El PRI privatiza nuestra agua ¿hasta dónde quieren llegar?

Peña Nieto decreta que 300 cuencas serán utilizadas por empresas privadas por los próximos 50 años

“Enrique Peña Nieto dio luz verde a la concesión de permisos en 300 cuencas del país, que concentran 55 por ciento de las aguas de lagos y ríos del territorio nacional. Los permisos se levantaron con los decretos de reservas de agua que fueron publicados hace 10 días por el gobierno federal. Esto significa que el vital líquido ha sido concesionado por los próximos 50 años para ser utilizado por la industria minera, el fracking, la extracción de hidrocarburos, industria inmobiliaria o turística, pues la mayoría de las cuencas concesionadas están ubicadas en los sitios en donde se llevan a acabo esas actividades”, informó La Jornada.

De acuerdo con los permisos firmados, se favorece el “uso doméstico y público urbano” del recurso natural para que los gobiernos locales que tienen concesionado el uso de agua potable, hagan cesiones a la iniciativa privada, como ya está autorizado en lugares como Veracruz, Puebla y Saltillo.

“Muchos centros agrícolas están en riesgo de perder sus permisos y ya preparan amparos, según datos de los expertos en la coalición Agua para Todos. A pesar de que académicos, legisladores y diversas organizaciones se manifestaron en oposición a estas concesiones y evitaron que durante esta administración la iniciativa oficial de la Ley General de Aguas saliera adelante, con los decretos publicados en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, las limitaciones que estaban vigentes se eliminaron por varias décadas, y permite la asignación de grandes volúmenes a las comisiones locales del agua, varias de ellas que ya se encuentran en control privado, como puede verse en los diferentes documentos analizados por un grupo de expertos de la UNAM e integrantes de la coalición ya citada”.

Los decretos que ya fueron levantados para las restricciones sobre el agua, dan concesiones en 40% de las cuencas (300) de las 756 del país, que se localizan en 20 estados, esto representa el 55 por ciento del volumen superficial según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que explicó que la reserva es una cantidad de agua destinada para la protección de la naturaleza y el consumo humano.

La WWF explicó que participó junto con la Comisión Nacional del Agua en definir el agua que se necesita para lograr la conservación de la flora y la fauna de una cuenca, así como el agua que es necesaria para la población durante los siguientes 50 años, “respetando sus usos para actividades productivas actuales y aquellas que se habrán de desarrollar en el futuro”.

Pedro Moctezuma, uno de los autores de los análisis, pone como ejemplo que “en las cuencas de Actopan y la Antigua, el decreto menciona que además del uso doméstico y público, se permite también la “modernización de los servicios del líquido”, que sería ejecutado por Odebrecht y Aguas de Barcelona”.

Estos acuerdos dan al traste con las restricciones sobre el agua en la país, en esta situación hay al menos 50 mil permisos, con documentación caduca, pues muchos centros agrícolas tienen dotaciones de agua por decreto presidencial, figura que cambió con la Ley de Aguas Nacionales y que no fue renovada.

En conclusión, lo que autorizó el presidente Enrique Peña Nieto con la aprobación de estos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en las 300 cuencas ya mencionadas con el argumento de que serán utilizadas para hacer reservas de agua para áreas naturales protegidas y para la naturaleza durante los próximos 50 años, informó el mismo medio.

“Van a incendiar el campo” con la reforma energética, alertan izquierdas

JENARO VILLAMIL
12 DE JUNIO DE 2014 
DESTACADO

Bartlett y Barbosa en el Senado. Foto: Octavio Gómez

MEXICO, D.F. (apro).- Después de más de 15 horas de sesiones, los integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera del Senado concluyeron el análisis y la discusión, en lo general, del primer paquete de reformas energéticas que tiene como eje la Ley de Hidrocarburos, criticada insistentemente por los legisladores de PRD y PT, en medio de tibias defensas, el silencio y una ausencia de debate por parte de PRI, PAN y PVEM.

Al culminar la sesión de este jueves 12, por 12 votos a favor y tres en contra, los senadores modificaron el calendario de las sesiones para que este viernes 13 se reanude la sesión a las 14:00 horas, después del partido de la selección mexicana frente a Camerún, y también acordaron sesionar el sábado y domingo, con el fin de entrar a la discusión en lo particular.

Las izquierdas coincidieron en que este primer paquete –Ley de Hidrocarburos, Ley Minera, Ley de Inversión Extranjera y Ley de Asociaciones Públicos Privadas– legaliza el despojo en el campo mexicano, beneficia en todo a los contratistas privados y desmantelará a Pemex como la principal industria energética del país.

En contraparte, los priistas insistieron en que esta reforma “garantiza la seguridad energética del país”, mientras que los panistas, reticentes a quedarse en la sesión, sólo argumentaron que no habría despojo de tierras y que, por el contrario, se garantizaría el desarrollo de “los dueños de la tierra”.

“Van a incendiar el campo, porque a la pobreza se suma el abandono, la ausencia del Estado, la presencia del crimen organizado, la trata y el tráfico de personas, el abuso de migrantes, la violación de derechos humanos y el surgimiento de guardias blancas, a todo ellos se suma ahora el despojo de sus tierras”, sentenció Alejandro Encinas, del PRD.

Encinas argumentó también que, con el nuevo esquema contractual, más de 300 mil kilómetros de ductos de Pemex en el país pasarían a manos de los particulares, afectando la infraestructura nacional.

A su vez, el senador y coordinador del PT, Manuel Bartlett, en una extensa exposición subrayó que con la Ley de Hidrocarburos “no se fortalece a Pemex, se le destruye” y, al otorgarle carácter de “orden público” a la industria petrolera, se dará lo que quieran y necesiten las empresas extranjeras del país.

En sintonía con lo expuesto por Encinas y otros legisladores del PRD, Bartlett advirtió que esta ley permitirá “someter todas las tierras del país” al interés de las empresas petroleras.

Irónico, afirmó que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ya se “adelantó” a la ley y mandó a detener y perseguir a dirigentes de comuneros que defienden sus tierras.

Ante la reticencia de priistas y panistas a debatir, Bartlett en varias ocasiones se dirigió al dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, presente por momentos en la sesión, para argumentar que los derechos laborales de los trabajadores de la paraestatal “van a ser masacrados”.

“Dígaselos usted a sus trabajadores, senador Romero Deschamps”, lo incitó Bartlett. El senador priista sólo sostuvo la mirada en el vacío y evadió participar en la discusión.

La senadora Dolores Padierna, del PRD, hizo uso de la palabra en varias ocasiones para asegurar y aportar datos sobre cómo la Ley de Hidrocarburos dejará a Pemex en desventaja frente a las empresas privadas y se generará un impacto negativo en las finanzas públicas.

También denunció que el modelo de contratos que se establece son concesiones, en violación a lo establecido en la Constitución.

“Los contratos que están estipulándose en la Ley de Hidrocarburos se refieren a la recuperación de costos, pero la Constitución estableció que los contratos sean para que el Estado tenga los mayores ingresos, no para que pierda ingresos, y con este tipo de contratos se están perdiendo”, acusó la vicecoordinadora perredista.

“Hay otro concepto fundamental que dimensiona el tamaño de la privatización, que es el valor contractual de los hidrocarburos. El valor contractual es el producto de multiplicar el volumen producido por el precio del hidrocarburo. Es una renta extraordinaria. Pemex, en 2013, facturó 135 mil millones de dólares. Este es el tamaño de lo que está de por medio en esta Ley de Hidrocarburos”, indicó Padierna.

El senador Manuel Camacho hizo un recuento de las “decisiones políticas” adoptadas por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto: primero, se dijo que no habría reforma a los artículos 27 y 28, y la hubo y se eludió el debate; la meta de producción que se establece para 2018 es inalcanzable, y además existe un conflicto fiscal no resuelto porque “para que los inversionistas extranjeros vengan, es necesario un régimen menos duro que el de Pemex. Si eso ocurre, quién, cómo y cuándo compensará los ingresos fiscales declinantes”.

A las dudas y críticas de los legisladores de las izquierdas, ni priistas ni panistas quisieron entrar al detalle y confrontar posiciones para “no dilatar el debate”.

El panista Salvador Vega Casillas, de entrada, rechazó cualquier pregunta y advirtió que su partido “de ninguna manera irá con una ley que solamente les pague a los propietarios de las tierras, a los campesinos o a los ganaderos el daño que se cause por la ocupación temporal”.

Vega Casillas afirmó que los dueños de la tierra “tienen todo el derecho de recibir el pago por la afectación que realicen de obtener ingresos adicionales, así como de obtener un pago justo que sea verdaderamente un motor para que sean ellos, los campesinos, los más interesados en que se explore y explote la riqueza natural de sus tierras”.

Optimista, agregó que la vida de los campesinos “cambiará para siempre” porque “debemos buscar que los beneficios de esta reforma se derramen entre la gente del campo, los ganaderos y los propietarios”.
El perredista Luis Sánchez lo desmintió señalando que el paquete de legislación secundaria ni siquiera retoma las relaciones modernas entre propietarios de la tierra y compañías petroleras en países como Noruega o Canadá, que han sido mencionados como modelos.