estimó que los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas del 30 de junio.
Durante la reunión de trabajo del funcionario mexiquense con diputados federales de esta comisión, también precisó que las 22 víctimas y los sobrevivientes, en su mayoría, son oriundos del estado de Guerrero.
Manzur Quiroga insistió en que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema están siendo atendidas y ofreció que la ley se aplicará en contra de quienes resulten responsables de las omisiones y hechos que se les atribuyen.
Luego recordó que el Estado de México integró un Fideicomiso de Atención a las Víctimas, al que podrán acceder las tres mujeres sobrevivientes, torturadas y agredidas sexualmente por personal de la PGJEM, conforme a las investigaciones de la CNDH.
Los servidores públicos involucrados en la procuración de justicia mexiquense, afirmó, están siendo capacitados en materia de derechos humanos.
La CNDH consideró que en estos hechos y los subsecuentes autoridades judiciales del Estado de México manipularon la escena del crimen, obstaculizaron la investigación y violentaron las garantías individuales de tres víctimas que fueron detenidas, entre otras anomalías.
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