NAIM: jaque mate .- Luis Hernández Navarro

E

l sexenio de Enrique Pe­ña Nieto termina como se inició: marcado por la lucha de los pobladores de San Salvador Atenco en defensa de sus tierras, de su territorio y del lago de Texcoco.

El 11 de mayo de 2012, el entonces candidato a la Presidencia del PRI visitó las instalaciones de la Universidad Iberoamericana (Uia) en Santa Fe, para sostener un encuentro con los estudiantes. Se topó con una desagradable sorpresa: centenares de jóvenes le reclamaron estruendosamente su papel en la represión a Atenco.

Peña se responsabilizó de los hechos. “Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz… fue una acción que asumo personalmente”, respondió. La indignación estudiantil estalló. El candidato abandonó atropelladamente las instalaciones de la Uia entre abucheos y gritos de ¡Fuera Peña!

Surgió entonces un masivo y vigoroso movimiento estudiantil que atravesó sorpresivamente la campaña electoral y marcó a una generación: #YoSoy132. Molestos por la decisión editorial de las televisoras y parte de la prensa de ocultar los hechos, utilizando con imaginación y eficacia las redes sociales, los jóvenes criticaron el papel de los medios de comunicación. Atenco fue la semilla de esta protesta.

A pesar de la inconformidad, el presidente Enrique Peña siguió con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La megaobra se convirtió en el gran negocio de su administración, en el que se fundieron, en un proyecto transexenal, intereses inmobiliarios y políticos.

Hoy, a menos de un mes de dejar el poder, el todavía inquilino de Los Pinos se encuentra con que el buque insignia de su administración se ha ido a pique. Amparado en una consulta popular en la que participaron poco más de un millón de personas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación del NAIM y la ampliación del aeropuerto en Santa Lucía.

Curiosamente, algo similar a lo que pasó a Peña le ocurrió también a Vicente Fox durante su sexenio. El guanajuatense comenzó su pe­riodo emitiendo un decreto ex­propiatorio que afectaba tierras ejidales de Atenco para construir un gran aeropuerto. A mediados de 2002, ante la protesta de los cam­pesinos, dio marcha atrás y canceló el proyecto. Cuatro años más tarde, en mayo de 2006, de la mano del entonces gobernador del estado de México, se cobró venganza: reprimió salvajemente a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Policías asesinaron al estudiante Alexis Benhumea y al menor Javier Cortés, abusaron sexualmente de 26 mujeres, golpearon a mansalva a centenares de pobladores y encarcelaron durante años a los dirigentes. Su sexenio quedó marcado por Atenco.

López Obrador convirtió la con­sulta sobre la continuidad de la construcción del NAIM en un pulso para ver quién manda en el país: si la alianza de grandes empresarios y políticos que perdieron las elecciones en julio, o él y la coalición por la cuarta transformación. Sin embargo, el sondeo no salda de manera definitiva este combate. El pleito por ver quién está al frente del timón continúa.

En este pulso se metieron de lleno los pueblos y comunidades de Texcoco para hacer valer sus intereses. Los integrantes del FPDT, acosados y arrinconados, en­contraron en la coyuntura la forma de reinventarse, acumular fuerzas y reformular su lucha por la defensa de sus tierras. Los resultados de la consulta en Atenco fueron inobjetables: 2 mil 196 votaron en favor de Santa Lucía, mil 73 por Texcoco y 149 anularon. Los campesinos que luchan por sus tierras desde hace 17 años, re­plantearon su discurso. Junto al equipo Hackear el Aeropuerto –que firma el ejercicio de prácticas narrativas Carta del Lago de Texcoco– y viejos y nuevos aliados, cambiaron la vieja consigna de #NoalAeropuerto, al que no iban a sumarse todos los potenciales opositores, por la campaña #YoPrefieroelLago.

Su actividad en redes fue muy exitosa. Tiene rasgos muy similares a los desplegados en el movimiento #YoSoy132. Algunos de los jóvenes más visibles de aquella protesta se pronunciaron ahora en favor de la defensa del lago de Texcoco. El discurso facilitó la unidad de parte de las diversas izquierdas.

Al poner la defensa del lago en el centro, la campaña construyó un referente que iba más allá de las demandas de un grupo de pobladores. Mostró cómo al defender su territorio se defiende la vida. Desmontó la falacia de que la construcción del NAIM es por el bien de la nación. Generó empatía con las resistencias de comunidades de Texcoco, en contraste con la devastación provocada por el nuevo aeropuerto. Enmarcó la oposición al NAIM en un contexto más amplio que es la lucha por el paradigma del país. Fue clave en construir las fuerzas para dar jaque mate a los empresarios y su proyecto.

Golpeadores atacan a campesinos de San Mateo Atenco; 15 lesionados

Acuerdan negociación con representantes de los gobiernos estatal y federal

▲ Quinientos campesinos y miembros del Frente de Pueblos de en Defensa de la Tierra bloquearon ayer durante nueve horas la carretera Texcoco-Lechería, en San Salvador Atenco, estado de México, en protesta por un ataque de golpeadores supuestamente contratados por la empresa Pinfra.Foto Javier Salinas

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de septiembre de 2018, p. 33

San Salvador Atenco, Méx., Unos 100 golpeadores presuntamente contratados por la empresa Pinfra, concesionaria de la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, parte de la infraestructura del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), agredieron a campesinos de núcleos ejidales de Acuexcomac, municipio de San Salvador Atenco, quienes se encuentran en plantón para impedir que los camiones de esa compañía pasen por sus tierras. Quince personas resultaron lesionadas, denunciaron los afectados.

Sin embargo, representantes de la constructora se comunicaron a la redacción de La Jornada para desmentir la versión de los labriegos y asegurar que no tienen nada que ver con los agresores.

Tras el ataque, unos 500 ejidatarios de ambos poblados, apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), bloquearon durante nueve horas un tramo de la carretera federal Texcoco-Lechería, a la entrada de San Salvador Atenco.

Acusaron a la presidencia ejidal de Atenco y a los gobiernos municipal, estatal y federal de alentar estos ataques para terminar con la resistencia al NAICM.

Los campesinos se retiraron a las 19 horas, después de que una comisión fue recibida por representantes de los gobiernos estatal y federal, con quienes acordaron negociar.

De allí los ejidatarios se trasladaron a la explanada municipal de Atenco, donde llamaron a organizaciones y pueblos a sumarse a su lucha contra ‘‘las agresiones’’, ‘‘los grupos de choque’’ y ‘‘el saqueo e invasión’’ de empresas constructoras como Cipsa y Pinfra, así como de transportistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México.

Los labriegos narraron que aproximadamente a las siete de la mañana de ayer, mientras hacían guardia en el retén que mantienen en avenida Nacional, en la zona ejidal ubicada entre Atenco y Acuexcomac, los golpeadores llegaron a bordo de 10 furgonetas y otros vehículos de la línea Valle de México e hicieron disparos para dispersar al grupo de 20 campesinos. ‘‘Nos guarecimos en el retén y nos dispararon, aunque no nos dieron, pero luego se bajaron y nos golpearon’’, narró uno de los agredidos de Acuexcomac.

Los agresores balearon la pequeña choza donde pernoctan los ejidatarios, a quienes sometieron y lesionaron a unos 15.

Antes de irse, los golpeadores ordenaron a los campesinos que dejen de oponerse a la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, de 13 kilómetros, que pasará por los ejidos de Tocuila, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, La Magdalena, Francisco I. Madero, Atenco, Acuexcomac y Nexquipayac.

La autopista Texcoco-Pirámides, que comenzó a construirse hace cuatro años, es una de las principales obras de equipamiento vial del NAICM. Conectará las autopistas México-Pirámides y Peñón-Texcoco, además del corredor México-Tuxpan, con la terminal aérea.

Para ello, la empresa se apropió por la fuerza de decenas de hectáreas. Ejidatarios de Tocuila, Atenco y Nexquipayac han interpuesto denuncias penales y juicios de amparo en demanda de que se detenga la obra, se respeten sus tierras y se investiguen las agresiones. Incluso cuentan con una suspensión definitiva otorgada por un juzgado de distrito, pero las empresas lo han ignorado.

Después de la agresión se dio la voz de alerta. Cientos de campesinos de Atenco y Acuexcomac se reunieron en la plaza principal de Atenco y después bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería con pancartas en las que se leía: ‘‘Pinfra balacea ejidatarios. Alto a la agresión’’.

Ahí colocaron dos retenes de neumáticos y madera, uno en cada sentido de la vía. Más tarde los pobladores de Acuexcomac instalaron otro bloqueo a la entrada de esa localidad y comenzaron a colocar en las furgonetas de la línea Valle de México letreros en los cuales acusaban a la empresa de estar coludida con Pinfra para golpear ejidatarios. En ambos bloqueos retuvieron 22 furgonetas de transporte público. Tras nueve horas los manifestantes concluyeron su protesta.

Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT, sostuvo que esta agresión es ‘‘una clara muestra de que el gobierno federal promueve a grupos de golpeadores’’ de las empresas que construyen la terminal aérea para desalentar la resistencia.

Responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, de eventuales agresiones a los pobladores de Atenco.

Recordó que el 9 de marzo de 2017 unos 30 golpeadores desalojaron y dispararon a unos 200 campesinos del núcleo ejidal de Tocuila que obstruían el paso a decenas de camiones pesados que transportaban materiales para la construcción de la autopista Texcoco-Pirámides. Ese día la policía estatal detuvo a 21 agresores contratados por las empresas Pinfra y Cypsa Vice.

Peña será investigado en la Corte Interamericana por el caso de las mujeres vejadas en Atenco

Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible para evitar que el caso de las mujeres de San Salvador Atenco vejadas por uniformados durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 llegara a la Corte Interamericana. Pero su desdén y el de algunos de sus antiguos colaboradores a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocaron que el asunto llegara a esa instancia, que en el último trimestre de este año analizará el caso. Es primera vez que se toman como objeto de análisis las declaraciones públicas de Peña Nieto para investigarlo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.

Sin embargo, esa situación –los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas– es merecedora de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.

En el último trimestre de este año, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de altos funcionarios como factor de “denegación de justicia” en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes durante 11 años no han cejado en exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno, incluida la cadena de mando.

Desplegadas en su página de internet recientemente, las conclusiones de la CIDH sobre el caso Atenco hacen señalamientos concretos a Peña Nieto como uno de los diseñadores de la estrategia policiaca contra pobladores y activistas de Atenco cuando fue gobernador del Estado de México, responsabilidad que será analizada en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo a la CIDH, las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal de ellas y de sus familiares, a la vida privada, la autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.

Araceli Olivos Portugal, la abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que representa a las agraviadas, considera inédito que la CIDH haya considerado en el informe que remitió a la Corte las declaraciones públicas de Peña Nieto y altos funcionarios de su gobierno.

“Es un hecho inédito que la CIDH razonara que, con sus declaraciones (Peña Nieto) generara un clima de impunidad en el que prevalece el caso hasta día de hoy.

Ante la Corte Interamericana, caso de mujeres abusadas en Atenco

La CIDH presentó el caso; acreditó la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual.

El caso de violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante la administración del entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de 11 mujeres, y de violación sexual de 7 fue acreditada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo responsable de la presentación del caso ante la Corte.

 ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica”, dijo el organismo en un comunicado.

“La CIDH consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención”, detalló.

De acuerdo con lo establecido por el organismo, el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, asimismo, determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.

A continuación el texto completo del comunicado:

Comunicado de prensa 140/16

CIDH envía caso sobre México a la Corte IDH

27 de septiembre de 2016
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.846, Mariana Selvas Gómez y otras, respecto de México.

El caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos.

La Comisión estableció que la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.

Tras analizar la prueba disponible, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas. La CIDH consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención.

La Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable. Finalmente, la Comisión determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.

En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico. Además, la Comisión recomendó continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad. Esto incluye las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión. La CIDH también recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Finalmente, la CIDH recomendó adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso.

La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 17 de septiembre de 2016 por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. Durante la tramitación del caso ante la CIDH el Estado reconoció su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Las consideraciones de la Comisión Interamericana sobre los alcances y efectos de dicho reconocimiento se encuentran referidos en el Informe de Fondo. Tras haber evaluado el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas.

Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto. En las respuestas dirigidas a la CIDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia, el Estado informó sobre el estado de las investigaciones ya descritas y analizadas en el informe de fondo, las cuales no reflejaron avances significativos tras la notificación de dicho informe. Sobre esta misma recomendación, el Estado tampoco aportó información sustancial sobre avances relevantes en la identificación de nuevas líneas de investigación que permitan establecer la totalidad de las responsabilidades por los hechos del caso en los términos del informe de fondo.

En cuanto a las medidas de reparación y rehabilitación, la Comisión tomó nota de la información aportada por el Estado sobre la creación de las estructuras necesarias para que las víctimas accedan a reparaciones cuando así lo deseen. La Comisión también toma en cuenta que las víctimas han sostenido que el cumplimiento de la recomendación en materia de justicia es fundamental para sentirse reparadas.

Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Violaciones en Atenco, con Peña como gobernador, “nuevo golpe a su Presidencia”: ‘NYT’

"El llamado de una comisión internacional a investigar las medidas tomadas en 2006 por orden de Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador es un nuevo golpe a su presidencia", destaca el principal diario estadounidense.

Este viernes, el periódico estadounidense The New York Times retomó en su primera plana el caso Atenco que, señaló, “podría pegarle a la Presidencia” de Enrique Peña Nieto, pues aborda el tema de las mujeres víctimas de los arrestos arbitrarios y las torturas sexuales cometidas por fuerzas del Estado mexicano el 3 y 5 de mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era entonces gobernador del Estado de México y ordenó un operativo para reprimir una manifestación en San Salvador Atenco.

Según el NYT, este operativo policiaco tenía como objetivo reprimir un movimiento de protesta contra el proyecto de un nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco. Sin embargo, dicho movimiento había evolucionado hasta convertirse en “catalizador de otras luchas de reivindicación social”.

“La represión ordenada por el gobierno terminó con la muerte de dos personas, más de 200 detenciones y decenas de heridos graves. Los agentes de seguridad que participaron fueron acusados, entre otras violaciones a los derechos humanos, de torturar sexualmente a más de 20 mujeres.”

Once de estas mujeres denunciaron los abusos cometidos contra de ellas, pero al encontrarse con trabas para encontrar justicia en México, se vieron obligadas a llevar su caso a instancias internacionales.

El entonces gobernador Enrique Peña Nieto declaró, un mes después de los hechos, que “la “fabricación” de acusaciones era una táctica conocida de grupos radicales, y que ese podía ser el caso de las mujeres que denunciaban violaciones por parte de la policía, con el objetivo de desacreditar al gobierno”.

Sin embargo, a diez años del crimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) ha emitido su dictamen a favor de las víctimas y el pasado sábado 17 de septiembre mandó el caso a la Corte “que podría obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades en toda la cadena de mando involucrada en los hechos, lo que incluye al entonces gobernador del estado que ordenó el operativo, hoy presidente de México”.

Mientras tanto, “la oficina del presidente ha dicho por su parte que la CIDH no responsabilizó a Peña Nieto ni lo ha nombrado explícitamente como un objetivo de la investigación. Más allá de eso, sostienen, los casos judiciales en México nunca lo han hecho responsable de las agresiones sexuales a las mujeres”.

De acuerdo con NYT en español, este es uno de los casos de las víctimas:

“A Yolanda Muñoz la detuvieron en la azotea de una casa y la pusieron de rodillas. A su lado había una pila de cuerpos amontonados, golpeados y ensangrentados.

“Todavía recuerda las botas negras de sus agresores, el encono de sus golpes: casi siempre pegaban en la espalda y en la cabeza, dice.

“Los policías la subieron a un autobús tipo escolar junto a otras mujeres y hombres que, al igual que ella, creían que iban a morir. Y en cierto sentido no se equivocaba: en ese viaje de cinco horas que hicieron desde Texcoco —un municipio en las afueras de Ciudad de México— a distintas cárceles, a muchas de las detenidas les mataron una parte de ellas mismas.

“A algunas le mordieron los senos, les pellizcaron los pezones. A una mujer la obligaron a darle sexo oral a varios policías. A otras las penetraron con los dedos o con objetos.Mientras los policías las golpeaban, las manoseaban y las denigraban, algunas eran forzadas a contar chistes para entretenerlos. A Yolanda Muñoz le hicieron mantener el equilibrio mientras sostenía una granada falsa en las manos…”.

(Con información de NYT en español)

De Atenco a Antequera, la represión y el engaño del peñismo .- JENARO VILLAMIL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fatídico “viernes negro” del 11 de mayo de 2012, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ya había terminado el evento sobre “Buen gobierno” con el entonces candidato priista a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Un joven pidió la palabra y le preguntó si no tenía problemas de conciencia por el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, en el Estado de México.

En ese operativo de más de 10 horas, 3 mil elementos policiacos federales, estatales y municipales usaron y abusaron de la fuerza para “restablecer el orden” en Atenco. Catearon 20 casas, detuvieron a más de 100 pobladores, mataron a dos personas –entre ellas al joven Alexis Benhumea, estudiante de danza en la Ibero–, hirieron a 50 pobladores, ocho de ellos de gravedad, abusaron sexualmente de 23 mujeres, persiguieron y “cazaron” a Ignacio del Valle, líder del Frente Unido por la Defensa de la Tierra, y a sus familiares.

Peña Nieto no quiso quedarse callado seis años después. “Voy a responder a este cuestionamiento sobre Atenco”, afirmó de pie, acompañado de un nervioso Luis Videgaray, entonces coordinador general de su campaña, al finalizar su anticlimática presentación en la Iberoamericana.

“Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza para restablecer el orden y la paz y que en el tema (sic) hubo lamentablemente incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial. Pero, reitero, reitero, fue una acción determinada personalmente y que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Sus palabras incendiaron la pradera. Los gritos de “¡Fuera, fuera!” se escucharon en el auditorio. “Atenco no se olvida, Atenco no se olvida”, le increparon por los pasillos y las escaleras decenas estudiantes en aquella tremenda huida de Peña Nieto y su equipo de las instalaciones de la Ibero de Santa Fe, donde había estudiado su joven promesa, Aurelio Nuño.

El resto de la historia es conocido. El intento de apagar, desviar y tergiversar lo ocurrido el viernes 11 de mayo de 2012 en la Ibero a través de los medios de comunicación plegados al peñismo dio origen a la protesta #YoSoy131 y al surgimiento del movimiento #YoSoy132, en plena campaña presidencial.

Oaxaca, cuatro años después

Cuatro años después, la mañana del domingo 19 de junio, Día del Padre, se transformó en una pesadilla para los habitantes de la comunidad de San Asunción, Nochixtlán, Oaxaca.

Fuerzas federales de la PF, de la Gendarmería y de la policía estatal de Oaxaca se enfrentaron durante más de 15 horas con pobladores con el objetivo de desbloquear la autopista Oaxaca-México, uno de los varios bloqueos que protagonizan los maestros de la sección 22 de la CNTE para protestar por la detención de sus líderes y la posición intransigente del titular de la SEP, Aurelio Nuño, de no negociar la evaluación magisterial y el despido de miles de profesores.

La instantaneidad y simultaneidad de las redes sociales se vivió a lo largo de toda la tarde y noche de aquel domingo. Agencias internacionales de noticias como AP, Xinhua, la BBC y RT (nada menos que las agencias informativas oficiales de Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Rusia) acreditaron con imágenes algo contundente: elementos de la PF y la Gendarmería abriendo fuego con armas de alto poder contra los civiles desarmados.

Cientos de cuentas en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram documentaron con fotos, audios y videos lo que estaba ocurriendo. Sitios informativos online nacionales y extranjeros no tenían duda: hubo un “baño de sangre” en Oaxaca.

El primer “control de daños” de las autoridades fue pésimo. Primero, silenciaron en medios electrónicos nacionales lo que estaba sucediendo. Luego el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal afirmaron que eran “falsas” las fotos donde se observaba a elementos disparando contra la población.

Cuando ya no podían revertir el escándalo internacional ni sostener la mentira de los “agentes desarmados”, la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Oaxaca admitieron que hubo seis civiles muertos, más de 90 heridos –41 policías y 53 ciudadanos– y varios desaparecidos, pero “ninguno era maestro” de la CNTE, como si los masacrados no fueran personas, ciudadanos, víctimas de una represión desmesurada.

El comisionado de la PF, Enrique Galindo, afirmó que tuvieron que disparar “al final” de los enfrentamientos porque recibieron impactos de bala de la población.

El lunes 20 la CNTE reviró a la verdad a medias oficial: son ocho muertos y dos de ellos integrantes de la Coordinadora, hay 22 desaparecidos y las balas provinieron de las fuerzas federales. “Si el gobierno piensa que con balas y toletes nos va a espantar, se equivoca”, sentenció Eligio Hernández, vocero de la sección 22.

El triste y deshonroso papel de justificar la represión le tocó a Gabino Cué, el político que llegó a gobernador de Oaxaca precisamente con la promesa de no volver a disparar contra la población civil, como lo hizo su antecesor el priista Ulises Ruiz, en 2006, el mismo año de la represión en Atenco. Ese hecho provocó el surgimiento de la APPO.

Como si fuera una copia calca, Gabino Cué repitió las mismas palabras que usó Peña Nieto para justificar aquella represión en Atenco: “Fue para restablecer el orden, la gobernabilidad y el estado de derecho”. Acusó a “grupos infiltrados” de poseer armas y de atacar a la Policía Federal, sin tener una sola prueba, imagen o testimonio de este nuevo giro de los hechos.

Aurelio Nuño, el soberbio titular de la SEP, no dijo nada durante más de 30 horas. El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó de “situación grave y extraordinaria” lo ocurrido en Nochixtlán, expresó su “apoyo y respaldo” a los familiares de las personas que fallecieron y reiteró que en la Segob “siempre hemos estado dispuestos a dialogar con la CNTE”. La mano dura que se esconde en promesas de negociación.

Peña Nieto “giró instrucciones” a través de su cuenta de Twitter para que la PGR investigue a la Policía Federal y apoye a la Fiscalía General de Oaxaca.

“Lamento la pérdida de vidas humanas. Mi solidaridad con sus familiares, así como con las personas que fueron heridas”, afirmó Peña Nieto. Lamenta, no condena. Expresa su “solidaridad”, pero no se compromete a resarcir el daño, atender a los heridos, restablecer el orden alterado por la represión.

Mucho menos hubo compromiso claro de Peña Nieto de establecer una mesa de negociación. Todo es posible, menos ceder.

En Los Pinos manejan la crisis de Oaxaca como si se tratara de una mala tarde en la que perdió la selección mexicana de futbol y no la demostración más fehaciente del error criminal de aplicar la mano dura en un conflicto social, magisterial, que no se resolverá a golpe de periodicazos, amenazas y sentencias autoritarias.

Peña Nieto está en medio de otra tormenta perfecta y su forma de comunicar es todo menos empática o autocrítica.

Sin embargo, Oaxaca no es Atenco. Y el conflicto magisterial ya se convirtió en un problema nacional e internacional que coloca a Peña Nieto en el peor momento de su sexenio.

Comentarios: www.homozapping.com.mx

Peña es el principal responsable de la tragedia de Atenco: Ignacio del Valle

Toluca, Edomex., 15 de mayo (apro).- El próximo miércoles 27 el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle, tiene prevista una diligencia en el penal de Almoloya sobre los sucesos registrados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los que perdieron la vida dos jóvenes durante un enfrentamiento con la policía.

En dicha diligencia, Del Valle refrendará lo que ha venido sosteniendo desde hace nueve años, que Enrique Peña Nieto es el principal responsable de la tragedia al enviar a la policía para acallar a los manifestantes que se oponían –y se oponen- a la construcción del nuevo aeropuerto.

“La cuenta en Atenco está pendiente. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos”, demandó el dirigente en su paso por la capital mexiquense como integrante de la Caravana del Fuego de la Digna Resistencia a los megaproyectos.

“Seguimos denunciando a los que mandataron (las agresiones contra los opositores a la construcción del Aeropuerto alterno en Atenco). El 27 de este mes tenemos otra audiencia para señalar, no sólo a los que detuvieron, no sólo a los policías y a los ministerios públicos, señalamos directamente a Enrique Peña Nieto porque fue el autor intelectual de esa agresión que sufrieron nuestros pueblos”, adelantó.

Si hubiera justicia en este caso, del Valle Miranda consideró que el ahora presidente de la República habría sido el primer encarcelado; por esta razón, expuso que en la audiencia que en unos días desahogarán en los juzgados de Almoloya por los dos asesinatos y 207 encarcelados de aquél enfrentamiento, se demandará que sean castigados los autores intelectuales.

A 14 años del decreto expropiatorio emitido por el expresidente Vicente Fox a los ejidos de San Salvador Atenco y cuando ya existe un nuevo proyecto de Aeropuerto Alterno al de la Ciudad de México para Texcoco, Ignacio del Valle indicó que los campesinos de la región tienen el mismo propósito y siguen en la misma lucha: la de salvaguardar sus tierras.

“No han quitado el dedo del renglón los tres niveles de gobierno, se han humillado a las empresas del poder. No nos toman en cuenta, siempre hemos sido despreciados y, de esa forma, se nos quieren imponer proyectos sobre los que jamás nos consultaron ni beneficiarán a la realidad de nuestros pueblos. Nuestra realidad es la de la carencia, del engaño y la mentira”, dijo.

En Atenco, señaló, “se están implementando formas perversas para quitarnos nuestras tierras, pero no vamos a dejarlas”.

El líder social expuso que en la zona se están comprando conciencias, a través de instituciones como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes se han prestado para “hacerle el caldo gordo al proyecto”.

“Han utilizado a todos los medios para decir que ya toda la tierra se vendió, pero no estamos dispuestos, porque la patria no se vende”, reiteró.

El pasado 4 de mayo, a nueve años de los enfrentamientos, la Procuraduría Mexiquense reconoció que al menos una veintena de agentes del Ministerio Público (MP), médicos legislas y policías están siendo investigados por los excesos cometidos contra detenidos del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, pero ningún mando medio ni superior.

A estas alturas, tampoco existen avances en las investigaciones por los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago.

López Obrador estuvo detrás de”los macheteros de Atenco”: Fox

Este lunes, el ex presidente Vicente Fox fue muy duro con su sucesor y correligionario, el también ex mandatario Felipe Calderón: según Fox, permitir que el Ejército participara en la lucha contra el narcotráfico fue una equivocación. “Esa decisión nos llevó a lo que yo llamaría terribles violaciones a los derechos humanos a lo largo de seis años”.

Fox tenía ganas de repartir candela hacia todos lados: arremetió contra el PRI, contra el PAN, contra Andrés Manuel López Obrador, pero especialmente contra Calderón. Solo una persona mereció elogio de su parte: el presidente Enrique Peña Nieto y sus reformas, gracias a las cuales al parecer México hizo un inusitado descubrimiento: “Encontramos el eslabón perdido de la economía”, afirmó.

Sobre el mandatario dijo: “Es cumplidor y centrado en lo que México necesita”.

Al PRI lo acusó de haber bloqueado durante su sexenio una reforma energética como la recientemente aprobada.

Del PAN consideró que “ya perdió la brújula”.

Acerca de López Obrador comentó que él estuvo detrás de los macheteros de Atenco que impidieron la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México.

Comentó que no invertirá en petróleo, que no será un neopetrolero porque no tiene recursos, ya que saca “para los frijoles” de su pensión como ex mandatario. Eso sí, dijo que él es “un verdadero activista” por la despenalización de la droga y que ha estado viajando hacia Estados Unidos, a los estados de Washington y a Colorado, para seguir de cerca el tema.

Esta es parte de la entrevista con Milenio la cual se realizó en el hotel Camino Real, después de una conferencia de prensa en la que anunció la realización de un foro sobre la reforma energética y nuevas tecnologías de la información, que se llevará a cabo en el Centro Fox del 2 al 4 de octubre.

—Usted presentó durante su gobierno una iniciativa de reforma energética. ¿Por qué no se aprobó? ¿Y lo del aeropuerto que planteó en esa época?

—Yo creo que hubo una oposición muy radical poco comprometida con México, y en eso incluyo al PRI mismo, que se encargó de bloquear estas reformas. Hoy todos debemos reconocer y felicitar al presidente Peña por haber logrado la reforma, pero al mismo tiempo hay que enjuiciar al PRI, ser severos jueces con el PRI, que bloqueó la reforma por 18 años (los sexenios de Zedillo, de Fox y Calderón). Igualita historia con el aeropuerto. De alguna manera fallamos todos, pero particularmente la oposición, que fue radical: los macheteros de Atenco y López Obrador, que estuvo atrás de ellos. Ellos lograron frustrar ese proyecto.

—De pronto usted es muy duro con el gobierno de Calderón, ¿tiene un problema personal con él?

—No, yo no juzgo personas, juzgo hechos. A mí me pareció que traer al Ejército a la lucha contra el narcotráfico era una equivocación. Lo comenté varias veces con el presidente electo Calderón, sin embargo la decisión se tomó. Esa decisión nos llevó a lo que yo llamaría terribles violaciones a los derechos humanos a lo largo de seis años. Todavía ahorita está en discusión un tema…

—El de Tlatlaya…

—El de Tlatlaya. ¡Y cuántos otros sucedieron durante esos seis años! ¡Cuántas violaciones al debido proceso se hicieron con tanta gente a la que se acusó de cartelistas, o de miembros de cárteles, y que después tuvieron que liberar porque no era la acusación correcta! ¿Dónde estuvo el Ministerio Público esos seis años? ¿Dónde estuvo el Poder Judicial para haber obligado a que se respetara el debido proceso jurídico?

—¿No es rencilla personal con el presidente Calderón?

—No, no. Yo todos mis juicios los hago basados en resultados. Por eso cuando digo lo del presidente Peña no es que me ponga la camiseta de peñista, sino que aprecio y respeto y reconozco que el presidente Peña haya tenido la habilidad de sacar esas reformas.

—Esta reforma aprobada pudo ser por dinero que le hayan dados a legisladores panistas, según se dice —le comentó un reportero de otro medio; el ex presidente censuró la utilización de videos para difamar, pero luego se lanzó contra su partido y, de nuevo, contra Calderón.

—Cuando el río suena agua lleva. Han sido tantos casos dentro del PAN, y también del PRI, que realmente avergüenzan. Yo por eso me mantengo a distancia de participar en este tema del PAN, porque veo que se ha perdido totalmente la brújula. Hay que rescatar principios y valores de fundadores. Después de Castillo Peraza ha sido la nada para el PAN. E incluyo a Calderón, porque usó al partido para su propósito. Como presidente utilizó al PAN para su propósito.

parénteisis

En Atenco “los están despojando, les quitan su patrimonio”: abogado

El lunes de esta semana comenzaron las movilizaciones contra el nuevo aeropuerto. Por la vía jurídica, buscan que no se les quiten "tierras de uso común".

Ricardo Lagunes, abogado de los habitantes de San Salvador Atenco, afirmó que a los comuneros de ese lugar “los están despojando, le están quitando todo su patrimonio”, pues buscan que sus terrenos sirvan para “proyectos complementarios” del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se construirá en la zona del Lago de Texcoco.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, afirmó que en una asamblea “irregular” del pasado 1 de junio 2014, convocada por órganos ejidales, se cambió el uso de suelo, pese a no contar con las firmas de la mayoría.

“Se somete a consideración la adopción de dominio pleno… con esta determinación que implica transformación de propiedad social a privada se está despojando de estas tierras de uso común con la finalidad de destinarlo a compra-venta… para la implementación del aeropuerto y proyectos complementarios”, expuso.

Recordó que en 2001 no se logró desincorporar estas tierras de uso común, y ahora se sientan las bases para el desmantelamiento de la propiedad social.

Por ello emprendieron un juicio agrario en el que denuncian que dicha asamblea fue irregular “por situaciones que contravienen la ley agraria”, además de que “un pueblo debe ser consultado de manera libre… que no haya cooptación de autoridades ejidales o compra de voluntades“.

Lagunes afirmó que “no es una disputa de si ellos quieren el progreso o no… no a costa de la violación de derechos, no a costa de la pérdida completa de su patrimonio”.

Confió en que si en el juicio agrario obtienen un fallo favorable, lograrán que las tierras de uso común queden íntegras.

Entrevista íntegra:

Entrevista Con Ricardo Lagunes by Aristegui Noticias

Alista Atenco nueva batalla contra proyecto de aeropuerto

LA REDACCIÓN

2 DE SEPTIEMBRE DE 2014
DESTACADO

Ejidatarios de Atenco durante una protesta en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT) refrendó su postura de impedir la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en terrenos del antiguo Vaso de Texcoco en el que se prevé una inversión de 125 mil millones de pesos.

En declaraciones al portal electrónico SDP, el dirigente de dicha agrupación, Ignacio del Valle, uno de los principales opositores al proyecto desde el sexenio foxista, adelantó que buscarán ampararse y el próximo lunes 8 solicitarán al Tribunal Agrario la derogación de una sentencia que establece que las tierras ejidales se pueden vender a empresas privadas bajo el régimen de dominio pleno.

“No es una sorpresa, es la confirmación de lo que siempre han querido hacer en nuestra tierra, nuestra respuesta es la misma que tomamos en el 2001, desconcierto y rabia por lo que hemos vivido”, dijo.

El líder del FPDT aclaró que tiene conocimiento de que el nuevo proyecto que pretende el uso de 12 mil hectáreas (5 mil hectáreas más que en 2001) ubicadas en las comunidades de Ixtapan y Nexipayac que equivale a una superficie construida cuatro veces más grande a la del Aeropuerto de la Ciudad de México.

“El proyecto no sólo contempla al aeropuerto, habla de lugares de hospedaje, de hotelería zonas habitacionales, zonas recreativas, en donde no estamos contemplados”, indicó.

Esto, según dijo, provocaría cuatro veces más contaminación, cuatro veces más el impacto de ruido. Además, apuntó que el plan provocaría la desaparición de las comunidades, la falta de identidad y la ruptura del tejido social.

Por todo ello anunció que la organización resistirá de nueva cuenta ante la posibilidad de la construcción de la nueva terminal aérea.

Priístas agreden a miembros del FPDT que pretendían llegar al Tribunal Agrario

Unos 80 individuos, encabezados por Teodoro Martínez, golpearon a comuneros

Los miembros del FPDT salieron de Atenco en marcha pacífica y al arribar al centro de Texcoco sufrieron una agresión que dejó 15 lesionadosFoto Javier Salinas

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 23 de agosto de 2014, p. 11

Texcoco, Edomex, 22 de agosto.

Unos 80 hombres, encabezados por el priísta Teodoro Martínez, arremetieron a golpes y lesionaron a unos 15 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco para impedir que protestaran frente al Tribunal Unitario Agrario de Texcoco.

Los comuneros acudían a una audiencia para exigir la anulación de la asamblea del comisariado ejidal celebrada el pasado primero de junio, en la cual se aprobó el cambio de uso de suelo de más de mil hectáreas de uso común a dominio pleno, para poder enajenarlas y que el gobierno construya, por ejemplo, el aeropuerto alterno a la ciudad de México.

De los 15 integrantes del FPDT atacados a golpes –entre ellos Ignacio del Valle Medina, dirigente del movimiento atenquense–, cinco resultaron descalabrados y sangrando de fosas nasales, mientras varias mujeres activistas presentaban moretones.

Los dirigentes del FPDT aseguraron que se trató de una agresión orquestada, premeditada y planeada desde el gobierno federal y el Tribunal Agrario, que pagó a golpeadores y priístas con el fin desestabilizar el movimiento porque buscan apoderarse de las tierras para la construcción del aeropuerto.

Del Valle Medina afirmó que es una provocación para justificar una intervención de las fuerzas federales y estatales, como la ocurrida en San Salvador Atenco en 2006, cuando el ahora presidente Enrique Peña Nieto era gobernador del estado de México.

Alrededor de las 8 de la mañana, unos 150 miembros del FPDT marcharon de la explanada de Atenco hacia las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario, ubicadas en el centro de Texcoco. En el trayecto, bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería.

Ahí los esperaba un grupo de 80 hombres, en su mayoría jóvenes, encabezados por Teodoro Martínez (ex candidato tricolor a la alcaldía de Atenco), y algunos comuneros, quienes formaron una valla para impedirles el paso.

Los inconformes gritaron consignas para exigir al tribunal la anulación de la asamblea ejidal celebrada el primero de junio y rechazaron el proyecto de edificación del nuevo aeropuerto en sus terrenos.

Sin mediar palabra, los sujetos empezaron a golpearlos, agredieron a varias mujeres, que resultaron con moretones, y arremetieron contra los dirigentes del movimiento atenquense, entre ellos Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Adán Espinoza y Jorge Flores.

Después de unos 8 minutos, los integrantes del FPDT se replegaron y, al grito de no caeremos en provocaciones, formaron una valla para protegerse. La tensión aumentó; 20 minutos después, se suscitó una segunda agresión, pero más fuerte, que duró 15 minutos.

Los sujetos utilizaron palos. Los atenquenses resistieron en la valla y, aunque portaban sus machetes, no los utilizaron para defenderse. Después de ser golpeados, los manifestantes se retiraron y marcharon hacia Atenco.

Desde el segundo piso del tribunal, los funcionarios observaron la riña, mientras un grupo de policías municipales –que habían escoltado la marcha– miraban desde una cuadra antes.

Los miembros del FPDT denunciaron que en la asamblea ejidal se cometieron serias irregularidades: se aceptó a personas que no eran ejidatarios para cumplir con el quórum legal y se les dio derecho a voto, y no hubo discusión para la aprobación del cambio de uso de tierras de terrenos parcelados a dominio pleno, entre otras anomalías.