Justicia fabricada - EL DIARIO Ciudad Juárez, Chihuahua

De nuevo, el Gobierno federal nos ha dado una muestra de que piensa que gobierna para retrasados mentales.

… Y lo peor de todo es que esa ocurrencia la soltó delante de un grupo de las personas que son las mejor informadas y, por ende, las más críticas.

El miércoles, al reunirse en la residencia oficial de Los Pinos con delegaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), entre quienes se hallaban directivos de algunos medios de comunicación del país, el presidente Felipe Calderón les informó que había sido detenido uno de los participantes en el crimen de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón “El Choco”, ocurrido el 13 de noviembre de 2008.

El Ejecutivo federal no dio más datos, pero el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, también presente en el encuentro, les confirmó que la captura había permitido conocer que el móvil del crimen se debió a su actividad profesional “y que las investigaciones continúan”.

La administración calderonista, que durante casi dos años hizo como que le interesaba el caso de “El Choco” pero en realidad le puso muy poca atención, al grado de que “meses atrás” regresó el expediente a la Procuraduría de Justicia estatal, según palabras textuales del subprocurador Alejandro Pariente, de manera repentina, presionada por el apremio nacional e internacional tras la muerte de nuestro otro colega Luis Carlos Santiago Orozco y ante las reacciones generadas por nuestro editorial de hace una semana “¿Qué quieren de nosotros?”, decidió sacar un conejo –o, en este caso, un chivo– de la chistera para impresionar a los periodistas con los que se reunía.

Pese a los constantes reclamos de justicia de este medio y de sus comunicadores durante los pasados 22 meses, así como de la familia de Armando, el presidente Calderón ni se preocupó por hacernos llegar la “primicia” que sí adelantó a las organizaciones internacionales de periodistas, con el fin de aprovechar los reflectores para tratar de legitimar su maltrecha imagen precisamente ante quienes pueden darle ese despliegue.

El problema es que se trató tan sólo de un golpe efectista, mediático, porque al dar a conocer al día siguiente detalles de la supuesta investigación la PGR puso en evidencia las burdas costuras con que el caso fue fabricado.

Al mostrar las pifias de su presunta indagación, el Gobierno federal no sólo se burló de los periodistas que atendió en Los Pinos el miércoles, sino de quienes hemos estado exigiendo el efectivo esclarecimiento del crimen desde esta frontera, así como de la familia de Armando.

Entendemos que fue por ese motivo que los funcionarios federales nos hicieron a un lado al no enterarnos primero a los más interesados, porque sabían que, por un lado, íbamos a recibir con desconfianza esa información, pero, sobre todo, porque ellos conocen que nosotros, que estamos al tanto de lo que acontece en esta ciudad, íbamos a detectar con inmediatez los errores, la fabricación de un caso al vapor, como lo hemos estado haciendo en nuestras ediciones después del jueves.

Por supuesto que lo sabían. Hace una semana, en nuestro editorial que le dio la vuelta al mundo, lo anticipamos. Tras poner en entredicho la autoridad de quienes están sentados en las oficinas gubernamentales, una realidad que muy pocos apuestan a la discusión en Ciudad Juárez, enfatizamos que “a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato (es decir, las estatales) nos entreguen un esclarecimiento confiable”.

Si bien no fue la fiscalía estatal la que se anticipó a “develar” a los dizque presuntos autores del crimen de “El Choco”, tampoco fue para que la procuradora Patricia González, en rueda de prensa un día después de la PGR, disipara las dudas en torno a las pifias demostradas sino que generó más.

El domingo pasado expresamos: “Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.

“El periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra ‘El Choco’, porque contamos con información de que se anda buscando un ‘chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado.

“Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran.

“En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, así como de derechohumanistas”.

En vista de que las instancias federal y estatal actuaron tal como lo habíamos pronosticado, desde esta tribuna periodística lanzamos un llamado a la SIP, al CPJ, a Reporteros sin Fronteras, al Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), así como a todas las organizaciones de comunicadores tanto del país como del extranjero, además de los grupos derechohumanistas que quieran adherirse, para que supervisen la información proporcionada por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia en el Estado en torno al caso de Armando y la confronten con la que hemos estado manejando en este medio, en la que damos cuenta de las inconsistencias que hemos detectado.

Nuestro propósito es que desde sus ámbitos, desde sus trincheras, nos apoyen para exigir a los procuradores de ambos niveles que se apeguen a la ley –no sólo en el caso de Armando sino en el de todos los periodistas asesinados o desaparecidos–, para que sigan presionando con el fin de que estos funcionarios no nos quieran presentar responsables “coyunturales”, al modo en que lo pretenden para legitimar una función que no han sabido sustentar con efectividad.

Los convocamos a que se nos unan para demandar una justicia verdadera, no fabricada.

En su primer comunicado del jueves pasado, publicado en su sitio electrónico, la PGR estableció que la causa por la que victimaron a nuestro compañero Armando fue “por hacer muchas notas periodísticas en contra de La Línea”.

Unos minutos después, la dependencia sustituyó esa información por otro boletín en el que omitió el nombre del grupo “La Línea” para indicar que “cuenta con información que vincula a una de las organizaciones delictivas que se disputan el control de la plaza” con este homicidio.

Tal como lo indica una de las notas publicadas en este medio, la única amenaza documentada por Rodríguez Carreón, la cual denunció de manera personal a la fiscal estatal Patricia González, es la que recibió vía mensaje de texto a través de su teléfono celular, en la que se le acusaba, paradójicamente, de favorecer con sus notas al entonces líder de “La Línea”, lo que contrasta con la información divulgada temprano por la PGR.

En sus comunicados, la Procuraduría federal enumeró al menos a cuatro personas como presuntamente involucradas en el crimen de “El Choco”. De uno de ellos, José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, de quien asegura fue el autor intelectual, dijo que murió en una ejecución registrada en 2009, aun cuando la misma PGR ofreció apenas en mayo del presente año una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.

Además, en pintas dirigidas al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, plasmadas en muros de esta ciudad los días 9 y 10 de septiembre pasados, aparece la firma de “El Diego”. ¿Está vivo o está muerto para la PGR? La procuradora González confirmó al día siguiente que sigue vivo.

El dato de que la muerte del periodista fue concebida por “El Diego” lo atribuyó la Procuraduría federal a dos hombres que aseguró se hallan detenidos e identificó como “El 7” y Hugo Valenzuela Castañeda.

El hombre apodado como “El 7” corresponde a Juan Alfredo Soto Arias, quien fue detenido por el Ejército mexicano como presunto autor de la masacre de estudiantes en Villas de Salvárcar.

Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos obra una denuncia interpuesta el 29 de junio pasado, en la cual se asienta que presuntamente Soto Arias fue sometido a diversas torturas –algunas que tal vez envidiaría la Inquisición– para que se inculpara de diversos delitos.

Un ejemplo de esas supuestas atrocidades quedó asentada en el documento recibido por la CNDH: “Al entrevistarme con él (Soto Arias) me platicó que los militares se lo habían llevado a la guarnición militar y que los cuatro días lo estuvieron golpeando mucho, y como se negaba a aceptar los delitos que los soldados le imputaban, llegaron al extremo de desnudarlo para introducirle por el ano una espada a la que le daban vueltas, causándole graves lesiones”.

Si sucedió de ese modo, no lo sabemos. Corresponde a la CNDH investigar su autenticidad. Nosotros lo transcribimos para que quede constancia de lo que puede haber detrás del apresurado caso que dio a conocer la PGR.

Y aun cuando esta dependencia exhibió a “El Diego” y a Soto Arias como presuntos culpables del crimen de “El Choco”, no se ha liberado alguna orden de aprehensión en su contra por parte de ninguna de las dos fiscalías.

Sobre el otro presunto, Hugo Valenzuela Castañeda, que para la Procuraduría federal se encuentra detenido y a disposición del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resulta que fue estrangulado en su celda del Cereso estatal, en donde amaneció muerto el pasado 8 de julio, es decir, hace más de dos meses y medio. Esta pifia no es sólo de la dependencia central, sino también de la Procuraduría estatal, que omitió la elaboración del correspondiente protocolo de comunicación sobre el caso, el cual inicialmente fue considerado como suicidio pero la autopsia confirmó que fue asesinado.

El cuarto hombre presuntamente involucrado por la PGR, fue el autor material a quien identifica como “El 6” o “El Junior”, llamado Julio, a quien le faltaría la oreja izquierda. Sobre éste no se aventuró a precisar si está vivo o muerto.

Sin embargo, en el expediente que ha llevado la Procuraduría estatal está asentado que quien accionó el arma que le quitó la vida a Armando Rodríguez es un ex agente policiaco llamado Juan Gabriel Dávila “El Gaby”, cuya identidad fue dada a conocer por la fiscal González desde el año pasado a El Diario, y que por cuestiones de seguridad y por petición de la corporación su nombre había sido omitido hasta ahora.

¿A quién le creemos, a la Procuraduría federal o a la estatal? ¿Puede proporcionarnos confianza el resultado de las indagaciones cuando entre ambas dependencias se contraponen los datos y abundan las inconsistencias?

Desde el jueves este medio ha estado tratando de conseguir una explicación a estas contradicciones por parte de la PGR, pero ningún funcionario ni el área de comunicación social han atendido nuestras llamadas, lo cual le agrega aún más ruido a nuestras sospechas. Si no hubiera nada qué esconder, seguramente la dependencia hubiera reaccionado con una actitud transparente que no se ha visto hasta hoy.

Esta comedia de enredos en que se ha convertido el caso de “El Choco” en manos de las autoridades de ambas instancias, es tan sólo la punta del iceberg de la situación general en que se halla la procuración de justicia en Ciudad Juárez, en el estado y en el país todo. Este asunto tan emblemático para quienes laboramos en El Diario es la expresión del estado de cosas en que nos encontramos, de la devastación que la violencia sin oposición ha infligido sobre nuestra frontera, de la errática y fracasada política de enfrentar al crimen organizado sin un rumbo fijo.

En este espacio no creímos que lo afirmaríamos algún día, pero nunca tuvo tanta razón Vicente Fox al cuestionar la guerra contra las drogas que emprendió su correligionario Calderón, al advertir que “no puedes combatir el crimen violando los derechos humanos y el proceso jurídico”, en la entrevista de El Universal publicada ayer sábado.

El mismo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora lo secundó durante su comparencia del viernes ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, al asumir que se deben establecer nuevas acciones para enfrentar los retos del crimen organizado, puesto que “se ha generado un clima de violencia que vulnera el ejercicio democrático”.

El vacío de poder es tal, el hartazgo de la ciudadanía es tan enorme como lo expresábamos la semana pasada, que ya se están multiplicando las manifestaciones de aplicar justicia por propia mano, como sucedió esta semana con el caso más significativo que se registró en la cabecera del municipio de Ascensión, al poniente de Ciudad Juárez, en donde la población enardecida por la sucesión de delitos sin castigo linchó y dio muerte a dos secuestradores que acababan de plagiar a una adolescente.

No es que aplaudamos esta acción que rivaliza con la obra maestra de Lope de Vega, pero la ausencia de autoridad lo único que está propiciando es la repetición de numerosos fuenteovejunas que tratan de conseguir a su modo la justicia que se les niega desde las instancias que tienen ese cometido.

Y no es que pretendamos hacer apología del narco cuando aseguramos que se ha convertido en la autoridad de facto, al menos en esta frontera, mas sus advertencias que aparecen plasmadas en pintas o mantas las cumplen, lo que no sucede con las numerosas ofertas que nos han hecho los gobiernos de los tres niveles para rescatarnos de la desolación en que, al paso de casi tres años de violencia, ha devenido la vida global en esta frontera, que da sus últimos estertores si no hay un golpe de mando que la venga a sacar de su devastación.

Así pues, reiteramos nuestro llamado a las organizaciones de periodistas y derechohumanistas para que se unan a nosotros en la exigencia de una verdadera justicia para Armando y el resto de los comunicadores caídos en el desempeño de su actividad.

A los gobiernos federal y estatal les demandamos que dejen de mentirnos, pero, ante todo, les pedimos que no insulten nuestra inteligencia –la de los grupos de periodistas, la de los trabajadores de El Diario, la de la familia de “El Choco” y, en general, la de los mexicanos–, porque lo único que consiguen es acrecentar la falta de credibilidad en sus mandatos. Les recordamos que no gobiernan para discapacitados mentales…