Despedidos, 131,621 burócratas desde que comenzó el sexenio

La plantilla se redujo 2.27% en las instituciones públicas del país, según datos del Inegi

Siete de cada diez trabajaban en las áreas más urbanizadas: ENOE

Los empleados públicos subocupados se incrementaron 1.8%

Gobiernos estatales, rezagados en transparencia

Protesta de trabajadores que bloqueó el acceso al edificio de la Sedesol en Paseo de la Reforma. Imagen de archivoFoto Roberto García Ortiz

Susana González

 

Periódico La Jornada
Lunes 24 de junio de 2013, p. 23

Los burócratas del país llegaron este 23 de junio a la conmemoración anual del Día de la Administración Pública con una reducción de 2.27 por ciento en la plantilla laboral respecto a la que existía cuando comenzó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, revelan estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En total, 131 mil 621 personas dejaron de trabajar o perdieron su empleo en instituciones públicas, administradas tanto por los gobiernos federal, estatales y municipales como por los poderes Judicial y Legislativo, órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e incluso en universidades públicas, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) que el Inegi levanta periódicamente.

Del total de la población ocupada del país, el Inegi ubicó a 5 millones 773 mil 431 trabajadores en el sector público a finales del año pasado cuando arrancó el gobierno de Peña Nieto, pero al concluir marzo el número quedó reducido a 5 millones 641 mil 810 burócratas, es decir 131 mil 621 menos.

Un 87.46 por ciento del total (115 mil 118) laboraban en los gobiernos y aunque la ENOE no detalla cuántos fueron cesados a nivel federal, estatal o municipal, revela que siete de cada diez laboraban en las áreas más urbanizadas. Los restantes 16 mil 503 mexicanos que dejaron de trabajar como servidores públicos pertenecían a las otras instituciones públicas mencionadas.

En contraste con dicha reducción, los burócratas subocupados, es decir, aquellos que laboran menos horas de las que necesitan, aumentaron 1.8 por ciento en el periodo, al pasar 53 mil 722 personas 54 mil 716.

A la fecha, los burócratas representan casi 11 por ciento de los 48 millones de mexicanos que tienen ocupación o empleo, 17 por ciento entre los 32 millones de asalariados y 19 por ciento entre los 29 millones de personas que laboran en el sector servicios, de acuerdo con las cifras oficiales.

Por resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tomada desde 2002, cada 23 de junio se celebrara el Día de la Administración Pública. En información difundida por este motivo, el Inegi sostuvo que los gobiernos estatales presentan los mayores rezagos en instituciones y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, mejora gubernamental, control presupuestal y planeación y evaluación de políticas públicas.

El Inegi indicó que 47.8 por ciento de la población de más de 18 años percibió como frecuente la ocurrencia de prácticas corruptas en los gobiernos estatales, pese a que el cien por ciento de éstos cuenta desde 2011 con mecanismos de control interno, planeación y evaluación, así como al menos un funcionario para atender solicitudes de información.

En cambio, a nivel municipal casi la quinta parte de las administraciones, 19.6 por ciento del total, carecen de organismos o mecanismos de control interno; menos de la mitad (47.7 por ciento) realizan auditorías; apenas 31.4 por ciento cuentan con esquemas de sanción para servidores públicos; sólo 17.8 por ciento los investiga, y 34.8 por ciento lleva un registro y seguimiento de la situación patrimonial de sus funcionarios.

En cuanto a la planeación y evaluación que, según el Inegi, deben ser considerados por los gobiernos como elementos indispensables para la implementación y monitoreo de las políticas públicas, 2.5 por ciento de las casi 2 mil 500 administraciones municipales declararon no contar con ninguna herramienta al respecto, es decir, ni siquiera con un plan general de desarrollo. Sólo 37.9 por ciento cuentan con un programa de desarrollo urbano y apenas 28.5 por ciento tiene uno de desarrollo económico.

Si bien 94.6 por ciento de los municipios tiene un plan de desarrollo, sólo 77.4 por ciento de los casos incluye metas y objetivos, otro 57.7 por ciento considera indicadores de gestión o desempeño y 61 por ciento elabora planes estratégicos derivados del plan.

Sólo 46.6 por ciento de los municipios tienen programas de transparencia y anticorrupción; 25.6 capacitan a sus empleados sobre los derechos y obligaciones en torno al acceso a la información pública; 42.9 tiene una normatividad para regular el acceso a la información pública; 55.9 cuentan con un servidor público para atender las solicitudes al respecto; 40.6 han instalado un sistema de recepción de solicitudes y 23.9 por ciento cuentan con procedimientos para proteger archivos.

Parásitos panistas temblando

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A temblar, la “alta burocracia”

16. diciembre, 2012 Miguel Badillo * Oficio de Papel

 

Como ocurre cada sexenio, la llamada “alta burocracia” será renovada en su totalidad. Sobre todo ahora porque el cambio de gobierno implica la alternancia con un partido distinto en el poder. De tal manera que los panistas no sólo quedarán desempleados, sino que por primera vez serán sometidos a una verdadera rendición de cuentas ante órganos de control y justicia manejados por priístas.

 

Despachos de abogados ya se frotan las manos por los jugosos contratos que cobrarán a exburócratas que serán llevados a juicio por sus pésimas administraciones y el consabido delito de peculado (desvío de recursos públicos). Despachos de contadores y administradores también son buscados para ordenar cuentas públicas mal hechas y corregir números que exhiben a servidores públicos en desgracia.

 

A esa “alta burocracia” del gobierno federal le llegó la hora de rendir cuentas y de separarse del cargo para permitir que el equipo priísta de Enrique Peña Nieto asuma la responsabilidad. Los cambios de funcionarios iniciaron desde el 1 de diciembre, con la llegada del nuevo mandatario, pero son tantos los nombramientos en la burocracia que éstos continuarán aún entre enero y junio del próximo año. Por lo pronto, miles de empleados federales también quedarán desempleados.

 

De acuerdo con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, las causas de separación del servicio público sólo pueden ocurrir por renuncia, defunción, sentencia que implique privación de la libertad, incumplimiento de las obligaciones que la ley le asigna, por hacerse acreedor a sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que impliquen separación del servicio o reincidencia, por no aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda evaluación de desempeño y, finalmente, cuando el resultado de su evaluación de desempeño sea deficiente, por lo que no contempla la separación por cambios administrativos. Hasta aquí estarían amparados los trabajadores contratados por el servicio profesional de carrera.

 

Esto aplica para directores generales, generales adjuntos, de área, subdirectores, jefes de departamento y enlaces; pero no para quienes están fuera del servicio profesional de carrera, los de la “alta burocracia”, como son los jefes de unidad, subsecretarios, secretarios y personal de gabinete de apoyo y de libre designación.

 

Sin embargo, como parte de las reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto, hace varias semanas el Senado de la República aprobó en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos una reforma que modifica dicho servicio profesional de carrera, mediante la cual el actual gobierno podrá despedir a poco más de 4 mil funcionarios que ocupan cargos de director general y director adjunto.

 

De acuerdo con esta ley, se garantiza la estabilidad y permanencia de los servidores públicos en sus puestos y, en caso de ser despedidos injustificadamente, tendrían que ser indemnizados en términos de ley, así como los aspirantes al servicio público federal deberán concursar las plazas vacantes para ingresar a la administración pública federal, para lo cual deben cubrir los perfiles y participar en los concursos, tal y como lo estipula la ley.

 

Si los priístas pretenden solicitar renuncias “voluntarias”, deberán cubrir la indemnización respectiva, con sus consecuentes demandas, lo que ocasionaría, por un lado, el congelamiento de plazas en proceso de demanda y, por el otro, una gran erogación de recursos por concepto de liquidaciones, lo cual seguramente no se ha contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

 

En tanto no se modifique o elimine la Ley del Servicio Profesional de Carrera, su continuidad es permanente y el nuevo gobierno habría “recuperado” sólo 4 mil plazas de mandos medios, lo que implica una combinación de empleados militantes del Partido Acción Nacional, de la administración anterior, y los del “nuevo” Partido Revolucionario Institucional. Esto pronostica una guerra interna por el control de la información.

 

A pesar de estos inconvenientes, la “alta burocracia” espera no ver afectada la operación del nuevo gobierno federal; aunque seguramente esta transición será diferente y, por primera vez, se probará si funciona o no la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

 

¿Cómo funciona el Servicio Profesional de Carrera? Las plazas vacantes en el gobierno federal se convocan públicamente (se registran en promedio 300 aspirantes por plaza) y su evaluación consiste en aprobar entre cuatro o seis exámenes; una revisión del currículum vitae y los méritos académicos y profesionales; después, un comité de selección realiza las entrevistas con los interesados en pertenecer a la burocracia y se determina al ganador de dicha plaza. Al resultar seleccionado, recibe un nombramiento de servidor público de carrera y, teóricamente, nunca más perderá la plaza, salvo las excepciones explicadas.

 

*Periodista

 

 

Fuente: Contralínea 315 / diciembre 2012