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viernes, 9 de diciembre de 2016

López Obrador, por el regreso de los militares a los cuarteles

Nada se resuelve con el uso de soldados y marinos, afirma
El mejor camino para enfrentar la violencia es mejorar la economía
Foto
Andrés Manuel López Obrador, en asamblea informativa en Ciudad Cuauhtémoc, CoahuilaFoto La Jornada
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de diciembre de 2016, p. 5
Guerrero, Coah.
Andrés Manuel López Obrador le tomó la palabra al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, acerca de que los militares regresen a los cuarteles, porque están desgastados tras 10 años de lucha contra la inseguridad y la violencia en el país.
No se debe continuar con la política coercitiva, porque no se resuelve nada con el uso del Ejército, de la Marina, de las policías, con cárceles, amenazas de mano dura y con leyes más severas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia; para enfrentar lo que está mal hay que hacer bien, dijo el tabasqueño al iniciar una gira de cuatro días por municipios de Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Se debe entender que la paz y la tranquilidad son producto de la justicia, y el mejor camino para enfrentar la inseguridad y la violencia es reactivar la economía de México, apoyar al campo, crear empleos, atender a los jóvenes y garantizar el bienestar del pueblo, expresó en Guerrero, Coahuila.
Antes, López Obrador expuso que en vez de atender las causas del problema de la inseguridad y la violencia, Felipe Calderón, como no ganó en las urnas, quiso legitimarse con actos autoritarios. Al día de hoy esa política equivocada ha causado un millón de víctimas de la violencia, porque han perdido la vida miles de mexicanos y han sido afectados muchos, sobre todo familiares: un millón de víctimas de la violencia en 10 años.
En este municipio fronterizo, el dirigente de Morena manifestó el apoyo de su partido a los mexicanos migrantes Dijo que no están solos y siempre defenderán los derechos que tienen los seres humanos de cualquier país a buscarse la vida, al trabajo, al progreso y al bienestar.
Si hubiese una agresión, una deportación masiva, si se afectara nuestra soberanía, estaríamos aquí en la frontera defendiendo a los mexicanos. No es un asunto de que un gobierno extranjero va a imponerse y nosotros vamos a quedarnos con los brazos cruzados, nunca. México no es una colonia, no es un protectorado, es un país independiente y soberano, sostuvo.

jueves, 21 de abril de 2016

61 mil 018 asesinatos durante gobierno de EPN, según cifras oficiales

En promedio, en el primer trimestre del año, cada día se cometieron 53 asesinatos en la República.



61 mil 18 asesinatos se han cometido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto -de diciembre 2012 a marzo 2016-, según las cifras oficiales delSecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tan sólo de enero a marzo de este año se cometieron casi 5 mil homicidios dolosos: mil 551 en enero, mil 611 en febrero y mil 725 en marzo, lo que arroja un total de 4 mil 887, un promedio de más de 53 asesinatos por día. 
Los estados donde más asesinatos se han cometido en los primeros tres meses del año son: el Estado de México (544); Guerrero (514); Jalisco (310); Baja California (273); y Michoacán (269).
El Estado de México también ocupa el primer lugar en secuestros, pues fueron denunciados 65, de los 307 casos reportados de enero a marzo. En segundo lugar de plagios está Tamaulipas, con 56.
Aquí las cifras completas, que detallan homicidios, secuestros y extorsiones en el primer trimestre del 2016:


martes, 29 de marzo de 2016

La “fatídica decisión” de utilizar a militares contra el narco desencadenó violencia” en México: The Lancet

Violencia sin control 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La “epidemia de violencia” en muchas partes de México inició con la “fatídica decisión” del gobierno del expresidente Felipe Calderón de utilizar a militares en zonas civiles para combatir a los narcotraficantes, destaca un informe publicado en la última edición de la revista británica ‘The Lancet’.
“El aumento de los homicidios en México desde 2006 prácticamente no tiene precedentes en un país que no está formalmente en guerra”, apunta el estudio en el que participó una comisión internacional de expertos coordinado por la publicación y la universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.
El incremento en los asesinatos es tan grande en algunas partes de México “que ha contribuido a una reducción de la esperanza de vida proyectada del país”, precisa.
Y menciona que los análisis consultados destacan que de 2008 a 2010 en el estado de Chihuahua, uno de los más afectados por la violencia de la droga, la esperanza de vida para los hombres cayó en un promedio de cinco años.
Según la comisión de expertos, el aumento de los homicidios registrado en México a partir de 2006 resulta “muy significativo y notable”, sobre todo porque ningún otro país en América Latina, ni en el mundo, tuvo un “rápido incremento de la mortalidad en tan poco tiempo”.
Incluso algunos expertos hablaron de una relación entre la violencia de las drogas y el aumento de los feminicidios en México y América Central.
De acuerdo con la comisión internacional de expertos, las políticas prohibicionista de las drogas impuestas por distintos gobiernos, entre ellos el de México, “han contribuido directa e indirectamente a la violencia letal, la transmisión de enfermedades contagiosas, la discriminación, el desplazamiento forzado”, además de ser “nocivas” para la salud pública y los derechos humanos.
“La persecución de la prohibición de las drogas ha generado una economía paralela dirigida por redes criminales. Estas redes que recurren a la violencia para proteger sus mercados, y la policía y a veces las fuerzas militares o paramilitares que les persiguen, contribuyen a la violencia y la inseguridad en las comunidades afectadas por el tránsito de drogas y las ventas”.
La comisión señala que los “niveles intolerables de violencia, inseguridad y corrupción han dado lugar a desplazamientos masivos en México y América Central, con niveles similares a los documentados en zonas de guerra”.
Añade: “Las personas desplazadas, incluidos los niños, son característicos de una situación jurídica incierta y la escasez de servicios. Según una estimación, aproximadamente el 2% de la población de México, alrededor de 1.65 millones de personas, fueron desplazadas debido a la violencia o el riesgo de violencia entre 2006 y 2011 (durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa)”.
El documento explica que gran parte de la violencia relacionada con el tráfico de las drogas surge de los esfuerzos de los grupos criminales para proteger sus mercados ilícitos.
Y menciona que algunos expertos en la materia han sugerido que las operaciones policiales pueden dar lugar a importantes aumentos en la violencia cuando el desmantelamiento de una red criminal conduce a sus grupos rivales a intentar ocupar el territorio del grupo debilitado.
“México y Centro y Suramérica han resistido una enorme carga de la violencia relacionada con las drogas”, dice el informe, y resalta que como en las guerras convencionales, las redes criminales que dominan el tráfico de drogas en Centroamérica han usado la violación para defender sus territorios y rutas.
“Las violaciones brutales y el asesinato de mujeres son utilizadas para aterrorizar a las comunidades y a las bandas rivales”, puntualiza.
Precisa, de igual manera, que aunque no todo el aumento de los homicidios se puede atribuir a la violencia relacionada con las drogas, gran parte sí lo es.
“Una estimación sugiere que las muertes relacionadas con la guerra de las drogas hizo que la tasa nacional de homicidios subiera a una de 11 casos por cada 100 mil habitantes, lo que resulta en una tasa global de más de 80 casos por 100 habitantes en lugares muy afectados; la tasa de 11 homicidios por cada 100 mil personas es 2.5 veces el total de homicidios tasa en Estados Unidos de 2014”.
El reporte menciona que los expertos también han sugerido que el impacto de la guerra contra las drogas a la mortalidad es más difícil de cuantificar debido a los métodos usados por las pandillas, tales como decapitación y desmembramiento, las ejecuciones de grupo, y las fosas comunes.
A pesar de que los homicidios han bajado desde 2012, se ha registrado una tendencia al alza hasta 2014. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esta tendencia sigue hasta febrero de 2016, cuando los casos de homicidio doloso fueron mayores a los registrados en enero y a finales de diciembre del año pasado, detalla.
Subraya que los homicidios tipo ejecución están claramente destinados a aterrorizar a la población.
“Vivir con el miedo de la violencia extrema es perjudicial para el funcionamiento normal de los servicios sociales y de salud, educación, y la participación ciudadana. La penetración de todos los aspectos de la sociedad por las organizaciones de tráfico de drogas en México, Colombia y varios países de América Central puede corromper todo, desde las elecciones hasta los servicios locales y los equipos de deportivos”, agrega.
El informe revela además que las leyes contra las drogas se han aplicado de manera “discriminatoria” contra minorías raciales y étnicas y contra mujeres, lo que ha socavado los derechos humanos.

miércoles, 1 de abril de 2015

La “guerra” contra el narco es una de las manifestaciones más perversas de la ultra derecha

La “guerra” contra el narco es una de las manifestaciones más perversas de la ultra derecha (CALDERÓN ES PROTAGONISTA DEL INICIO DE ESTA GUERRA)
La nefasta “guerra” de Felipe Calderón contra los cárteles del narcotráfico sigue manifestándose con un dramatismo creciente. Así lo patentiza el repunte del secuestro de migrantes, delito que no existía hace tres décadas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2013 se reportaron 62 denuncias relativas a dicho delito, mientras un año después la cifra se elevó a 682 casos. El Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), considera que esta modalidad delictiva deriva de la escisión de los grandes cárteles, los cuales recurren al secuestro y la extorsión de migrantes para compensar las pérdidas que sufren por la desorganización del mercado de estupefacientes.
 Dicho fenómeno, aunado al aumento de la pobreza en el país y en América Central, ha dado por resultado que la ola migratoria siga en aumento, a pesar del incremento de medidas contra migrantes indocumentados implementadas por el gobierno estadounidense. La gran mayoría de los migrantes afectados por los delincuentes son de países centroamericanos, lo que hace pensar que a la par de los cárteles se encuentran organizaciones controladas por agencias del país vecino, en coordinación sin duda con agentes migratorios nacionales, para amedrentar a los migrantes que no temen exponer su vida con tal de llegar a Estados Unidos.
Sin embargo, por más acciones que pongan en marcha los gobiernos de México y Estados Unidos, para tratar de minimizar el trasiego de migrantes indocumentados, el problema seguirá incrementándose, por la sencilla razón de que quienes se ven obligados a emprender una aventura tan riesgosa no tienen nada que perder. Se trata de un fenómeno social producto del neoliberalismo, que sólo podrá erradicarse en la medida que dicho modelo pase a la historia y haya verdadero crecimiento y desarrollo en América Latina, particularmente en las naciones más afectadas, como México y las que conforman América Central.
La “guerra” contra el narcotráfico  es una de las manifestaciones más hipócritas y perversas de la ultra derecha. Obviamente, no se avanzó un milímetro en el objetivo central del régimen de Calderón, pero en cambio se agravó la violencia como nunca antes, la descomposición del tejido social tomó características jamás vistas, y lo peor, se desmembraron los cárteles que tenían el control no sólo del mercado y el trasiego de estupefacientes, sino que con ello surgieron miles de células formadas por delincuentes comunes, sin ningún conocimiento del trasiego de drogas ilícitas, cuya única finalidad es enriquecerse de la noche a la mañana.
Todo se complicó en el país cuando Calderón ordenó la “guerra” contra los cárteles que tenían pleno control del trasiego, contaban con amplio apoyo social y sus dirigentes eran los más interesados en mantener la paz social en sus regiones. Sucedió lo mismo que en una región de Australia, cuando los ganaderos decidieron acabar con los coyotes para mayor seguridad de sus reses. En pocos meses la zona se llenó de liebres que acabaron con las cosechas en los campos y el mal fue mucho mayor. Los cárteles, con ser un mal social, no lo eran tanto como las células delictivas de la actualidad, que han convertido el problema en una crisis social que parece incontrolable.
Sin duda lo es, al igual que el problema de la corrupción y el de los migrantes que arriesgan su vida sin temor a sufrir lo que sea; y lo seguirá siendo mientras no se corrijan las causas de fondo de ambos flagelos, las cuales tienen su origen en un modelo económico que tiene grandes semejanzas con el fascismo, en cuanto que está estructurado para concentrar la riqueza en la cúpula de la pirámide social. Por ello es un factor imprescindible minimizar las instituciones de carácter democrático, y fortalecer aquellas que ofrecen mayores posibilidades de lograr el gran objetivo de concentrar la riqueza con una orientación monopólica.
No es fortuito entonces que repunte el secuestro de migrantes, que las injusticias sociales se recrudezcan de manera cada vez más dramática, que la pobreza se generalice al igual que la polarización social. Sin embargo, como quienes tienen el control del sistema político y de la economía, lo que les sobra es el dinero y también cuentan con fuero e inmunidad, no tienen empacho en gastar lo que sea para que la gente común tenga la percepción de que todo va muy bien el país.

sábado, 31 de agosto de 2013

Van 12 mil 595 homicidios dolosos en gestión de Peña: SNSP


Militares resguardan la escena de un asesinato en Monterrey, Nuevo León. Foto: Víctor Hugo Valdivia
Militares resguardan la escena de un asesinato en Monterrey, Nuevo León.
Foto: Víctor Hugo Valdivia
MEXICO, D.F. (apro).- En los nueve meses que lleva la gestión de Enrique Peña Nieto se han cometido unos 12 mil 595 homicidios dolosos, reveló este viernes el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
De acuerdo con el SNSP, hasta julio se contabilizaron 10 mil 899 muertes en hechos vinculados a la delincuencia organizada que, sumadas a los mil 696 de diciembre pasado dan un total de 12 mil 595.
La instancia federal destacó en un boletín que abril fue el mes con más homicidios dolosos, con mil 649.
Pero no es todo, pues de diciembre de 2012 a julio pasado se cometieron mil 32 secuestros, 5 mil 242 extorsiones, 37 mil 374 robos de vehículos con violencia y 90 mil 202 robos de vehículos sin violencia.
Asimismo, durante julio unas mil 71 personas, presuntamente responsables de hechos ilícitos vinculados a delitos federales, fueron puestas a disposición de una autoridad ministerial.
En cuanto a aseguramientos, se informó que se incautó un total de 81 mil 438 kilogramos de drogas, entre las que destacan mariguana y cocaína.
Además, en el mes julio se desmantelaron 12 ‘narcolaboratorios’.
También fueron recuperaos 6 millones 533 mil 668 pesos y 3 millones 574 mil 113 dólares; 865 vehículos, 71 mil 260 litros de combustible, 982 armas, 253 mil 464 cartuchos y cargadores, así como 346 equipos de computo y comunicación.

martes, 30 de julio de 2013

Más de 121 mil muertos, el saldo de la narcoguerra de Calderón: Inegi


La escena de un asesinato en Ciudad Juárez en junio de 2012. Foto: Ricardo Ruíz
La escena de un asesinato en Ciudad Juárez en junio de 2012.
Foto: Ricardo Ruíz
MÉXICO, D.F. (apro).- La guerra contra el crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón dejó un saldo de 121 mil 683 muertes violentas, según datos dados a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Estas cifras se desprenden de los registros administrativos generados por cada entidad federativa, básicamente de defunciones accidentales y violentas.
Los reportes contienen registros de 4 mil 700 oficialías del Registro Civil y mil 107 agencias del Ministerio Público que mensualmente proporcionan información al Inegi.
De acuerdo con el informe, durante el primer año de gobierno del panista Calderón Hinojosa, cuando declaró la guerra contra el narco, la cifra de homicidios fue de 8 mil 867, menor a la registrada durante 2006, último año de gobierno del su antecesor, Vicente Fox Quesada, que fue de 10 mil 452 homicidios.
Sin embargo, a partir del segundo año de gobierno de Calderón, el número de muertes violentas fue en ascenso hasta alcanzar su punto máximo en 2011.
En 2008 se registraron 14 mil seis homicidios y, para 2009, la cifra se elevó a 19 mil 803; luego, en 2010, aumentó a 25 mil 757, y en 2011 subió a 27 mil 213 homicidios dolosos.
Para 2012, año de cambio de gobierno federal, hubo una leve disminución en el número de homicidios, pues se reportaron 26 mil 37.
En suma, de 2007 a 2012 el número de muertes violentas alcanzó los 121 mil 683 homicidios, de acuerdo con cifras oficialmente reconocidas.
Las entidades que reflejaron un incremento constante en el número de homicidios durante la anterior administración federal panista fueron: Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas.
Durante 2012, el último año de gobierno de Calderón, Chihuahua y Guerrero fueron las entidades con el índice más alto de muertes violentas al registrar 77 homicidios por cada 100 mil habitantes durante ese año.
Ese mismo año las entidades con el menor número de homicidios por cada 100 mil habitantes fueron Aguascalientes y Yucatán, con un índice de cuatro y dos, respectivamente.
Chihuahua exhibió un descenso de 30% en el número de homicidios respecto de 2011.
Del total de personas que murieron en 2012, 23 mil 40 eran hombres, dos mil 772 mujeres, y 223 aparecen en la estadística como “no identificados”.
Según los datos del Inegi, las causas de muerte violenta más comunes durante ese año fueron: agresión con disparo de armas de fuego y armas no especificadas, 16 mil 491; agresión con objeto cortante, 3 mil 400.
Además, agresión letal por medios no especificados, 3 mil 223, y ataque por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, mil 592.

sábado, 1 de junio de 2013

Único testigo del levantón de tepiteños “ilocalizable”: PGJDF

Tras la pista de los jóvenes desaparecidos en la Zona Rosa. Foto: AP / Marco Ugarte

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sigue sin tener pistas del paradero de los 11 tepiteños que presuntamente fueron secuestrados la madrugada del pasado domingo 26 al salir del antro After Heaven, en la Zona Rosa.
Por lo pronto, sigue la línea de investigación del narcomenudeo, a partir de que dos de las personas desaparecidas, Jerzy Esli Ortiz Ponce, de 16 años, y Said Sánchez, de 19, son hijos de Jorge Ortiz Reyes El Tanque, y Alejandro Sánchez Zamudio El Papis, respectivamente, quienes están en la cárcel por su participación en una organización delictiva dedicada a la extorsión y el narcomenudeo en Tepito, que operó entre 1998 y 2003.
Además, el Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestros ordenó la búsqueda de Ernesto Espinosa Lobo, presunto dueño del bar After Heaven para que rinda su declaración en torno a la desaparición de los jóvenes secuestrados el domingo pasado.
La Procuraduría capitalina también indaga la posible relación entre esta persona con el bar Black, donde la semana pasada fue asesinado un hombre que portaba grapas de cocaína.
Espinosa Lobo se acreditó como responsable del After Heaven en 2011 durante un operativo que ejecutó el Instituto de Verificación Administrativa del DF (Invea), que concluyó con la clausura del lugar.
Desde mayo de 2012 funcionaba con un amparo contra la clausura. Según el Invea, desde entonces mantiene un juicio para revertir el fallo y hacer valer su autoridad.
La noche del miércoles, la Policía de Investigación de la PGJDF revisó las cámaras de seguridad del C4 (centro de videovigilancia) y de diversos establecimientos ubicados en las inmediaciones del After Heaven, también conocido como Mamá Grande, Ámsterdam, o Bicentenario.
Edmundo Garrido, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, afirmó que durante el cateo realizado al After Heaven, en la Zona Rosa, peritos encontraron “sustancias” que son analizadas para saber si se trata de drogas. También, dijo, se analizan las huellas dactilares halladas en el lugar.
Afirmó que el único testigo que rindió testimonio sobre el secuestro de los jóvenes tepiteños está “ilocalizable” para rendir su declaración ministerial.
El funcionario insistió en que la averiguación previa iniciada es por desaparición y no por secuestro. Calificó el hecho como “atípico” para la ciudad y rechazó que esté ligado al crimen organizado aunque reconoció que sí se investigan los antecedentes penales de los jóvenes desaparecidos en Plataforma México.
A la lista de 11 desaparecidos, entre ellos un menor de edad, se sumó la de otra joven de 25 años llamada Gabriela Ruiz Martínez, de quien no se sabe nada desde el domingo pasado y, se presume, podría haber sido secuestrada junto con los otros.
Su madre, Mercedes Martínez, acudió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a denunciar su desaparición, luego de que dejara de contestarle el teléfono desde el domingo pasado y tras obtener por medio de una amiga de su hija, una fotografía tomada en el lugar que comprueba que estuvo en el After Heaven.
Piden intervención de la PGR
Por la tarde, familiares de los desaparecidos se reunieron con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitarle su intervención en el caso.
En la sede de la dependencia, fueron atendidos por Iliana García, coordinadora de Políticas Públicas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Al salir de la reunión, Eugenia Ponce, tía de Jerzy Ortiz, comentó que la PGR les sugirió “levantar una nueva denuncia” ante un Ministerio Público federal para que pueda coadyuvar con la procuraduría capitalina en la investigación del caso.
“Se solicitará la atracción del caso por lo que tenemos que hacer un nuevo proceso”, dijo.
Leticia Moreno Urrieta, abuela del menor de 16 años, dijo por su parte que la PGR les confirmó que no realizó operativo alguno en el bar de la Zona Rosa
Leticia Ponce, esposa de El Tanque, pidió no criminalizar a su hijo, ya que no tiene nada que ver con su padre.
“Si nos hubieran querido hacer algo, lo hubieran hecho desde que lo metieron a la cárcel”, dijo al tiempo que reiteró su exigencia a las autoridades para que muestren los videos de las cámaras de videovigilancia, colocadas en las inmediaciones de la Zona Rosa. “No sé a quién están encubriendo, hay 19 cámaras”, reprochó.
Después, los familiares de los desaparecidos se dirigieron a la PGJDF, donde fueron recibidos por Ríos Garza para informarles sobre los avances de las investigaciones.
De forma paralela, familiares y amigos de los 12 jóvenes desaparecidos, bloquearon nuevamente Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte, para exigir que se muestren las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y que los jóvenes sean devueltos con vida.
Un centenar de inconformes bloquearon primero el Eje 1 Norte a la altura de Jesús Carranza, después caminaron hacia Paseo de la Reforma, donde cerraron la vialidad por varios minutos.
Además, señalaron que realizarán un plantón hasta que los jóvenes aparezcan, aunque no especificaron el lugar.

miércoles, 29 de mayo de 2013

El asesor Naranjo contradice a Peña: la guerra contra el narco es cosa del pasado…

Óscar Naranjo, asesor en materia de narcotráfico de Enrique Peña Nieto. Foto: Eduardo Miranda

En una declaración que contradice la naturaleza belicista del reciente despliegue militar en Michoacán, el general colombiano Óscar Naranjo, asesor del presidente Peña Nieto, sostiene que la guerra contra el narcotráfico y su lógica de muerte son parte del pasado. En entrevista exclusiva con Proceso, afirma que el mandatario busca un paradigma que privilegie el respeto a los derechos humanos y asegura que los homicidios ligados al crimen organizado han disminuido.
BOGOTÁ (Proceso).- El general colombiano Óscar Naranjo Trujillo, asesor de seguridad del presidente de México, Enrique Peña Nieto, considera que las críticas a Felipe Calderón por su guerra contra el narcotráfico “parecen tener sentido” a la luz de los casi 100 mil muertos y desaparecidos y por la violencia que su sexenio dejó en el país.
Por ello, dice el exjefe de la Policía Nacional de Colombia (PNC), el primer cambio de paradigma en la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto es conceptual. Sentencia: La “guerra” es parte del pasado.
Hoy, la política de seguridad pública en México tiene como propósito fundamental “proteger la vida de los ciudadanos en el marco de esa política, no en el de una denominada ‘guerra’”, explica a Proceso.
“La guerra sólo produce antagonismos y una lógica de muerte”, insiste, por lo que el nuevo gobierno mexicano “es consciente de que una política de seguridad pública no puede limitarse a señalar a un delincuente como un enemigo a aniquilar; de hacerlo, corre el riesgo de que éste conteste: ‘Antes de que me maten, yo mato’”.
–A pesar del cambio de estrategia la violencia continúa. ¿Cuándo va a ver la sociedad mexicana una reducción en la violencia? –se le pregunta.
–En primer lugar, los informes mensuales indican una reducción de los homicidios vinculados al crimen organizado.
–¿Han disminuido las ejecuciones?
–Sí, especialmente las vinculadas al crimen organizado. No obstante es prematuro señalar si (la tendencia) será consistente a mediano y largo plazos.
–Pero eso no lo percibe el ciudadano…
–Evidentemente. Es temprano para hacer una evaluación definitiva.
Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 1908 de la revista Proceso, ya en circulación.

Pacificar al país, no frenar el tráfico de drogas, prioridad de Peña: Medina Mora

Eduardo Medina Mora, embajador de México en EU. Foto: Germán Canseco

WASHINGTON (apro).- En el problema de seguridad y narcoviolencia que enfrenta el país, el objetivo del gobierno de Enrique Peña Nieto es lograr la pacificación y no necesariamente frenar el tráfico de drogas, aseguró aquí el embajador Eduardo Medina Mora.
Desde una perspectiva nacional, “el objetivo no debería ser el ponerle fin al tráfico de drogas, porque está más allá de nuestro alcance, sino darle a los ciudadanos el derecho de vivir en paz con sus familias y en sus comunidades”, explicó el también exprocurador general de la República en la primera parte del sexenio de Felipe Calderón, durante su ponencia en la cena organizada por el Instituto México del Centro Woodrow Wilson.
Sin embargo, añadió que “las estrategias nacionales deben ser coordinadas y entendidas desde un punto de vista regional; (en caso contrario) únicamente estamos empujando los problemas hacia nuestros vecinos”.
Justo cuando se mantiene suspendida la cooperación bilateral en materia de inteligencia para combatir al crimen organizado, debido a que la Secretaría de Gobernación, que dirige Miguel Ángel Osorio Chong, está diseñando la nueva estructura de trabajo con Washington, Medina Mora alimenta la especie de que el gobierno de Peña Nieto pretende negociar una tregua en la guerra contra con los cárteles del narcotráfico para atenuar la violencia.
Desde el 1 de diciembre pasado, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, el gobierno mexicano dejó en claro al de Obama que desmilitarizaría la lucha contra el narcotráfico, regresando al Ejército a los cuarteles, aparta de que “desnarcotizaría” el eje central de la relación con Estados Unidos.
Esta perspectiva de Peña Nieto, distante en mucho de la de Calderón, quien abrió todas las puertas del país a las agencias de inteligencia de Washington, con el argumento de la cooperación antinarcóticos, generó de inmediato los rumores en la prensa estadunidense de que el nuevo mandatario mexicano negociaría la paz con los cárteles de la droga.
Periódicos de relevancia nacional, como el New York Times y el Washington Post, entre otros, han repetido en varias ocasiones que se habla de que Peña Nieto daría más libertad a los cárteles de la droga para el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos, a cambio de que le ayuden a contener la narcoviolencia y disminuir los niveles de otros tipos de delitos asociados al crimen organizado.
“Déjenme regresar a mi premisa esencial, el tráfico de drogas no es el verdadero problema, es solamente un componente del crimen organizado internacional, aunque hace que las cosas sean más complicadas”, subrayó Medina Mora.
El diplomático explicó a académicos, analistas y demás invitados del Instituto México que aun cuando las estructuras del crimen organizado usan a las drogas como su plataforma, en realidad privilegian otros delitos para lograr mayor beneficio económico, entre ellos la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y de personas y los ilícitos cibernéticos.
“El problema es complejo y no puede abordarse con una sola estrategia”, subrayó Medina Mora en referencia directa al combate frontal contra el narcotráfico que México y Estados Unidos han llevado a cabo en los últimos años en el marco de la Iniciativa Mérida.
“Necesita una estrategia holística: prevención, políticas sociales cohesivas, combate al lavado de dinero y confiscación de bienes, políticas de salubridad, un gobierno eficiente, la aplicación de la ley, un sistema judicial efectivo y transparente; instituciones fuertes y respetadas, bajos niveles de violencia, una economía floreciente y estable, educación, empleo y oportunidades empresariales; y todo esto enfocado en el objetivo del respeto a los derechos humanos y al derecho de cada individuo para todo su potencial”, agregó Medina Mora.
En este que fue su primer discurso como embajador en Washington, en el que el tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico fuera el tópico mas importante, Medina Mora admitió que el crimen organizado tiene la capacidad de retar a los poderes básicos del Estado, al monopolio del uso de la fuerza; de promulgar reglas generales y legislaciones, e incluso de recolectar impuestos.
“Ha habido pérdida del control territorial en geografías relevantes”, admitió el exprocurador del sexenio calderonista.
Sobre la responsabilidad que tiene Estados Unidos en el problema de la narcoviolencia que priva en México y en al trasiego de las drogas, el embajador mexicano dijo que se han abordado todas las vías disponibles para lograr la estabilidad y paz, pero sin lograr los resultados deseados.
“Estoy, todos estamos, frustrados e insatisfechos con el estatus actual. No está funcionando, se dice con frecuencia; el tráfico y el consumo de drogas continúan siendo de manera obsesiva el foco de nuestra atención”, remató Medina Mora.

jueves, 23 de mayo de 2013

Ordenan a PGR informar sobre estrategia antinarco de Calderón

Galván, Calderón y Saynez en una foto de febrero de 2011. Foto: Eduardo Miranda


MÉXICO, D.F. (apro).- Por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Opinión Pública y Protección de Datos (Ifai), la Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar los documentos relacionados con la Estrategia Nacional de Combate al Narcomenudeo y/o el Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo impulsado en el gobierno de Felipe Calderón.
En su respuesta inicial la PGR –a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia– declaró la inexistencia de la información, por lo que el solicitante interpuso un recurso de revisión en el que argumentó que en el Tercer Informe de Gobierno de Calderón se prueba la existencia de esos documentos.
A través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la dependencia reiteró su respuesta inicial e indicó que los ejes de la estrategia requerida por el particular son públicos y se definieron en la XXI Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de la que proporcionó la liga electrónica para su consulta.
Asimismo, “en cumplimiento al principio de máxima publicidad”, la PGR proporcionó diversos vínculos electrónicos en los que, afirmó, se localiza la información solicitada.
En el análisis y consulta de la información referida por la Procuraduría General de la República, la comisionada Sigrid Arzt, a quien le fue asignado el recurso de revisión, advirtió que en su sexto informe de labores esa dependencia publicó información relacionada con la Estrategia Nacional Contra el Narcomenudeo y el Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo.
De esa información se desprendió que mediante el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, celebrado el 21 agosto de 2008, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la PGR, en coordinación con las entidades federativas, formularon y emitieron la Estrategia Nacional de Combate al Narcomenudeo.
Dicha estrategia constaba de cinco ejes: impulso a las reformas legales en materia de narcomenudeo para regular la concurrencia de autoridades en su atención; combate a este delito mediante la generación de inteligencia y la coordinación de autoridades; prevención de estas conductas ilícitas y de las adicciones que conllevan; establecimiento de un sistema de canalización de adictos para su rehabilitación, y construcción de un observatorio ciudadano de drogas y adicciones.
La comisionada ponente también encontró información relacionada con los avances del Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo, de la que se desprende que del 1 de septiembre de 2011 al 30 de junio de 2012 se efectuaron 23 mil 646 acciones entre operativos y cateos, se detuvo a 28 mil 816 personas y se aseguraron 78 mil 700 kilogramos de mariguana y 944 kilogramos de cocaína.
Así, Sigrid Arzt concluyó que la PGR no cumplió el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, porque las unidades administrativas a las que les fue turnada la solicitud se limitaron a indicar diversos documentos que hacen referencia tanto a la estrategia como al programa contra el narcomenudeo, “pero no proporcionaron la información requerida”.
Según la comisionada ponente, existen otras unidades administrativas a las que no les fue turnada la petición y que pueden contar con la información, entre ellas la oficina del procurador, la Subprocuraduría Especializadas en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final, la Coordinación de Supervisión y Control Regional, y la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delincuencia Organizada.
Por ello, propuso al pleno revocar la respuesta de la PGR e instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas, incluidas las antes señaladas, a fin de proporcionar al recurrente el Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo y/o la Estrategia Nacional Contra el Narcomenudeo.

lunes, 29 de abril de 2013

SSP Producciones


Todo comenzó el 9 de mayo de 2011 y hubo millones de testigos. Magda, haciéndose pasar por una joven y atractiva viuda, logró cruzar increíblemente los filtros de seguridad integrados por dos o tres hombres malencarados y robustos, hasta llegar a lo alto de un moderno edificio de Santa Fe.

De buen porte, elegante y conservador, Magda se coló a la oficina de quien bien podría ser el presidente de un corporativo. En cuestión de segundos, hablaba de negocios con el atildado hombre. Él, Juan Antonio, al que llamaban El Míster, podría ayudarle quizá a lavar 90 millones de dólares, dijo ella y le confesó ser “muy bruta para el dinero”, mientras jugueteaba con la pata de sus lentes oscuros.

Mientras, Santiago y Mateo, en su papel de técnicos de una empresa telefónica, habían logrado subir al piso y, tonteando por aquí y por allá, con la mirada de más de media docena de guardaespaldas sobre ellos, trataban de estar pendientes de lo que ocurría al fondo del corredor.

Magda arrancaba con el escarceo comercial cuando su abogado Fermín salió, presuroso, del elevador. Bastó que dijera que iba con ella para que, tras un leve forcejeo con un par de hombretones, le permitieran incorporarse a la reunión.

En un instante, y ante la mirada perpleja de guardaespaldas y el propio lavador, Magda, Santiago, Mateo y
Fermín sacaron sus escuadras y apuntaron hacia los hombres de seguridad. Se escucharon un par de detonaciones y dos delincuentes cayeron abatidos.

En unos cuantos segundos, los agentes encubiertos ejecutaron un operativo limpio y lograron arrestar al
buscadísimo lavador de dinero. Concluyó lo que había comenzado a las 10 de la noche del 9 de mayo de 2011. Hubo millones de testigos y todos lo vieron por el canal 2 de Televisa.

* * *

La escena fue el momento culminante del primero de los 15 capítulos de la serie El Equipo, parte de
una campaña publicitaria que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pactó con Televisa desde 2010
para intentar revertir la negativa imagen pública de los policías federales y por la cual la institución pagó 118
millones de pesos.

Eso es todo lo que se conoció públicamente cuando en julio de 2011 la SPP respondió, a regañadientes, a
una petición de acceso a la información, pero lo hizo de manera parcial. Se negó a entregar lo que, argumentó falsamente, eran documentos inexistentes y hoy, un año y nueve meses después, han sido entregados a emeequis como parte de uno de los 19 expedientes de quejas presentados en la Secretaría de la Función Pública en contra de Genaro García Luna, entonces titular de la SPP.

En 89 oficios dirigidos en su mayoría al entonces comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas,
se documenta que la SSP no sólo autorizó a la televisora a grabar en sus instalaciones, sino que también puso a toda la dependencia prácticamente a sus órdenes y giró instrucciones para que tuviera acceso a áreas sensibles, como las “Salas de Mando y de Crisis” del Centro Nacional de Inteligencia.

A la Policía Federal le ordenó aleccionar y capacitar a los actores que participaron en la serie de televisión y
a decenas de agentes de cuerpos de élite se les instruyó a que respondieran a los llamados de la producción y que la hicieran, en los hechos, de extras.

Además, por órdenes de Facundo Rosas Rosas, se prestaron patrullas, vehículos blindados y rinocerontes,
helicópteros Black Hawk, ambulancias, uniformes tácticos, bombas de humo, herramienta para la apertura
de puertas y ventanas; escudos balísticos y blindados; caretas antibalas, así como cámaras de fibra óptica y de espionaje, para que en cada una de los capítulos se encargaran de enaltecer la labor de la Policía Federal.

Así, mientras la SSP le autorizaba a Televisa utilizar a 275 policías y a 78 elementos especiales del llamado
Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) para que sirvieran de actores o extras en las filmaciones de la serie, en el país le pedían al gobierno federal refuerzos policiacos para hacer frente al crimen organizado.


El mismo día que iniciaba la serie, Jaime Rodríguez Calderón, alcalde de García, Nuevo León, se decía preocupado porque, a pesar de que los municipios no estaban preparados para enfrentar a la delincuencia organizada y encaraban serias limitaciones económicas, el gobierno federal les aportaba pocos recursos.
“Los alcaldes tenemos limitaciones reales para combatir la delincuencia organizada porque no estábamos
preparados para ello. La mayoría de los alcaldes no tenemos recursos, armas, protección, estamos con policías mal preparados”, se quejaba.

El alcalde, que en ese entonces había sobrevivido ya a tres atentados y al inicio de su gestión había dado de baja a 90 por ciento de sus policías porque estaban coludidos con los narcos, pedía recursos para equiparse mejor y contar con elementos más preparados.

No era el único que realizaba esta petición a Felipe Calderón. En Zacatecas, el gobernador Miguel Alonso Reyes solicitaba ese mismo día más policías federales para proteger las vías del estado. “Tenemos poca presencia de la Policía Federal; no sé de otros casos, pero nosotros hemos solicitado reiteradamente
más presencia federal para cuidar las carreteras”, se lamentaba.

* * *

Ahí están los datos. Televisa cobró 118 millones 166 mil pesos del gobierno por los “servicios de preproducción, producción, postproducción y difusión en televisión abierta con cobertura nacional de la campaña contingente denominada Policía Federal: héroes anónimos”, y como parte de los cuales se filmaron 15 capítulos de 25 minutos de contenido cada uno, transmitidos en horario estelar en el canal 2, el de mayor audiencia de la televisora.

No fueron los únicos ingresos para la empresa por El Equipo. Luego, en el contrato modificatorio, firmado el
2 de mayo de 2011, se estableció que la televisora tendría derecho a comercializar los cinco minutos de cortes de cada capítulo: “El prestador de servicio tendrá la facultad de comercializar la totalidad de los minutos de tiempo aire de los cortes comerciales que se transmitan durante cada episodio de la serie”.

Si se toma en cuenta que un anuncio de 20 segundos en horario estelar cuesta en promedio 278 mil pesos,
por comercializar los 75 minutos de los 15 capítulos de la serie, Televisa habría obtenido, además del dinero
público, otros 62 millones 550 mil pesos.

* * *

En las imágenes para promover la serie se apreciaa los actores Zuria Vega, Alfonso Herrera, Alberto
Estrella y Fabián Robles –enfundados en los uniformes tácticos de la Policía Federal– correr, mostrar
buena forma atlética y una actitud retadora y triunfalista.

En apenas 35 segundos se muestran imágenes de la Policía Federal en acción: elementos a bordo de los apabullantes “rinocerontes” color azul marino, helicópteros que realizan sobrevuelos y agentes uniformados, con cascos y escudos, que irrumpen en una casa.

La colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública fue amplia y abierta. Por ejemplo, en tres ocasiones
se pusieron a disposición de los productores siete camionetas pick up de la Policía Federal; en otras cinco,
una cámara de espionaje; y en al menos 20 días distintos les prestaron entre dos y cuatro patrullas CRP pick
up o charger, radiopatrullas con blindaje en las puertas y equipo de comunicación y sistemas de torretas.

La producción a cargo de Pedro Torres solicitó tres “rinocerontes”, vehículos con un peso de hasta siete
toneladas, diseñados con un blindaje especial de ocho grados, que no puede ser traspasado por armas de alto calibre, como el fusil Barret de 50 milímetros.

La lista de requerimientos incluyó más vehículos blindados, equipo abre puertas, 110 bombas de humo negro, tres ambulancias y tres patrullas de la Policía Federal, herramienta especializada para apertura de
ventanas, cerraduras y puertas; escudos balísticos y blindados, caretas antibalas, así como cámaras de fibra
óptica y de pelota.

No hubo límites: con el propósito de infundir realismo a la serie, la SSP accedió a prestar en cuatro fechas distintas unidades Black Hawk, helicópteros donados por el gobierno de Estados Unidos como parte de la Iniciativa Mérida, cada uno de los cuales tiene un costo aproximado de 20 millones de dólares.

El 22 de febrero de 2011 se acordó poner a disposición de la televisora cuatro helicópteros Black Hawk para las grabaciones que tendrían lugar el 3 de marzo siguiente, con un horario de 8:00 a 11:00 horas, para que “las aeronaves realicen ascensos y descensos, sobrevuelo y formaciones y la realización de la práctica de descenso de cuerda”, según se lee en el contrato.

Para la grabación programada para el 11 de marzo de 2011, se solicitaron dos patrullas CRP tipo charger, cuya utilización era central en una escena de alto impacto: “No omito comentar que con respecto a las unidades policiales una será utilizada para chocar de frente contra tambos de plástico denominados trafitambos, sin riesgo alguno; la otra patrulla uno de los actores pasará brincando sobre el cofre y cajuela, evitando daños (sic)”. Todo, material y equipo, todo fue autorizado sin contratiempos.

Desde un principio, en un oficio firmado el 27 de enero de 2011, María Luisa Olivas, entonces directora de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la SSP, le solicitó al comisionado de la Policía Federal,
Facundo Rosas Rosas –nombrado hace unos días secretario de Seguridad Pública en Puebla– su apoyo
para proporcionar a los actores de la televisora los uniformes que utilizarían en la grabación de la serie:
“Me dirijo a usted para solicitar su anuencia, a efecto de que la División de Fuerzas Federales esté en condiciones de proporcionar uniformes tácticos completos, así como accesorios y chamarras, los cuales
serán utilizados durante los periodos de grabación de los próximos meses”.

En total se solicitaban 27 chamarras, 27 chalecos, 28 pares de botas y 27 uniformes tácticos con su
respectivas fornituras, casco, gorra, gogles, guantes, pasamontañas, coderas, rodilleras y careta.

* * *

Como una granizada bestial, los rayos del sol de ese domingo 8 de mayo de 2011 atacaban inmisericordemente el sombrero tipo Indiana Jones y el chaleco de algodón color caqui de Javier Sicilia. Parado en la plaza del Zócalo, el poeta gritaba sin gritar:

“Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo,
y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos”.

La marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad colocaba en lo más alto de la escena pública
la demanda creciente. Javier Sicilia era el conducto para comunicarla:

“Quiero pedir la renuncia del secretario de Seguridad Pública. Queremos oír un mensaje del Presidente de la
República con esa renuncia diciendo que sí nos oyó”, dijo el activista ante un Zócalo lleno.


A su petición, la gente respondió: “¡Fuera Calderón!”, “¡Muera Calderón!”. “Que no muera, no queremos más muertos, no más odio. Pedimos la renuncia (de Genaro García Luna) para evitar más violencia“, replicó Sicilia.

Ni Felipe Calderón ni García Luna escucharon. Por el contrario, respondieron un día después con el estreno
de El Equipo.

Desde un inicio, la serie provocó polémica porque, justo cuando cientos de miles, quizá millones, de mexicanos exigían dar un giro a la política de combate al narcotráfico para evitar el baño diario de sangre,
la SPP atacaba con un programa propagandístico que buscaba enaltecer el criticado trabajo de la Policía Federal.

La sinopsis difundida en la página de Televisa la describía como “una serie sobre el valor, el esfuerzo y el
amor de un equipo de hombres y mujeres, policías federales, que cada día arriesgan su vida para proteger la
nuestra. Ellos luchan, se sacrifican y se entregan por un compromiso: que el bien siempre derrote al mal”.

Las críticas se hicieron más agudas un par de meses después. El 13 de julio de 2011, la periodista Lilia Saúl
Rodríguez difundió el contrato firmado con Televisa para la grabación de la serie. Se sabría entonces que la
Secretaría tenía una partida destinada para este fin y que las filmaciones se realizaron en las instalaciones de
la dependencia.

Sin embargo, la periodista no pudo conseguir acceso al anexo único –marcado como “confidencial”– ni a cada uno de los oficios por medio de los cuales diversos funcionarios de la SSP autorizaron el uso de armas, elementos, helicópteros y uniformes.

La SPP hizo público sólo un documento: un oficio mediante el cual se solicitaba al comisionado de la Policía
Federal su autorización para que personal de Televisa pudiera ingresar a las instalaciones de la Secretaría
de Seguridad.

Así que el 15 de septiembre de 2011 el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) ordenó a la dependencia entregar todos los oficios existentes. El instituto argumentaba que si había un permiso, debería
haber otros relativos al uso de armas, vehículos, policías y demás equipo. La SPP mintió y dijo que no existían.

Quien sí pudo tener acceso a la documentación completa fue la Secretaría de la Función Pública, cuyos funcionaron desahogaron una queja presentada por la diputada perredista Leticia Quezada en contra de
Genaro García Luna, a quien acusó de desviar recursos públicos, humanos y materiales, para la grabación de El Equipo.

Aunque no quiso dar detalles de la investigación, el entonces titular de la Función Pública, Salvador Vega
Casillas, reconoció que sí se habían utilizado helicópteros, armas, elementos de la Policía Federal y hasta instalaciones oficiales para las filmaciones, pero concluyó que no hubo ninguna irregularidad en la realización de esta serie porque así lo establecía el contrato.

Aunque se desestimó la denuncia –de la cual emeequis obtuvo una copia a través de una solicitud de
acceso a la información–, los anexos de ésta incluyen cada uno de los oficios que la Secretaría de Seguridad
Pública nunca quiso entregar.

* * *

En el estudio, sentados en un amplio sillón, los actores Zuria Vega, Alfonso Herrera, Alberto Estrella y Fabián Robles lucen guapos, sonrientes y bien peinados. A su lado, el productor Pedro Torres –recordado por haber traído a México el reality show Big Brother– le cuenta a Andrea Legarreta de qué trataría la serie.

–¿Qué es El Equipo? –pregunta la conductora durante el programa matutino Hoy.
–El Equipo es una serie dramática, con suspenso, acción y mucho amor, y que habla de estos policías
federales que están dispuestos íntegramente a dar la vida –detalla con entusiasmo.

Armando Araiza, otro de los conductores del programa, le pregunta a Zuria Vega qué le llamó la atención
del proyecto, a lo que ésta responde que fue un reto conocer el mundo policiaco, por lo que se tuvieron
que entrenarse físicamente.

–¿De qué manera reciben el apoyo de la Policía Federal? –pregunta Legarreta a Pedro Torres.
–Tuvimos para ello un entrenamiento especial. Conocimos casos reales con los cuales queríamos
identificar a los personajes, y descubrimos ahí seres humanos de carne y hueso que, al igual que en muchas
profesiones, salen de trabajar y tienen que enfrentar lo cotidiano de cualquier familia.

El productor no mentía. La ayuda de la SSP a Televisa fue tan amplia que personal especializado de la
dependencia se encargó de impartirles una plática y programó sesiones de adiestramiento para los actores
y el personal de reparto.

El 18 de enero de 2011 se le pidió al entonces comisionado general de la Policía Federal, Rafael Aviléz,
realizar estas capacitaciones con el objetivo de que los actores conocieran el trabajo y la actuación real de un policía federal durante los operativos.

“Con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que realiza la Policía Federal en su combate
frontal al crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con Televisa iniciará la filmación de una serie de televisión, por lo que solicito su apoyo”, se lee en el oficio que le fue dirigido para solicitarle la impartición de la plática y el adiestramiento.

Se le propone que las sesiones se realicen los días 20 y 21 de enero a partir de las 12:00 y se incluye una lista de las ocho personas que participarían en ellas.

En una de esas u otras sesiones de adiestramiento Zuria Vega aprendió a disparar, tal y como lo contó en una entrevista con Carlos Loret de Mola en Primero Noticias.

–¿Te enseñaron a disparar y a moverte como policía? –pregunta el conductor.
–Sí, a eso me refiero con que era un mundo desconocido. Yo nunca había agarrado un arma, la primera vez que disparé temblaba, estaba muy nerviosa –comentó la joven actriz.

Los actores se entrenaron y grabaron con facilidad. Según consta en los oficios, antes de que llegaran a filmar ya tenían autorizadas las áreas que emplearían y los estacionamientos para sus unidades.

Por ejemplo, a las instalaciones de la SSP ubicadas en avenida Constituyentes se autorizó el ingreso de 12
actores, 94 personas de producción y 15 autos de producción, mientras que en las instalaciones de Iztapalapa se tramitó el ingreso para nueve actores, 97 personas de producción y 15 vehículos de producción.

* * *

Una de las escenas culminantes del capítulo 13 de El Equipo es la del funeral del jefe “Zigma”, interpretado por el actor Roberto Blandón, quien muere a manos de unos delincuentes cuando –después de pedir a sus escoltas que se retiren– ingresa a su casa, donde es abatido a tiros. Zigma es descrito como un policía honesto, entregado a su trabajo y siempre fiel a su vocación de servicio.

No es el único policía intachable que sale en la serie. En los 15 capítulos aparecen elementos bien entrenados y organizados, que realizan trabajo de inteligencia previo a sus operativos. Una imagen muy distinta de la que prevalece en la opinión pública.

–¿Así son los integrantes de la Policía Federal? –pregunta Loret de Mola a Pedro Torres, productor de la
serie, en una visita que realizó al estudio de Primero Noticias.
–Hay muchos de ellos. Fíjate que tuvimos la oportunidad de estar dentro de las instalaciones con ellos y es
increíble la profesionalización y la cantidad de jóvenes que están en la policía preparándose para dar una buena lucha.
–Normalmente el estereotipo del policía es un policía corrupto, malo, mal entrenado, mal capacitado, coludido, hasta físicamente descuidado… esto viene a romper con el estereotipo, y no son inventos: es que
así está la mayoría de la policía del país. ¿Esto dónde viene a encajarse? –insiste el conductor.
–Mira, en realidad estuvimos dentro de las instalaciones y vimos que hay una serie de jóvenes que han decidido dar la vida, hay cada vez más gente que está ingresando a esta Policía Federal de manera
voluntaria, con ganas de hacer algo mejor. Gente muy preparada –destaca Torres.

Ese era precisamente el objetivo del programa televisivo. En el anexo confidencial del contrato se
explica que la serie era parte de la campaña contingente denominada “Policía Federal: héroes anónimos”,
autorizada por la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Subsecretaría de
Normatividad de Medios de la Segob.

Su objetivo era intensificar la estrategia de reclutamiento a través de la difusión en televisión de las
capacidades y fortalezas de la Policía Federal. Para ello se daría a conocer “la infraestructura
tecnológica y de inteligencia, así como el equipamiento de alto nivel con que cuentan los elementos
federales, la capacitación y especialización que reciben para el desempeño de sus funciones (vertiente
operativa, de inteligencia policial y de investigación científica), así como los valores inculcados por
dicha institución, los cuales complementan su desarrollo humano y profesional”.

Para ello, la Secretaría proporcionaría a Televisa información relacionada con el Plan Nacional de
Desarrollo, así como de los programas Sectorial y Nacional de Seguridad Pública.

El punto 10 del Anexo Único establece que durante la preproducción se permitiría al personal de la televisora revisar información, como comunicados, discursos y boletines de prensa, y durante la producción podrían utilizar “instalaciones y espacios reales como locaciones”.

Además, se autorizaría la participación de “personal especializado”, lo cual se cumplió al pie de la letra. En
al menos 21 ocasiones, la producción solicitó a entre siete y 40 policías federales para las grabaciones, y en
otras ocho ocasiones requirió hasta 20 agentes del “Grupo Geo”.

En realidad se referían al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), conformado por 87 elementos, divididos en células de ocho a 12 integrantes, capacitados por grupos como Gafes –de la Sedena–, Grupo GEO –de la Policía Nacional de España–, Grupo Élite –de la Policía Nacional de Colombia–, Grupo Raid –de la Policía Nacional de Francia– y los Federal Air Marshals –de Estados Unidos–.

El Gopes no es un grupo cualquiera: tiene como misión participar en la liberación de personas secuestradas,
en operativos para detener a delincuentes de alta peligrosidad, en acciones contra el narcotráfico, terrorismo
y combate a la delincuencia organizada, y sus miembros son especialistas en la desactivación de artefactos
explosivos.

Ellos, al igual que los policías federales, tuvieron una participación muy activa: se les pedía acudir “completamente uniformados y armados”, en horarios de grabación que podían ir desde las seis y media de la mañana hasta las 10 de la noche.

El 24 de febrero de 2011, por ejemplo, se le solicitó a Facundo Rosas que enviará a ocho elementos del grupo Gopes (“perfectamente uniformados para operativo”) a la locación ubicada en Autopista Circuito Exterior Mexiquense. “El llamado de grabación para la Policía Federal es (en) un horario de 7:00 a 19:00 horas”, se le instruía.

El 18 de febrero de 2011 se solicitaron policías federales para que mostraran sus destrezas. “Se requieren
10 policías federales, tres de ellos realizarán técnicas de rapel para descender del techo de una casa, arneses, cuerdas y equipo requerido para el descenso, así como dos patrullas CRP tipo pick up”.

Para la grabación del 10 de febrero, el llamado para la Policía Federal fue a las 10 de la mañana y para el
desarrollo de las escenas se requería contar con la participación de siete elementos de los Gopes, eso sí, con
su uniforme operativo completo.

Los policías federales no sólo acudieron a las filmaciones en la sede de la institución, también lo hicieron en Puerto Vallarta, Jalisco. Para las escenas que grabarían los días 30 y 31 de marzo, Televisa requirió la participación de 20 elementos de fuerzas federales (uniformados y armados).

* * *

Roberto Blandón, quien interpretó en la serie al comandante Sigfrido Martínez, se emocionó cuando contó que estuvo en el Centro de Inteligencia de la Policía Federal.

“Estuvimos en el búnker de la Policía Federal, ese que se ubica en Constituyentes, y vimos el muro donde
están escritos los nombres de los policías caídos durante operativos. Eso definitivamente te cambia
cualquier opinión negativa que puedas tener de la policía”, compartió en una entrevista realizada en mayo
de 2011.

Blandón no mentía. La producción de la serie se realizó en el complejo de Constituyentes, donde se grabó
en el Centro de Inteligencia, la Sala Nacional de Mando, así como en pasillos y jardines.

El viernes 15 de abril utilizaron el Centro de Mando en Iztapalapa. Otras filmaciones fueron programadas
en el edificio de la Policía Científica (estacionamiento exterior), en el edificio de Análisis Táctico (interior,
planta alta) y en la Sala Nacional de Crisis o Sala de Consejo.

Ahí, el personal, transporte y equipo de Televisa (planta móvil y cámaras) ingresaban “por el acceso de
fuerzas federales” y se les permitía estacionar sus unidades. Televisa proponía y en cuestión de días la SSP elaboraba y enviaba oficios que pasaban por la oficina del comisionado de la Policía Federal, para que los actores y personal de producción pudieran disponer con facilidad de las instalaciones.

* * *

El 27 de mayo de 2011 la serie llegó a su fin. En el último capítulo, los agentes Santiago y Mateo lideran un operativo para capturar al líder del Cartel del Norte, Elías Valenzuela, alias El Vale, que llegaría a una residencia en busca de uno de sus socios. Para lograr su aprehensión, los policías cuentan con la ayuda de otras dos agentes que juegan el rol de prostitutas.

Una vez que el narcotraficante arriba, Mateo, que finge ser uno de los hombres de seguridad del socio
de El Vale, tiene una pequeña discusión con el narcotraficante, quien termina encañonándolo con su
pistola.

Desde el Centro de Mando, Fermín les da la orden para que procedan. Entonces Santiago –escondido en
el baño de la recámara donde esperan las dos agentes encubiertas–, sale a ayudar a su amigo. Al mismo tiempo las policías se levantan del sillón y apuntan su arma hacia la cabeza de El Vale. Se escuchan unos cuantos disparos y la escena termina.

En un siguiente bloque se observa un funeral: Santiago y Mateo son despedidos con honores por sus superiores, amigos y familiares. Sin embargo, en la siguiente escena, en los últimos dos minutos de la serie, el final da un vuelco.

Magda y Fermín llegan a una casa. Adentro, completamente ilesos, descansan Mateo y Santiago.
–¿Estuvo triste? –pregunta el primero.
–Muy triste –contesta Magda.
–Pues esperemos que valga la pena –dice Fermín vestido aún con la ropa que usó para el funeral.
–Tenemos que hacer que valga la pena. Hay que llegar hasta arriba, tenemos que aniquilar al monstruo… ¡A
trabajar! –exclama Santiago.

* * *

El viernes 27 de mayo por la noche llegaban a su fin las aventuras de los policías de El Equipo. Pero unas horas antes, en un jardín de niños de la colonia La Estancia, en Monterrey, Nuevo León, la maestra Martha Ivette Rivera Alanís vivía una realidad distinta: protegía a sus alumnos de una balacera a las afueras de la escuela.


Con un tono tranquilo, les pedía a sus alumnos que se colocaran en el piso.
–No nos pasa nada corazón, nada más pongan su carita en el piso.
Afuera, las ráfagas de una balacera rompían el aire.
–No pasa nada, aquí no nos va a pasar nada, nada más no me levanten la cabeza, por favor –repetía la
profesora a sus alumnos, que obedecían colocándose en el piso del salón de clases.

Las ráfagas continuaban, sin tregua. La maestra seguía tratando de mantener entretenidos y en calma a sus pequeños alumnos. Ahora les pedía cantar: “Si las gotas de lluvia fueran de chocolate…”.

Luego se sabría que esa noche los integrantes de El Equipo festejarían con todas las de la ley. Y, en internet primero y luego en televisión, se seguirían escuchando el canto de los niños y la maestra. “Si las gotas de lluvia fueran de chocolate…”.

Investigación publicada en Revista Emeequis


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