CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El proyecto de ley del oficialismo considera como amenaza contra la seguridad interior “cualquier acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas”, es decir la seguridad pública, la cual en consecuencia debería ser resguardada por la autoridad civil.
Sin embargo, ese mismo proyecto presentado por el PRI afirma que las fuerzas armadas intervendrán cuando las capacidades de la policía federal “resulten insuficientes para contrarrestar la amenaza”, es decir, siempre. Pero esa intervención militar “en ningún caso se considerará de seguridad pública”. En otras palabras, la seguridad pública lo es de por sí pero cuando los militares la asumen entonces ya no lo es. ¿Alguien puede explicar esto?
El circunloquio priista conduce a consentir en una ley que las funciones de seguridad pública, cuando las asumen las fuerzas armadas, no son de seguridad pública sino de “seguridad interior”, la cual se encuentra definida en su propio proyecto como “continuidad de las instituciones y del desarrollo nacional”, es decir, cualquier cosa.
Ante un peligro contra esa “continuidad” entran las fuerzas armadas a dar seguridad, pero “interior”, aunque en realidad es para combatir a los delincuentes aunque no estén “amenazando” el “desarrollo nacional”. ¿Por qué el término? El presidente está investido de la facultad de disponer de las fuerzas armadas para la defensa exterior y la seguridad interior. De ahí se cuelgan quienes desean “legalizar” la ocupación extensiva de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, es decir, lucha contra la delincuencia organizada.
Por más vueltas que se quiera dar a las tareas policiales de las fuerzas armadas, las mismas seguirán siendo inconstitucionales. Mas el problema no está cifrado en estos términos porque el Ejército y la Armada tienen años ejerciendo de policías, sino en el hecho de que han fracasado.
Una década después el país está peor que al principio. Este es el desenlace de la “guerra” declarada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto.
¿Con la pretendida ley oficialista de seguridad interior las fuerzas armadas podrían someter finalmente a las grandes bandas de narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores y sicarios? Nadie lo cree. Se trata sin embargo de un reclamo del Ejército y de la Marina, cuyos titulares exigen “garantías”. Pero la autoridad no requiere garantías sino que es ella quien debe brindarlas a la sociedad. Las cosas han sido puestas al revés.
Lo primero que habría que reconocer es que el problema más grave (que sí es de seguridad interior) es la penetración de la delincuencia organizada en el aparato público y la consecuente impunidad de la que han gozado las bandas. Mas se requiere al mismo tiempo aceptar que el narcotráfico no se va a acabar a balazos sino hasta que se levante la prohibición y el Estado se convierta en regulador en lugar de persecutor.
De lo anterior se desprenden dos tareas: por un lado, intervenir a fondo donde la delincuencia ha tomado control de aparatos públicos y, por el otro, empezar a legalizar la producción, distribución y comercialización de las drogas, como ya se intenta en varios países, entre ellos Uruguay y Estados Unidos, en nuestro continente.
Dice el proyecto priista, impulsado también por los generales y almirantes, que “las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior” y, al realizarlas, podrán “hacer uso de cualquier método de recolección de información”. Esto es propiciar el control militar del país. No tiene caso andar con ambages en asuntos tan serios.
Hace daño defender toda acción de las fuerzas armadas aunque sean ejecuciones (Tlatlaya) o uso desproporcionado de la fuerza, sin sobrevivientes (Tepic), entre otras acciones violatorias de derechos humanos. Es entendible que si se mete un Ejército a la seguridad pública, se habrán de ejecutar acciones de guerra contra civiles, aunque ésos sean los peores, lo cual no está permitido en el derecho internacional de derechos humanos al que México es afecto por mandato constitucional. Sin embargo, eso es justamente lo que busca “legalizar” el gobierno de Peña Nieto.
El proyecto también advierte que el presidente de la República “podrá ordenar acciones inmediatas a las fuerzas armadas”, en referencia a la seguridad pública, es decir, para hacer frente a los delincuentes. Pero no sólo cuando éstos toman control sobre entidades públicas, entre ellas cuerpos enteros de policía, sino en toda circunstancia, a juicio del gobierno. Esto no es “seguridad interior” sino prepotencia presidencial y predominio militar.
Cuando, como en el proyecto de Peña-Cienfuegos, la seguridad interior se define como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la continuidad de sus instituciones, así como el desarrollo nacional…”, se abarca todo lo que ya está construido y lo que se podría construir en el futuro. ¿Es esa la “seguridad interior”? No, por cierto, porque la Constitución más bien la refiere como el funcionamiento normal del sistema político legal.
Mientras, los narcos siguen en lo suyo.
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