Hasta la cocina - De Los Reporteros- El Diario - Ciudad Juárez, Chihuahua

Las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública, que se supondrían como el lugar mejor blindado contra cualquier tipo de ataque criminal, fueron violentadas por un grupo de la delincuencia organizada.

Por si quedaba duda todavía del nivel de infiltración en los cuerpos policiacos, del grado de impunidad en que operan los delincuentes, de la incapacidad oficial de reacción y de la vulnerabilidad institucional, un comando armado se metió literalmente hasta la cocina (o por la cocina) del llamado C-4 en la capital del estado, y asaltó la armería.

La administración estatal no podía cerrar de peor manera, en un hecho que corona el fracaso de uno de los magnos proyectos de este sexenio: la creación de una Secretaría de Seguridad Pública Estatal soportada por el Centro de Inteligencia Policial (CIPOL) que al final para lo único que sirvió fue para mermar el presupuesto público…y armar a los delincuentes.

¿Qué puede esperar el ciudadano de sus cuerpos se seguridad si un comando es capaz de penetrar hasta el centro neurálgico que debería estar soportando toda la estrategia estatal contra la criminalidad y por lo tanto requería del mejor resguardo?

Con ese nivel de dejadez y descuido, de vulnerabilidad y descomposición (alguien forzosamente les abrió la puerta de la cocina y les notificó el momento oportuno para la incursión) ¿cómo va a confiar la sociedad en sus autoridades?

ANTECEDENTE. No hay que olvidar hace apenas unos días, el director de CIPOL, Saúl Hernández se retiró de su cargo con el pretexto de tomar unas vacaciones que le debían, después de que en la capital del estado seis patrullas de la corporación fueron incendiadas dentro de un taller y el funcionario amenazado por medio de una manta en la que se le reclamó la devolución de un dinero.

En el evento de la madruga de este lunes también dejó el comando un mensaje en un sentido similar, por lo que en tiempos de terrorismo fiscal, el robo de las armas y equipo táctico se tomó por los maloras reporteros de la capital como un “embargo precautorio”.

DESPIDO BLINDADO. De la forma en que la inseguridad marca el fin del sexenio de José Reyes Baeza, habló también el cerco de protección ayer en torno al gobernador durante lo que fue su última gira por Juárez.

Los reporteros vieron en los perímetros del informe del rector Jorge Mario Quintana y la previa inauguración de un centro de actividades artísticas un notorio despliegue de soldados además de que un par de camionetas militares fueron parte del convoy-escolta para el mandatario.

También en corto se notó la alerta. Cuando los reporteros entrevistaban a Reyes Baeza, los guardaespaldas parecían estampillas, pegados al gobernador. A siete días del cambio de poderes, el mandatario se despidió de los juarenses cerrando cada vez más su círculo de seguridad. Apenas y terminó el evento en el Centro Cultural Paso del Norte, se regresó a Chihuahua.

Por cierto que allá en la capital del estado durante la mañana de ayer se realizó la reunión de coordinación interinstitucional en materia de seguridad y llamó la atención que en la mesa estuvieron tanto el alcalde electo como el que se va, del municipio de Ascensión.

La ingobernabilidad por cuestiones de inseguridad en varios territorios del estado es otro de los grandes pendientes que ya le tocará resolver al gobernador entrante.

OTRA DESPEDIDA. El cuarto informe del rector de la UACJ, Jorge Mario Quintana, también sonó a despedida. Como que fueron muchos los agradecimientos y los abrazos así como el despliegue logístico y de difusión del evento.

Tampoco pasó desapercibido que la inauguración del Centro Universitario de las Artes se realizó sin que estuviera realmente terminada la obra y como si fuera la última oportunidad del rector para colgarse la medallita. Aunque no quiso confirmar a los reporteros que se va al gabinete de César Duarte, los invitados leyeron el evento de ayer como una ratificación de la información que se ha publicado en ese sentido.

NO LLEGÓ DUARTE. Como se preveía, el gobernador electo César Duarte, prolongó la inquietud de quienes aquí lo esperan desde hace semanas y no acompañó al rector para presumir la Ciudad del Conocimiento que contribuyó a impulsar presupuestalmente cuando presidió la Cámara de Diputados.

Antes de tomar posesión como gobernador el próximo 4, Duarte se fue a Colombia en un último viaje para afinar sus estrategias de seguridad.

Llamó la atención que al país sudamericano se fue acompañado del alcalde electo de la capital, Marco Adán Quezada, mientras que el juarense Héctor ‘Teto’ Murguía hizo su propio viaje por separado la semana pasada.

A propósito de Murguía, a ‘Teto’ le tocó ayer sentarse en el informe de Quintana en el CCPN, a dos lugares del diputado panista Javier Corral Jurado.

DESTAPADOS. Como ya es su costumbre, el alcalde electo se aventó su frase picaresca ante los reporteros que le cuestionaron sobre la integración de su próximo gabinete.

Cuando le pedían confirmar los nombres de muchos que ya se han destapado,‘Teto’ aseguró que algunos de ellos “se van a quedar encueraditos”.

Hablando de autodestapes, en la Asociación de Maquiladoras ya tienen listo un evento de despedida para la presidenta Soledad Máynez, quien se encargó de decir a los reporteros que será parte del gabinete municipal como titular de la Dirección de Promoción Financiera. El festejo será el próximo viernes y ya se comenta entre los reporteros que cubren la fuente de economía, que el relevo en AMAC será el vicepresidente Carlos Miranda.

Justicia fabricada - EL DIARIO Ciudad Juárez, Chihuahua

De nuevo, el Gobierno federal nos ha dado una muestra de que piensa que gobierna para retrasados mentales.

… Y lo peor de todo es que esa ocurrencia la soltó delante de un grupo de las personas que son las mejor informadas y, por ende, las más críticas.

El miércoles, al reunirse en la residencia oficial de Los Pinos con delegaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), entre quienes se hallaban directivos de algunos medios de comunicación del país, el presidente Felipe Calderón les informó que había sido detenido uno de los participantes en el crimen de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón “El Choco”, ocurrido el 13 de noviembre de 2008.

El Ejecutivo federal no dio más datos, pero el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, también presente en el encuentro, les confirmó que la captura había permitido conocer que el móvil del crimen se debió a su actividad profesional “y que las investigaciones continúan”.

La administración calderonista, que durante casi dos años hizo como que le interesaba el caso de “El Choco” pero en realidad le puso muy poca atención, al grado de que “meses atrás” regresó el expediente a la Procuraduría de Justicia estatal, según palabras textuales del subprocurador Alejandro Pariente, de manera repentina, presionada por el apremio nacional e internacional tras la muerte de nuestro otro colega Luis Carlos Santiago Orozco y ante las reacciones generadas por nuestro editorial de hace una semana “¿Qué quieren de nosotros?”, decidió sacar un conejo –o, en este caso, un chivo– de la chistera para impresionar a los periodistas con los que se reunía.

Pese a los constantes reclamos de justicia de este medio y de sus comunicadores durante los pasados 22 meses, así como de la familia de Armando, el presidente Calderón ni se preocupó por hacernos llegar la “primicia” que sí adelantó a las organizaciones internacionales de periodistas, con el fin de aprovechar los reflectores para tratar de legitimar su maltrecha imagen precisamente ante quienes pueden darle ese despliegue.

El problema es que se trató tan sólo de un golpe efectista, mediático, porque al dar a conocer al día siguiente detalles de la supuesta investigación la PGR puso en evidencia las burdas costuras con que el caso fue fabricado.

Al mostrar las pifias de su presunta indagación, el Gobierno federal no sólo se burló de los periodistas que atendió en Los Pinos el miércoles, sino de quienes hemos estado exigiendo el efectivo esclarecimiento del crimen desde esta frontera, así como de la familia de Armando.

Entendemos que fue por ese motivo que los funcionarios federales nos hicieron a un lado al no enterarnos primero a los más interesados, porque sabían que, por un lado, íbamos a recibir con desconfianza esa información, pero, sobre todo, porque ellos conocen que nosotros, que estamos al tanto de lo que acontece en esta ciudad, íbamos a detectar con inmediatez los errores, la fabricación de un caso al vapor, como lo hemos estado haciendo en nuestras ediciones después del jueves.

Por supuesto que lo sabían. Hace una semana, en nuestro editorial que le dio la vuelta al mundo, lo anticipamos. Tras poner en entredicho la autoridad de quienes están sentados en las oficinas gubernamentales, una realidad que muy pocos apuestan a la discusión en Ciudad Juárez, enfatizamos que “a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato (es decir, las estatales) nos entreguen un esclarecimiento confiable”.

Si bien no fue la fiscalía estatal la que se anticipó a “develar” a los dizque presuntos autores del crimen de “El Choco”, tampoco fue para que la procuradora Patricia González, en rueda de prensa un día después de la PGR, disipara las dudas en torno a las pifias demostradas sino que generó más.

El domingo pasado expresamos: “Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.

“El periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra ‘El Choco’, porque contamos con información de que se anda buscando un ‘chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado.

“Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran.

“En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, así como de derechohumanistas”.

En vista de que las instancias federal y estatal actuaron tal como lo habíamos pronosticado, desde esta tribuna periodística lanzamos un llamado a la SIP, al CPJ, a Reporteros sin Fronteras, al Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), así como a todas las organizaciones de comunicadores tanto del país como del extranjero, además de los grupos derechohumanistas que quieran adherirse, para que supervisen la información proporcionada por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia en el Estado en torno al caso de Armando y la confronten con la que hemos estado manejando en este medio, en la que damos cuenta de las inconsistencias que hemos detectado.

Nuestro propósito es que desde sus ámbitos, desde sus trincheras, nos apoyen para exigir a los procuradores de ambos niveles que se apeguen a la ley –no sólo en el caso de Armando sino en el de todos los periodistas asesinados o desaparecidos–, para que sigan presionando con el fin de que estos funcionarios no nos quieran presentar responsables “coyunturales”, al modo en que lo pretenden para legitimar una función que no han sabido sustentar con efectividad.

Los convocamos a que se nos unan para demandar una justicia verdadera, no fabricada.

En su primer comunicado del jueves pasado, publicado en su sitio electrónico, la PGR estableció que la causa por la que victimaron a nuestro compañero Armando fue “por hacer muchas notas periodísticas en contra de La Línea”.

Unos minutos después, la dependencia sustituyó esa información por otro boletín en el que omitió el nombre del grupo “La Línea” para indicar que “cuenta con información que vincula a una de las organizaciones delictivas que se disputan el control de la plaza” con este homicidio.

Tal como lo indica una de las notas publicadas en este medio, la única amenaza documentada por Rodríguez Carreón, la cual denunció de manera personal a la fiscal estatal Patricia González, es la que recibió vía mensaje de texto a través de su teléfono celular, en la que se le acusaba, paradójicamente, de favorecer con sus notas al entonces líder de “La Línea”, lo que contrasta con la información divulgada temprano por la PGR.

En sus comunicados, la Procuraduría federal enumeró al menos a cuatro personas como presuntamente involucradas en el crimen de “El Choco”. De uno de ellos, José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, de quien asegura fue el autor intelectual, dijo que murió en una ejecución registrada en 2009, aun cuando la misma PGR ofreció apenas en mayo del presente año una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.

Además, en pintas dirigidas al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, plasmadas en muros de esta ciudad los días 9 y 10 de septiembre pasados, aparece la firma de “El Diego”. ¿Está vivo o está muerto para la PGR? La procuradora González confirmó al día siguiente que sigue vivo.

El dato de que la muerte del periodista fue concebida por “El Diego” lo atribuyó la Procuraduría federal a dos hombres que aseguró se hallan detenidos e identificó como “El 7” y Hugo Valenzuela Castañeda.

El hombre apodado como “El 7” corresponde a Juan Alfredo Soto Arias, quien fue detenido por el Ejército mexicano como presunto autor de la masacre de estudiantes en Villas de Salvárcar.

Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos obra una denuncia interpuesta el 29 de junio pasado, en la cual se asienta que presuntamente Soto Arias fue sometido a diversas torturas –algunas que tal vez envidiaría la Inquisición– para que se inculpara de diversos delitos.

Un ejemplo de esas supuestas atrocidades quedó asentada en el documento recibido por la CNDH: “Al entrevistarme con él (Soto Arias) me platicó que los militares se lo habían llevado a la guarnición militar y que los cuatro días lo estuvieron golpeando mucho, y como se negaba a aceptar los delitos que los soldados le imputaban, llegaron al extremo de desnudarlo para introducirle por el ano una espada a la que le daban vueltas, causándole graves lesiones”.

Si sucedió de ese modo, no lo sabemos. Corresponde a la CNDH investigar su autenticidad. Nosotros lo transcribimos para que quede constancia de lo que puede haber detrás del apresurado caso que dio a conocer la PGR.

Y aun cuando esta dependencia exhibió a “El Diego” y a Soto Arias como presuntos culpables del crimen de “El Choco”, no se ha liberado alguna orden de aprehensión en su contra por parte de ninguna de las dos fiscalías.

Sobre el otro presunto, Hugo Valenzuela Castañeda, que para la Procuraduría federal se encuentra detenido y a disposición del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resulta que fue estrangulado en su celda del Cereso estatal, en donde amaneció muerto el pasado 8 de julio, es decir, hace más de dos meses y medio. Esta pifia no es sólo de la dependencia central, sino también de la Procuraduría estatal, que omitió la elaboración del correspondiente protocolo de comunicación sobre el caso, el cual inicialmente fue considerado como suicidio pero la autopsia confirmó que fue asesinado.

El cuarto hombre presuntamente involucrado por la PGR, fue el autor material a quien identifica como “El 6” o “El Junior”, llamado Julio, a quien le faltaría la oreja izquierda. Sobre éste no se aventuró a precisar si está vivo o muerto.

Sin embargo, en el expediente que ha llevado la Procuraduría estatal está asentado que quien accionó el arma que le quitó la vida a Armando Rodríguez es un ex agente policiaco llamado Juan Gabriel Dávila “El Gaby”, cuya identidad fue dada a conocer por la fiscal González desde el año pasado a El Diario, y que por cuestiones de seguridad y por petición de la corporación su nombre había sido omitido hasta ahora.

¿A quién le creemos, a la Procuraduría federal o a la estatal? ¿Puede proporcionarnos confianza el resultado de las indagaciones cuando entre ambas dependencias se contraponen los datos y abundan las inconsistencias?

Desde el jueves este medio ha estado tratando de conseguir una explicación a estas contradicciones por parte de la PGR, pero ningún funcionario ni el área de comunicación social han atendido nuestras llamadas, lo cual le agrega aún más ruido a nuestras sospechas. Si no hubiera nada qué esconder, seguramente la dependencia hubiera reaccionado con una actitud transparente que no se ha visto hasta hoy.

Esta comedia de enredos en que se ha convertido el caso de “El Choco” en manos de las autoridades de ambas instancias, es tan sólo la punta del iceberg de la situación general en que se halla la procuración de justicia en Ciudad Juárez, en el estado y en el país todo. Este asunto tan emblemático para quienes laboramos en El Diario es la expresión del estado de cosas en que nos encontramos, de la devastación que la violencia sin oposición ha infligido sobre nuestra frontera, de la errática y fracasada política de enfrentar al crimen organizado sin un rumbo fijo.

En este espacio no creímos que lo afirmaríamos algún día, pero nunca tuvo tanta razón Vicente Fox al cuestionar la guerra contra las drogas que emprendió su correligionario Calderón, al advertir que “no puedes combatir el crimen violando los derechos humanos y el proceso jurídico”, en la entrevista de El Universal publicada ayer sábado.

El mismo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora lo secundó durante su comparencia del viernes ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, al asumir que se deben establecer nuevas acciones para enfrentar los retos del crimen organizado, puesto que “se ha generado un clima de violencia que vulnera el ejercicio democrático”.

El vacío de poder es tal, el hartazgo de la ciudadanía es tan enorme como lo expresábamos la semana pasada, que ya se están multiplicando las manifestaciones de aplicar justicia por propia mano, como sucedió esta semana con el caso más significativo que se registró en la cabecera del municipio de Ascensión, al poniente de Ciudad Juárez, en donde la población enardecida por la sucesión de delitos sin castigo linchó y dio muerte a dos secuestradores que acababan de plagiar a una adolescente.

No es que aplaudamos esta acción que rivaliza con la obra maestra de Lope de Vega, pero la ausencia de autoridad lo único que está propiciando es la repetición de numerosos fuenteovejunas que tratan de conseguir a su modo la justicia que se les niega desde las instancias que tienen ese cometido.

Y no es que pretendamos hacer apología del narco cuando aseguramos que se ha convertido en la autoridad de facto, al menos en esta frontera, mas sus advertencias que aparecen plasmadas en pintas o mantas las cumplen, lo que no sucede con las numerosas ofertas que nos han hecho los gobiernos de los tres niveles para rescatarnos de la desolación en que, al paso de casi tres años de violencia, ha devenido la vida global en esta frontera, que da sus últimos estertores si no hay un golpe de mando que la venga a sacar de su devastación.

Así pues, reiteramos nuestro llamado a las organizaciones de periodistas y derechohumanistas para que se unan a nosotros en la exigencia de una verdadera justicia para Armando y el resto de los comunicadores caídos en el desempeño de su actividad.

A los gobiernos federal y estatal les demandamos que dejen de mentirnos, pero, ante todo, les pedimos que no insulten nuestra inteligencia –la de los grupos de periodistas, la de los trabajadores de El Diario, la de la familia de “El Choco” y, en general, la de los mexicanos–, porque lo único que consiguen es acrecentar la falta de credibilidad en sus mandatos. Les recordamos que no gobiernan para discapacitados mentales…

Drogas, asaltos y plagios acorralan a estudiantes... y secuestros pegan por semana a dos familias

Gabriela Minjáres
El Diario
Antes de entrar o después de abandonar las aulas, miles de estudiantes de preparatoria libran una batalla casi diaria con delincuentes que los acosan enfrente y alrededor de sus escuelas para asaltarlos y ofrecerles droga, e incluso se han presentado intentos de secuestro.

Este clima de inseguridad en el exterior de los planteles escolares, aseguraron estudiantes, padres de familia, autoridades educativas y policiacas, se presenta con mayor incidencia en el nivel medio superior y de manera muy escasa en las secundarias.

“Apenas había colgado el celular para decirle a mi papá que ya había salido de clases y llegaron dos tipos, uno grande y uno joven, a asaltarme; estaban armados, traían una navaja con la que me amenazaron para que les entregara el celular”, narró un estudiante del Bachilleres (Cobach), plantel 5.

Su padre, quien le compró el equipo telefónico como una medida de seguridad para controlar los horarios de salida en la escuela, agregó que el día que asaltaron a su hijo tuvo un contratiempo en el trabajo que lo retrasó varios minutos, por lo que le sugirió que lo esperara afuera de la iglesia del Señor de la Misericordia, ubicada a dos cuadras del plantel.

Además del robo, la venta de drogas afuera de las escuelas casi se ha convertido en un comercio ordinario

“Nunca me imaginé que hasta ahí mi hijo podía correr peligro, afortunadamente los asaltantes no le hicieron nada, pero ahora me preocupo mucho para estar siempre a tiempo por él y recogerlo en la puerta de entrada de la escuela”, dijo.

Según narraron estudiantes y padres de familia de varias preparatorias locales, los asaltos casi siempre son cometidos a mano armada, con cuchillos o navajas, para despojarlos de celulares, reproductores musicales portátiles, tenis, chamarras y el poco dinero que llevan a la escuela para comer y trasladarse a sus hogares.

Los asaltos, sin embargo, no son los únicos actos delictivos que mantienen a los padres de familia atemorizados, pues la venta de drogas afuera de los planteles se ha convertido prácticamente en un comercio ordinario que los tiene en grado de alarma.

“Sabemos, porque así nos lo dijeron las mismas autoridades educativas, que afuera de la escuela llegan hombres mayores de edad, bien vestidos y en algunas ocasiones acompañados por un joven, a ofrecerles drogas a nuestros hijos”, añadió una madre de familia bajo la condición de anonimato.

Además, narró, los docentes les informaron que el semestre pasado en el Cobach 5 se registró un intento de secuestro de una alumna que estaba a punto de entrar al plantel, pero que logró evadir a sus plagiarios.

Casos como éstos, según narraron estudiantes, padres de familia y docentes, enfrentan miles de estudiantes de preparatoria en su trayecto o salida de la escuela.

Tan sólo en los colegios de Bachilleres, la institución educativa con mayor número de adolescentes en sus aulas, 14 mil en los cinco planteles, estas situaciones que se presentan de manera recurrente los obligaron a terminar el ciclo pasado con vigilancia policiaca permanente afuera de al menos tres escuelas.

Mientras que en el interior de los colegios, instrumentaron varios programas preventivos para evitar que los jóvenes sean enganchados para consumir o vender droga.

Jesús José Padilla Moreno, coordinador Sectorial de Colegios de Bachilleres en Ciudad Juárez, explicó que el semestre pasado esta problemática se concentró en los planteles 7, 9 y 11, el primero en Juárez Nuevo y los dos últimos en el suroriente de la ciudad, donde principalmente detectaron una mayor incidencia de asaltos en contra de sus alumnos.

“El semestre pasado dio buena respuesta, buenos resultados que las corporaciones policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la municipal estuvieran atendiendo afuera de los planteles y calles aledañas, se minimizó mucho el problema”, afirmó.

Por ello, agregó, este año volvieron a solicitar apoyo a las corporaciones policiacas para junto con los directores de los cinco planteles, el 5, 6, 7, 9 y 11, exponer la problemática que se presenta en cada uno y tomar las medidas correspondientes.

“Lo que pasa es que cada parte de la ciudad es distinta y depende mucho de la ubicación de los planteles, además los maleantes tienen estrategias, formas e intereses distintos y no necesariamente es un espacio de la ciudad el que es acechado, todos los lugares de la ciudad lo son de diferente manera y proporción”, sostuvo.

A diferencia de alumnos, padres de familia y docentes, el coordinador sectorial dijo que los asaltos y la oferta de droga en el exterior de los planteles son una realidad, aunque no en exageración.

“De alguna manera esta problemática que se detecta no es sólo en los planteles educativos, existe en la ciudad, en los estacionamientos, afuera de la casa, de los centros comerciales, en todos lados, es cierto que los planteles no están exentos de ello porque son parte de la sociedad”, añadió.



Extreman medidas padres y docentes

Esta crisis de inseguridad afuera de las preparatorias no es privativa de los colegios de Bachilleres, pues en la mayoría de estos centros escolares han trascendido también hechos delictivos.

Por ejemplo, en la Preparatoria Altavista, una de las pocas escuelas públicas ubicadas en el poniente de la ciudad, se informó que los alumnos también han sido víctimas de asaltos en el exterior del plantel.

“Lo que pasa es que aquí la realidad es distinta, nosotros tenemos una población estudiantil menor, apenas unos 400 alumnos, además son de sectores sociales distintos, pero aun con esto sí los han venido a asaltar cuando salen aquí enfrente a los centros comerciales”, afirmó la directora del plantel, Armida Valverde.

Ante estos casos que se presentaron principalmente en el semestre antepasado, la preparatoria sugirió a los estudiantes no salir de las instalaciones y de hacerlo, ir en grupo.

Padres de familia de preparatorianos aseguraron que estas situaciones los mantienen atemorizados y los ha obligado a tomar mayores medidas de seguridad ahora con sus hijos que cuando eran niños.

“Sé que todo esto no es una novedad porque desde que mi hijo estaba en la secundaria me di cuenta que afuera de la escuela había algunos muchachitos raros que peleaban o estaban alterados, pero acá en la prepa el problema es mayor y me alarma, tengo miedo que le pase algo a mi hijo porque el acoso es mayor”, comentó una madre de familia de un estudiante de nuevo ingreso.

Agregó que los profesores los alertaron de esta situación que se presenta afuera del plantel con la intención de que tomen medidas preventivas, ya que les aseguraron que la policía no les hace caso cuando llaman a denunciar la presencia de personas sospechosas en el exterior de la escuela o cuando sus alumnos han sufrido asaltos.

“Es increíble que en este nivel tengamos que estar detrás de nuestros hijos igual que si estuvieran en preescolar porque las drogas y los delincuentes les han restringido todas las libertades a nuestros hijos”, mencionó.

Estudiantes entrevistados aseguraron que estas situaciones que se presentan afuera de la escuela les preocupan y los atemorizan, además de que los han obligado a tomar medidas de precaución como no hablar con extraños y de inmediato irse a su casa.

“En lo particular yo no he tenido roce con estas personas que venden drogas o asaltan, pero yo creo que es porque en cuanto salgo tomo mis medidas de prevención, si veo chavos o carros extraños alrededor de la escuela me alejo y me regreso al plantel para salir junto con otros compañeros”, comentó un estudiante.

Agregó que en la escuela constantemente se cuentan casos de compañeros que han sido asaltados, principalmente en el horario de salida.

“Sí tengo miedo, sé el riesgo que se corre, sobre todo porque casi nunca vemos a la policía por el lugar, aunque también me preocuparía que ahí anduvieran, porque muchos son bien abusones con nosotros, así que prefiero cuidarme solo”, expuso.

Colegio de Bachilleres, por ejemplo, implementó programas como Cultura de la Legalidad y Jóvenes en Alerta, con los cuales buscan proporcionar a los alumnos conocimientos y herramientas para fortalecer su conciencia para alejarlos de cualquier riesgo y actos delictivos.

José Ignacio Chávez Sáenz, jefe de Programas de Prevención y Participación Ciudadana de la SSPE, confirmó que la venta de droga y asaltos en el exterior de las escuelas es una problemática real que tienen detectada principalmente de las de nivel medio superior.

Por lo que intensificaron los programas de apoyo que dan a los estudiantes y padres de familia, con quienes crean comités de seguridad y sesionan una vez al mes para conocer los problemas y recomendarles medidas de seguridad.

“Hemos sabido de casos donde ha habido este tipo de problemáticas en este y otros bachilleres, pero desafortunadamente nosotros no somos operativos, ni ejercemos funciones de vigilancia, damos apoyo preventivo con pláticas y les hacemos recomendaciones”, dijo.

Entre las recomendaciones que hacen a los estudiantes se encuentran medidas básicas de prevención como no caminar solos en el trayecto a la escuela o a la casa, que utilicen vías de mayor circulación vehicular y peatonal.

Respecto a las drogas, les piden que analicen a sus amistades para evitar estar en contacto con estas sustancias y les dan a conocer los efectos que ocasionan para que puedan evitarlas.

A los padres de familia les sugieren que no sólo supervisen a sus hijos, sino que se involucren en sus actividades para que se ganen su confianza, sepan quiénes son sus amistades y lo que hacen afuera de la casa.

Les enseñan los primeros síntomas de una persona que consume drogas y les dan tips para tratar a sus hijos.

Chávez Sáenz subrayó que estos programas se imparten de manera gratuita y participan especialistas en criminología, Derecho, trabajo social y psicología.

Rocío Gallegos
El Diario |
No habían pasado ni dos horas de que su hija, una adolescente de 17 años, partió a la escuela, cuando sonó el teléfono de la casa y una voz de hombre le informó a gritos que la tenían secuestrada.

La mujer, cuya identidad queda reservada por motivos de seguridad, dice que se sumió en la peor de las angustias.

Circunstancias como las de esta familia las han enfrentado en más de 260 hogares de la localidad por el secuestro de un allegado directo, en algunos casos hasta de dos, se estima con base en reportes oficiales.

Desde 2008, cuando repuntó el número de denuncias presentadas por este delito en Ciudad Juárez, suman 262 los casos de plagio de los que las autoridades tienen conocimiento.

Tomando en cuenta sólo esos casos denunciados, se estima que en promedio, dos familias se han visto impactadas por este delito cada semana en esta frontera durante los últimos dos años y siete meses transcurridos.

Pero este número puede ser mayor si se considera que muchos de estos casos nunca llegan a concretarse en denuncias, pero trascienden con testimonios de familiares o de los propios afectados.

En el caso de la adolescente secuestrada, el plagiario fue tajante. Si querían volver a verla con vida, tendrían que pagar un rescate.

En la media hora siguiente, volvió a telefonear otras veces, querían dinero, carros, lo que se pudiera.

A la joven la mantuvieron más de 24 horas privada de su libertad en una vivienda semiabandonada.

Su familia pagó el rescate y fue liberada, atrás de un centro comercial cercano a la avenida Ejército Nacional, señala el testimonio de la víctima que al igual que sus parientes quedó devastada.

Algunas familias han enfrentado una tragedia mayor porque sus parientes han sido asesinados incluso después de que pagaron el rescate exigido por los plagiarios.

Archivos periodísticos de El Diario revelan que al menos seis personas fueron victimadas en esas circunstancias, el caso más reciente fue el del rector del Centro Universitario de Ciudad Juárez, Rodolfo Acosta Benavides.

Pero, paradójicamente, en la industria del secuestro participan conocidos y familiares de las víctimas y hasta policías en activo, que conforman células dedicadas a esta actividad que factura unos 900 millones de dólares anuales, de acuerdo con datos de la Cámara de Diputados.

Este delito en la ciudad ha alcanzando cifras históricas y continúa a la alza, pese a las capturas de bandas de delincuentes dedicadas a esta actividad, así lo exhibe el reporte de querellas interpuestas por los ciudadanos.

Tan sólo en lo que va del año suman 62 los plagios –entre hombres, mujeres y niños–, siendo el mes de junio el que concentra el mayor número al acumular 22, más de una tercera parte del total, muestran estadísticas proporcionadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Durante el año pasado sumaron 156 los secuestros denunciados, en tanto que en 2008 fueron 44, cifras muy superiores a las reportadas antes de esos años y que iban de dos a ocho, según datos oficiales.

Por la georreferenciación de los casos atendidos por la Policía Federal, los secuestros se han registrado en diversos sectores de la comunidad, pero la mayoría de los reportados, al menos en los primeros cuatro meses del año, se concentran en el distrito policial Benito Juárez, que comprende el suroriente de la ciudad y poblados rurales del municipio, rumbo al Valle de Juárez.

Ahí han ocurrido al menos el 27 por ciento de los casos denunciados este año, exhiben datos de la Policía Federal.

Después los plagios se concentran en el distrito Aldama, al norte de la ciudad, que incluye la zona centro, con 12 casos, es decir, el 23 por ciento del total. A este sector le sigue el denominado Babícora, hacia el sur y surponiente donde se tiene el registro de 11 privaciones de la libertad.

Luego, en peligrosidad, le sigue Chihuahua al poniente, con 10 casos. Los que aparecen con menos son Cuauhtémoc y Delicias.

De acuerdo con el perfil de víctimas que desarrolló la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal y con datos de los casos reportados este año, el 53 por ciento de los afectados aquí son mujeres, el resto son hombres.

Los plagios registrados de enero a mayo de este año exhiben que las bandas delictivas han atacado principalmente a menores de edad.

Las autoridades reportan que hay 11 casos de personas con edades entre los 15 y los 19 años, que representan el 21 por ciento de los 51 enunciados.

Pero también hay tres expedientes de niños, uno de ellos de 9 años, así como dos entre los 10 y 14 años.