Las tres dependencias se inconformaron con la orden de un juez que derribó la secrecía de la averiguación previa militar.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han puesto a trabajar a sus abogados para mantener bajo reserva el caso Tlatlaya, Estado de México, donde soldados ejecutaron a civiles de manera extrajudicial.
Los tres órganos se inconformaron con la decisión de un juez, que había ordenado al INAIcorregir su decisión de mantener reservada la información de las investigaciones militares. Además, el INAI debía tomar en cuenta que los hechos ocurridos en Tlatlaya eran violaciones graves a derechos humanos, una condición que permitiría el acceso al expediente.
La sentencia del juez fue resultado de una demanda iniciada por Aristegui Noticias, en coordinación con la organización Artículo 19, para evitar que el expediente se mantuviera en la opacidad, como había decidido el INAI. El juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del DF, Gabriel Regis López, falló a favor de esa petición el 23 de noviembre de 2015.
Pero el INAI, PGR y Sedena se inconformaron con esa decisión e interpusieron un recurso para que sea revisada por un Tribunal Colegiado o, en su caso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fuentes consultadas al interior del INAI aseguran que la decisión de impugnar no fue llevada al pleno ni consultada a los comisionados de forma particular.
El recurso del INAI fue firmado por el director general de asuntos jurídicos del instituto,Pablo Francisco Muñoz Díaz, en suplencia de la comisionada presidente, Ximena Puente.
El funcionario sostiene que la sentencia del juez Regis López, según él, vulnera la autonomía del instituto, que los delitos en tribunales militares no violan derechos humanosy que el INAI no tenía la obligación de precisar de qué manera se vería mayormente beneficiada la sociedad con la reserva de la información.
El INAI además solicita que la Suprema Corte conozca del amparo y determine quién debe calificar hechos como violaciones graves de derechos humanos.
La inconformidad del ejército, firmada por el procurador general de justicia militar,General de Brigada Jesús Gabriel López Benítez, dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está facultada para calificar un hecho como violación grave de derechos humanos, que difundir los datos personales de los militares involucrados dañaría el debido proceso y que el documento de la averiguación previa ya no se encuentra en poder de la Procuraduría Militar.
Con respecto a este último punto, esto dice el Ejército:
“La parte quejosa solicita una información que ya no se encuentra en la Procuraduría General de Justicia Militar, sino en el Juzgado Sexto Militar Adscrito a la Primera Región Militar [...], no se dejó duplicado en la Procuraduría de Justicia Militar de la Averiguación Previa que en su momento se consignó ante los tribunales militares, por no existir disposición legal que así lo señale en el código de justicia militar” (sic).
Por parte de PGR, quien interpone el recurso legal es la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado que otorgó el amparo, Ana Bertha Limón Torres, quien argumenta que no se acredita que se afecten los derechos de quien inició la demanda (Aristegui Noticias) y que la CNDH no califica como “graves” las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en Tlatlaya.
En los próximos días se conocerá cuál tribunal revisará la sentencia dictada por el juez Regis López. No obstante, la Suprema Corte puede atraer el caso antes de que ese tribunal tome una determinación.
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