Discusión de ley de seguridad interior deviene ataques a AMLO

Senadores y diputados se enfrascan en confrontación verbal

Gil Zuarth contra AMLO

Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Roberto Garduño y Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Viernes 24 de marzo de 2017, p. 12

Durante cerca de cuatro horas, senadores de todas las fuerzas políticas discutieron en torno a la pertinencia de aprobar la ley de seguridad interior en un debate que llevó a la confrontación verbal cuando priístas, panistas y verdes se lanzaron contra el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusaron de injuriar al Ejército.

El senador panista Roberto Gil Zuarth, impulsor de una de las iniciativas para legalizar la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, cabildeó desde un día antes que el tema se debatiera ante el pleno de esa cámara por medio de un punto de acuerdo en el que se proponía pedir a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) su opinión sobre el tema.

Ello pasó a segundo término y ni siquiera se votó, porque luego del largo debate –en que participaron 28 senadores–, parte de los legisladores abandonaron el salón de plenos y la sesión se levantó por falta de quórum.

Desde el inicio fue evidente que la bancada del PAN, más que pugnar por la aprobación de la ley de seguridad interior, iba contra López Obrador. El presidente de la Comisión de Defensa, el panista Fernando Torres Graciano, sostuvo que las ‘‘críticas’’ de López Obrador en torno a las fuerzas armadas eran ‘‘irresponsables, falsas y tontas’’.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, le pidió precisar a qué se refería, ya que López Obrador sólo pidió que se pregunte al Ejército, no a él, por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Su compañera de bancada, Layda Sansores, recordó que ha sido la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) las que han denunciado las violaciones a derechos humanos cometidas por los militares.

Gil Zuarth arremetió también contra López obrador y lo acusó de haber hecho campaña con el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, vinculado con la desaparición de los normalistas, y sostuvo que su gestión al frente del Gobierno del –entonces– Distrito Federal ‘‘fue un desastre en materia de seguridad’’.

Mario Delgado le respondió que ‘‘se necesita ser cínicos’’ para aseverar algo así, cuando el gobierno de Felipe Calderón –‘‘del que Gil Zuarth fue secretario particular– dejó miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

Los priístas fueron más mesurados. Enrique Burgos pidió no cuestionar el valor de las instituciones, como el Ejército, ‘‘por cuestiones partidistas o electorales’’. El senador Fidel Demédicis, que aún forma parte de la fracción del PRD, pidió a quienes criticaron a López Obrador que estén tranquilos. ‘‘Todavía no metemos el acelerador a fondo y ya les llevamos 10 puntos de ventaja. Hoy ni todos juntos le van a ganar al compañero Andrés Manuel’’. La senadora Luisa María Calderón (PAN) salió en defensa de su hermano, el ex presidente Felipe Calderón.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el PRI insistió en impulsar prioritariamente la ley de seguridad interior. El coordinador de la bancada, César Camacho, dijo que esa iniciativa la ‘‘requiere el Estado mexicano, no sólo las fuerzas armadas, para conocer los límites a los que se debe atener’’, y para que los ciudadanos puedan exigir a las autoridades que nadie se exceda en el ejercicio de sus atribuciones.

El PAN condujo al Ejército a las calles y ahora, con el PRI, le dará “un poder descomunal”, alertan

A diez años de que la guerra contra el narcotráfico iniciara, el PAN busca reglamentar la participación del Ejército en las calles. El 11 de diciembre de 2006 el otrora Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío a las Fuerzas Armadas al combate frontal contra las fuerzas fácticas en Michoacán. Este fue el inicio de una estrategia federal de abordar la lucha contra las drogas, y la violencia no tardó en dispararse. Estadísticas oficiales registraron que los asesinatos subieron de 27 cometidos por día, durante la administración del primer gobernante panista Vicente Fox Queseada, a 56 en el sexenio calderonista.

Sin embargo, hoy lejos de regresar a los cuarteles, los elementos castrenses están más cerca de realizar operativos de seguridad pública gracias al respaldo del PAN a la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, presentada por el PRI.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Diez años después del inicio de la guerra contra el narcotráfico, el Partido Acción Nacional (PAN) apuesta por que las Fuerzas Armadas combatan en las calles contra el crimen organizado a través de las propuestas de Ley en materia de Seguridad Interior, que están por iniciar sus discusión en la Cámara de Diputados.

La oposición de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) al uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales ha dejado al Blanquiazul y sus votos como indispensables para detener las propuestas en esta materia, que ya impulsa el PRI.

“Yo creo de lo que se trata es de reglamentar, poner límites al poder del Presidente de la República como jefe máximo de nuestras Fuerzas Armadas para que pueda mandar a las calles al Ejército. Y así saber ¿bajo qué condiciones puede el Ejército salir a las calles, en qué casos, cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la participación del poder Legislativo? Eso es lo que no tenemos”, dijo el Diputado panista Jorge Triana Tena, miembro de la Comisión de Gobernación que discutirá las propuestas.

Hasta el momento hay seis propuestas de iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Pero ha sido la presentada por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiróz, el pasado 27 de octubre, la que ha secundado la solicitud expresa del Presidente Enrique Peña Nieto de legislar este asunto.

Una Ley de Seguridad Interior le otorgaría al Presidente de la República la capacidad de decretar la intervención de las Fuerzas Armadas en un lugar y tiempo determinado.

Peña Nieto decidió continuar con la estrategia de seguridad de su antecesor, Felipe Calderón. Pero los registros oficiales refieren que la violencia no disminuyó con la intervención de militares para acabar con el narcotráfico.

Camacho Quiroz, de corbata verde, fue quien presentó la iniciativa de Seguridad Interior en la Cámara Baja del Congreso. Foto. Cuartoscuro

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que entre 2001 y 2006, bajo el Gobierno de Vicente Fox Quesada, fueron asesinadas 60 mil 162 personas. Mientras que con el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón Hinojosa entre 2006 y 2012, ocurrieron 121 mil 613.

En el seno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el PRI cuenta, junto con su aliado el Partido Verde, con 15 votos. Por su parte, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano (MC), quienes se han manifestado en contra de legislar sobre este asunto, suman ocho votos. Lo que deja como decisivos los siete votos del PAN para aprobar o no un dictamen sobre Seguridad Interior.

“Como veo la situación, es que esta Ley trae un gran apoyo del PRI, Verde, Panal, y el mismo PAN. Ellos hacen mayoría y temo que van aplicar esa fuerza numérica para aprobarlo en comisión y después en el pleno. Sin embargo, siendo el Congreso un órgano deliberativo eso no nos impide decir lo que hemos dicho, que la propuesta es reduccionista. Sólo un parche para el problema”, consideró Macedonio Támez Guajardo, Diputado de MC.

De acuerdo con el Diputado blanquiazul Jorge Ramos, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa no es un espaldarazo al PRI, pues dijo que su partido presentó casi un año antes, desde noviembre de 2015, su propia propuesta.

“Yo creo que están opinando sobre una Ley. Y la comisión va dictaminar sobre seis. En particular mi iniciativa que está diseñada para una intervención temporal, subsidiaria y transitoria para las Fuerzas Armadas. Siento que se está precipitando declaraciones sin conocer el contenido”, añadió Ramos.

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Ramos, a diferencia del resto, no propuso la creación de una nueva legislación, sino la modificación de la Ley de Seguridad Nacional en materia de seguridad interior para reglamentar el actuar de los militares.

Los legisladores del PAN sostuvieron que el uso de las Fuerzas Armadas podrá servir para acabar con el narcotráfico.

“Absolutamente esta ley y la del mando mixto ayudarían. El problema no es el Ejército, ni la marina. Gracias a su intervención no se ha agudizado el problema en el país”, dijo Ramos.

No obstante, a diez años de la guerra contra el narcotráfico hay pocos indicios de que las células criminales hayan sido reducidas. Datos de la Procuraduría General de la República (PGR), actualizados al 13 de febrero, apuntaron que en el país operan 37 células delictivas y nueve cárteles.

El 11 de diciembre de 2006 el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa envío a las Fuerzas Armadas al combate frontal contra el narcotráfico en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

La incursión del Ejército en enfrentamientos con presuntos criminales aumentó los índices de asesinato en diversos municipios en un 6 por ciento, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sin embargo, esta tasa se incrementa a 9  por ciento cuando se ven involucrados en el combate elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Este centro de estudios reveló que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011 se registraron 68 masacres, donde hubo al menos 10 muertos.

“Algunos diputados del PAN sostienen que la Ley va resolver los señalamientos de derechos humanos sobre las Fuerzas Armadas. Pero, yo creo que así como está esa propuesta, genera lo contrario. Es anticonstitucional, y va en contra de varios convenios de derechos humanos”, dijo el Diputado del PRD, Rafael Soriano Hernández.

 El martes pasado, una serie de organizaciones de la sociedad civil ofrecieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que el Gobierno federal estaría omitiendo recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que exhortaron a diseñar un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

“La Ley de Seguridad Interior busca darle protección militar a aquello que los militares han venido haciendo extra legalmente. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados”, dijo la activista Denise Dresser.

El inicio de la guerra contra el narcotráfico disparó las quejas contra la Sedena en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones a derechos humanos.

De 182 quejas recibidas en 2006, la CNDH pasó a registrar 367 en 2007 y mil 230 en 2008, de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

“El PAN tiene condicionada su aprobación al respeto de los derechos Humanos, a que sea una iniciativa de carácter subsidiario y temporal para la participación de las Fuerzas Armadas. Y tercero, con obligaciones de gobiernos locales de restituir capacidades institucionales para que el Ejército se vaya”, aseguró el diputado panista Jorge Ramos.

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha dado continuidad a la estrategia de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa. Foto: Cuartoscuro

Pero la estrategia de la organización de las fuerzas policiales no ha sido debatida. Y la profesionalización de las policías ha sido un tema pendiente por el Gobierno federal, acusó el legislador de oposición Macedonio Támez.

Si bien el ex Presidente Calderón buscó que cada entidad aprobara un Mando Único, en el que las policías municipales quedaran al mando del Gobernador, el modelo no gozó del apoyo necesario para ser adoptado en todo el país.

Ahora, bajo un llamado Modelo Mixto en el que los municipios más grandes podrán conservar sus propios policías, el PAN, PRI, MC y PRD buscan reconfigurar la organización policial de México.

¿Por qué el modelo policial ha sido relacionado con las propuestas de Seguridad Interior y no la regularización de las drogas?, se le preguntó al Diputado del Blanquiazul, Jorge Triana.

“Es un tema distinto. A título personal soy un convencido del uso de las drogas. Incluso, con fines lúdicos. Creo que esto eliminaría de forma importante el mercado negro. Y el mercado negro de narcóticos se llama narcotráfico. Pero vamos muy atrasados con respecto al entorno internacional. Apenas estamos abordando el tema del uso medicinal”, justificó.

Los legisladores adelantaron que esperan tener la próxima semana un dictamen sobre las distintas propuestas de seguridad interior que reglamente las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; así como aprobar una legislación en seguridad interior al finalizar este periodo de sesiones que acaba en abril.

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Organizaciones alertaron de la sumisión del poder civil al militar de ser aprobada la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior. La propuesta hecha por el PRI, dijeron, brinda al Ejército de facultades hasta ahora exclusivas de las policías del país. Y recordaron, que a la fecha, la guerra contra el narcotráfico sólo arreció la violencia y acentuó el crimen organizado que pretendía combatir.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil y miembros de la academia mexicana rechazaron hoy la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que permitirá al Ejército tomar las labores de la policía cuando el mandatario así lo decida.

Este martes se tenía programada la discusión del dictamen de Seguridad Interior en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; sin embargo, legisladores de oposición pidieron no dar paso a la discusión.

“En este contexto el mando militar pareciera tratar de imponerse sobre el mando civil, y pocos respingan. Décadas de tradición y práctica Constitucional para evitar la militarización ahora son amenazadas por un Ejército empoderado”, dijo la politóloga Denise Dresser.

La iniciativa, propuesta el 27 de octubre por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, pretende dejar en manos del Presidente de la República la declaratoria de Seguridad Interior en un lugar y tiempo determinado.

Las organizaciones apuntaron que la guerra contra las drogas, que inició el ex Presidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006, ha acentuado el poder del narcotráfico y la violencia en México, en vez de acabarlo.

En la última década han sido desplegados 52 mil elementos; alrededor de 84 operaciones regionales han pretendido reducir la violencia; ha habido unos 213 mil muertos, y un índice de letalidad en el que el Ejército mata a ocho personas por cada una que hiere, apuntaron las organizaciones como la evidencia de una estrategia contraproducente.

“El Presidente ha permitido esto, quizá, por debilidad, por el temor que tiene al Ejército sino lo apuntala”, añadió Dresser.

Algunas de las organizaciones presentes fueron el Colectivo #seguridadnomilitarizada, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Las organizaciones pidieron a los legisladores no dejarse influenciar por objetivos electorales e hicieron un llamado a que se atienda la evidencia científica de la violencia provocada por la estrategia del choque frontal contra el narcotráfico.

Hasta hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) registra 37 células delictivas en el país, cuyas operaciones responden a nueve cárteles.

“Tenemos evidencia de causalidad entre los operativos conjuntos durante el periodo de Felipe Calderón y el incremento de los homicidios a nivel municipal. Llevó a México a pasar de una tasa de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes a una de 24 por cada 100 mil”, dijo el profesor.

Más aún, con ejercicios estadísticos, el CIDE determinó que cada combate contra el narcotráfico incrementó la tasa de homicidios en un 6 por ciento, pero si era la Secretaría de la Defensa Nacional la implicada en el enfrentamiento, el porcentaje subía a 9.

Lo que nos espera con la LSN

Los medios de E.U. y el espionaje en México

Francisco Blake Mora

MÉXICO, D.F. (apro).- Tal vez les convenga más al vocero del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Poiré, a la canciller Patricia Espinosa y al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, contratar un servicio de monitoreo permanente de los medios estadunidenses que escribir en blogs oficiales algunos “mitos” del combate al crimen organizado o tratar de excusarse ante la flagrante violación constitucional que cometen los agentes de Estados Unidos al realizar operaciones “encubiertas” o “de inteligencia”.
Por tercera vez consecutiva en menos de un año, es un medio estadunidense, en este caso The New York Times, el que documentó y exhibió la existencia de dos centros de espionaje de Estados Unidos: uno en pleno corazón de la avenida Reforma, en el Distrito Federal, y otro en “la región norte” del país, presumiblemente en Escobedo, Nuevo León, según reveló el reportero José de Jesús Esquivel, en la más reciente edición de Proceso.
La nota divulgada el 7 de agosto por el New York Times prácticamente confirmó lo que el semanario ya había informado en su edición 1693: la intención de crear una Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), pero bajo la batuta de Estados Unidos. En esta oficina, los agentes del Pentágono, la DEA y la CIA coordinarían a sus contrapartes.
El gobierno de Felipe Calderón rechazó una y otra vez que existiera un plan de este tipo y menos que los agentes estadunidenses coordinaran a los mexicanos.
Ahora, ante la publicación de The New York Times, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, aseguró en Mérida, Yucatán que la presencia de estos agentes se inscribe dentro de “la cooperación internacional que se da en nuestro país” y que “se hace en respeto de las leyes constituciones y de las leyes de las naciones”.
Antes de que se destapara este escándalo, la cadena televisiva CBS News dio a conocer el operativo Rápido y Furioso, aplicado desde 2009 en territorio mexicano para comerciar armas de origen estadunidense y conocer así su destino final. CBS se basó en el testimonio de Darren Gil, agente de la ATF (Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas), y desató una crisis diplomática que no modificó el curso de las acciones.
Posteriormente, en julio de este año, el diario Usa Today dio a conocer que buena parte de las 2 mil armas que formaron parte del operativo Rápido y Furioso llegaron hasta el cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán, presunto enemigo número uno de los agentes estadunidenses.
La doble cara del discurso estadunidense salió a relucir durante este escándalo. No sólo fue la ATF la única agencia involucrada: también participaron agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS), la DEA y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
¿Dónde estuvo le inteligencia mexicana durante todo este tiempo? ¿Estaban enterados o finalmente decidieron que ya no vale la pena defender la soberanía mexicana frente a este tipo de operativos “encubiertos”?
El sobrevuelo de aeronaves estadunidense, en clara invasión a la soberanía territorial, la presencia de mercenarios norteamericanos contratados por empresas privadas y hasta paraestatales mexicanas como Pemex (revelado la semana pasada por la BBC británica) son tan sólo algunos otros de los expedientes que se han conocido a través de los medios extranjeros.
Mientras tanto, los funcionarios del gobierno calderonista prefieren escribir blogs o recitar frases hechas sobre la no violación a la Constitución.

La traición. Luis Javier Garrido

La aprobación de la nueva legislación sobre seguridad nacional”, impulsada desde Los Pinos, sería un acto de traición a México y a los mexicanos; de ahí la viva oposición a este engendro seudojurídico.

1. La decisión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de aprobar “en lo general” el martes 2, en un verdadero albazo, el proyecto de ley fascistoide “de seguridad nacional” que les fue remitido por el Senado, pasando por sobre las impugnaciones y señalamientos de las últimas semanas, constituye un verdadero desafío a la comunidad nacional e internacional, que había hecho severos señalamientos sobre el carácter totalitario de dicha “legislación”, que a fin de legitimar la supuesta guerra de Washington y de Calderón “contra el narco” mexicano pretende “legitimar” la función policial de las fuerzas armadas y crear un marco de permisividad para que el Ejecutivo y los cuerpos militares pasen por sobre los derechos fundamentales de los mexicanos.

2. La nueva legislación totalitaria la vislumbra la mafia en el poder como una garantía de la seguridad de sus intereses después de 2012, de ahí que no haya causado estupor el que la hayan aprobado legisladores del PRI, del PAN y del PVEM y los chuchos del PRD coludidos abiertamente con Los Pinos, con la sola oposición de legisladores del PT.

3. Un cuerpo legal debe entenderse, antes que por sus disposiciones secundarias –por muy graves que sean–, por el objetivo fundamental que persigue, y el de este mamotreto seudolegal, que ha sido descalificado por los juristas más eminentes del país y del extranjero, es más que evidente: pretende hacer legal la función policial y de Ministerio Público de las fuerzas armadas, lo que está terminantemente prohibido por la Constitución en sus artículos 21 y 129 y descalificado por la teoría, por el derecho penal internacional y por múltiples acuerdos y convenios internacionales, pues da a los cuerpos militares mexicanos, que en los hechos se hallan ya sometidos a las agencias policiales estadunidenses, la vía libre para intervenir en todo el territorio, pasando por sobre la autonomía de estados y municipios y los derechos de las personas.

4. Esta “ley” urdida por la extrema derecha mexicana no se oculta que busca amarrar las políticas del nuevo gobierno luego de 2012, al dar aliento y sustento por un largo periodo a la “guerra contra el narco”, que ya se sabe es contra el pueblo, alentando al sector más duro de las fuerzas armadas a actuar con impunidad, y allanando aún más el camino para la intervención estadunidense en México; de ahí su gravedad.

5. Las amenazas de esta iniciativa para la integridad de la nación y los derechos de los mexicanos fueron avistadas desde 2010 en que Felipe Calderón la envió al Senado, y suscitaron la oposición de múltiples analistas, de eminentes juristas, de instancias internacionales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de un sinnúmero de agrupaciones defensoras de los derechos humanos y del movimiento encabezado por el escritor Javier Sicilia, que en su encuentro de Chapultepec con los legisladores hizo suyo el reclamo de que se enviara al basurero de la historia. México está al borde de “una represión sistematizada” si se sigue por esta pendiente y está en riesgo de vivir una situación similar a la del cono sur en los años 70 y 80, advirtió a su vez Amnistía Internacional el primero de agosto en Madrid.

6. La afirmación hecha a la defensiva y casi al unísono el día 3 por las legisladoras Beatriz Paredes (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN) ante las acusaciones ese mismo día de Javier Sicilia de haber traicionado a los mexicanos, diciendo que sólo se le aprobó “en lo general” y pretendiendo que al no haberse discutido “en lo particular” aún puede cambiarse, es por lo tanto un absurdo, que sólo muestra la tontería y la perversidad de ambas, y constituye una burla a los mexicanos. La ley que se impugna se ha rechazado en su conjunto porque su objetivo fundamental es legalizar el principio aberrante de la actuación policial de las fuerzas armadas, y no se trata de ninguna manera de avalar esta barbaridad para, en “lo particular”, buscar sólo suavizarla. La exigencia de que las fuerzas armadas regresen cuanto antes a sus cuarteles, y se respete el orden constitucional, no es negociable.
7. En un régimen constitucional de derecho no es admisible que se reglamenten, pretendiendo suavizarlos, principios aberrantes, y esa es la lógica con la que el poder panista busca que actúen los opositores: se puede transigir, se les está diciendo, en lo secundario; en lo fundamental, no. El 12 de julio la Suprema Corte pretendió con un fallo reglamentar el aberrante fuero militar, cuando lo que debió hacer es pronunciarse en contra de esa prerrogativa anacrónica conforme a los tratados suscritos por México, y ahora se quiere que se reglamente la aberrante participación policiaca de los militares, y con eso se dé por satisfecha la inconformidad social.

8. El error fundamental del movimiento de Sicilia es haber visto el sufrimiento de la víctimas de la violencia de Calderón pero no haber entendido las dimensiones ni la perversión de sus políticas, que son contra la nación. La “guerra contra el narco”, que no lo es, constituye una estrategia del capital multinacional y de Washington para adueñarse por completo del país, y Calderón es sólo un pelele de dichos intereses, por lo que él y los panistas criminales no van a dar marcha atrás con besuconeos y escapularios, sino mediante una vigorosa movilización social; de ahí la burla de que fue objeto el escritor.

9. La “ley” en proceso de aprobarse abriría también de manera más amplia la vía para que las agencias de Washington puedan, a través de la Marina y del Ejército mexicanos, cuerpos ya sometidos a ellas, intervenir más libremente con base en la Iniciativa Mérida, sobre todo ahora que Calderón autorizó a Washington incrementar su personal policiaco-militar en territorio mexicano, y ha aceptado que opere cada vez más libremente desde su búnker de Reforma 265 (Proceso 1812). De ahí la decisión del Senado estadunidense de ratificar de volada el mismo martes 2 al nuevo embajador Earl Anthony Wayne, experto en asuntos militares traído desde Afganistán, que viene no para recomponer ninguna relación (que no está descompuesta), sino para llenar el vacío de poder existente en México en lo relativo a la “seguridad nacional” (de Estados Unidos, naturalmente).

10. La “guerra contra el narco” es crucial para los intereses oligárquicos que dominan México, y la contrarreforma de seguridad nacional se ha tornado, desde su lógica perversa, indispensable para mantener el escenario de violencia en el que tienen hundido al país, por lo que ante el riesgo gravísimo de que el Congreso la apruebe es urgente una mayor movilización nacional, reiterando una y otra vez a Calderón y a sus aliados que: “¡Ya basta!”