Autor: Nydia Egremy
Algunos políticos dicen que la Isla Bermeja, ubicada en el Golfo de México, fue “rebanada” o “hundida por un maremoto”. A pesar de ser estratégica para la soberanía mexicana, su desaparición no ha tenido explicación científica, tampoco se ha utilizado alta tecnología para descubrir qué pasó con el referente geográfico
La Isla Bermeja existió. No es un mito. Nadie protestó por su desaparición en mapas y atlas en el siglo XX, por lo que se presume que nunca estuvo poblada. Su última aparición en la cartografía nacional se dio en el Atlas Geográfico de la República Mexicana, de la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Éste se elaboró en cooperación con el Instituto Geológico de México y data de 1919-1921.
Pese a su desvanecimiento documental, permanece su significado: era un referente geográfico que daba a México la posesión de más de la mitad del Polígono Occidental (u Hoyo de Dona) que comparte con Estados Unidos en el Golfo de México. Al borrarla del mapa, durante la delimitación de las donas, se permitió que Estados Unidos duplicara su extensión en esa zona marítima, cuyo potencial petrolero aún es inexplorado.
La polémica sobre su existencia, desaparición o hundimiento oscila entre las referencias históricas y la desinformación. Al salir a la luz su importancia estratégica –que Contralínea señaló en julio de 2005–, los mexicanos tuvieron información que puso en relieve la escasa transparencia sobre la forma en que negociaron los senadores de la República el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas con el gobierno de Estados Unidos.
El antecedente inmediato de ese documento internacional data del 4 de mayo de 1978, cuando Estados Unidos y México firmaron el Tratado sobre Límites Marítimos, que quedó sujeto a ratificación del Senado y cuyo canje de instrumentos de ratificación “se efectuará en Washington tan pronto como sea posible”. Para la elaboración de ese instrumento ya no se consideró la ubicación.
Fue hasta el 9 de julio de 2000 cuando en Washington, DC, se firmó, ad referéndum, el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas con el gobierno de Estados Unidos. Ese Tratado fue ratificado por el Senado el 28 de noviembre de 2000, apenas dos días antes de que Vicente Fox Quesada asumiera la Presidencia de México. El decreto promulgatorio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2001. El 13 de febrero de ese año se publicó, en la ciudad de México, el decreto de ese Tratado; lo firmaron Fox Quesada y Jorge Castañeda Gutman.
El artículo IV del Tratado apunta que, ante la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural en esa zona no se autoriza ni permite “la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas del límite establecido en el artículo I”.
Derechos históricos
Ante versiones de que la Isla Bermeja no es una isla, sino un islote o peñasco, Manuel Becerra Ramírez, especialista en derecho internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refiere que, de acuerdo con la Tercera Conferencia sobre Derechos del Mar de Naciones Unidas, una isla es “todo aquel espacio terrestre sobre el agua, o en el agua, susceptible de ser habitado por el ser humano”.
El académico agrega que una isla también tiene litorales y zona económica exclusiva, por lo que su territorio se agranda: ésa es otra diferencia con los peñascos e islotes. Indica que, en caso de que la Isla Bermeja hubiese desaparecido por causas naturales, –hundimiento o crecida de las aguas marinas–, se debe recurrir al derecho internacional, sus antecedentes en torno a casos semejantes, para resolver esta cuestión de límites.
Cabe citar que los preceptos de la Tercera Conferencia sobre Derechos del Mar, llamada la Constitución del Mar y que firmaron por México José López Portillo y Jorge Castañeda padre, no se consideran obligatorios por parte del gobierno estadunidense. No obstante que representantes de Estados Unidos asistieron a esas negociaciones, no son parte de ese instrumento. Este hecho es parte de la política estadunidense de no reconocer el arbitraje internacional, en este caso, la jurisdicción del Tribunal Internacional de Derecho del Mar.
Con esos antecedentes, sólo le queda a México el camino de la negociación en materia de yacimientos fronterizos, señala Becerra, que estima viable recurrir a una norma del derecho internacional que establece la obligación para los Estados de no afectar los recursos que comparten con otros. “Eso ya ocurre en materia de petróleo”, y sería factible que México apelara a esa disciplina durante la próxima negociación de la Dona Oriental.
Con relación al escenario que habrá en México al fin de la moratoria en 2011, Fabio Barbosa, historiador y experto en reservas petroleras del Instituto de Investigaciones Económicas, dice: “Ya lo dije desde el 5 de julio: no va a pasar nada, porque la señora (Rosario) Green aceptó, siendo canciller de Ernesto Zedillo, que a México le tocara ese territorio en la zona occidental que fisiográficamente se divide en dos zonas: la primera, con profundidades de 1 mil 200 metros y hasta 1 mil 400 metros, y la segunda, que es la que le tocó a México, ubicada a profundidades desde 3 mil metros. Lo que ahí va a ocurrir es que permanecerá intacta hasta que exista la tecnología para explorarla”.
El especialista subraya que el problema existe en la zona que está entre los 122 y 200 kilómetros de la costa. ¿Por qué pasó eso? Pregunta Barbosa y responde enseguida: “porque Green aceptó el método de delimitación propuesto por Estados Unidos, el de la línea equidistante. La equidistancia puede no ser un método equitativo de distribución territorial, de manera que si se hubiera seguido otro método, como el estudio de los sedimentos y del talud, se hubiera hecho una distribución de los recursos, no del espacio geográfico”.
El 26 de mayo de 2003, durante la moratoria que establece el tratado bilateral con Estados Unidos, el gobierno mexicano instaló el Comité de Delimitación de Zonas Marítimas Mexicanas. Esta instancia tiene la responsabilidad de realizar estudios técnicos que el país presentaría ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para delimitar el Polígono Oriental. El Comité es coordinado por la Secretaría de Marina y participan el Inegi y las secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales. La comisión debía, entre otros temas, “verificar la cartografía en la cual serán presentadas las áreas correspondientes a cada país ante la ONU, y presentar un catálogo definitivo de las islas mexicanas, así como conducir las negociaciones internacionales con Cuba y Estados Unidos para delimitar el control de cada país en el Polígono.
Sin embargo, el 28 de abril de 2004, el Senado mexicano apoyó un punto de acuerdo considerando que “la posesión del petróleo del Golfo de México es del mayor interés estratégico para los Estados Unidos de América”, y que el petróleo mexicano que existe en el subsuelo marítimo del país “corre el riesgo de ser explotado por compañías norteamericanas si no se toman medidas oportunas y adecuadas para la protección de los yacimientos” en el Polígono Occidental.
La Secretaría de Energía –bajo la responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa– “proporcionaría información detallada sobre el proceso de negociación entre México y Estados Unidos para la explotación de los yacimientos petrolíferos transfronterizos ubicados en el polígono occidental, conforme al tratado bilateral”, asimismo, pidió “información detallada” sobre el proceso de negociación entre México, Estados Unidos y Cuba para la delimitación y explotación de esos yacimientos ubicados en el polígono oriental.
Más aún, en su segundo apartado, el punto de acuerdo solicitó a la Secretaría de Marina “información detallada sobre el avance de los trabajos del Comité de Delimitación de Zonas Marítimas Mexicanas relativos al proceso de delimitación de límites de la plataforma continental con Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Belice y Honduras”.
Hasta ahora, la respuesta de ambas secretarías y el catálogo definitivo de las islas mexicanas que correspondía elaborar al citado comité, en el que habría de conocerse la definitiva situación o destino de la Isla Bermeja, permanecen ocultos. Fabio Barbosa dice que, ahora que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 concedió un incremento para la Secretaría de Marina (Semar), esa dependencia podría emprender una búsqueda de la Isla Bermeja.
De acuerdo con ese Presupuesto, la Semar pasó de recibir 15 mil 757 millones 281 mil 110 pesos a 16 mil 059 millones 281 mil 110 pesos, con lo que también estaría en disponibilidad de difundir el catálogo de islas ya actualizado.
Al respecto, el actual presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, el legislador Elías Cárdenas, asegura que la ubicación de la Isla Bermeja se marca en el libro Cartografía histórica de las islas mexicanas –editado por la Secretaría de Gobernación, impreso en los Talleres Gráficos de la Nación y producido por Ediciones Tlacuilo, SA de CV, en abril de 1992–, en una serie de mapas, desde los más antiguos hasta los más recientes.
Esos mapas –realizados a lo largo de la historia por navegantes y geógrafos españoles, italianos, franceses, británicos y algunos mexicanos– presentan algunas diferencias de criterio en cuanto a la ubicación de las islas mexicanas, “tal vez por ser un territorio muy bajo, con lo que algunas pueden aparecer o desaparecer”, apunta el legislador del Partido Convergencia. Aún cuando la Isla Bermeja se hubiera hundido en el mar, es viable un reclamo de los derechos históricos de México en cuanto a su territorio en esa zona, para revisar el Tratado que se firmó con Estados Unidos.
La Isla Bermeja fue un referente para los navegantes y expedicionarios del siglo XVII al XX. A pesar de que su tecnología de navegación no era siquiera aproximada a la que actualmente existe, siempre se le representa en dimensiones significativas respecto al arrecife Alacranes. Contralínea encontró rastros documentales de la Isla Bermeja en la primera edición y la reimpresión de julio de 1988 del Atlas cartográfico histórico del INEGI, de octubre de 1985, cuyo registro ISBN es 968-892-5. En sus páginas 50 y 51, el mapa Americae Sive Novi Orbis Nova Descripto, de 68 por 46 centímetros, elaborado por Abrahams Ortelio en 1854, presenta la Isla justo al oeste de la península de Yucatán.
Una segunda representación aparece en las páginas 54 y 55 del citado Atlas, bajo el título Amerique Septentrionale, que elaboró H. Iaillot, en 1694; el original se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, Francia. Otro retrato más de la Isla Bermeja aparece en el titulado America Septentrionalis, elaborado por Ionoaes Iansonius, con la anotación “1658?” (sic); el original reposa en la Biblioteca Naziolane Braidense de Milán.
Tras la Isla Bermeja
Conforme a la notificación 30272 de la embajada de Japón en México, el 22 de septiembre de 1993, los gobiernos de México y Japón intercambiaron notas que constituían un acuerdo sobre “cooperación económica para la ejecución del proyecto para rehabilitar el Centro Regional de Investigación Pesquera de Ciudad del Carmen” que se estableció el 28 de enero de ese año.
Ese acuerdo estableció una “donación” que debía ser utilizada por el gobierno mexicano, “apropiada y exclusivamente” para la adquisición de productos japoneses o mexicanos para la ejecución del proyecto de rehabilitación del citado Centro Regional. La única descripción de la naturaleza de la “donación” se encuentra en el inciso “a” del acuerdo, que habla de “productos y servicios necesarios para la reparación del buque de investigación pesquera Onjuku”.
El acuerdo agrega en su segundo punto que no obstante lo estipulado en el numeral uno, “la donación podrá ser utilizada cuando los dos gobiernos lo estimen necesario, para la adquisición de los productos y equipos mencionados” en otros numerales, “cuyo país de origen no sea Japón ni México.
Casi cuatro años después de que el gobierno mexicano recibiera esa donación, el 23 de septiembre de 1977, en el oficio 3010 de la Dirección de Oceanografía Naval de la Dirección de Oceanografía se establece que “el contralmirante C.G. Dem. Dtor. Néstor Yee Amador presentó un informe por escrito al C. Almirante C.G. Dem. Subsecretario de Marina que respondía a la instrucción que recibió mediante el oficio No. 372/97 de ese año, girado por la Comandancia del Buque Oceanográfico H.04 Onjuku” (sic).
La misión que emprendió el 5 de septiembre el contralmirante Yee Amador era “certificar la existencia de la Isla Bermeja y del Banco Arias”, bajo estas coordenadas: latitud 22° (grados) 33’ (minutos), longitud 91° 22W y latitud 24° 05’, con longitud 89° 40’. Esa mañana, a las 7:00 horas, el Onjuku arribó al sitio preestablecido y, conforme al informe, “al efectuar en el área un patrón de búsqueda de 382.5 mn cuadradas (sic) –este dato aparece con lápiz sobre la escritura a máquina del original–, con barrido hidroacústico”, obtuvo un resultado negativo.
El numeral V del informe destaca que en el reconocimiento del área de la situación latitud 24° 05’ y longitud 89° 40’, “la capacidad de la ecosonda que es de 1.5’ (borroso en la copia) metros de detección, fue insuficiente para registrar las grandes profundidades marcadas en la carta SM -900 Canal de Yucatán proximidades, editada en 1997 y actualizada en 1994 (sic)”. La lectura de ese último párrafo es significativa, pues se admite que la tecnología del Onjuku no era capaz de realizar una tarea efectiva como la que se le encomendó.
Ese informe de tres hojas escritas a máquina, se acompaña de dos diagramas: el primero que indica la zona de existencia probable de la Isla Bermeja y otro más con la zona de existencia probable del Banco Arias. Estos documentos, obtenidos por el académico Fabio Barbosa, son copias borrosas e incompletas del informe de la operación de búsqueda del Onjuku, de hace 11 años. Sin embargo, los antecedentes del buque indican claramente que no era el tipo de navío adecuado para tal misión.
Existen buques oceanográficos como el Sarmiento de Gamboa, de bandera española, que en 2004 fue utilizado para ensayos de validación y aceptación de las ecosondas de multihaz, además de que está provisto de equipos de comunicación de banda ancha que permite trabajar a equipos de investigación en tierra y embarcados.
¿Por qué en México no se ha llevado a cabo una investigación científica con ese tipo de buques? Hasta ahora no hay respuesta oficial y, precisamente por ello, el diputado Elías Cárdenas y su jefe de bancada, Alejandro Chanona, solicitaron al director de Protocolo de la UNAM, el 3 de noviembre de 2008, que se explore “la posibilidad de programar un viaje en el buque oceanográfico El Puma –de esa casa de estudios– “al sitio donde señala nuestra cartografía náutica la localización de la Isla Bermeja”.
Ambos legisladores desconocen que el buque escuela El Puma navega por aguas del Océano Pacífico y que es el buque-escuela Justo Sierra el que se asienta en aguas del Golfo de México con actividades estrictamente académicas. Sin embargo, el 25 de junio de 2006, las autoridades universitarias anunciaron una inversión de 30 millones de pesos para incorporar instrumentos científicos y de navegación de frontera para actualizar las investigaciones oceanográficas en el Golfo de México. Fue entonces también cuando se cambió su puerto de origen, de Tuxpan a Coatzacoalcos.
