Las concesiones mineras con EPN las monopolizaron 4 favoritos: Baillères, Ancira, Larrea y Slim

De las 25 mil 652 concesiones mineras otorgadas desde la Ley Minera (1992), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía ha brindado 3 mil 190 (el 12 por ciento) a compañías nacionales (Grupo Peñoles, AHMSA, Grupo México) e internacionales (Canadá), así como a particulares (prestanombres), de acuerdo con la Dirección General de Minas. Los proyectos, que tienen derecho de exploración y extracción incluso hasta 2067, se registran principalmente en el norte y centro del país.

El estudio “Minería y Privilegios” de Oxfam México destaca que la serie de privilegios para la industria minera –que da la Ley Minera por encima de los derechos de los comuneros y el ambiente– ha alentado la expansión acelerada de esta actividad en México para la acumulación de riqueza de pocos. Sólo de 2000 a 2010 se extrajo de México el doble de oro que a lo largo de 300 años de conquista y coloniaje, documenta, y de los 90 a la fecha el número de compañías extranjeras ha aumentado más de 10 mil por ciento.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2013 a septiembre de 2017, la Secretaría de Economía dio 3 mil 190 concesiones mineras a empresas o prestanombres con vigencia de 50 años, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Oaxaca, revelan datos de su Dirección General de Minas (DGM).

En 2013 fue cuando más concesiones se entregaron: 1,052, y esto coincide con el máximo histórico alcanzado en Inversión Extranjera Minera por 5 mil 565 millones de dólares, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex).

Entre las empresas extractivas que recibieron el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales, de 2013 a 2017, destacan Exploraciones Mineras Parreña y Fresnillo, de Grupo Peñoles (Alberto Baillères González); Mineras del Norte, de Altos Hornos de México (Alonso Ancira Elizondo), y de Grupo México (Germán Larrea Velasco), de acuerdo con una revisión de SinEmbargo.

De todo el territorio nacional, sólo el 30 por ciento ha sido explorado. Hasta diciembre de 2016, hay un acumulado de concesiones de 25 mil 652, sobre todo en Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila, justo las entidades más productoras de minerales, exponen cifras de la DGM.

“El extractivismo minero en México, lejos de acotar la brecha de la desigualdad económica y social, la hace más profunda ya que se sostiene, en gran medida, en el ejercicio de un privilegio obtenido a través de prácticas como la captura política [influencia de una(s) elite(s) extractiva(s) sobre el Estado a favor de sus intereses y en detrimento del interés general]”, expone Oxfam México en su estudio reciente “Minería y Privilegios” que aborda las experiencias de despojo de bienes naturales a comunidades indígenas y campesinas para instalar proyectos mineros.

“La riqueza que genera ha permitido posicionar a tres empresarios mineros dentro de las personas más ricas del país. Deriva de sectores privatizados y/o concesionados por el Estado, deriva pues de bienes comunes que están siendo explotados en detrimento de la mayoría”, agrega. Se refiere a Carlos Slim Helú (Minera Frisco subsidiaria del Grupo Carso), Germán Larrea Velasco ( Grupo México) y Alberto Baillères (Industria Peñoles subsidiaria del Grupo BAL)”.

LOS PRIVILEGIOS DE LA LEY MINERA

La serie de privilegios del extractivismo minero ha alentado la expansión de esta actividad en México, alerta Oxfam. La minería, a través de las concesiones otorgadas por el Gobierno federal, ha crecido de manera acelerada en los últimos años: de 2000 a 2010 se extrajo de México el doble de oro que a lo largo de 300 años de conquista y coloniaje, documenta en el informe referido.

“En México, esta industria se favorece de la existencia de actos de corrupción en el sector minero mexicano, abusos de autoridad, falta de inclusión de las comunidades y sus pueblos indígenas, conflictos sociales, pérdidas del erario público y del patrimonio nacional, así como capital humano en riesgo y mal remunerado”, advierte “Minería y Privilegios”.

La organización alerta sobre el denominado “mercado de concesiones”, el cual vulnera el derecho de los pobladores al decidir sobre el futuro de los territorios que habitan. En la lista de concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía, además de empresas, figuran cientos y cientos de nombres de particulares. Son prestanombres (de empresas) o especuladores.

La Ley Minera (1992) plantea que la vigencia de una concesión es de 50 años, con la posibilidad de prorrogarla otros 50 más, y estipula que el titular de una concesión tiene el derecho a intercambiar o venderla a un tercero.

Esto ha generado el surgimiento de empresas menores que se dedican a adquirir concesiones para realizar actividades de exploración, y, una vez detectada la existencia de minerales en una cantidad que se vuelva rentable, venden la concesión a una empresa más grande que tiene capitales suficientes para realizar la explotación.

En 23 años, el valor de la producción minera aumentó 986 por ciento al pasar de 50 mil millones a 543 mil millones de pesos en 2016. Pero el sector solo aporta el 4 por ciento del PIB nacional ya que hasta 2013 –antes de la reforma a la Ley Minera– no se cobró ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina, y esto se tradujo en acumulación de riqueza.

Asimismo, la Ley Minera está por encima de la legislación ambiental y de aguas nacionales. “Esto explica que las instancias gubernamentales toleren que empresas mineras que ocasionan desastres socioambientales, como los casos Río Sonora, Chalchihuites, Salaverna, entre otros, aún operen a pesar de que se considera a la minería como una actividad que puede ocasionar desequilibrio ecológico”, dice.

De empresas extranjeras, de la década de los 90 a la fecha hay 947 proyectos, de los cuales casi 700 proyectos (el 76 por ciento) son canadienses, destacan datos de la Subsecretaría de Minería. Pasaron de 21 operantes en 1990 a 2 mil 175 en 2016, un incremento de 10 mil 257 por ciento .

A nivel mundial, por encima de Chile y Perú, el país es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina, “gracias a que las empresas encuentran las siguientes ventajas: derechos de propiedad seguros, impuestos bajos, leyes ambientales flexibles, mano de obra barata y procedimientos administrativos simplifcados”, expone Oxfam México.

Ocupa el primer lugar en la producción de plata y el segundo sitio en fluorita. Las principales mineras productoras de plata son Pan American Silver (Canadá), Grupo México y First Majestic Silver (Canadá). Mexichem (México de Antonio del Valle Ruiz) es la única que produce fluorita.

Respecto al oro, producen más Minera Frisco (México de Carlos Slim Helú), Pan American Gold (Canadá) y Fresnillo (México).  Y el cobre es más producido por Grupo México, cuya minera Buenavista del cobre protagonizó en agosto de 2014 un derrame tóxico sobre ríos de Sonora que a la fecha han causado daños a la salud de los habitantes.

LOS GOLPES DE LA MINERÍA

Durante este sexenio comunidades y organizaciones civiles e internacionales han alertado sobre violaciones a derechos humanos y al medio ambiente –como contaminación del agua– durante las actividades extractivas de minerales.

El 51 por ciento de la superficie nacional es poseído por núcleos agrarios. Las comunidades campesinas e indígenas habitan los territorios que las empresas mineras insisten en presentar como “vacíos” o con “vocación minera”, resalta el informe de Oxfam México.

Sin embargo, cuando los hombres y mujeres defienden su territorio y sus bienes comunes naturales (tierra, agua, viento, bosques y minerales) contra la amenaza de  la actividad extractiva, “están defendiendo también prácticas organizativas, significaciones colectivas, vínculos, relaciones de interdependencia”.

La organización enfatiza que los testimonios de quienes se oponen a la actividad minera o de quienes viven en territorios con extractivismo minero dan cuenta de la enorme desigualdad legal, económica, de acceso a la información y de ejercicio de derechos como la consulta libre, previa e informada.

Sobre el impacto ambienta de la minería, advierte que se asocia a cada una de las fases que componen el proyecto: exploración, explotación, procesamiento del mineral y periodo de postcierre de la mina. Pero las empresas mineras minimizan la importancia, y evitan el diálogo y acceso a la información con poblaciones que pueden ser afectadas, asegura Oxfam México. Y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con 300 inspectores federales, un recurso humano muy limitado frente a las más de 25 mil concesiones.

Pese a ello, las reformas legales adoptadas por los países de la región facilitan el acceso y la explotación de los bienes del territorio por actores privados, dice. En el caso de México, la reforma al Artículo 27 constitucional de 1992 abrió la posibilidad de privatizar, vender o rentar las tierras campesinas poseídas bajo propiedad comunal o ejidal.

Ese mismo año, hace 26 años, también se aprobó la Ley Minera. En su artículo 6 establece el carácter de “utilidad pública” que convierte a esta actividad como prioritaria frente a cualquier otra que se esté realizando sobre cierta superficie de tierra, y la Ley de Inversión Extranjera (1993) permite realizar inversiones en México a empresas con capital 100 por ciento extranjero.

Entre los derechos de los titulares de concesiones mineras, además de realizar actividades de exploración y explotación, la Ley Minera también les permite “disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie” y obtener “constitución de servidumbre” para las operaciones, así como derecho a “el depósito de terreros, jales, escorias y graseros”, es decir, desechos mineros. Asimismo, la ley mexicana les permite “aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas”, aunque hay siete usos de agua más prioritarios que el uso en la minería.

“Estas disposiciones generan una relación asimétrica entre los derechos de los titulares de concesiones mineras y los derechos de los propietarios de terrenos o los usuarios de fuentes hídricas”, analiza el estudio.

En general, sintetiza la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, el proceso de otorgamiento de concesiones en México no requiere en ningún momento la realización de audiencias públicas, solo la entrega de un informe de impacto ambiental a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).

Pero, expone, en muchos casos las comunidades o grupos que viven en las inmediaciones de los proyectos mineros son los últimos en enterarse de lo que se pretende hacer; pocas veces se les informa sobre los procesos que se llevarán a cabo y la manera en que pueden afectar su salud, sus actividades y sus bienes, y las autorizaciones establecen que la propia empresa realice un monitoreo para detectar posibilidad de contaminación.

Concesionadas 60 millones de hectáreas del territorio para la explotación minera: AMLO

Apoya a la comunidad de Zacualpan, quienes están en contra de la instalación de una empresa minera de oro, plata y cobre

• Llamado a los colimenses a apoyar a la comunidad y luchar por defender los recursos naturales

Con los habitantes de Minatitlán, Colima

Regeneración. Marzo 21, 2014 Minatitlán, Colima.- Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), durante su participación en las asambleas informativas en Minatitlán, Comala y Villa de Álvarez en Colima, indicó que las riquezas de México tienen que ser beneficio de los mexicanos, no para beneficio de extranjeros.

Por desgracia, sostuvo, muchos comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios ni siquiera del país no saben que los gobiernos han entregado sus tierras y un ejemplo claro es que actualmente han sido concesionadas 60 millones de hectáreas, es decir, el 30 por ciento del territorio nacional para que empresas extranjeras, especialmente canadienses, lleven a cabo la explotación minera

Alertó que ni en época del dictador Porfirio Díaz se había enajenado tanto suelo patrio como ahora. “En 5 años se ha extraído oro y plata de México equivalente, igual a todo el oro y la plata que se llevaron los españoles en 300 años, en tres siglos”.

Sin embargo, expuso, ante el saqueo del tiempo de la colonia y el robo que se lleva a cabo en estos días hay una diferencia, porque los españoles construyeron edificios y templos bellos, así como las ciudades hermosas como Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas” y los saqueadores de ahora no dejan nada, solo desilusión y terminan con el medio ambiente.

“Estos sinvergüenzas quieran explorar una mina y contaminar los mantos acuíferos, un gran problema para Colima, son insaciables, no tienen llenadera, solo les importa el dinero, su único dios es el dinero. ¡Ya basta que estén saqueando a México, hundiendo a nuestro pueblo!”.

Previamente, los habitantes denunciaron que las empresas mineras encargadas de la explotación de hierro se han terminado el sistema ecológico del lugar y solicitaron que los corporativos reforesten, por lo menos por tres años, la zona para que resurja, la flora que había antes.

Pidieron que les ayude a gestionar para haya obras de infraestructura, porque el gobierno del priista Enrique Peña Nieto no los ha ayudado para mejorar el municipio.

Por la tarde, en Villa de Álvarez, manifestó su solidaridad a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, quienes están en contra de la instalación de una empresa minera de oro, plata y cobre, porque afectaría al principal manantial que abastece de agua a la zona conurbada, en el municipio de Comala.

Expresó que estará al pendiente para que las autoridades arbitrarias no les repriman y les respeten, “ustedes en vez de ser reprimidos, deberían de ser considerados como buenos ciudadanos, merecen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración”.

Llamó a los colimenses a apoyar a la comunidad y luchar por defender los recursos naturales, porque si se contaminan los mantos friáticos afectarían a todos, no se va a poder comprar con todo el oro del mundo el agua, cómo si el oro no se puede tomar, no se puede comer.

Se comprometió a que cuando triunfe el Movimiento Regeneración Nacional se revisarán exhaustivamente las concesiones para la explotación minera que se le han dado a empresas extranjeras.

“A nosotros nos van a tener que demostrar los que tienen las concesiones si las están trabajando o no las están trabajando, porque no se puede permitir la especulación. Todo esto lo vamos a ordenar”, comentó.

En las asambleas, López Obrador estuvo acompañado por el dirigente de Morena en Colima, Vladimir Parra Barragán; el senador Mario Delgado; la diputada Loreta Ortiz y el asambleísta del DF, Vidal Llerenas Morales.

Para mañana, el presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional ofrecerá una conferencia de prensa, y recorrerá los municipios de Coquimatlán y Cuauhtémoc de Colima.

El domingo asistirá a la Asamblea Estatal que se celebrará en la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León.

La fórmula del chantaje

El pleito por las ganancias

Germán Larrea 

Carlos Fernández-Vega

N

ingún empresario medianamente inteligente estaría dispuesto a sacrificar sus cuantiosas utilidades ante eventuales cambios –así sean mínimos– en los privilegios fiscales que el gran capital ha gozado durante largos años. Ninguno, salvo Germán Larrea –aunque sólo sea en la retórica–, dueño de Grupo México, el zar del cobre, quien de nueva cuenta amenaza con dejar de invertir en el país si el Congreso aprueba el cobro de un nuevo derecho (7.5 por ciento) a la extracción minera, previsto en el paquete económico para 2014.

La airada reacción de Larrea (el tercer empresario más rico de México, con una fortuna de 16 mil 700 millones de dólares, de acuerdo con Forbes) se hizo pública al mismo tiempo que su empresa presumía utilidades netas por casi 6 mil millones de pesos en tan sólo tres meses (el tercer trimestre de 2013, 40 por ciento más que en igual periodo de 2012) y ventas totales superiores a 30 mil millones en igual lapso.

¿Qué empresario con esas abultadas ganancias amenazaría con dejar de invertir en el país y, llegado el caso, abandonar los jugosos negocios que el propio gobierno mexicano le ha procurado con los bienes de la nación? Germán Larrea, quien en el transcurso de los dos gobiernos panistas incrementó sus utilidades netas en más de 2 mil por ciento, hasta acumular 14 mil millones de dólares, y multiplicó su fortuna personal por 17, de acuerdo con Forbes, al pasar de mil millones en 2001 a 16 mil 700 millones de billetes verdes en 2012, algo que ni de lejos hubiera logrado de cumplir sus no pocas amenazas.

Pero como no tiene llenadera, de nueva cuenta recurre a su práctica de chantajear a propios y extraños, en el entendido de que ese truco siempre le ha dejado pingües beneficios, especialmente con las débiles autoridades gubernamentales que todo le han concedido. Por ejemplo, Germán Larrea (amante de los caballos de pura sangre y enemigo de la prole) se quedó con prácticamente todo de la ex paraestatal Ferronales (por cortesía de Zedillo), participa activamente en la generación de energía eléctrica y en la industria petrolera (gracias a Fox y Calderón), anuncia que se convertirá en uno de los principales proveedores nacionales de servicios de perforación petrolera(reforma energética de por medio) y se ha quedado con aeropuertos otrora del Estado, entre otros enjuagues. Y quiere más.

Pero su gran negocio es la ex paraestatal Compañía Minera de Cananea, después Minera de Cananea y hoy (tras reventar la huelga y arrasar con los trabajadores, con el apoyo de la Policía Federal) denominada simplemente Buenavista del Cobre. En diciembre de 2007, este personaje amenazó con unposible cierre de operaciones en dicha mina y la liquidación de los trabajadores, debido a la huelga legalmente estallada por el indoblegable Sindicato Nacional de Mineros. Lo mismo hizo en mayo de 2006, cuando advirtió sobre la posibilidad de cerrar la mina San Martín, en Zacatecas, la mayor mina subterránea del país.

¿Qué logró? Más concesiones mineras y, tal vez lo más importante, el inmediato incremento del precio internacional del cobre a un máximo en ese entonces de 8 mil 110 dólares la tonelada, con lo que su de por sí jugoso negocio adquirió dimensiones de ensueño. Eso sí, nunca cerró centro de producción alguno, pero a los mineros de Cananea, y a la población en general –que vivía de la derrama económica de la mina–, les cobró la afrenta: con laayuda de Calderón, reventó la huelga, golpeó por doquier, despidió a los trabajadores, creó otra empresa eimportó mano de obra de estados tan lejanos como Oaxaca.

El actual dueño de Grupo México heredó fortuna y poder de su padre (Jorge Larrea Ortega, El Azote), quien, muy amigo de Salinas, se quedó con la Compañía Minera de Cananea, por la que, se supone, pagó 475 millones de dólares, cuando en los hechos valía muchísimo más, al contar con voluminosas reservas minerales probadas hasta, cuando menos, el año 2071. Se estima que alrededor de 70 por ciento de su fortuna proviene de las utilidades obtenidas en dicho centro minero, sin olvidar las gracias fiscales.

Hinchado de dinero, rodeado de un ejército de ex funcionarios, cobijado por Fox (después Calderón), impune y odiado, Larrea incrementó su negro historial con la explosión en Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006), en donde murieron 65 mineros, 63 de los cuales permanecen sepultados bajo toneladas de roca. Al quinto día de la tragedia y con el aval gubernamental, la empresa canceló las labores de rescate. Siete años después se mantiene impune, pero no ceja en su guerra sucia contra el sindicato minero y su dirigente nacional, quien lo acusó de homicidio industrial.

Larrea ha sido copiosamente demandado en México, Estados Unidos y Perú, en especial por los trabajadores, dada la permanente violación del contrato colectivo. Pero su pasión por los pleitos judiciales lo ha llevado a una demanda, promovida por la británica Infund LLP, por incumplimiento de contrato (firmado en 2003) por casi 75 millones de dólares (que lo obligaba a entregar 65 millones de acciones del Grupo México). Infund jamás las recibió. Por ello, en junio pasado un juez en Londres congeló los valores en disputa y restringió su transferencia y poder de voto mientras se mantenga el litigio, al tiempo que ordenó la comparecencia directa del empresario ante tribunales de aquel país, lo que también ha incumplido.

En fin, esa es parte de la truculenta historia del amenazante empresario que ha construido su enorme fortuna con base en los bienes de la nación y los privilegios fiscales, y que se niega a retribuir al país. La fórmula del chantaje le funcionó a la perfección con la dupla panista. ¿Le funcionará con Peña Nieto?

Impuesto a mineras apenas tocaría a Grupo México

Resultados del tercer trimestre, más sólidos de lo esperado

Analistas financieros aseguran que ya descontó los efectos de la reforma fiscal

Ante la propuesta, el consorcio amagó al gobierno federal con retirar sus inversiones

Grupo México es la dueña de la mina Pasta de Conchos, en la que, en febrero de 2006, hubo una explosión que provocó la muerte de 65 mineros, 63 de los cuales aún permanecen sepultados en el lugarFoto Marco Peláez

Israel Rodríguez

 

Periódico La Jornada
Domingo 27 de octubre de 2013, p. 2

Grupo México, consorcio minero que amagó al gobierno federal con retirar sus inversiones si se aprueba la reforma fiscal con gravámenes a ese sector, ya descontó los efectos de un incremento en los impuestos sobre las utilidades operativas y la compañía mantiene vigente su agresivo plan de inversiones para este 2013, lo que le permitirá seguir fortaleciendo sus operaciones en los próximos años, consideraron analistas financieros.

La propuesta aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados establece un impuesto de 7.5 por ciento sobre las utilidades operativas de empresas mineras y se considera también incrementar un 0.5 por ciento en el caso de las compañías que explotan metales preciosos como oro, plata y platino.

Especialistas del banco Ve por Más estimaron que, de aplicarse este impuesto como lo propone el Ejecutivo federal, los principales grupos mineros afectados serían los que concentran sus operaciones en territorio nacional. Las emisoras más afectadas son Peñoles, Minera Frisco, Autlán y, en menor medida, Grupo México. En el primer grupo, el total de sus operaciones están en nuestro país, mientras que en el caso de Grupo México aproximadamente 40 por ciento de su producción se encuentra en naciones como Perú y Estados Unidos.

Sobre la propuesta del Ejecutivo, que actualmente está en análisis en el Senado de la República, explicaron: Es un impuesto muy común en el resto del mundo; consideramos que la tasa es alta y no vemos razonable que se aplique una mayor a la producción de metales preciosos, dado que todos ellos se caracterizan por depender de los ciclos económicos que los afectan, puntualizaron.

Grupo México reportó sus resultados financieros al tercer trimestre de 2013, los cuales fueron considerados más sólidos de lo esperado, con una generación de efectivo de 992 millones de dólares. El principal aspecto positivo fue el buen desempeño de la división minera, con menores costos operativos, señalaron los analistas.

El Grupo México es presidido por Germán Larrea Mota Velasco y entre sus consejeros patrimoniales o accionistas que integran el consejo de administración destacan Valentín Diez Morodo, Claudio X. González; Antonio Madero Bracho, Genaro Larrea Mota Velasco y Juan I. Gallardo Thurlow, entre otros prominentes hombres de negocios.

A su vez, expertos del grupo financiero Invex consideraron que en el Grupo México la caída en el precio de los metales y los efectos de la reforma fiscal han sido descontados, mientras que para especialistas del Grupo Financiero Citi-Banamex, es la emisora preferida entre las compañías mineras latinoamericanas, debido a su rentabilidad de largo plazo y su considerable crecimiento del volumen de cobre extraído.

Por su parte, el Grupo Financiero Banorte informó que la compañía mantiene vigente su agresivo plan de inversiones para este 2013, por 3 mil 500 millones de dólares, lo que le permitirá seguir fortaleciendo sus operaciones en los próximos años. En el tercer trimestre de 2013 se invirtieron 697 millones de dólares, con lo que en total lleva acumulado en el año una inversión de mil 910 millones de dólares.

Los estados financieros de Grupo México al tercer trimestre del año revelan que las ventas consolidadas disminuyeron 3.0 por ciento, a pesar de los eventos meteorológicos adversos que se registraron en septiembre y que afectaron la división de transporte. El decremento en el precio de los metales impactó el resultado de la empresa; sin embargo, dicho efecto se había anticipado desde principios del año, precisaron analistas de Invex.

Por su parte, las ventas de la división minera se ubicaron en mil 783 millones de dólares, equivalente a un decremento de 8 por ciento, lo que contrasta con nuestro pronóstico de ventas por mil 900 millones de dólares. La discrepancia se explica por un volumen de venta de cobre, plata y oro compensado por mejores volúmenes de venta de zinc y molibdeno.

Las ventas de la división de transporte se ubicaron en 474 millones de dólares, “superando nuestro pronóstico de 451 millones. El ingreso por millón de toneladas métricas por kilómetro registró un crecimiento de 10 por ciento. El volumen transportado creció 3.8 por ciento, a pesar de los eventos climatológicos adversos ocasionados por Ingrid y Manuel. En tanto, la división de infraestructura presentó un crecimiento de 21 por ciento a 85 millones de dólares”.

La utilidad neta se ubicó en 532 millones de dólares, superando ampliamente el pronóstico del consenso de los especialistas.

Amenaza Grupo México con llevarse inversión de 5,388 mdd a otros países

Respuesta a la posibilidad de que se autorice impuesto de 7.5% a las ganancias del sector

Aun con impuestos a las utilidades, la minería en el país atraerá capitales, asegura Guajardo

En imagen de archivo, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República al colocar mantas contra Germán Larrea, de Grupo México, en el Zócalo capitalinoFoto Roberto García Ortiz

Susana González G., Roberto González e Israel Rodríguez

 

Periódico La Jornada
Sábado 26 de octubre de 2013, p. 19

Frente a la amenaza de Grupo México, del empresario Germán Larrea, de dejar de invertir en México si el Congreso aprueba el nuevo impuesto de 7.5 por ciento a las regalías de la minería, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, respondió que aún con la reforma al sector minero, México seguirá siendo altamente atractivo para la inversión.

Hay más elementos que toman en cuenta los empresarios para invertir como el que somos un país que aún no termina de explotar su gran riqueza minera porque no hemos explorado ni un tercio del potencial mexicano y las minas son de las más productivas en el mundo por su fácil accesibilidad, destacó Guajardo al ser cuestionado por La Jornada sobre la postura del Grupo México, durante una conferencia de prensa convocada para hablar de las relaciones comerciales con Francia.

En su reporte financiero trimestral que dio a conocer este viernes, Grupo México advirtió que se verá obligado aredirigir nuestro programa futuro de inversión de 5 mil 388 millones de dólares a países con mayor oportunidad de rendimiento a la inversión y donde exista un régimen fiscal estable que estimule el desarrollo de la industria minera, a la vez que cuente con mejores costos de energía eléctrica y gas, como pudiera ser Estados Unidos, Canadá, Perú y Chile.

Aclaró, sin embargo, que concluirá las inversiones en marcha en México de 3 mil 500 millones de dólares para 2013 y de mil 500 millones de dólares para 2014.

México tiene que actualizarse, dijo Guajardo, porque hasta ahora ha sido el único país en el mundo que no cobra regalías al sector minero y sólo se rige por un sistema de derechos que no refleja las diferencias entre los tipos de minería.

Sostuvo que la certidumbre jurídica, la oferta minera y la accesibilidad a los minerales resultan tanto o mucho más importantes para las empresas que el gravamen de 7.5 por ciento que propone el Ejecutivo sobre las regalías del sector y cuya aprobación así como tasa final, dijo, dependerá del Senado de la República.

El motivo de que Grupo México reconsidere invertir a futuro en el país no es otro que los nuevos impuestos a la minería propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma fiscal ya que, según el corporativo, reducen considerablemente la competitividad de México en una industria tan global como la minería al gravar con 7.5 por ciento la utilidad de operación antes de depreciación e intereses, y al eliminar la deducibilidad inmediata de los gastos de exploración.

La reforma pone en riesgo la inversión de proyectos actuales y futuros en el sector y con ello la generación de empleos y desarrollo de infraestructura, dijo Grupo México en su informe financiero.

El grupo reportó que sus ganancias del tercer trimestre de 2013 se incrementaron 40.2 por ciento respecto a igual periodo del año pasado, al pasar de 319 millones 592 mil dólares a 448 millones 172 mil dólares dólares, pese a que sus ventas cayeron 3 por ciento y su margen de beneficios antes del pago de intereses impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda, por sus siglas en inglés) descendió de 47.1 a 42.7 por ciento.

No obstante, en el acumulado de enero a septiembre de este año, el Ebitda del corporativo fue de 44.1 por ciento y sus utilidades netas ascendieron a mil 316 millones 721 mil dólares, lo que representa un descenso de 20.8 por ciento respecto a igual periodo de 2012.

El secretario Guajardo también comentó que desde el día que se presentó la reforma hacendaria el pasado 8 de septiembre, se ha reunido con todos los sectores empresariales, como las empresas globales que operan en México y el sector exportador, para atender sus inquietudes sobre el combate a la evasión fiscal mediante el envío de ganancias a paraísos fiscales y el impuesto a las importaciones temporales.

Riesgo de que se cancelen proyectos

Representantes de organismos empresariales y especialistas de la industria minera entrevistados por La Jornada coincidieron en que gravar las regalías del sector pone en riesgo las inversiones en México y muchos proyectos serán suspendidos o definitivamente cancelados.

Demandaron a los legisladores que la reforma fiscal se realice con mucha más seriedad y a partir de una verdadera consulta y diagnóstico real del sector, que deje de lado los estigmas de que las empresas mineras son irresponsables con la sociedad, contaminantes y depredadoras del medio ambiente, además de que mantienen a sus trabajadores en total inseguridad.

Si el Senado aprueba el impuesto de 7.5 por ciento a las utilidades operativas de las compañías mineras se frenarán las inversiones al sector, aseveró Rosalind Wilson, presidenta del comité de minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México, país que es el principal inversionista en el ramo.

De aplicarse tal gravamen, la carga impositiva se irá hasta las nubes y México se ubicará prácticamente 30 ó 40 puntos arriba respecto a los impuestos de otros países mineros como Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá, lo que definitivamente nos saca de contexto internacional, consideró a su vez el ingeniero minero y geólogo Luis Palafox Torres, encargado de Vinculación de la Asociación de Mineros de Sonora.

El presidente de la Unión Nacional de Concesionarios Mineros, Ayax Alba Pascoe, advirtió que se perderán 10 millones de empleos, es decir 10 por ciento de la población del país resultará afectada.

Luis Martínez Macías, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Mineros Metalurgistas y Geólogos de México Distrito Sonora, detalló que de 120 proyectos mineros en ese estado podrían cancelarse 10 que están a la espera de inversiones, aún cuando ya concluyeron sus análisis de factibilidad después de un proceso de exploración que ha durado de 10 a 20 años.

La presidenta de la Federación de Minería Sustentable en México, Silvana Sánchez Helv, calificó como delicada la postura del Grupo México de querer sacar su capital del país si se les aplica un nuevo impuesto, pero sostuvo que es más grave la situación de los 10 mil pequeños productores mineros que representa y que deben ser considerados como tales por producir hasta 7 mil salarios mínimos por año y no 5 mil como plantean las autoridades.

Sánchez Helv dijo en entrevista telefónica con La Jornada que lo que su Federación ha propuesto a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público es que a los pequeños mineros se les amplíe los 5 mil salarios mínimos anualizados que tienen actualmente a 7 mil, a fin de darles la oportunidad de poder recapitalizarse y que no se les apliquen nuevos y gravosos impuestos.

Para la presidenta de la Federación de Minería Sustentable no todos los pueblos que tienen pequeña minería tendrán la oportunidad de convertirse enpueblos mágicos como ha ocurrido con Real de Catorce, Taxco y otros debido a que si las condiciones de nuevos impuestos llegan a hacerlos quebrar no tendrán otra opción de ser generadores de la economía del lugar donde están establecidos.

Autoriza Semarnat exploraciones en busca de oro a minera de Slim

GABRIELA HERNÁNDEZ
4 DE OCTUBRE DE 2013
DESTACADO

Una protesta en contra de la mina Espejeras en Puebla. Foto: Especial

PUEBLA, Pue. (apro).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la minera Espejeras, propiedad del empresario Carlos Slim, para que a partir de este mes realice exploraciones en busca de oro en el municipio de Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte de Puebla.

La Semarnat autorizó la MIA a la minera de la empresa FRISCO, pese a que en marzo pasado los habitantes de Tetela de Ocampo manifestaron su total rechazo al proyecto, en una consulta directa organizada por el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz.

Desde abril de 2012, los opositores formaron una agrupación denominada “Tetela hacia el Futuro”, que junto con académicos y activistas ha trabajado de manera constante para informar a los habitantes sobre los impactos que tendría el proyecto para el medio ambiente, el estilo de vida y las actividades económicas tradicionales de la zona.

Al conocer el resolutivo de la Semarnat, la agrupación emitió un boletín en el que pone de manifiesto su “sorpresa e indignación” ante la autorización otorgada a la minera Espejeras –por un lapso de dos años– para continuar con las actividades de exploración, pese a los argumentos que se plantearon para que la MIA fuera rechazada.

Dichas razones, agrega, se detallaron “en la consulta pública realizada en Tetela de Ocampo el 7 de marzo del presente, en donde un grupo de biólogos de la UNAM y la BUAP expusieron ampliamente las consecuencias devastadoras”. También se señaló que como resultado de la elaboración de los listados de flora y fauna, “se descubrieron tres nuevas especies endémicas de anfibios, cuyo registro se encuentra en proceso”, apunta el comunicado.

Además, la agrupación asegura que la MIA autorizada es un recurso ejecutado a destiempo, que busca legitimar retroactivamente las actividades de exploración que la minera llevó a cabo desde inicios del año pasado.

Incluso recuerda que a finales de 2012, a la empresa le fue rechazado el estudio preventivo y se hizo acreedora a una multa por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de evidenciarse que había ejecutado más de 80 barrenos sin haber cumplido con todos los requisitos de ley.

“En reiteradas ocasiones la comunidad de Tetela de Ocampo ha manifestado su rechazo a este proyecto minero que atenta contra la biodiversidad y el tejido social”, reitera la agrupación.

De igual manera, refiere que el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, ha declarado “reiteradamente”, durante sus visitas a las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, que no es viable la explotación minera en Tetela de Ocampo, ni en otros lugares de la región.

Por si fuera poco, el Congreso local emitió en días pasados un exhorto para que el gobierno federal cancele la concesión minera en esa localidad.

“Tetela hacia el Futuro” hace referencia a la propuesta que ha impulsado, junto con otras asociaciones civiles, para exigir al Congreso de la Unión una nueva ley minera que proteja los recursos naturales y el tejido social.

La minería, atroz ejemplo de lo que pasaría con el petróleo

Vetas de destrucción y conflictos

Paraíso de los yacimientos

Angélica Enciso L.

 

Periódico La Jornada
Martes 6 de agosto de 2013, p. 3

Actualmente hay 27 mil concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía, que abarcan entre 22 y 30 por ciento del territorio nacional, de acuerdo con diferentes estimaciones. Tan sólo en Morelos hay 53 concesiones que cubren 8 por ciento del suelo estatal.

Esta actividad se rige por la Ley Minera que considera a la exploración, explotación y beneficio de los minerales de utilidad pública y señala que serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.

Actualmente los diversos movimientos en contra de la minería trabajan sobre un proyecto de Ley Minera que considera la consulta directa, previa, libre e informada sobre los planes mineros en las comunidades, y que una empresa para operar deberá contar con la licencia social otorgada por los pueblo.

Las 5 mil 80 concesiones mineras sólo han pagado 500 pesos anuales por hectárea

Carecen de actas constitutivas, revela informe de Familia Pasta de Conchos y Cereal

Del año 2000 a 2010 se entregaron más de 5 mil títulos de exploración por seis años

Patricia Muñoz Ríos

 

Periódico La Jornada
Martes 30 de julio de 2013, p. 39

De las más de 5 mil 80 concesiones mineras de exploración que se han otorgado en el país desde el año 2000 a la fecha, las empresas mineras sólo han pagado por concepto de derechos una cuota anual de 500 pesos por hectárea.

No obstante, este pago es por dicho monto siempre y cuando tengan una concesión con una superficie de 100 a 500 hectáreas. Sin embargo, si las mineras tienen una menor a las mencionadas, no paga nada, revela un informe de la Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

Indica que en materia de cumplimiento de obligaciones y derechos de los concesionarios, se encuentra unnivel de ineficacia y negligencia que supera, por mucho la imaginación, ya que hay un desfase de la información generada por el Sistema de Administración Tributaria para comprobar pago de derechos mineros; los concesionarios no informan a la Dirección General de Minas (DGM), ni ésta verifica que se sujeten a las normas oficiales de seguridad y equilibrio ecológico.

Muchos mineros adeudan pagos de obligaciones desde los años 90, casi la mitad de las empresas que presentan solicitudes de concesión otorgadas carecen de actas constitutivas que acrediten que son de capital mexicano.

En promedio, sólo una quinta parte de los productores realiza informes estadísticos sobre producción, beneficio y destino de minerales a la Secretaría de Energía, como es su obligación.

Según el análisis Secretaría de Economía y concesiones mineras, en el país se tienen registrados más de 25 mil titulos de 1931 a la fecha. De 2010 a lo que va de 2013, las concesiones suman más de 5 mil y se otorgaron por 50 años. Incluso, aunque en cientos de concesiones haya expirado el plazo de explotación, las mineras las continúan operando. Pone como ejemplo títulos de concesión que vencieron en 2004, en 1979 o 1973 y que las mineras siguen operando.

Es decir, los más de 25 mil títulos concesionados extrañamente siguen vigentes, lo que es cuestionado por la Familia Pasta de Conchos y el Cereal, que señalan que al menos los permisos elaborados en las décadas de los 30, 40, y 50 ya fenecieron y significa que a todas las empresas se los renovaron.

Pagan lo mismo por extraer oro que yeso o carbón

También pregunta si las empresas mineras han pagado sus derechos por exploración, ya que si tienen de 0 a 100 hectáreas no pagan cuota anual. Si tienen de 100 a 500 hectáreas el pago de derechos es de 500 pesos anuales. En el caso de los que tienen una superficie por explotar de 500 y hasta mil hectáreas es de mil 500 pesos anuales.

El cobro de derechos no está diferenciado por el tipo de mina, es decir, pagan lo mismo los concesionarios, “como si extraer yeso, plata, oro o carbón mineral se hiciera de la misma manera y tuvieran el mismo valor en el mercado y las empresas obtuvieran las mismas utilidades.

Del año 2000 a 2010 se entregaron más de 5 mil títulos de exploración por seis años, ya que las empresas hacen trampa que consiste en solicitar estas concesiones, que son de seis años y cuestan 500, 300 por ciento menos de derechos, y luego las cambian por los deexplotación, que son de 50 años y se ahorran una diferencia abismal de derechos.

El análisis detalla que la implementación de títulos de exploración con vigencia de 650 años sólo beneficia a concesionarios, lo cual no parece estar reglamentado por la manera en que la Secretaría de Economía otorga concesiones, y los informes que pide sobre reservas probables, extraíbles y la profundidad de las vetas no sirven para tener control sobre los recursos de la nación.

Los 3 mexicanos más ricos, con negocios en la minería

El pasado 16 de marzo, Aristegui Noticias publicó -con base en información de Forbes, Reuters e Indicador- que Carlos Slim, Alberto Bailleres y Germán Larrea son los mexicanos más acaudalados y los tres tienen empresas mineras, un sector con condiciones laborales precarias.

(Fotos: Cuartoscuro)

Redacción AN

Junio 6, 2013 9:32 am

Los empresarios Carlos Slim Helú, Alberto Bailleres González y Germán Larrea Mota Velasco no sólo son los hombres más ricos de México, sino que los tres tienen negocios en el sector minero, a través de sus empresas Minera Frisco, Peñoles y Grupo México, respectivamente.
En su edición de marzo 2013, la revista Forbes México presentó la lista de los 35 mexicanos con mayor riqueza en el país. A la cabeza de su ranking figuran Slim, Bailleres  y Larrea, con fortunas por encima de los 10 mil millones de dólares, lo que los diferencia del resto de millonarios mexicanos, cuyas fortunas están por debajo de ese monto.
En el caso de Slim, quien entre otros negocios posee la Minera Frisco, acumula una riqueza de 73 mil millones de dólares, lo que lo situó como el hombre más rico del mundo por cuarto año consecutivo en la lista que Forbes dio a conocer a finales de febrero pasado.
En ese listado también aparecieron Bailleres González y Larrea Mota Velasco, quienes incluso aumentaron su fortuna en el último año más de lo que lo hizo Slim.
De acuerdo con un reportaje de la agencia británica Reuters, publicado el 4 de marzo, mientras que la riqueza de Slim creció 6 por ciento, la de Bailleres (Grupo Peñoles) incrementó su fortuna 10.3 por ciento, para acumular 18 mil 200 millones de dólares.
Larrea Mota Velasco, al frente del Grupo México, también dedicado a la minería, posee la tercera mayor riqueza del país, valuada en 16 mil 700 millones de dólares. Entre 2012 y 2013, su fortuna creció casi 18 por ciento, reportaron Forbes y Reuters..
Condiciones de trabajadores mineros
Es significativo que los tres hombres más ricos del país estén vinculados a la minería, un sector que si bien ha crecido no tiene las mejores condiciones laborales para sus trabajadores, como documenta la consultora Indicador con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al segundo trimestre de 2012.
Según estos datos, hay 38 mil 309 trabajadores laborando en la minería, con una edad promedio de 35 años, aunque la edad mínima que se registra es de 13 años.
Por jornadas de hasta 14 horas al día, los trabajadores mineros reciben en promedio4 mil 561 pesos como salario mensual, lo que equivale a 26.10 pesos por hora.
Sin embargo, para aquéllos que no concluyeron la educación primaria –que representan el 77 por ciento de los trabajadores mineros- los salarios disminuyen a 4 mil 239 pesos. Además, hay uno por ciento que no recibe remuneración alguna por su trabajo.
Además de los bajos salarios, los trabajadores mineros enfrentan la desprotección social, ya que 47 por ciento de ellos no cuenta con seguridad social y hay 42 por ciento que no tiene ninguna prestación de salud.
Las cifras oficiales también dan cuenta de que 6 por ciento de los mineros son analfabetas y aunque la mayoría (38. 6 por ciento) trabaja en empresas de más de 51 empleados, la tercera parte se encuentra ocupada en empresas pequeñas, de menos de cinco trabajadores.
(Con información de  Forbes, Reuters y Consultora INDICADOR)

En Pasta de Conchos, “los muertos van a hablar”: obispo Raúl Vera

JUAN ALBERTO CEDILLO

17 DE MAYO DE 2013 · SIN COMENTARIOS
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El obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
Foto: Octavio Gómez

MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- El próximo rescate de los restos de los mineros de Pasta de Conchos evidenciará si Grupo México los dejó morir estando aún vivos y su grado de responsabilidad en la tragedia, aseguró hoy Raúl Vera López, obispo de Saltillo.

“Hay una situación que hasta ahora no se ha aclarado en el caso de la Mina Pasta de Conchos, que es el grado de responsabilidad que tiene la empresa del Grupo México en la muerte de los mineros”, dijo a apro el obispo.

Mencionó que “los muertos van hablar” ya que sus restos podría evidenciar que la empresa los dejó morir vivos. “Se tiene que vigilar y tener mucho cuidado de que no se muevan las evidencias. Exigimos desde ahora, que todo lo que evidencie el rescate, se les pida cuentas a los responsables”, enfatizó Vera López.

El obispo fue entrevistado al término de una conferencia magistral que ofreció a los alumnos de la Preparatoria Emilia Zapata, por el segundo año de su fundación.

Comentó que ahora que se impulsa el rescate se tiene que tener un gran cuidado de que no vayan a modificar y arreglar las cosas.

Aseguró que si los mineros murieron por la explosión en la mina, sus cuerpos tienen que estar en los frentes donde se sacaba el carbón. Sin embargo, “si se encuentran los restos todos juntos en una zona determinada evidenciará que los dejaron morir”, aseguró Raúl Vera.

“A nadie se ha consignado por los cientos de mineros muertos en la región carbonífera, y más en el caso de Minera México que tenía a sus obreros en condiciones desastrosas”, concluyó el obispo.

En días pasados Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el gobierno federal rescatará los 63 cadáveres de los mineros que permanecen sepultados en la mina Pasta de Conchos.

Garcías Cervantes contó que la PGR integró un equipo interdisciplinario junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emprender su recuperación. Estimó que el rescate podría costar “varios millones de dólares” y podría durar entre seis y doce meses.

La madrugada del 19 de enero de 2006 una explosión por presunta acumulación de gas metano en la mina provocó que 65 mineros quedaran atrapados en su interior.

Durante varias semanas se realizaron trabajos para rescatar a los mineros, ya que existían evidencias de que podrían estar atrapados en una zona.

Sin embargo, sólo dos cadáveres fueron recuperados antes de que Grupo México, propiedad de Germán Larrea, suspendieran definitivamente la recuperación de los restos.

Rescatarán los cadáveres de mineros atrapados en Pasta de Conchos

LA REDACCIÓN
14 DE MAYO DE 2013 · SIN COMENTARIOS
DESTACADO

Conmemoran 7 años de la tragedia en Pasta de Conchos.
Foto: Hugo Cruz

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Ricardo García Cervantes, subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el gobierno federal rescatará los 63 cadáveres de los mineros sepultados en Pasta de Conchos.

La PGR integró un equipo interdisciplinario junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emprender el rescate de los cuerpos.

Entrevistado por el periódico Reforma, García Cervantes estimó que el rescate podría costar “varios millones de dólares”, aunque no precisó la cantidad.

El rescate podría durar entre seis y doce meses, añadió.

El 19 de febrero de 2006 un total de 65 mineros fueron sepultados tras una explosión en Pasta de Conchos. Sólo dos de ellos fueron rescatados.

Las entrañas del país, saqueadas

El oro y la plata significan riqueza… pero sólo para unos cuantos empresarios mineros, no para México ni mucho menos para las comunidades de indios y campesinos a quienes se despoja impunemente. Desde 1993 la ley lo permite. Pero esta ley privilegia la extracción de minerales al costo de envenenar la tierra que podría haber servido para la agricultura y la ganadería. La voracidad de las compañías dedicadas a la minería –que no pagan regalías y apenas unas migajas de impuestos– pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y lleva la tensión social al límite.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La política minera asumida desde hace dos décadas por el Estado mexicano amenaza con provocar una confrontación social, un grave problema alimentario y, por sus proporciones, volverse un asunto de seguridad nacional.

Para dar continuidad a esa política, los cambios hechos a la Ley Minera en la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril –aunque el tema no estaba en agenda, la bancada del PRI lo metió de última hora– y que aún deben pasar por el Senado, no tomaron en cuenta a los pueblos indígenas ni al sector agrario, son inconstitucionales en tanto violan tratados internacionales, contravienen el Pacto por México y desdeñan una iniciativa que se estaba integrando en su Consejo Rector.

Esas son las conclusiones del titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, quien en los últimos meses ha podido constatar los estragos de las operaciones mineras en todo el país: Despojo y desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, empobrecimiento de las poblaciones donde la producción mineral es boyante y destrucción, en muchos casos irremediable, del ambiente.

Todo ello, agrega, ha sido facilitado por leyes laxas, actores políticos con intereses en el sector y un saqueo indiscriminado de recursos minerales por parte de empresas que pagan muy pocos impuestos y no dejan regalías.

Según el funcionario el riesgo de confrontación social es grave y en diferentes zonas del país ya se observan los reclamos de indígenas y campesinos afectados, mientras los consorcios mineros aumentan sus ganancias sin dar nada a cambio.

De acuerdo con el informe de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, las multinacionales mineras tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1% de sus ganancias.

Según cifras de Martínez Veloz, durante todo el periodo colonial se extrajeron en la Nueva España 190 toneladas de oro y 150 de plata; de 2000 a 2010 en México se extrajeron 420 toneladas de oro y 35 mil de plata.

El funcionario sostiene que México es el único país donde las mineras no pagan regalías y, en el caso de las extranjeras –que han proliferado en la última década–, ni siquiera pagan IVA porque facturan en sus países de origen.

“La cuestión es que si la minería produce empleos, propicia el desarrollo y tiene altos ingresos, ¿por qué las comunidades indígenas de las zonas mineras son las más pobres? El ejemplo es la Sierra Tarahumara”, plantea.

Señala que con la reforma, que impone 5% de pago por uso de suelo, se aprobó una ley que reduce un fenómeno complejo, con numerosas variables ambientales, sociales, políticas y jurídicas, a un asunto de un monto muy reducido de impuestos.

“Creo que hay muchos elementos para que pueda ser cuestionada en la Corte –opina Martínez Veloz–. Pero aquí la cuestión es: ¿Cuál es la prisa de aprobar una iniciativa a espaldas de los pueblos indígenas de México en un asunto tan delicado que puede generar confrontaciones de carácter social en diferentes partes del país?”

Desde la reforma a la Ley Minera de 1993, la entrega de la riqueza del subsuelo a las empresas deja números alarmantes: De los aproximadamente 200 millones de hectáreas del país, casi la mitad (unos 98 millones de hectáreas) se concesionaron a compañías mineras.

De acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por el comisionado y que están en la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2011 México tuvo una superficie sembrada de 22 millones de hectáreas. Ese es el último año reportado y también el de mayor siembra desde 1981.

Los mismos datos, actualizados a junio de 2012, establecen que la superficie agrícola y ganadera en México es de aproximadamente 106 millones de hectáreas.

En opinión de Martínez Veloz, si se considera que el resto del territorio nacional es no productivo, el contraste de la superficie agrícola con la minera es de alarmar: Quedan 7 millones de hectáreas para la producción alimentaria. De ahí que el comisionado prefiera dimensionar el problema en los siguientes términos: “No se ha concesionado la mitad del país sino casi la totalidad de la superficie productiva de México”.

A partir de 1993, cuando la minería se convirtió en actividad primaria, los números reflejaron un incremento gradual del territorio concesionado.

De 1993 a 2000 la superficie concesionada sumó más de 38 millones de hectáreas. Durante los 12 años de gobiernos panistas se concesionó una superficie superior a 56 millones de hectáreas, de las cuales más de 30 millones fueron repartidas durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Los señores Zedillo, Fox y especialmente Calderón tendrían que dar una explicación sobre la forma en que condujeron el sector y el grave daño que hicieron al país”, dice Martínez Veloz.