CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fatídico “viernes negro” del 11 de mayo de 2012, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ya había terminado el evento sobre “Buen gobierno” con el entonces candidato priista a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Un joven pidió la palabra y le preguntó si no tenía problemas de conciencia por el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, en el Estado de México.
En ese operativo de más de 10 horas, 3 mil elementos policiacos federales, estatales y municipales usaron y abusaron de la fuerza para “restablecer el orden” en Atenco. Catearon 20 casas, detuvieron a más de 100 pobladores, mataron a dos personas –entre ellas al joven Alexis Benhumea, estudiante de danza en la Ibero–, hirieron a 50 pobladores, ocho de ellos de gravedad, abusaron sexualmente de 23 mujeres, persiguieron y “cazaron” a Ignacio del Valle, líder del Frente Unido por la Defensa de la Tierra, y a sus familiares.
Peña Nieto no quiso quedarse callado seis años después. “Voy a responder a este cuestionamiento sobre Atenco”, afirmó de pie, acompañado de un nervioso Luis Videgaray, entonces coordinador general de su campaña, al finalizar su anticlimática presentación en la Iberoamericana.
“Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza para restablecer el orden y la paz y que en el tema (sic) hubo lamentablemente incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial. Pero, reitero, reitero, fue una acción determinada personalmente y que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Sus palabras incendiaron la pradera. Los gritos de “¡Fuera, fuera!” se escucharon en el auditorio. “Atenco no se olvida, Atenco no se olvida”, le increparon por los pasillos y las escaleras decenas estudiantes en aquella tremenda huida de Peña Nieto y su equipo de las instalaciones de la Ibero de Santa Fe, donde había estudiado su joven promesa, Aurelio Nuño.
El resto de la historia es conocido. El intento de apagar, desviar y tergiversar lo ocurrido el viernes 11 de mayo de 2012 en la Ibero a través de los medios de comunicación plegados al peñismo dio origen a la protesta #YoSoy131 y al surgimiento del movimiento #YoSoy132, en plena campaña presidencial.
Oaxaca, cuatro años después
Cuatro años después, la mañana del domingo 19 de junio, Día del Padre, se transformó en una pesadilla para los habitantes de la comunidad de San Asunción, Nochixtlán, Oaxaca.
Fuerzas federales de la PF, de la Gendarmería y de la policía estatal de Oaxaca se enfrentaron durante más de 15 horas con pobladores con el objetivo de desbloquear la autopista Oaxaca-México, uno de los varios bloqueos que protagonizan los maestros de la sección 22 de la CNTE para protestar por la detención de sus líderes y la posición intransigente del titular de la SEP, Aurelio Nuño, de no negociar la evaluación magisterial y el despido de miles de profesores.
La instantaneidad y simultaneidad de las redes sociales se vivió a lo largo de toda la tarde y noche de aquel domingo. Agencias internacionales de noticias como AP, Xinhua, la BBC y RT (nada menos que las agencias informativas oficiales de Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Rusia) acreditaron con imágenes algo contundente: elementos de la PF y la Gendarmería abriendo fuego con armas de alto poder contra los civiles desarmados.
Cientos de cuentas en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram documentaron con fotos, audios y videos lo que estaba ocurriendo. Sitios informativos online nacionales y extranjeros no tenían duda: hubo un “baño de sangre” en Oaxaca.
El primer “control de daños” de las autoridades fue pésimo. Primero, silenciaron en medios electrónicos nacionales lo que estaba sucediendo. Luego el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal afirmaron que eran “falsas” las fotos donde se observaba a elementos disparando contra la población.
Cuando ya no podían revertir el escándalo internacional ni sostener la mentira de los “agentes desarmados”, la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Oaxaca admitieron que hubo seis civiles muertos, más de 90 heridos –41 policías y 53 ciudadanos– y varios desaparecidos, pero “ninguno era maestro” de la CNTE, como si los masacrados no fueran personas, ciudadanos, víctimas de una represión desmesurada.
El comisionado de la PF, Enrique Galindo, afirmó que tuvieron que disparar “al final” de los enfrentamientos porque recibieron impactos de bala de la población.
El lunes 20 la CNTE reviró a la verdad a medias oficial: son ocho muertos y dos de ellos integrantes de la Coordinadora, hay 22 desaparecidos y las balas provinieron de las fuerzas federales. “Si el gobierno piensa que con balas y toletes nos va a espantar, se equivoca”, sentenció Eligio Hernández, vocero de la sección 22.
El triste y deshonroso papel de justificar la represión le tocó a Gabino Cué, el político que llegó a gobernador de Oaxaca precisamente con la promesa de no volver a disparar contra la población civil, como lo hizo su antecesor el priista Ulises Ruiz, en 2006, el mismo año de la represión en Atenco. Ese hecho provocó el surgimiento de la APPO.
Como si fuera una copia calca, Gabino Cué repitió las mismas palabras que usó Peña Nieto para justificar aquella represión en Atenco: “Fue para restablecer el orden, la gobernabilidad y el estado de derecho”. Acusó a “grupos infiltrados” de poseer armas y de atacar a la Policía Federal, sin tener una sola prueba, imagen o testimonio de este nuevo giro de los hechos.
Aurelio Nuño, el soberbio titular de la SEP, no dijo nada durante más de 30 horas. El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó de “situación grave y extraordinaria” lo ocurrido en Nochixtlán, expresó su “apoyo y respaldo” a los familiares de las personas que fallecieron y reiteró que en la Segob “siempre hemos estado dispuestos a dialogar con la CNTE”. La mano dura que se esconde en promesas de negociación.
Peña Nieto “giró instrucciones” a través de su cuenta de Twitter para que la PGR investigue a la Policía Federal y apoye a la Fiscalía General de Oaxaca.
“Lamento la pérdida de vidas humanas. Mi solidaridad con sus familiares, así como con las personas que fueron heridas”, afirmó Peña Nieto. Lamenta, no condena. Expresa su “solidaridad”, pero no se compromete a resarcir el daño, atender a los heridos, restablecer el orden alterado por la represión.
Mucho menos hubo compromiso claro de Peña Nieto de establecer una mesa de negociación. Todo es posible, menos ceder.
En Los Pinos manejan la crisis de Oaxaca como si se tratara de una mala tarde en la que perdió la selección mexicana de futbol y no la demostración más fehaciente del error criminal de aplicar la mano dura en un conflicto social, magisterial, que no se resolverá a golpe de periodicazos, amenazas y sentencias autoritarias.
Peña Nieto está en medio de otra tormenta perfecta y su forma de comunicar es todo menos empática o autocrítica.
Sin embargo, Oaxaca no es Atenco. Y el conflicto magisterial ya se convirtió en un problema nacional e internacional que coloca a Peña Nieto en el peor momento de su sexenio.
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