Serpientes y Escaleras
05 de junio de 2010
La venganza por el presunto incumplimiento reclamado por estos clientes, que tendrían a su vez vinculaciones con una vertiente del crimen organizado, es supuestamente el móvil por el cual decidieron secuestrar y retener a Fernández de Cevallos y exigir un secuestro millonario, estimado hasta ahora en 50 millones de dólares por su liberación
Es posible que el grupo de empresas que ordenó y ejecutó el secuestro de Fernández de Cevallos haya contratado a profesionales ligados al narco
Un litigo millonario con un grupo de empresas de Cancún, que reclaman un incumplimiento en los servicios ofrecidos por el despacho Fernandez de Ceballos y Alba, sería el motivo detrás de secuestro del ex senador y ex candidato presidencial, de acuerdo con reportes de inteligencia militar tanto de México como de Estados Unidos que dan seguimiento al caso.
La venganza por el presunto incumplimiento reclamado por estos clientes, que tendrían a su vez vinculaciones con una vertiente del crimen organizado, es supuestamente el móvil por el cual decidieron secuestrar y retener a Fernández de Cevallos y exigir un secuestro millonario, estimado hasta ahora en 50 millones de dólares por su liberación.
El tamaño de las exigencias de ese grupo y el fuerte impacto que tiene el caso no sólo por sus implicaciones políticas y por el desafío que representa para el Estado mexicano, sino también para los socios actuales del ex senador, es lo que ha provocado todo el sigilo y el misterio que rodean al caso. Apellidos como los Gómez Mont, Lozano Gracia, Molina Ruibal y otros, aparecen involucrados en el litigio que desata el secuestro.
Está también, desde luego, el legítimo interés de proteger la vida del político, aunque para ello el Estado haya renunciado a una obligación constitucional como la de perseguir de oficio un delito.
Es posible que el grupo que ordenó y ejecutó el secuestro de Fernández de Cevallos haya contratado para su “venganza” a un grupo de profesionales ligados al narcotráfico —de ahí la versión militar que apunta a Los Zetas— o incluso a un comando internacional especializado en ese tipo de delitos, lo que explica la precisión con la que actuaron, y el hecho de que quienes pudieron coordinar la operación del rapto hayan sido clientes conocidos por Diego, lo que explica porqué los vigilantes los dejaron pasar a la propiedad donde lo esperaron sin problema para capturarlo.
Lo que es un hecho es que en la negociación que se lleva a cabo con la asesoría de una firma extranjera de origen británico, tanto la familia como el gobierno tienen muy claro que están ante “profesionales de muy alta peligrosidad” y con los que la principal prioridad se ha vuelto la vida del político panista.
Beatriz y Amalia: ¿pacto o capitulación?
El jueves por la tarde, de manera poco usual, Amalia García, gobernadora de Zacatecas y Beatriz Paredes, dirigente nacional del PRI, concertaron y sostuvieron de última hora un encuentro que tenía como marco el proceso electoral para renovar la gubernatura zacatecana. Hasta las oficinas de gobierno en la ciudad de México llegó la lideresa priísta y el encuentro fue a puerta cerrada.
Viejas amigas y conocidas, con una buena relación que data de años de navegar en las lides políticas, una en la izquierda y otra en el viejo sistema priísta, Paredes y García tienen buena comunicación y en ese encuentro decidieron ejercerlo en una plática que puede resultar decisiva para la elección en curso en Zacatecas.
En la versión oficial filtrada por los aparatos de comunicación de la zacatecana y la tlaxcalteca el encuentro tuvo un objetivo meramente diplomático, casi inocente: Amalia le pidió a Beatriz “que no se metan los gobernadores de Nuevo León y del Estado de México a los comicios en Zacatecas” y que en su estado “se juega limpio”. También le dijo la gobernadora “que las épocas del carro completo se terminaron y que lo que quieren los ciudadanos es la pluralidad y el respeto político”.
Hasta ahí la versión oficial que también fue completada por las declaraciones de Beatriz que habló de “un encuentro respetuoso para garantizar que los comicios serán limpios y se respetarán los resultados”. Pero, tratándose de dos políticas con la experiencia y el nivel de ambas, es difícil creer que hayan sostenido y filtrado un encuentro para algo tan obvio y que pudieron manejar con un simple comunicado y una foto.
Y ahí viene lo interesante, en privado, en ese encuentro, se selló un pacto para garantizar una transición de poder ordenada y segura para Amalia García si, como las encuestas indican hasta ahora, el PRI recupera el poder con su candidato Miguel Alonso Reyes, que según las ultimas encuestas, lo mismo de la Universidad Zacatecana que de diarios o de empresas como Parametría, adelanta con una ventaja de unos 15 puntos al candidato del PRD y Convergencia, Antonio Mejía Haro.
No se ve, matemáticamente, cómo el candidato de la gobernadora García pueda alcanzar al puntero priísta, sobre todo después de que fracasaron los intentos por hacer que el candidato del PT, David Monreal Ávila, declinara a favor del abanderado perredista. Por eso hay razones para pensar que, más que un pacto de civilidad, lo que ocurrió en ese encuentro entre la gobernadora y la lideresa priísta, fue un “pacto de transición” en el que una y otra adquirieron compromisos: tal vez Beatriz ofreció parar la maquinaria y la inyección ilegal de recursos que han hecho los gobernadores Enrique Peña Nieto y Rodrigo Medina para apuntalar al candidato del PRI, a cambio de que Amalia reconozca y acepte sin problema una eventual derrota de su partido.
A cambio, la mandataria pudo recibir garantías de “no agresión” de un futuro gobierno priísta y la seguridad de que no será tocada ni con el pétalo de una auditoria. El problema para Amalia será enfrentar, en ese escenario de derrota, el impacto demoledor que la pérdida de Zacatecas tendría para el PRD nacional; no sólo porque se desfonda electoralmente ese partido y pierde una de sus pocas gubernaturas, sino porque de cara al 2012 perdería su segundo bastión más importante después del Distrito Federal.
Y si a eso se añade un complicado escenario para el perredismo en los próximos comicios de gobernador en Guerrero en 2011, donde los perredistas y el gobernador Zeferino Torreblanca están tan divididos que han llegado incluso al asesinato político, y se le suma también que en Baja California Sur hay una fractura entre grupos locales, la prospectiva para el PRD hacia en 2012 es casi catastrófica, pues podrían llegar a los comicios presidenciales solamente gobernando el DF.
NOTAS INDISCRETAS… Un año de impunidad, de vergüenza de injusticia. En Sonora nadie cumplió su palabra: “En el caso de la guardería ABC no habrá impunidad... Se hará justicia caiga quien caiga y tope en lo que tope”, dijo Felipe Calderón el 29 de junio de 2009 ¿Dónde se topo la justicia Presidente? “El 13 de septiembre (día de su toma de protesta) habrá justicia para los niños de ABC”, prometió el gobernador Guillermo Padres luego de lucrar políticamente con la muerte de los pequeños y ganar así la gubernatura. Ni el 13 de septiembre ni un año después hubo justicia; lo que hay es complicidad del gobernador que ratificó al cuestionado procurador Abel Murrieta de su inculpado antecesor Eduardo Bours. No tienen vergüenza ni palabra… Los dados mandan Escalera para los padres del ABC. Sigue el dolor y el reclamo de justicia.
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