Ante la Corte Interamericana, caso de mujeres abusadas en Atenco

La CIDH presentó el caso; acreditó la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual.

El caso de violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante la administración del entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de 11 mujeres, y de violación sexual de 7 fue acreditada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo responsable de la presentación del caso ante la Corte.

 ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica”, dijo el organismo en un comunicado.

“La CIDH consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención”, detalló.

De acuerdo con lo establecido por el organismo, el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, asimismo, determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.

A continuación el texto completo del comunicado:

Comunicado de prensa 140/16

CIDH envía caso sobre México a la Corte IDH

27 de septiembre de 2016
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.846, Mariana Selvas Gómez y otras, respecto de México.

El caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos.

La Comisión estableció que la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.

Tras analizar la prueba disponible, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas. La CIDH consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención.

La Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable. Finalmente, la Comisión determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.

En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico. Además, la Comisión recomendó continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad. Esto incluye las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión. La CIDH también recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Finalmente, la CIDH recomendó adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso.

La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 17 de septiembre de 2016 por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. Durante la tramitación del caso ante la CIDH el Estado reconoció su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Las consideraciones de la Comisión Interamericana sobre los alcances y efectos de dicho reconocimiento se encuentran referidos en el Informe de Fondo. Tras haber evaluado el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas.

Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto. En las respuestas dirigidas a la CIDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia, el Estado informó sobre el estado de las investigaciones ya descritas y analizadas en el informe de fondo, las cuales no reflejaron avances significativos tras la notificación de dicho informe. Sobre esta misma recomendación, el Estado tampoco aportó información sustancial sobre avances relevantes en la identificación de nuevas líneas de investigación que permitan establecer la totalidad de las responsabilidades por los hechos del caso en los términos del informe de fondo.

En cuanto a las medidas de reparación y rehabilitación, la Comisión tomó nota de la información aportada por el Estado sobre la creación de las estructuras necesarias para que las víctimas accedan a reparaciones cuando así lo deseen. La Comisión también toma en cuenta que las víctimas han sostenido que el cumplimiento de la recomendación en materia de justicia es fundamental para sentirse reparadas.

Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

De Atenco a Antequera, la represión y el engaño del peñismo .- JENARO VILLAMIL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fatídico “viernes negro” del 11 de mayo de 2012, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ya había terminado el evento sobre “Buen gobierno” con el entonces candidato priista a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Un joven pidió la palabra y le preguntó si no tenía problemas de conciencia por el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, en el Estado de México.

En ese operativo de más de 10 horas, 3 mil elementos policiacos federales, estatales y municipales usaron y abusaron de la fuerza para “restablecer el orden” en Atenco. Catearon 20 casas, detuvieron a más de 100 pobladores, mataron a dos personas –entre ellas al joven Alexis Benhumea, estudiante de danza en la Ibero–, hirieron a 50 pobladores, ocho de ellos de gravedad, abusaron sexualmente de 23 mujeres, persiguieron y “cazaron” a Ignacio del Valle, líder del Frente Unido por la Defensa de la Tierra, y a sus familiares.

Peña Nieto no quiso quedarse callado seis años después. “Voy a responder a este cuestionamiento sobre Atenco”, afirmó de pie, acompañado de un nervioso Luis Videgaray, entonces coordinador general de su campaña, al finalizar su anticlimática presentación en la Iberoamericana.

“Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza para restablecer el orden y la paz y que en el tema (sic) hubo lamentablemente incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial. Pero, reitero, reitero, fue una acción determinada personalmente y que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Sus palabras incendiaron la pradera. Los gritos de “¡Fuera, fuera!” se escucharon en el auditorio. “Atenco no se olvida, Atenco no se olvida”, le increparon por los pasillos y las escaleras decenas estudiantes en aquella tremenda huida de Peña Nieto y su equipo de las instalaciones de la Ibero de Santa Fe, donde había estudiado su joven promesa, Aurelio Nuño.

El resto de la historia es conocido. El intento de apagar, desviar y tergiversar lo ocurrido el viernes 11 de mayo de 2012 en la Ibero a través de los medios de comunicación plegados al peñismo dio origen a la protesta #YoSoy131 y al surgimiento del movimiento #YoSoy132, en plena campaña presidencial.

Oaxaca, cuatro años después

Cuatro años después, la mañana del domingo 19 de junio, Día del Padre, se transformó en una pesadilla para los habitantes de la comunidad de San Asunción, Nochixtlán, Oaxaca.

Fuerzas federales de la PF, de la Gendarmería y de la policía estatal de Oaxaca se enfrentaron durante más de 15 horas con pobladores con el objetivo de desbloquear la autopista Oaxaca-México, uno de los varios bloqueos que protagonizan los maestros de la sección 22 de la CNTE para protestar por la detención de sus líderes y la posición intransigente del titular de la SEP, Aurelio Nuño, de no negociar la evaluación magisterial y el despido de miles de profesores.

La instantaneidad y simultaneidad de las redes sociales se vivió a lo largo de toda la tarde y noche de aquel domingo. Agencias internacionales de noticias como AP, Xinhua, la BBC y RT (nada menos que las agencias informativas oficiales de Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Rusia) acreditaron con imágenes algo contundente: elementos de la PF y la Gendarmería abriendo fuego con armas de alto poder contra los civiles desarmados.

Cientos de cuentas en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram documentaron con fotos, audios y videos lo que estaba ocurriendo. Sitios informativos online nacionales y extranjeros no tenían duda: hubo un “baño de sangre” en Oaxaca.

El primer “control de daños” de las autoridades fue pésimo. Primero, silenciaron en medios electrónicos nacionales lo que estaba sucediendo. Luego el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal afirmaron que eran “falsas” las fotos donde se observaba a elementos disparando contra la población.

Cuando ya no podían revertir el escándalo internacional ni sostener la mentira de los “agentes desarmados”, la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Oaxaca admitieron que hubo seis civiles muertos, más de 90 heridos –41 policías y 53 ciudadanos– y varios desaparecidos, pero “ninguno era maestro” de la CNTE, como si los masacrados no fueran personas, ciudadanos, víctimas de una represión desmesurada.

El comisionado de la PF, Enrique Galindo, afirmó que tuvieron que disparar “al final” de los enfrentamientos porque recibieron impactos de bala de la población.

El lunes 20 la CNTE reviró a la verdad a medias oficial: son ocho muertos y dos de ellos integrantes de la Coordinadora, hay 22 desaparecidos y las balas provinieron de las fuerzas federales. “Si el gobierno piensa que con balas y toletes nos va a espantar, se equivoca”, sentenció Eligio Hernández, vocero de la sección 22.

El triste y deshonroso papel de justificar la represión le tocó a Gabino Cué, el político que llegó a gobernador de Oaxaca precisamente con la promesa de no volver a disparar contra la población civil, como lo hizo su antecesor el priista Ulises Ruiz, en 2006, el mismo año de la represión en Atenco. Ese hecho provocó el surgimiento de la APPO.

Como si fuera una copia calca, Gabino Cué repitió las mismas palabras que usó Peña Nieto para justificar aquella represión en Atenco: “Fue para restablecer el orden, la gobernabilidad y el estado de derecho”. Acusó a “grupos infiltrados” de poseer armas y de atacar a la Policía Federal, sin tener una sola prueba, imagen o testimonio de este nuevo giro de los hechos.

Aurelio Nuño, el soberbio titular de la SEP, no dijo nada durante más de 30 horas. El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó de “situación grave y extraordinaria” lo ocurrido en Nochixtlán, expresó su “apoyo y respaldo” a los familiares de las personas que fallecieron y reiteró que en la Segob “siempre hemos estado dispuestos a dialogar con la CNTE”. La mano dura que se esconde en promesas de negociación.

Peña Nieto “giró instrucciones” a través de su cuenta de Twitter para que la PGR investigue a la Policía Federal y apoye a la Fiscalía General de Oaxaca.

“Lamento la pérdida de vidas humanas. Mi solidaridad con sus familiares, así como con las personas que fueron heridas”, afirmó Peña Nieto. Lamenta, no condena. Expresa su “solidaridad”, pero no se compromete a resarcir el daño, atender a los heridos, restablecer el orden alterado por la represión.

Mucho menos hubo compromiso claro de Peña Nieto de establecer una mesa de negociación. Todo es posible, menos ceder.

En Los Pinos manejan la crisis de Oaxaca como si se tratara de una mala tarde en la que perdió la selección mexicana de futbol y no la demostración más fehaciente del error criminal de aplicar la mano dura en un conflicto social, magisterial, que no se resolverá a golpe de periodicazos, amenazas y sentencias autoritarias.

Peña Nieto está en medio de otra tormenta perfecta y su forma de comunicar es todo menos empática o autocrítica.

Sin embargo, Oaxaca no es Atenco. Y el conflicto magisterial ya se convirtió en un problema nacional e internacional que coloca a Peña Nieto en el peor momento de su sexenio.

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