Ante un país en su mayoría silenciado y una obsecuente mayoría del Congreso de la Unión, el presidente Enrique Peña Nieto encabeza este lunes 11 la ceremonia de promulgación de las leyes que culminan la reforma energética emprendida por su gobierno, pero no necesariamente originada en México. El país da un giro radical de la mano de los designios de Estados Unidos. Una y otra vez, el actual mandatario y sus antecesores han negado la existencia de acuerdos previos con Washington y con las grandes compañías estadunidenses para dejar prácticamente en sus manos la riqueza petrolera nacional. Esos pactos, cristalizados ya en la forma de Acuerdos Transfronterizos sobre Hidrocarburos y reforzados con las nuevas leyes, irían mucho más lejos: según un informe del Senado estadunidense, “las reformas energéticas determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de Estados Unidos y América del Norte”.
El paquete de seis dictámenes de la reforma energética que se aprobó por ambas cámaras del Congreso mexicano fue planeado, diseñado y cabildeado desde la oficina de un poderoso senador estadunidense, el republicano Richard Lugar, quien el 21 de diciembre de 2012 pronosticó, en un extenso informe al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, presidido por John F. Kerry, que los Acuerdos Transfronterizos sobre Hidrocarburos (ATH) –para regular los yacimientos en el Golfo de México– se convertirán en el “Caballo de Troya” para permitir la apertura completa de las inversiones extranjeras en el sector.
En la parte medular de su informe de 33 cuartillas, el veterano senador por Indiana advirtió:
“Los Acuerdos Transfronterizos sobre Hidrocarburos (ATH) permitirán por primera vez a compañías petroleras internacionales que cotizan en Estados Unidos trabajar en asociación con Pemex, sin incluir contratos de servicio. Muchos observadores se muestran optimistas de que el ATH sea el metafórico ‘Caballo de Troya’ (equivalente del dicho en inglés camel’s nose under the tent; literalmente, la nariz del camello bajo la tienda), que pavimente el camino para una reforma más amplia en México.”
“No hay garantía de que ésta se dé”, escribió Lugar tres semanas después de que tomara posesión el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero le advirtió a la administración de Barack Obama que si Estados Unidos no aprobaba los ATH “podría frenar el impulso para una reforma energética doméstica en México”.
“Los ATH ayudan a demostrar que el patrimonio petrolero de México puede ser protegido bajo un régimen de producción conjunta con compañías de Estados Unidos. Algunos funcionarios de alto nivel (mexicanos) sugirieron que la aprobación de ATH podría ayudar a promover una reforma energética más amplia en México”, abundó.
El legislador estadunidense realizó una visita a México en octubre de 2012 y sostuvo reuniones en la embajada de su país con integrantes del equipo de transición de Peña Nieto y con dirigentes de las bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado, así como con empresarios, anotó el propio Lugar al inicio de su informe.
“Entre los funcionarios con los que se reunió estuvieron el futuro secretario de Hacienda, Luis Videgaray; el que se convertiría en director general de Pemex, Emilio Lozoya, y los coordinadores del PRI, PAN y PRD en ambas cámaras”, según confirmó la propia embajada de Estados Unidos.
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, no asistió al encuentro, pero en entrevista con Proceso rememora que desde antes de la llegada de Lugar los más insistentes en aprobar los acuerdos fueron los propios legisladores del PAN.
El gobierno de Felipe Calderón firmó en febrero de 2012 los ATH a través de la canciller Patricia Espinosa y su homóloga estadunidense Hillary Clinton. El Senado mexicano los ratificó y sólo faltaba la ratificación de la misma instancia norteamericana.
“Se reunieron con Lozoya, con Videgaray, a quienes llama Lugar en su informe ‘los interlocutores’. Ellos les dijeron que les había quedado un ‘amargo sabor de boca’ porque la reforma energética de 2008, durante el gobierno del PAN, había sido insuficiente por gradualista y ofrecieron hacer una reforma a fondo”, recuerda Monreal, quien relata este episodio en su libro Privatización del petróleo. El robo del siglo.
Durante el debate de las reformas energéticas, los senadores del PRD Dolores Padierna y Luis Sánchez insistieron varias veces en tribuna sobre los riesgos de estos acuerdos transfronterizos. La senadora del PRI Hilda Flores Escalera los defendió porque “las fronteras son divisiones impuestas por los hombres, que las formaciones geológicas no respetan” (Proceso 1969).
“Seguridad energética” para EU
Richard Lugar argumenta también ante la administración de Barack Obama que los ATH no sólo permitirán impulsar una reforma energética “más amplia” en México; también permitirán “que los barriles físicamente producidos sean asignados a las jurisdicciones legales de Estados Unidos y México, presumiblemente en proporción a la cantidad de reservas encontradas en sus respectivos lados de la frontera”.
En otras palabras, garantizarán que sean jueces estadunidenses, y no sólo los mexicanos, quienes decidan sobre los contratos petroleros, tal como quedó en las reformas aprobadas por el Congreso de México.
El punto central de los ATH es la creación de los contratos de “unitización” (unitization, en inglés). Gracias a éstos “las compañías autorizadas por Estados Unidos y Pemex explotarían conjuntamente las reservas de petróleo y gas que, según se ha detectado, se extienden a ambos lados de la frontera marítima”.
“En los hechos, estos acuerdos operarían de forma similar a los más conocidos Contratos de Producción Compartida (APC), en los que las compañías involucradas desarrollan conjuntamente un proyecto para distribuir los riesgos, dado que cada una de las exploraciones en aguas profundas costaría miles de millones de dólares.
“Dada la falta de experiencia de Pemex en aguas profundas, el resultado más probable es que las compañías petroleras internacionales autorizadas por Estados Unidos serían las que operarían los proyectos y utilizarían la infraestructura situada en el lado estadunidense de la frontera, que es más extenso que el de México cerca del área de operación. Sin embargo, a Estados Unidos le interesa que Pemex adquiera experiencia en la explotación de aguas profundas, con el fin de mejorar la integridad de potenciales proyectos operados por Pemex exclusivamente en territorio mexicano”, argumentó Lugar.
Para el senador republicano lo importante no era que los ATH garantizaran el incremento en el corto plazo de la producción doméstica de petróleo de Estados Unidos. El plan era otro: “las reformas energéticas determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de Estados Unidos y América del Norte”.
Lugar todavía admitió en su informe que “el entusiasmo popular y el orgullo nacional” en México dependen directamente de la industria del petróleo, así que “cruzar el territorio de la reforma del sector energético requiere el coraje político de parte de políticos mexicanos”.
Vienen por todo el territorio
En la parte medular del informe –denominado Petróleo, México y el Acuerdo Transfronterizo–, Lugar enumera las tres razones más importantes para impulsar los ATH. La primera es que se convertirán en una especie de “Caballo de Troya” para una reforma energética más profunda; las otras dos: garantizarán que las petroleras puedan invertir en todo el territorio mexicano y harán avanzar las relaciones entre México y Estados Unidos.
Así lo argumentó el congresista estadunidense:
“Segundo, sería improbable que las áreas fronterizas marinas del lado de Estados Unidos fueran explotadas sin los ATH, en tanto que un funcionario de Pemex externó el deseo de iniciar las exploraciones del lado mexicano de la frontera. Potenciales oponentes estadunidenses a los ATH pueden argumentar que dada la limitada capacidad de Pemex de explorar en aguas profundas, el efecto real de los ATH será la reducción de ventajas competitivas para las compañías petroleras internacionales.
“En otras palabras, el argumento de la oposición sostendría que Estados Unidos simplemente debería adelantarse con la exploración, dado que nuestras compañías tienen el capital y la tecnología para avanzar más rápidamente que Pemex. Estas críticas pasan por alto que, a largo plazo, las compañías petroleras internacionales tienen más interés en invertir dentro del territorio mexicano que en una estrecha franja a lo largo de la frontera marítima estadunidense.
“Por lo tanto, estas compañías no se arriesgarían a provocar el enojo del gobierno mexicano drenando potencialmente los recursos de México desde el territorio de Estados Unidos. Así, los intereses estadunidenses de una mayor y más segura producción petrolera doméstica a lo largo de la frontera quedan mejor cubiertos con los ATH.
“Finalmente, la aprobación de los ATH impulsarían las relaciones México-Estados Unidos en cuestiones energéticas, que tradicionalmente se han visto rezagadas. En conversaciones con los autores, los funcionarios mexicanos manifestaron en todos aspectos su apoyo a los ATH y su esperanza de que sean ratificados por Estados Unidos. El impacto político de no aprobar y poner en práctica los ATH podría hacer retroceder las relaciones México-Estados Unidos específicamente en materia energética, pero también en áreas más amplias.”
En tono de reproche y advertencia, el senador republicano también le recordó al gobierno de Obama y a los legisladores demócratas que no aprobar los acuerdos transfronterizos podría afectar otras áreas de las relaciones bilaterales.
“Cada uno de nuestros países tiene temas políticos domésticos candentes, que requieren del valor de los líderes políticos para enfrentarlos. En México el petróleo es uno de estos temas, y miembros tanto del PAN como del PRI han invertido todo su capital político para lograr la ratificación de los ATH. Por ello, el hecho de que Estados Unidos no cumpliera su parte del acuerdo sería una violación de la palabra empeñada y podría erosionar su confianza.
“En un caso extremo, aunque improbable, si México lleva a cabo sus reformas energéticas las compañías estadunidenses podrían ser excluidas de ciertas oportunidades hasta que los ATH sean ratificados. Sin embargo, los beneficios bilaterales de la aprobación del acuerdo no requieren de una discusión inmediata; el gobierno de Obama puede demostrar el compromiso de Estados Unidos al someter formalmente ante el Congreso los ATH para su aprobación y, así, poder iniciar las audiencias legislativas”, argumentó Lugar.
El caso hipotético no se dio. El acuerdo fue avalado por el Senado de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2013, en las mismas fechas en que en el Congreso mexicano se aprobaban las reformas constitucionales.
La sincronía entre las negociaciones de los ATH y la agenda legislativa fue sorprendente. El subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Sergio Alcocer, intercambió las últimas notas diplomáticas con Estados Unidos la semana de la discusión en el Senado de los cuatro dictámenes de la reforma energética.
El 18 de julio último, cuando la mayoría del PAN, PRI y Partido Verde aprobaban en esa instancia la nueva Ley de Hidrocarburos que legaliza el nuevo modelo de contratos con empresas privadas nacionales y extranjeras, los acuerdos transfronterizos entraron en vigor.
Los 140 bloques en el Golfo de México
De acuerdo con información de Pemex, en el área que abarcan los yacimientos transfronterizos se incluyen 140 bloques marítimos, de los cuales 23 ya están concesionados a grandes empresas estadunidenses como Exxon Mobil, Chevron, Concoco Phillips, Shell y decenas de pequeñas compañías de Texas.
Otro documento, elaborado en septiembre de 2012 y dirigido a los inversionistas petroleros estadunidenses, advierte que las reservas más importantes de México se encuentran precisamente en las aguas profundas del golfo (26.6 mil millones de barriles de petróleo); en segundo lugar, las entidades del sureste (20.1 mil millones); y en tercer sitio de importancia la Cuenca de Burgos, con 2.9 mil millones de barriles de reserva.
Estas cifras se basan en un informe de Pemex que sirvieron para elaborar Strategic FP&A in the Oil and Gas Industry. The Mexico Case, cuya copia obtuvo Proceso.
El último “logro” de las negociaciones entre México y Estados Unidos en los yacimientos transfronterizos fue disminuir de 50% a 20% el mínimo de participación de Pemex y la obligación de ambas partes de compartir la información privilegiada sobre los yacimientos.
Compartir información considerada de seguridad nacional para México, también fue una recomendación de Richard Lugar:
“Los ATH requieren además compartir los datos y notificar las reservas probables entre Estados Unidos y México, abriendo la oportunidad de una mayor colaboración de gobierno a gobierno en cuestión de política energética.”
