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| Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato |
GUANAJUATO, Gto. (apro).- Dos exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, ligados al poderoso grupo empresarial de Monterrey Garza Ponce, sacaron ventaja de la compraventa de los terrenos para la instalación de la armadora automotriz japonesa Toyota en Apaseo el Grande, al crear una empresa inmobiliaria para adquirir predios a ejidatarios y particulares, los cuales revendieron al gobierno del estado, que pagó a precios mucho más elevados.
Esto fue revelado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y publicado hoy en medios locales.
El gobierno del estado pagó por lo menos 290 millones de pesos más por esta intermediación, en una operación que según ha defendido el gobernador Miguel Márquez Márquez, es legal y no presenta irregularidades.
El 26 de abril, Apro publicó que ejidatarios de Caleras de Ameche denunciaron presiones de funcionarios del gobierno del estado e irregularidades en los procesos de compraventa.
“No estamos en contra del desarrollo del estado y del municipio, pero sí queremos igualdad y congruencia en su decir y su actuar. Tal vez sus funcionarios les están ocultando la verdad”, señalaron integrantes del Comisariado ejidal.
Según lo publicado hoy en el periódico Correo, de los 31 terrenos, los intermediarios le vendieron al menos 17 al gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, específicamente del encargado de este proceso, el subsecretario de Atracción de inversiones Franco Herrera.
Originalmente, los predios fueron comprados por los intermediarios hasta en cuatro pesos el metro cuadrado, y luego los revendieron al estado en 161 pesos el metro cuadrado.
Las siglas de la empresa corresponden a José Antonio Ortega Serrano y a Santiago Germán Bordes, ambos exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el gobierno del panista Felipe Calderón.
La empresa fue constituida en junio del 2014 en Monterrey. Menos de un mes después ya estaba comprando predios.
En la empresa, Germán Bordes figura como consejero y apoderado legal y José Antonio Ortega es socio.
Bordes simuló ser ejidatario y se integró al comisariado de Caleras de Ameche –localidad ubicada en la zona donde se comprometió la instalación de Toyota- en Apaseo el Grande, y compró 12 hectáreas, las cuales luego revendió a su propia empresa, JAOS & SGB, para que ésta posteriormente la vendiera a su vez al gobierno del estado, que pagó a un valor mucho más alto con dinero del erario.
Ambos exfuncionarios tienen otros socios que han formado por lo menos dos empresas similares, las cuales operan de manera parecida en la especulación inmobiliaria para proyectos de inversión auspiciados o avalados por gobiernos en los estados, LASC y Losrram.
El dueño de JAOS es el empresario José María Garza Treviño, uno de los cien empresarios más importantes de México.
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