Jaime Avilés
Por motivos de trabajo, escribe un lector, amigo de esta columna desde hace años, “voy con frecuencia de Sinaloa a Jalisco. Siempre en mi cochecito. El miércoles de Semana Santa bloquearon la carretera internacional en el punto de revisión La Concha, entre Sinaloa y Nayarit. Por cinco horas unos 40 hombres fuertemente armados y encapuchados, vestidos de militares, asaltaron a todos los que sumisamente hacíamos fila, esperando turno para ser robados. El viernes santo, esos mismos delincuentes volvieron a hacer de las suyas, rafagueando al personal de revisión y dejando varios heridos.
“El miércoles 18 [de mayo], a las 12 del día, volvió a suceder en la carretera 200, en la única recta que hay en lo alto de la sierra llamada Mesillas, antes de llegar a Las Varas, Nayarit. Estuvieron dos horas asaltando a los viajeros, les quitaron valores y siete vehículos, entre camionetas y coches, dándose el lujo de escoger los más caros, pavoneándose con sus metralletas entre la gente, amedrentando.
“¿Cómo puede un comando fuertemente armado, viajando en varias camionetas, moverse libremente por las carreteras? La Policía Federal se esconde en las bajadas para tomarnos por sorpresa a los ciudadanos comunes, pero a ellos qué, ¿no ve pasar nunca a estos comandos? ¿Son paramilitares, de los que tanto se habla? ¿Los han soltado como perros rabiosos para aterrorizarnos y además les dieron carta libre para que se financien? Quienes sobrevivimos de nuestro trabajo honesto, viajando constantemente, ¿tendremos que seguir soportando estas experiencias pavorosas?”
Promesas y sangre
Al ser interpelado, el lunes en Madrid, por activistas mexicanos y europeos que le exigieron castigo para gatilleros que atacaron una caravana solidaria y mataron a una mexicana y un finlandés, el 27 de abril, cuando se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, Calderón prometió “investigar”. Menos de 48 horas después, una organización paramilitar acribilló a Timoteo Alejandro Ramírez, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), y a su esposa, muy cerca de donde había ocurrido la primera matanza.
Una segunda caravana internacional de solidaridad con los habitantes de San Juan Copala, que desde enero permanecen hambrientos y aislados por los fusiles de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), planea llevar comida y medicinas al municipio autónomo el próximo 6 de junio. Rufino Juárez Hernández, jefe de los paramilitares, envió ayer emisarios a la Secretaría de Gobernación para pedir que el Ejército se haga cargo de la vigilancia en la zona.
Más allá de la violencia estructural del hambre, provocada por el saqueo devastador de los neoliberales que se adueñaron de México, hoy se distinguen, y se desarrollan en forma complementaria, otras dos violencias: la de la guerra civil, que protagonizan los cárteles y las fuerzas armadas, y la violencia política, que corre a cargo exclusivamente de eso que todavía algunos denominan, a saber por qué, las “autoridades”.
La violencia política en contra de las comunidades indígenas no ha dejado de estar presente en Chiapas, impulsada por el gobierno racista de Sabines, y en Oaxaca, donde la dirige Ulises Ruiz, el asesino serial que patrocina tanto a la Ubisort como a otras bandas paramilitares, con las que controla a sangre y fuego distintas regiones de la entidad, y en el estado de México, donde Enrique VIII mantiene presos a los líderes de Atenco.
Hay violencia política, asimismo, en Guerrero, contra la Policía Comunitaria y los indígenas y campesinos que la respaldan en la Montaña y la Costa Chica. Y la hay también en el centro de la república, en contra de los trabajadores del SME, y en Chihuahua, en contra de los barreteros de Cananea, que ejercen su derecho constitucional a la huelga, y en San Luis Potosí, donde las guardias blancas de la canadiense Minera San Xavier mantienen bajo constante amenaza a los defensores del emblemático cerro de San Pedro, y de la flora y la fauna del desierto que lo rodea, y de las joyas arquitectónicas de la capital del estado.
Nuevas manifestaciones de violencia política están apareciendo en Monterrey, donde los ecologistas que se oponen a la construcción de un estadio de futbol en la reserva forestal de La Pastora han recibido amenazas de muerte. El terreno fue “obsequiado” por el gobernador Rodrigo García a la embotelladora y distribuidora de cerveza y refrescos Femsa, porque a ésta, en realidad, lo que le interesa no son los espectáculos deportivos, sino los grandes mantos de agua dulce que hay allí en el subsuelo.
Arrinconado por la onda expansiva de la guerra civil que desató unilateralmente y de la manera más irresponsable, Calderón, o mejor dicho, su esperpéntica y sanguinaria caricatura de “gobierno”, pierde día tras día el control territorial de nuevas regiones del país. Cada día “manda”, por decirlo de alguna manera, en menos ciudades, a menos gente y con menos fuerza pública: ésta disminuye a medida que se pasa al bando de los contrarios. Por eso fue Calderón a Madrid y a Washington, a que le aplaudieran, a repartir condecoraciones y a pronunciar discursos insulsos.
El domingo, en Cantabria, el “socialista” Rodríguez Zapatero le expresó el más “decidido apoyo” a sus “políticas de privatización” en beneficio “de las empresas españolas que son líderes en el mundo”. La nota la publicó La Jornada en su edición on line, pero no fue registrada por ningún periódico del reino de Juan Carlos I.
En Madrid, militantes de izquierda opositores tanto al gobierno del PSOE como a la ultraderecha franquista, le explicaron a esta columna que entre Zapatero y Aznar y Rajoy y Calderón y Salinas “no hay diferencias: todos son neoliberales”. Poderosos consorcios como Iberdrola, Repsol, BBVA, Santander, Meliá, etcétera, que en México se despachan con la cuchara grande, añadieron, “en España hacen lo mismo y sólo benefician a sus accionistas, mientras miles de trabajadores están en el desempleo, desde que liquidaron los astilleros y los altos hornos de Asturias, para inflar la burbuja de la especulación”, que ya reventó y traerá consigo una crisis económica y social mayúscula. Pobre pueblo de España, pobre pueblo de México, pobres pueblos los del mundo todo.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Seguridad Pública federal, que mal administra Genaro García Luna –pues según la Cámara de Diputados el año pasado dejó de ejercer 60 por ciento de su presupuesto “en ciertas áreas”–, un grupo de empleados denuncia, en carta al buzón de esta columna, que Verónica Peñuñuri, jefa de comunicación social, tiene un método infalible para obligar a sus subalternos a hacer exactamente lo que ella quiere. “Si alguien la desobedece, nos amenaza con mandarnos a trabajar a Ciudad Juárez. Varios compañeros renunciaron para no tener que irse para allá”, confiesan.
En el México de las tres violencias, el caso Fernández de Cevallos huele a tragedia, no a farsa. Su desenlace, el que sea, no traerá nada bueno.
jamastu@gmail.com
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