Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Traidor a la Patria.
León, Gto. El gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, avaló una posible intervención del ejército estadunidense en México para combatir a los cárteles, al ser considerados como terroristas.
“Yo estoy a favor de que se les pueda denominar como terrorismo, porque no hay otra manera de explicar eso que intentan causar a la población, que es terror, el dejar cuerpos desmembrados, el dejar narcomantas, el hacer este tipo de acción el objetivo es causar terror en la población”, sostuvo.
El mandatario dijo que respeta la política exterior del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, pero, acotó, “creo que si es adecuado —que el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, considere como terroristas a los cárteles de México—, el enemigo es quien genera la violencia”, señaló.
Se preguntó si avalaba una intervención del ejército de Estados Unidos en México y Rodríguez Vallejo respondió que “todo el apoyo es bienvenido, al final el enemigo, repito, son los generadores de violencia”.
Añadió que: “los mexicanos están en hartazgo ante la violencia que generan estos grupos delincuenciales, yo creo que los mexicanos ven bien, que inclusive vinieran fuerzas de otros países ayudarnos a combatir este cáncer”.
Al respecto y por su parte, el presidente de la República ha manifestado que aceptaría “cooperación sí, intervencionismo no”.
La víspera, el presidente estadunidense Donald Trump, advirtió que designará como terroristas a los cárteles de la droga en México.
El tema surgió a raíz del asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón cuando viajaban de Bavispe, en Sonora, hacia Las Moras, en Chihuahua.
Guanajuato, Gto. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, los diputados, los secretarios de estado y los magistrados del Poder Judicial recibieron un aumento salarial de entre nueve mil 315 pesos y 11 mil 112 pesos mensuales.
Desde el 21 de diciembre del 2018, el Comité de Estructura Salarial del Estado de Guanajuato aprobó un alza del cinco por ciento para toda la burocracia de los tres poderes del estado. Aumento que no se había hecho público.
El Comité integrado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, el diputado Jesús Oviedo Herrera; por la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Claudia Barrera Rangel, y por el secretario de Finanzas del gobierno del estado, Héctor Salgado Banda, aprobaron el alza para no afectar el poder adquisitivo de los funcionarios.
El mandatario Rodríguez Vallejo ganaba 222 mil 25 pesos brutos, y a partir del 2019, el sueldo es de 233 mil 137 pesos, lo que representa un aumento de 11 mil 112 mil pesos.
La presidenta del STJE, Claudia Barrera Rangel, percibía 213 mil 409 pesos, y con el aumento su sueldo quedó en 224 mil 79 pesos mensuales. El incremento fue de 10 mil 670 pesos.
Los 36 diputados, los 21 magistrados del Poder Judicial y los 15 secretarios de estado percibían 186 mil 296 pesos y ahora perciben 195 mil 611 pesos brutos. El aumento individual fue de nueve mil 315 pesos.
El incremento anual de los diputados, magistrados y funcionarios asciende a los ocho millones 48 mil 160 pesos; el del gobernador es de 133 mil 344 pesos y el de la presidenta del STJE es de 128 mil 40 pesos.
El presidente de la Junta de Gobierno, coordinador de los diputados del PAN y miembro del Comité Salarial, Jesús Oviedo Herrera, comentó que en el caso del Congreso, el aumento salarial representa más de 10 millones 800 mil pesos.
En el año 2018, el gasto del capítulo 1000 del Poder Legislativo —salarios— fue de 270 millones 89 mil pesos y en este año ascenderá a 280 millones 895 mil pesos, detalló.
El alza del cinco por ciento es un ajuste por la inflación, “por el incremento de los precios que se tienen en la calle, en la realidad y sobre eso se determinó el incremento salarial”, comentó el diputado.
“Crece el costo de la vida en la calle, lo que se busca es que los empleados no pierdan su poder adquisitivo”, argumentó.
-¿Por qué aumentar parejo e incluir a la alta burocracia?
—Aumentar parejo fue para evitar que los tabuladores salariales pierdan su sentido de existencia, cuando haces ese tipo de consideraciones —congelar salarios de alta burocracia—, los tabuladores empiezan perder las diferenciaciones.
-¿No tomaron en cuenta que en Guanajuato ganan más que el presidente de la República?
—Nosotros consideramos que lo que debemos ver es la capacidad, la responsabilidad y el trabajo que se ofrece en las diferentes responsabilidades, lo que se tiene que hacer es exigir resultados.
El diputado Jesús Oviedo dijo que “en su momento” analizarán la posible reducción salarial de la alta burocracia de Guanajuato para que no ganen más de los 108 mil pesos netos que percibe el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente municipal de Guanajuato, el panista Alejandro Navarro Saldaña, dijo estar en contra del turismo “pobre”, porque no gasta en la capital del estado y genera basura, embotellamientos y desgasta la ciudad.
De acuerdo con el portal Zona Franca, el alcalde reconoció que la ciudad estuvo abarrotada este fin de semana largo, sin embargo, se quejó de que son visitantes que sólo permanecen durante el día y no tienen dinero para entrar a museos o pagar en restaurantes.
“Queremos tener un perfil de turismo que traiga mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, comprar artesanía y que pueda entrar a un restaurante y no gente que trae sus alimentos, que fue lo que detectamos en estos camiones, sus alimentos dentro del camión”, dijo Navarro Saldaña.
“Muchos se hospedaron, pero otros 20 mil que vienen en camión, que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes o en Guadalajara por 400 pesos, y llegan a la ciudad en la mañana y se van en la noche y no traen suficiente dinero para poder hacer los gastos que se requieren en la ciudad”, agregó.
El alcalde dijo que mejorarán los servicios de la ciudad para mejorar el perfil del turista; “la verdad es que si vienen a visitar Guanajuato gastan poco y si se genera bastante conflicto vial y algunos temas de basura y desgaste de la ciudad”.
Puso como ejemplo el Museo de las Momias de Guanajuato, que registró una disminución en el número de visitas durante este fin de semana largo. Al preguntarle el motivo, dijo que una causa podría ser que las personas no llevan dinero.
Del 13 al 20 de noviembre de 2017 entraron al Museo 22 mil 800 personas y se recaudó poco más de un millón de pesos; del 12 al 19 de noviembre de este año se registraron 17 mil 706 personas y se recaudó un millón 196 mil pesos.
Sin embargo, la disminución de visitantes también se dio durante el Festival Internacional Cervantino y la celebración del Día de Muertos. El menor número de visitas ocurre desde que el Ayuntamiento autorizó elevar el costo de la entrada al recinto, recuerda Zona Franca.
La derrama económica en la ciudad del jueves al domingo pasados fue de 107 millones de pesos, según datos del mismo Ayuntamiento. Un total de 29 mil 878 personas se hospedaron en Guanajuato, lo que generó un 98 por ciento de ocupación hotelera. Otros 55 mil 500 visitantes llegaron en camión por la mañana y se retiraron en la noche. (Con información de Zona Franca)
León, Gto. (proceso).- Desde hace tiempo, Andrés Manuel López Obrador ha planteado bajar los salarios de la alta burocracia a la mitad. En cada discurso, suele exponer que “cortará el copete de privilegios” en el gobierno. Hoy, justificó la medida:
Un investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en Sinaloa, le dijo que gana 90 mil pesos al mes, y con eso, el candidato presidencial consideró “entonces si te vamos a poder contratar porque, actualmente el secretario de Hacienda gana dos o tres veces eso”.
En semanas recientes, algunos articulistas aseguraron que los buenos salarios en el Gobierno son para que los funcionarios no incurran en corrupción por lo que la reducción salarial sería perjudicial.
Hoy, en el cierre de campaña de Ricardo Sheffield como candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, al gobierno de Guanajuato, López Obrador abordó el asunto en su discurso.
Expuso que no es verdad que al bajar los sueldos “de los de arriba”, no propicia la corrupción pues en el sector privado no se pagan salarios tan altos.
Como otros de sus colegas gobernadores ahora fuertemente cuestionados y algunos incluso procesados, el guanajuatense Miguel Márquez también contrata empresas presuntamente “fantasma” que se encuentran boletinadas por la SHCP.
A través de su Coordinación de Comunicación Social, el mandatario panista ha otorgado en 3 años por lo menos siete contratos por 5.4 millones de pesos, a una empresa que fue señalada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado mes de julio por presunción de actividades inexistentes.
Se trata de F.B.M. Comercializadora, que fue enlistada por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, el pasado 17 de agosto en el Diario oficial de la Federación, como una de 156 empresas de las que se detectó que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.”
La empresa ha sido contratada como un intermediario para que a su vez convenga espacios de publicidad en las páginas web de los diarios El Sol de Irapuato, El Sol de León, El Sol de Salamanca, Sol del Bajío y Noticias Vespertinas, esto en el 2016.
En 2017 el contrato se amplió a “encartes e inserciones en las ediciones de los periódicos Sol de León, Sol de Irapuato,Sol de Salamanca, Noticias Vespertinas o Esto del Bajío”.
Las inserciones se definen como “publicaciones especiales tipo reportaje” cuyos precios varían de casi 13 mil pesos por página a color en el Sol de Irapuato a los 3 mil 600 pesos de una plana en blanco y negro en el Esto del Bajío.
Los convenios son firmados por un representante legal de la empresa, Tomás Jiménez Morales. Como testigo firma el director estatal de la OEM, Alejandro Herrera Sánchez.
Un crecimiento exponencial de la mano de Enrique Avilés
La empresa F.B.M. Comercializadora S.A. de C.V. apareció entre los proveedores de laCoordinación de Comunicación Social en el año 2015 con una contratación de apenas 183 mil pesos.
Sin embargo, al año siguiente, justo cuando tomó posesión de la misma Enrique Avilés Pérez en relevo de Juan Aguilera Cid, la empresa registró un aumento exponencial de sus montos de contratación: en 2016 fue beneficiada con un millón 430 mil pesos; mientras que en lo que va de 2017, de enero a octubre, ha facturado tres millones 799 mil pesos.
El mecanismo de un tercero resulta por lo menos extraño, ya que en forma directa, la Coordinación de Comunicación Social tiene convenios con todos los periódicos de la OEM para los cuales F.B.M. aparece como bróker o intermediario.
Así, en 2016, la DGCS contrató de forma directa 10.9 millones de pesos a dichos diarios, destacando el Sol de Irapuato con un monto de 4.9 millones de pesos.
En 2017, mientras la asignación a la comercializadora crece a 3.8 millones de pesos, los contratos directos a los rotativos de la OEM en Guanajuato se incrementaron a 13.6 millones de pesos.
En la operación de F.B.M. de 2017 no aparece como cliente el Sol del Bajío, quizá el diario de mayor penetración de la OEM en el estado y el único que no depende de la dirección estatal que encabeza Alejandro Herrera Sánchez, quien además se ostenta como firmante en todos los convenios de la comercializadora con Comunicación Social, en calidad de testigo.
Empresa fantasma detectada en 2017
El 17 de agosto de 2017, en el Diario Oficial de la Federación aparece un listado de contribuyentes que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
En la publicación se señala que mediante el oficio 500-24-00-07-01-2017-5584 entregado el 15 de junio se le informó a la empresa que regularizara su situación, para lo cual tenía 15 días hábiles, sin embargo no se registra hasta ahora en las propias circulares de la SHCP que hayan presentado elementos para aclarar su situación.
Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, presidido por Jaqueline Peschard incluyó a F.B.M. Comercializadora el 8 de noviembre en su lista de empresas fantasma, de las cuales requirió, vía acceso a la información, la existencia de posibles contratos sostenidos con dependencias y entidades de todo el gobierno federal .
Las explicaciones de Enrique Avilés
El director de Comunicación Social del Gobierno de Guanajuato, Enrique Avilés Pérez, declinó primero la posibilidad de una entrevista que le fue solicitada sobre el tema de los criterios para la asignación de publicidad, argumentando complicaciones de agenda. Sin embargo, un día después rectificó y aceptó una entrevista vía telefónica que sería grabada.
Interrogado sobre la empresa FBM Comercializadora y la peculiaridad de que se encuentre intermediando publicidad a los diarios de la OEM en Guanajuato, cuando todos ellos mantienen contratos directos con su área, Avilés explicó que se trata de “un tema de producción de contenidos, no de pauta neta”.
Calificó a FBM como agencia especializada a la que le contrata “producciones y hasta llegar a la publicación: se encargan del diseño, del contenido y de entregarlo al medio. Es una agencia dedicada a la publicidad y al tema mediático”.
Subrayó que todo lo pagado está soportado en testigos de publicación, de lo cual se comprometió a entregar copias, aunque justificó que se encuentra “en cierre”.
Interrogado sobre la situación generada por la calificación de la SHCP de FBM como una de las 156 empresas enlistadas como empresas con presunción de actividades inexistentes, la respuesta de Avilés fue asegurar que lo desconocía; “pero que lamentable”, añadió.
“Esto qué te dice”, le pregunta el reportero a Avilés y su primera respuesta es el silencio. Minutos después se repone y afirma: “Tu sabes la cantidad de convenios, empresas que se contratan a través de las áreas de comunicación y tener todos los antecedentes en particular de una, no lo se, lo desconozco.” Aunque insistió en que él no puede hacer un solo pago sin tener un comprobante de que el servicio ha sido prestado.
El vocero del gobierno de Miguel Márquez señaló que la posibilidad de tener contratada a una empresa fantasma es un tema que va a compartir con la Secretaría de Finanzas, por que “yo no tengo una notificación donde me diga: oye el gobierno está contratando a través de comunicación social con esta empresa”.
Entrevista completa con Enrique Avilés Pérez, director de Comunicación Social del Gobierno de Guanajuato:
Los registros de la sociedad anónima
No obstante la afirmación de Enrique Avilés Pérez de que FBM es una agencia “dedicada a la publicidad y al tema mediático, entre los medios de Guanajuato no cuenta con historial alguno. Expertos en publicidad y relaciones públicas a los que se les cuestionó, en Irapuato, León y San Miguel de Allende, no han escuchado hablar nunca de ella. Su acta constitutiva, con el folio mercantil electrónico 17954 del 9 de febrero de 2011 del Registro Público de Comercio oficina Irapuato, fedatada por el notario Fernando Ramos Alcocer, tiene un objeto social sumamente amplio que va desde el comercio en general, capacitación, logística, asesoría fiscal y contable, administración de nómina, asesoría legal, estudios de mercado, así como la compra, venta, instalación reproducción y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones y electrónico, entre otras muchas actividades enlistadas en un folio completo.
Los accionistas iniciales de la empresa fueron Fernando Gilberto Balboa D’Argence y Michelle Chávez Mollinedo, con 25 acciones por 25 mil pesos, cada uno de ellos, siendo el primero administrador único. Esta situación cambia el 19 de septiembre de 2012, cuando la administración única se encarga a Álvaro Walter Porras Westphal, mediante una asamblea de la que da fe el notario José Luis Vázquez Camarena.
El 6 de agosto de 2013 ocurre un cambio importante: FBM Comercializadora sufre una fusión por incorporación con otras sociedades, sin que se especifique cuales, la cual se formaliza en un acta de asamblea fedatada por Fernando Ramos Alcocer. Así mismo se dan revocaciones de poderes y de responsabilidades, quedando como nuevos apoderados Luis Enrique Viteri Flores, Álvaro Walter Porras Westphal, Tomás Jiménez Morales y Jesús Eduardo González Estupiñan. Se designa, además, a Úrsula Candelaria Maldonado Ríos como administradora única.
En 2013, el 2 de diciembre, la sociedad cambia su objeto social e incorpora, en sus tres primeros incisos: “ la edición, publicación de periódicos, revistas, libros y toda clase de publicaciones; la prestación de servicios de publicidad, mercadotecnia, diseño gráfico en todo tipo de medios; y proporcionar de manera directa o a través de terceros servicios publicitarios, llámese prensa (…) y contratación y subcontratación de medios de difusión electrónicos como radio, televisión, internet”.
La última acta de la que se tiene registro en Irapuato, del 7 de octubre de 2015, incorpora una compra venta de acciones, revocación/renuncia de funcionarios y/o apoderados, y nombramiento de funcionarios y/o apoderados, la cual fue fedatada por la notaria 181 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Laura Concepción Rodríguez Narváez. Como nuevos accionistas de la sociedad quedan Edwin Román Tabla González y Gregorio Rosales Martínez, con 25 acciones de 25 mil pesos cada uno de ellos. El nuevo administrador único es Edwin Román Tabla.
Para un notario público de la ciudad de Guanajuato que accedió a revisar las actas respetando su anonimato, estos movimientos no son los normales de una empresa establecida: “Parece que se trata de una empresa enfocada a manejar estrategias fiscales y no una entidad productiva. De ello también habla el extenso rango de operaciones enlistadas en su objeto social y el hecho de que este se modifique a lo largo del tiempo”.
Oficinas cerradas en Irapuato
En una visita a las oficinas que manejan como domicilio fiscal en la ciudad de Irapuato, en el conjunto Florida, ubicado en la calle Escuela Médico Militar No. 88, interior 303, se encontró con que el despacho estaba cerrado. Sin embargo, el directorio del edificio da una razón social diferente: Despacho GM & BP. Un vecino del lugar señaló que la oficina fue remodelada hace tiempo, pero desde hace por lo menos un mes permanecía cerrada. Otra vecino señaló que allí “despacha un licenciado”, pero que no tenía horarios fijos de oficina.
En el teléfono registrado ante gobierno del estado, 4624903391 suena una grabación que da la bienvenida a una empresa cuyo nombre es inaudible. Al hablar con la telefonista, se le pregunta a qué empresa se está llamando y rechaza dar información. Cuando se le pregunta por FBM Comercializadora dice que es el número correcto. Se le explica que queremos una cotización de publicidad y luego de titubear un poco nos dice que la encargada es “Jessica”, de la que no sabe su apellido y que no se encuentra. Le pedimos la dirección para acudir personalmente a pedir la cotización y dice, nerviosa, que no sabe la ubicación de la oficina.
En una segunda llamada, una reportera se hace pasar por la asistente de un político (cuyo nombre no proporcionamos) y pide hablar con Tomás Jiménez Morales, el representante legal de FBM, quien se pone al teléfono. Sl solicitarle una cotización para un impreso, Jiménez se muestra sorprendido y pide saber quién los recomendó. La reportera le dice que no sabe, pues solo cumple una instrucción. Tomás Jiménez nos pide que le mandemos un correo electrónico con la solicitud, el cual no contestó.
Montos sin comprobar
En 2016 FBM recibió un millón 430 mil 350 pesos, sin embargo en el portal de transparencia de Gobierno del Estado sólo se encuentran las facturas y los convenios por un monto total de 755 mil 992 pesos. Son tres facturas, con números consecutivos (IR 1324, IR1325 e IR1326) y expedidas el mismo día ( 6 de diciembre de 2016) y con sólo nueve minutos de diferencia, pese a que el recurso se le entregó en enero, marzo y julio.
En 2017 hay tres convenios: uno por 43 mil pesos y dos por 1.5 millones de pesos. En el primero de millón y medio, se especifica en el convenio PT49137 que la Coordinación de Comunicación Social pagará 750 mil en abril y otro tanto en mayo. En el sistema de transparencia sólo hay una factura, la 1466, emitida el 3 de abril por 750 mil, del otro monto no hay factura.
Mientras que el convenio PT49262 es exactamente el mismo convenio que el anterior, con las mismas fechas, condiciones de pago y de servicios. La factura 1484 es también por 750 mil y no se emitió factura por el otro monto.
*Investigación realizada por Arnoldo Cuéllar, Edith Domínguez y Kennia Velázquez.
Una red de protección política impidió que se investigara al albergue Ciudad de los Niños de Salamanca, así lo dijo Raymundo Sandoval, director de Nima, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato. El pasado 11 de julio, una denuncia anónima y la resolución de un amparo puso en evidencia graves violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes en el albergue dirigido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Las autoridades realizaron investigaciones, sin embargo, hasta el momento, se desconoce el paradero de los 134 niños que fueron registrados con los apellidos del clérigo.
La periodista Sanjuana Martínez publicó este domingo en el diario La Jornada el testimonio de dos menores, la primera con un bebé de dos meses y la segunda con un trastorno del desarrollo intelectual, los cuales, son cruciales para demostrar que en el albergue se cometieron una serie de presuntos delitos que permanecen en la impunidad: abusos sexuales generalizados, maltrato físico y sicológico, tráfico de menores con fines de adopción ilegal y venta o regalo de bebés a políticos y funcionarios.
León, Guanajuato, 23 de julio (SinEmbargo).- Las cúpulas políticas en Guanajuato y una red de protección no formal han impedido que se atienda la violencia física y sexual en la Ciudad de los Niños en Salamanca y que se actúe en contra de los presuntos responsables de estos actos.
Así lo dijo Raymundo Sandoval, director de Nima, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, quien explicó a Zona Franca que durante su visita a la Ciudad de los Niños en Salamanca, pudo constatar que los testimonios vertidos en la sentencia de amparo son ciertos.
Además de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los albergues, Sandoval considera que se debe investigar la corrupción, “no sólo en el mal uso de los recursos públicos, sino el sistema de protección paralelo que está fomentando una práctica, donde las autoridades no sólo están siendo cómplices de las omisiones de particulares, sino cómplices de la Iglesia, la Diócesis de Irapuato ha respaldado las prácticas de este sacerdote”.
Señaló que en sus primeras investigaciones, “no sólo ha aparecido el nombre de Vicente Fox, nosotros hemos documentado participación de otros actores, es algo sistemático. Incluso, hay testimonios de que muchas de las personas egresadas, formadas profesionalmente, eran insertadas en las dependencias públicas, algunas de ellas de carácter jurídico, se formaron como abogados y tienen algún peso y representación. Y luego se convertían en una red no formal, de protección externa, de carácter político, que aunada a esta red de alto nivel, formaba un soporte que brindaba protección al sacerdote y ponía en muy mala posición a las víctimas”.
Durante la visita de Nima a dos albergues del padre Pedro Gutiérrez en Salamanca, constataron que existe violencia como patrón sistemático como castigo corporal, violencia sexual, embarazos y hasta desapariciones.
También recabaron datos donde se evidencia que tanto la autoridad municipal como la estatal “hay una serie de omisiones, no sólo de la falta de supervisión del albergue, las irregularidades en el registro civil, las omisiones en el ministerio público; la falta de capacidad técnica de la procuraduría de protección integral”.
Sandoval resalta un elemento “que nos parece fundamental: han tomado (DIF Estatal) posesión de las instalaciones de una de las casas hogar, pero no sabemos cuál es la condición de los niñas y niños que están ahí”.
Tampoco hay información sobre el paradero de los 134 niños y niñas que fueron registradas por el sacerdote Pedro Gutiérrez. “Nos preocupa, no sólo que hayan desaparecido, sino que se haya hecho una reunificación forzada del DIF estatal y que eso los haya colocado en una situación de riesgo. Nosotros sospechamos de que antes de que el DIF tomara posesión del albergue, el sacerdote haya hecho un proceso forzado de reunificación o expulsión para que el caso fuera menos grave”.
Nima encuentra elementos que hacen sospechar que “incluso que puede haber un esquema de trata o de delincuencia organizada con fines incluso de explotación sexual comercial”.
Otra de las irregularidades encontradas en Ciudad de los Niños, es que el acogimiento residencial no debe ser por medio del reclutamiento, “tiene que ser temporal, oportuno y necesario. No debe ser un espacio donde las familias abandonen o dejen a sus niños, debe ser un espacio para la transición”, lo que no sucedía en los albergues de Salamanca.
La Procuraduría General de la República informó mediante un boletín que la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, CEAV y Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, “mantendrán una estrecha y permanente coordinación con autoridades del Gobierno del estado de Guanajuato, a fin de coordinar esfuerzos y llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para la investigación y atención a víctimas, en tanto no queden esclarecidos a su totalidad los hechos y se hayan establecido las medidas de restitución de derechos y reparación del daño de las posibles víctimas”.
Informó que la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA y el DIF nacional, los Sistemas de Protección Integral y las Procuradurías de Protección en Guanajuato, y con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, “implementarán medidas que coadyuven a la no repetición”.
La periodista Sanjuana Martínez publicó este domingo en el diario La Jornada el testimonio de dos menores, la primera con un bebé de dos meses y la segunda con un trastorno del desarrollo intelectual, los cuales, son cruciales para demostrar que en el albergue la Ciudad de los Niños se cometieron una serie de presuntos delitos que permanecen en la impunidad: abusos sexuales generalizados, maltrato físico y sicológico, desaparición de jóvenes embarazadas, tráfico de menores con fines de adopción ilegal y venta o regalo de bebés a políticos y funcionarios.
“Uno de los casos más ilustrativos es el de Ana Luisa Aguinaco Romero, esposa del presidente municipal de Salamanca, el panista Antonio Arredondo Muñoz. Desde su puesto de presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Luisa y las autoridades de Guanajuato han apoyado al sacerdote acusado de pederastia, cuyo paradero ahora se desconoce. Ella fue adoptada en el mismo albergue por María Esther Romero Deschamps, hermana del líder sindical vitalicio de Pemex, Carlos Romero Deschamps, quien además es su padrino”, destacó Sanjuana Martínez.
María narró aLa Jornadaque intentó interponer denuncias contra el sacerdote Gutiérrez Farías y su albergue por la violación que sufrieron sus nietas, pero el Ministerio Público de la ciudad se negó.
“El DIF resguardó a mis nietas en la Ciudad de los Niños y ellas me han contado que allí maltrataban a los menores, los violaban y las chamaquitas embarazadas hoy se aliviaban y al otro día venían personas que se las llevaban con sus criaturitas. A mi nieta la embarazaron allí y se escapó para que no vendieran a su bebé, dijo en entrevista con La Jornada.
Agregó que aquello era como un rebaño de chivitas embarazadas, controlado por Martín, Sergio y el papi Pedro: Son unos tratantes de blancas, de niñas, de bebés. Los desaparecían. Dicen que el padre Pedro es un ángel, pero él llevaba a sus amigos, los mismos seminaristas, sacerdotes y amigos. Ya cuando estaban tomados se llevaban a las niñas y allí las traían abusando de ellas.
Su nieta, cuya identidad se reservó por ser menor de edad, comentó en entrevista con el diario que fue violada por varios sujetos y que el sacerdote bebía mucho alcohol con sus amigos: “Siempre nos llevaban con ellos. Escogían a las más grandecitas, de 12, 13 años o más. A las embarazadas, luego de que llegaban con sus bebés, se las llevaban a Morelia o Irapuato y las desaparecían. En diciembre llegó una amiga con su bebé. Vinieron por el niño y a ella no la volvimos a ver. De vez en cuando también venían gringos a vernos para elegir a quién se llevaban”, narró.
GUANAJUATO, Gto. (apro).- Dos exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, ligados al poderoso grupo empresarial de Monterrey Garza Ponce, sacaron ventaja de la compraventa de los terrenos para la instalación de la armadora automotriz japonesa Toyota en Apaseo el Grande, al crear una empresa inmobiliaria para adquirir predios a ejidatarios y particulares, los cuales revendieron al gobierno del estado, que pagó a precios mucho más elevados.
Esto fue revelado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y publicado hoy en medios locales.
El gobierno del estado pagó por lo menos 290 millones de pesos más por esta intermediación, en una operación que según ha defendido el gobernador Miguel Márquez Márquez, es legal y no presenta irregularidades.
El 26 de abril, Apro publicó que ejidatarios de Caleras de Ameche denunciaron presiones de funcionarios del gobierno del estado e irregularidades en los procesos de compraventa.
“No estamos en contra del desarrollo del estado y del municipio, pero sí queremos igualdad y congruencia en su decir y su actuar. Tal vez sus funcionarios les están ocultando la verdad”, señalaron integrantes del Comisariado ejidal.
Según lo publicado hoy en el periódico Correo, de los 31 terrenos, los intermediarios le vendieron al menos 17 al gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, específicamente del encargado de este proceso, el subsecretario de Atracción de inversiones Franco Herrera.
Originalmente, los predios fueron comprados por los intermediarios hasta en cuatro pesos el metro cuadrado, y luego los revendieron al estado en 161 pesos el metro cuadrado.
Las siglas de la empresa corresponden a José Antonio Ortega Serrano y a Santiago Germán Bordes, ambos exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el gobierno del panista Felipe Calderón.
La empresa fue constituida en junio del 2014 en Monterrey. Menos de un mes después ya estaba comprando predios.
En la empresa, Germán Bordes figura como consejero y apoderado legal y José Antonio Ortega es socio.
Bordes simuló ser ejidatario y se integró al comisariado de Caleras de Ameche –localidad ubicada en la zona donde se comprometió la instalación de Toyota- en Apaseo el Grande, y compró 12 hectáreas, las cuales luego revendió a su propia empresa, JAOS & SGB, para que ésta posteriormente la vendiera a su vez al gobierno del estado, que pagó a un valor mucho más alto con dinero del erario.
Ambos exfuncionarios tienen otros socios que han formado por lo menos dos empresas similares, las cuales operan de manera parecida en la especulación inmobiliaria para proyectos de inversión auspiciados o avalados por gobiernos en los estados, LASC y Losrram.
El dueño de JAOS es el empresario José María Garza Treviño, uno de los cien empresarios más importantes de México.
Simpatizantes del PRD quemaron la alcaldía de Guanajuato, esto después de darse a conocer el triunfo de Larisa Solórzano Villanueva, a quienes los inconformes señalan como parte de una familia que lleva ya varias administraciones en el poder.
Guanajuato
Presuntos simpatizantes del PRD en el municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, Concepción Prieto, fueron parte de actos vandálicos en la presidencia municipal.
Según los reportes, tiraron la puerta principal, la destrozaron, de igual forma las oficinas, principalmente la oficina de la alcaldesa, la oficina de la secretaria del Ayuntamiento. Cabe destacar que sacaron mobiliario y papelería y les prendieron fuego, rompieron cristales, realizaron pintas en las paredes e incendiaron una patrulla de la Policía y dos motocicletas que estaban en el lugar.
Estsos hechos se llevaron acabo en forma de protesta por el triunfo de Larisa Solórzano Villanueva, candidata del PRI.
Los inconformes manifestaron su molestia, ya que la familia de la candidata se ha repartido el poder entre algunos de sus hermanos desde hace varias administraciones. La actual presidenta, Adriana Solórzano, es hermana de la candidata y Leonardo es otro de los hermanos que ha sido presidente en dos ocasiones, por el mismo partido.
GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- El dirigente de la Juventud Popular Revolucionaria del PRI en la entidad, Roberto Tonatiuh Hernández Rangel, fue ejecutado y su cuerpo abandonado a un costado de la carretera Silao-Irapuato.
Tenía un disparo en la espalda y estaba maniatado, informó la Procuraduría de Justicia. En su espalda se aprecian dos letras zetas marcadas presumiblemente con una arma blanca.
Tonatiuh Hernández fungía también como asesor del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del estado.
De acuerdo a las primeras versiones, el líder priista (de 30 años de edad) había estado en una reunión de su partido el miércoles por la noche. Fue encontrado muerto este jueves al mediodía, aunque la PGJE confirmó el hallazgo horas más tarde.
Campesinos que se encontraban en unos cultivos ubicados a la altura de la comunidad de Aldama, en la carretera Silao-Irapuato, reportaron la localización del cuerpo a las autoridades.
Familiares corroboraron la identidad de Hernández Rangel, quien aparentemente fue asesinado de un disparo en la espalda, aunque no se dieron más detalles.
Priistas como la diputada local irapuatense Yulma Rocha, expresaron su consternación por el crimen del asesor.
La legisladora escribió en su cuenta de Twitter: “Consternados, tristes x fallecimiento de 1 gran joven, Tona, excelente priista y colaborador, esperamos pronto se esclarezca tan terrible suceso”.
