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miércoles, 8 de octubre de 2014

México vive un “narco-estado”, dice diputado por primera vez en San Lázaro


Silvano Blanco Deaquino, diputado federal. Foto: Germán Canseco
Silvano Blanco Deaquino, diputado federal.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- La masacre de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México, y la desaparición forzada y posible muerte de estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero llevó a que, por vez primera desde la máxima tribuna del Poder Legislativo, los diputados sostuvieran que en México se vive un “narco-estado”.
Este martes, cuando se aprobaba la comisión especial para indagar los hechos ocurridos en Guerrero, el perredista y diputado federal por dicha entidad, Silvano Blanco Deaquino, tomó la palabra y en tribuna aseguró:
“Se tiene que reconocer que en México hay un narco-estado. Se tiene que reconocer que hay narco-política. Se tiene que reconocer que desde la Presidencia de la República, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales, efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país”.
Antes de Blanco, nueve oradores hablaron a favor de crear la comisión especial, algunos calificaron los hechos de Ayotzinapa como un “crimen de lesa humanidad”, otros cuestionaron la ausencia de apoyo del gobierno federal hacia Guerrero y unos más aseguraron que lo ocurrido en dicha entidad es algo que sucede en todo el país, en especial Tamaulipas, Puebla, Michoacán y otros.
Blanco Deaquino fue el último en hablar. Fue quien generó un silencio en el salón de sesiones y a quien ningún otro diputado federal se atrevió a rebatir. Todos callaron.
Primero celebró la creación de la comisión para coadyuvar en las indagaciones de la desaparición y posible asesinato de los jóvenes estudiantes. Pero se debe tener claro, dijo, que los asesinatos, extorsiones y secuestros no han disminuido.
Luego habló del narco-estado y advirtió:
“Si no se instrumenta una política de Estado para que, efectivamente, México empiece a estar en una situación totalmente distinta, vamos a seguir cayendo en el cinismo, como se está cayendo en este momento. Hay que reconocerlo”.
El guerrerense recordó que la Federación no desconocía lo que pasa en Guerrero “y se viene y se dice que se lamenta”. Y puso el dedo en la llaga:
“La Federación no desconocía lo que pasa en Guerrero, así como no desconoce lo que pasa en todos los estados de la República. Prácticamente no hay un solo estado de la República en el cual la delincuencia organizada imponga a presidentes municipales, imponga a diputados locales, imponga a diputados federales, imponga a gobernadores y, me atrevo a decir, que también le inyecta recursos económicos para las candidaturas a la Presidencia de la República”.
Debemos ser “honestos y realistas”, dijo aunque aclaró que “algunos se salvan de la situación. No podemos decir que todos los que tienen algún cargo de representación están involucrados. Tampoco es cierto, sí hay gente con honestidad, con ética en todos los partidos políticos, pero también hay gente que se presta a situaciones irregulares en todos los partidos políticos”.
Luego de su posición, la Comisión Especial se aprobó y quedó al frente el panista Guillermo Anaya quien, por cierto, –como se hizo público en su momento– tiene parentesco político con un miembro de la delincuencia organizada. Recientemente un diputado priista de su estado no sólo recordó esto, sino que además lo acusó de haber sido cómplice de su hoy expariente político.
El coordinador del PVEM, Arturo Escobar, pretendió llevar raja política sobre el tema. Dijo que así como el PRD no podía presidir dicha Comisión por ser parte del gobierno guerrerense –además de haber propuesto al presidente municipal de Iguala, hoy prófugo y señalado como parte de la delincuencia organizada–, tampoco el PAN lo debía hacer, ya que en la elección a gobernador declinó participar apoyando indirectamente a quien hoy gobierna, el PRD.
Ningún partido político lo secundó y sí, en cambio, recibió reclamo por pretender politizar el tema.
En la Comisión Especial participarán, Manuel Añorve (PRI), Ruth Zavaleta (PVEM), Lisbeth Rosas Montero (PRD), Ricardo Mejía (MC), Lilia Aguilar (PT) y Sonia Rincón Chanona (Panal). La comisión se reunirá este miércoles a las 10 de la mañana.

sábado, 20 de septiembre de 2014

Cárteles mexicanos operan negocios de juguetes y ropa en EU para lavado: The Economist

Los cárteles . Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– Convertir el dinero sucio de la venta de drogas en moneda limpia se ha vuelto más difícil para las bandas de narcotraficantes mexicanos como resultado de las regulaciones bancarias en México y en los Estados Unidos, por ello los cárteles han optado por blanquear sus ganancias en el comercio fronterizo, publica The Economist en su edición de esta semana. El semanario inglés cita documentos de una corte de Los Angeles, los cuales revelan cómo varios negocios de prendas de vestir así como fabricantes de juguetes ayudaron a los narcotraficantes a transportar sus ingresos de ventas de regreso a México. “El esquema es relativamente simple. Un corredor de pesos en el mercado negro entra en contacto con importadores mexicanos que quieren comprar bienes para un negocio en Los Angeles. El corredor luego encuentra a una pandilla en los Estados Unidos que paga la factura del importador utilizando dólares de la venta de drogas. El importador paga el intermediario en pesos; el corredor se lleva su parte y da el resto a los narcotraficantes en México”, explica la publicación británica. Claude Arnold, quien está a cargo de la Oficina de Inmigración y la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de Aduanas en Los Angeles, dijo al medio que las negociaciones han alcanzado niveles sin precedentes: “Nunca habíamos visto esto en una escala tan grande.” Arnold  explicó que en 2013 los bancos en los Estados Unidos presentaron 1.510 “informes de actividades sospechosas” relacionadas con el posible lavado de dinero basado en el comercio; más de la mitad provenía de California. The Economist detalla que este esquema de lavado no es algo nuevo, pero se ha vuelto común ante las dificultades de usar el sistema bancario para lavar el dinero. Recuerda que parte de estas dificultades tuvieron lugar luego de que el gobierno mexicano estableciera restricciones a los depósitos de dólares en 2010. Más tarde se impusieron requisitos sobre los pagos en efectivo por encima de un determinado umbral de artículos como casas, automóviles y demás informes. A su vez, dice, los Estados Unidos también ha aumentado su escrutinio de las transacciones en efectivo y adoptado una línea mucho más firme contra los bancos. En 2012 HSBC tuvo que pagar 1.9 mil millones a los reguladores en los Estados Unidos para resolver acusaciones de que, entre otras cosas, había fallado en supervisar operaciones con bandas de narcotraficantes mexicanos. “Esto ayuda a explicar por qué los capos de la droga centran ahora su atención en las empresas en Los Angeles, desde fabricantes de juguetes hasta mayoristas de ropa, como formas de enviar dinero a casa”. Algunas de estas empresas son legítimas, mientras que otras son usadas por su exportación frecuente de mercancías a México. “Mantenerse al día con los traficantes siempre será una tarea enorme. Las estimaciones varían ampliamente, pero el Departamento de Seguridad Nacional calcula que los traficantes envían hasta 29 millones de dólares a México cada año por los Estados Unidos. Si el lavado a escala industrial está ocurriendo, dicen algunos, los fabricantes más bien pequeños y los depósitos en efectivo no pueden ser el único conducto [...] Mejor hay qye buscar, también, a los flujos de capital en otros sectores-vivienda, turismo y similares”, dice la publicación.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/20-09-2014/1122552. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

domingo, 7 de julio de 2013

PRI pacta con el crimen organizado: Zambrano; y PRD pacta con el PRI, o sea...

PRI pacta con el crimen organizado: Zambrano

México, DF.- "En regiones importantes de varios estados, el crimen organizado y la delincuencia organizada esta actuando para favorecer a los candidatos del PRI; hay evidencias los hemos denunciado", dijo Jesús Zambrano.

El líder nacional del PRD se pronuncio en conferencia de prensa para denunciar irregularidades durante los comicios electorales en varios de los estados donde hoy hay elecciones, aunque dijo que "es muy temprano para hacer una valoración definitiva", esta claro que las situaciones que se dieron previamente mancharon los procesos electorales de manera muy clara en varios de los estados".

Denuncio una situación de tensión en el municipio de San Pedro de las Colonias, que durante la mañana estuvieron grupos armados montados en camionetas amedrentando a la gente, afirmó que en esta entidad el
candidato a la alcaldía está siendo protegido, "no me queda ninguna duda que el candidato esta siendo protegido por las bandas del crimen organizado".

Revelan narco-nexos entre Tony Gali y Beltrán Leyva “El Grande”

Revelan narco-nexos entre Tony Gali y Beltrán Leyva “El Grande”

Muchos hasta la fecha nos hemos preguntado de donde salió tanto dinero para  esta campaña que no fue precaria si no todo lo contrario, ya que estamos hablando de millones de pesos  que supera el monto destinado por parte de la coalición “Puebla Unida” para su promoción.
Vida de lujos en Miami de uno de los Hijos de Tony Gali, Edy Gali López
Vida de lujos en Miami de uno de los Hijos de Tony Gali, Edy Gali López
Nos cuentan que el dinero viene directamente de un amigo íntimo del candidato, Tony Gali Fayad que se mueve en las redes del crimen organizado, para ser exactos se trata de Sergio Villarreal “El Grande”, quien fuera detenido el 12 de septiembre del 2010 en el estado de Puebla, pero que sin duda desde donde se encuentra está operando a favor del actual candidato a la alcaldía de Puebla por la Mega Coalición “Puebla Unida”.
Resaltan también que la elección de Tony no fue por posicionamiento entre los ciudadanos, sino que cuando Moreno Valle pidió el apoyo para su cuñado Fernando Manzanilla el único que replico ante tal decisión fue el ahora candidato de Puebla Unida, quien en su momento señalo que también tenía la intención de participar en dicho proceso, a lo que   El gobernador respondió de forma contundente –Pues si superan a Fernando sin debilitar al equipo y tienen la capacidad para financiar la campaña adelante. Por lo que realizaron realizaron un pacto de caballeros y Gali inició un proceso de posicionamiento y sabía que necesitaría mucho dinero para lograrlo.
Mientras el Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle se reunió con Gustavo Madero para la planificación de las elecciones que se llevarán el 7 de Julio y que estaba en disputa las plazas de Baja California y Puebla.
Ambas elecciones en sí eran consideradas decisivas para la recuperación del Partido Acción Nacional (PAN), por su parte el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, afirmó que tenía todo bajo control en su estado y se encargaría de humillar al PRI en Puebla. Pidió que en caso de cumplir su palabra, se le apoyara en su plan de ser candidato presidencial en 2018 para recuperar la presidencia para el PAN. Su propuesta fue aceptada con una sola condición, no recibiría ninguna clase de apoyo político o financiero de su partido, ya que todos los esfuerzos se concentrarían en mantener Baja California.
Después de esa reunión, Moreno Valle regresó a Puebla con la ilusión de ser candidato presidencial, reunió a su grupo más cercano y les informó del compromiso adquirido con el Partido para armar una estrategia con el fin de arrasar en Puebla, informó a los asistentes que el candidato a la alcaldía de Puebla sería Fernando Manzanilla ya que era el mejor posicionado y pidió apoyo total a los asistentes para su candidato, ya que no se recibiría ningún tipo de apoyo por parte del Partido y tampoco permitiría ningún tipo de traición o indisciplina por parte de su equipo. Uno de los asistentes preguntó -¿Y si en ese entonces alguno de nosotros está mejor posicionado? El gobernador respondió de forma contundente –Pues si superan a Fernando sin debilitar al equipo y tienen la capacidad para financiar la campaña adelante.
Quien preguntó fue Tony Gali, en ese entonces Secretario de infraestructura y mencionó su intención de participar, realizaron un pacto de caballeros y Gali inició un proceso de posicionamiento, tenía apenas 9 meses para lograrlo y sabía que necesitaría mucho dinero para lograrlo.
A mediados de noviembre, el gobernador se reunió con ambos precandidatos y sus equipos ya que se requería concretar cuanto antes el nombramiento para impulsarlo y pidió que ambos pusieran en la mesa los argumentos que tenían para lograr retener la capital, ante el crecimiento de personajes ligados a otros partidos. Fernando Manzanilla presentó encuestas, proyectos y promesas de apoyos económicos. Antonio Gali, también presentó encuestas en donde se mostraba su crecimiento, algunos proyectos, pero a diferencia de Manzanilla, no mencionó promesas de apoyos económicos, sino presentó estados de cuenta en donde se mostraban cantidades muy altas de dinero, el gobernador le respondió que era absurdo arriesgar todo su patrimonio en la campaña, Gali respondió que los estados de cuenta que presentaba no eran todo su patrimonio, sino representaba lo que estaba dispuesto a invertir en la campaña.
Todos los presentes se sorprendieron ya que las cantidades eran demasiado altas, ante el ofrecimiento, Fernando Manzanilla pidió 5 días para igualar la oferta de Gali. Manzanilla buscó cobrar viejos favores y desesperado pidió ayuda a todos sus conocidos, uno de ellos, que aún era alto funcionario de la PGR, le dijo que no podía ayudarlo con dinero, pero que tenía algo mejor que ofrecerle y le entregó un expediente de Gali en el cual se mencionaba un solido vinculo entre Tony Gali y el narcotraficante Sergio Villarreal “El Grande”
Se cumplió el plazo solicitado por Manzanilla entregó el expediente al Gobernador en presencia de Gali, el cual le respondió molesto, preguntando si tenía algo más que ofrecer ya que ese expediente era “historia vieja”
En ese momento se tomó la decisión de que Tony sería el candidato, aunque se mantendría la percepción de que Manzanilla estaba en la pelea, con el fin de que el golpeteo político fuera absorbido por él el mayor tiempo posible y lograr que Antonio Gali llegará con una imagen fortalecida y ganadora a la designación oficial como candidato.
Así que ahora que Antonio Gali es oficialmente el candidato, tiene que explicar cuál era su vinculación con Sergio Villarreal “El Grande” y de dónde proceden los recursos que se comprometió a usar en su campaña.
Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien fuera operador del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, actualmente es testigo protegido de la DEA, como lo fue de la PGR para declarar en contra de varios funcionarios como supuestos protectores de narcotraficantes.
Entre ellos, implicó al general Mario Arturo Acosta Chaparro, asesinado el 20 de abril 2012 en la ciudad de México y quien entre 2000 y 2007 estuvo encarcelado acusado de proteger al cartel de Juárez, cargo del que fue exonerado.
egún una filtración del expediente de “El Grande” a la prensa, Villarreal Barragán acusó a Acosta Chaparro de haber recibido por lo menos medio millón de dólares por parte de los hermanos Beltrán Leyva, que en 2008 rompieron la alianza con el cartel de Sinaloa al acusar a Joaquín El Chapo Guzmán de haber entregado al Ejército a su hermano Alfredo, “El Mochomo”.
El Grande fue aprehendido en septiembre de 2010 por elementos de infantería de Marina en el fraccionamiento residencial Puerta de Hierro, en la ciudad de Puebla. Policía judicial en Coahuila y agente de la PGR en los años 90, su detención ocurrió cuando sostenía en los estados de Morelos y Guerrero una fuerte confrontación con Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, a quien responsabilizaba de haber entregado a Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, cuando la Marina lo acribilló en Cuernavaca en diciembre de 2009.

jueves, 20 de junio de 2013

Las víctimas… víctimas de la simulación

El operativo de diciembre de 2009 en Cuernavaca. Foto: Margarito Pérez

Pese a las argucias de la Sedena y la Semar, y la complacencia del ómbudsman nacional, familiares de dos jóvenes tabasqueños ejecutados a finales de 2010 y de otro civil muerto en Cuernavaca por marinos en diciembre de 2009 no cesan de pedir justicia. Entrevistados por Proceso, ellos y sus abogados narran la cadena de absurdos, insensibilidades y trampas con las cuales las autoridades han tratado sus casos, y reiteran su decisión de no conformarse con las indemnizaciones que les ofrece el gobierno federal, porque eso, dicen, es ofensivo. De ahí su clamor: “Queremos justicia, no simulación”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico alertan sobre las fallas de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto para atender los yerros de las Fuerzas Armadas y acusan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de avalar las omisiones de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los padres de Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román –acribillados en noviembre de 2010 en Tabasco por un convoy mixto de fuerzas castrenses y policiales– se quejan porque, arguyen, las exigencias de justicia, así como el reconocimiento público de los abusos cometidos en acciones armadas y las garantías de no repetición, no están contemplados en el esquema de reparación de daños.
Lo mismo dice Andrea Martínez, la esposa de Ignacio Aguilar Rodríguez, el dueño de una tortillería que murió durante el operativo de los marinos el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, contra el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.
En entrevistas por separado, los familiares de las víctimas narran su calvario e insisten: no aceptarán que la justicia se reduzca sólo a una indemnización económica, como lo pretenden las autoridades federales con la complacencia del ómbudsman nacional.
Andrea Martínez Jaimez manifiesta su inconformidad porque, dice, la recomendación de la CNDH relativa al asesinato de su cónyuge cuando caminaba por las inmediaciones del edificio Altitude, donde fue ultimado el capo (la 72/2010), ya fue “cumplida” según la comisión.
“Los de la CNDH me dijeron que el gobierno federal había dispuesto un dinero, que lo agarrara antes de que se fuera Calderón, porque cuando llegara Peña Nieto no iba a tener nada”, narra Andrea mientras se seca las lágrimas.
Madre de dos hijos –una adolescente de 17 años y un pequeño de nueve–, Andrea demostró la inocencia de su esposo, a quien los medios de comunicación presentaron como uno de los pistoleros de Beltrán Leyva. Y cuando pidió la intervención de la CNDH para conseguir becas escolares y atención médica y psicológica para sus hijos y sus suegros, le pidieron conformarse con lo que la dependencia le ofreciera.
En junio de 2012 fue citada por la Semar: “Me hicieron firmar un documento para dividir la cantidad (la indemnización) en dos, porque –dice– Nacho tenía dos hijas mayores.
“Cuando fui les dije que mi esposo se merecía una disculpa pública para que la gente supiera que era una buena persona; les pedía aceptar su error. Insistí en que Nacho se merecía un comunicado aclaratorio, similar al que sacaron cuando murió y en el cual lo hicieron pasar como sicario. Me dijeron que no lo podían hacer”, relata.
Aún se muestra indignada pues, dice, “lo grave no sólo es la muerte de Nacho, sino hacerlo pasar como sicario. Yo he sentido mucho coraje, más cuando te dicen que justicia no se puede pedir porque no saben quién lo ejecutó”.
Semanas antes de concluir el sexenio de Felipe Calderón, recuerda Andrea, personal de la Semar se presentó en su casa y tras auscultar a sus hijos le hicieron firmar un documento en el cual acreditaba que los menores habían recibido atención psicológica “en cumplimiento a la recomendación de la CNDH”. Con eso pretendieron dar por concluido el asunto, asegura.
Recientemente un grupo de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) fue a su domicilio a informarle que la muerte de su esposo sería investigada. No les creyó.
El año pasado, dice, vio morir a su suegro, “seguramente por la tristeza”; además, su hija fue operada de un quiste hemorrágico y a su niño le detectaron un tumor en el pecho que, le explicaron los médicos, no le pueden atender en el Seguro Popular.
Su pequeño es quien más le preocupa. Asmático de nacimiento, el menor presentó crisis severas después del crimen de su padre, a quien estaba muy apegado. Desde entonces ha sido sometido a tratamientos psicológicos y tanatológicos solventados con los recursos de la familia.
“Le tiene miedo a los soldados. Cuando los ve dice que ellos mataron a su papá y nos van a matar también a nosotros. Él quiere morirse para estar con su papá. Su doctora nos sugiere no dejarlo solo, porque es capaz de hacerse daño.
“Cuando recibí el dinero de la Marina me dio tanta tristeza, porque mi familia está destruida y nada me va a devolver a Nacho”, expone Andrea mientras se enjuga las lágrimas.

Contra el “esquema ranchero”

Desde el 14 de noviembre de 2010, cuando los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román fueron asesinados por un comando de militares, marinos y policías federales y estatales en Jalpa de Méndez, Tabasco, sus padres, Víctor Manuel Chan Uicab y Ramón Pérez Hernández, no han dejado de pedir justicia.
Asesorados por los abogados Rosendo Valenzuela Martínez, presidente del Movimiento Ciudadano Somos Más, ambos movilizaron a la población la misma noche del crimen para desactivar el operativo de las Fuerzas Armadas que pretendían sembrar armas a los cadáveres de Víctor Manuel y Ramón.
Luego, con ayuda del abogado Silvano Cantú, impulsor de la Ley General de Víctimas, consiguieron reactivar la averiguación previa que abrió la PGR en contra de los presuntos responsables (Proceso 1868). En noviembre de 2012, la procuraduría consignó la averiguación previa ante un juez federal.
Al mes siguiente, seis marinos, dos soldados, un policía ministerial y un agente de seguridad pública estatal fueron a prisión, acusados de homicidio doloso y abuso de autoridad. Además, otras 16 personas, entre ellas siete soldados, están siendo procesadas por abuso de autoridad, daño en propiedad ajena y encubrimiento por favorecimiento.
Los esfuerzos de los tabasqueños se toparon con “el esquema ranchero” de la Sedena y la Semar, avalado –dicen– por la CNDH. También critican a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, de “carecer de la sensibilidad, los conocimientos y la altura para hacer valer la Ley de Víctimas y los acuerdos internacionales de los que México es parte”, dice el abogado Valenzuela Martínez en entrevista.
Ambas dependencias fueron responsabilizadas de las muertes de los dos jóvenes de Jalpa de Méndez, señala, por lo que se les recomendó resarcir daños materiales y psicológicos a los familiares.
No obstante, admite que “eso tiene que ser con base en normas internacionales, pues implica la reparación integral del daño causado, incluyendo medidas de rehabilitación y de satisfacción; medidas de no repetición, indemnización compuesta por el daño material, inmaterial, lucro cesante, daño emergente y daño al proyecto de vida”.
Don Víctor Chan acota: “La CNDH nos dijo que agarráramos el dinero que nos ofrecían. Nosotros les decíamos que no se trataba de eso. Insistimos: no podemos darnos por satisfechos así nomás, pues se trata de un asunto de justicia. En todo caso, para empezar, la Marina y la Sedena tenían que cubrir nuestros gastos funerarios, que eso no era reparación de daño; les reiteramos nuestra inconformidad por su intención de cerrar el caso con esas acciones”.
Sólo por gastos funerarios, dice don Víctor, desembolsó más de 1 millón de pesos; don Ramón Pérez gastó 490 mil pesos.
Don Víctor y el abogado Valenzuela Martínez cuentan que, en su afán por avalar a la Semar y la Sedena, visitadores de la CNDH buscaron a personas que sí aceptaran los recursos ofrecidos por la Marina.
Con el aval de la comisión, insisten, se le entregaron fondos federales a Alejandra Valenzuela, quien se divorció de Chan Javier un año antes de su asesinato, aun cuando no tuvo hijos con él –“ni siquiera fue al funeral”, puntualiza el abogado–.
También coaccionaron a doña Guadalupe Román, madre de Ramón Pérez, pese a que no vivía con él porque estaba divorciada de don Ramón; ella “nunca exigió justicia para su hijo”, agrega Valenzuela Martínez.
La Semar entregó los recursos a las “beneficiarias” el 9 de octubre de 2012. Por eso, cuando el 28 de noviembre de 2012 los padres de las víctimas y sus abogados fueron a la CNDH, les dijeron que ya les habían pagado.
Ese día, el maestro Silvano Cantú le preguntó al segundo visitador, Marat Paredes, cuáles fueron los criterios para fijar el monto; no supo contestar, resalta Valenzuela.
Y como los padres de los dos jóvenes tabasqueños insistieron en que se les cubrieran los gastos funerarios, tal como se había comprometido personal de la Sedena, el representante de la dependencia, Antonio Mendoza Sánchez, exigió documentos con validez fiscal.
Con el gobierno de Peña Nieto, los padres y abogados de los jóvenes insistieron en que su proyecto de reparación fuera considerado. El 2 de abril, por intermediación del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se reunieron con Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Fue una reunión terrible. Mientras estábamos exponiendo, ella jugaba con su celular. Le mencionamos la Ley General de Víctimas y no sabía de qué le estábamos hablando. Agarró un teléfono rojo y se puso a platicar al parecer con uno de la CNDH. No queremos volver a tratar con esa señora”, cuenta don Víctor.
Tres semanas después, el 24 de abril, fueron convocados nuevamente a Gobernación, a una reunión que encabezó Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Y aunque hubo “sensibilidad y conocimiento de lo que plantemos”, la Sedena no cambió su posición, dice el abogado Valenzuela.
A ese encuentro acudió también el representante de Províctima, Antonio Pérez Bravo, quien recordó que en Durango el Ministerio Público dio fe de la validez de comprobantes entregados por familiares de víctimas en un caso en el cual estuvo involucrado el Ejército.
Dice Valenzuela: “Estamos en un impasse. En materia de derechos humanos la Sedena y la Semar tienen el mismo estilo que en el sexenio pasado; es la misma vaca, pero ordeñada. Quieren recurrir al esquema ranchero de pagar un dinero y con eso bloquear a los familiares de las víctimas”.
Y aun cuando no ceja en su demanda de justicia, don Víctor pone sus condiciones: “Ya no queremos hablar con Lía Limón, queremos que sea el secretario (Miguel Ángel) Osorio Chong quien nos atienda; queremos alguien con poder de decisión. Queremos justicia en serio, no simulación”.

Enfrentamiento en poblado chihuahuense deja cinco sicarios muertos

Los restos de un enfrentamiento en Michoacán. Foto: Alan Oretga

CHIHUAHUA, Chih., (proceso.com.mx).- Los pobladores de San Juanito y Creel, municipio de Bocoyna, permanecen en sus casas luego de un enfrentamiento entre un grupo de sicarios con agentes de la Policía Estatal Única ocurrido en el camino a San Juanito.
El saldo fue de cinco delincuentes muertos  y dos más detenidos, informó la Fiscalía Zona Occidente.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, después de que la Policía Estatal recibiera una llamada anónima que alertó a los agentes de la presencia de un retén ilegal en la carretera del poblado, ubicado a 30 kilómetros de Creel.
De acuerdo con el reporte anónimo, varias personas viajaban por la carretera a San Juanito cuando fueron amenazados por un grupo de unos diez hombres armados con chalecos antibalas y pasamontañas.
Una persona denunció al retén y los agentes de la Policía Estatal Única acudieron al lugar para detenerlos, intentaron aprehender a los hombres armados, pero éstos huyeron en una camioneta modelo Dodge Ra 2500 blanca.
Los agentes los persiguieron y comenzó el fuego cruzado. En pocos momentos, llegaron sicarios a bordo de dos vehículos más para apoyar al grupo delictivo, indicaron los testigos.
De acuerdo con la vocera de la Fiscalía Zona Occidente, Alexa Lara, entre los fallecidos se encuentra “El Balta”, presunto líder del grupo delictivo. Las autoridades aún no precisan esta información.
Pobladores de San Juanito aseguran que “El Balta” es jefe del grupo delictivo “La Línea”, perteneciente al cártel de Juárez, que opera en la Sierra Tarahumara para extorsionar, secuestrar y asesinar.
Los agentes aseguraron chalecos antibalas, pasamontañas, tres fusiles calibre .223, dos armas llamadas “cuerno de chivo”, dos revólver .38 especial, así como la camioneta  Ram blanca; una pick up azul marino cabina y media, modelo 2004, y un automóvil Grand Marquis color gris oscuro, modelo 2004.

sábado, 15 de junio de 2013

Escándalo nacional: documenta Proceso apoyo del narco a campaña de Peña Nieto



En el ominoso Triángulo Dorado del narcotráfico, enclavado entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, el PRI logró beneficiarse del activismo a punta de pistola que desplegaron las organizaciones delictivas, insólitamente unidas por una causa política. Militantes de la oposición relatan cómo los eficaces operadores levantaron la copiosa cosecha de sufragios priistas aun en localidades donde hace meses no vive nadie?

  • *La Consigna de la delincuencia organizada en el Triángulo Dorado (enclavado entre Sinaloa, Chihuahua y Durango), era votar por el PRI; los narcos inhibieron la libertad de votantes y partidos: en Chihuahua llegaron al extremo de encerrar en bodegas a cientos de indígenas rarámuris y advirtieron que prenderían fuego a las casas de quienes no votaran por los candidatos del PRI. En Durango amenazaron de muerte a representantes de otros partidos. En Sinaloa, hombres encapuchados y armados instalaron retenes en las carreteras. Decían: "Sólo los del PRI y los del IFE pasan, nadie más".

  • (Proceso).- Voten por el PRI”, fue la consigna de los grupos de la delincuencia organizada en el Triángulo Dorado, área en que confluyen los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se produce alrededor de 80% de la mariguana y amapola del país.
 
En esa peligrosa zona se movilizaron a favor en el mismo sentido el Cártel de Sinaloa, el de Juárez, la organización de los Beltrán Leyva y Los Zetas. Y el PRI ganó.
 
Para conseguirlo, los narcos inhibieron la libertad de votantes y partidos: en Chihuahua llegaron al extremo de encerrar en bodegas a cientos de indígenas rarámuris y advirtieron que prenderían fuego a las casas de quienes no votaran por los candidatos del PRI. En Durango amenazaron de muerte a representantes de otros partidos. En Sinaloa, hombres encapuchados y armados instalaron retenes en las carreteras. Decían: “Sólo los del PRI y los del IFE pasan, nadie más”.
 
Mario Vázquez Robles, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, señala: “Pareciera que una alianza de facto entre los cárteles y el PRI se puso en marcha para llevarlo a la victoria”. Coinciden los sinaloenses Felipe Manzanares y Mercedes Murillo, él presidente del partido Movimiento Ciudadano en la entidad y ella candidata del mismo al Senado.
 
–¿Qué factores incidieron para la derrota del partido en el estado? –se le pregunta a Vázquez Robles.
–Factores internos como la selección de candidatos, que originó una problemática que no sanó, y factores externos relacionados con una intromisión del gobernador César Duarte, quien hizo una campaña frenética a favor de Enrique Peña Nieto. No reparó: hubo carro completo. Repartió programas, alimentos, tinacos, y compró votos a un costo de 500 a mil 500 pesos cada uno. Pagó a granel. Fue increíble, no sé de dónde salió tanto dinero.
 
“Intervinieron grupos de narcotraficantes a favor del PRI –describe el dirigente estatal panista–. Parecía que había una alianza de facto entre ellos: nuestros representantes generales, los de casilla e incluso nuestra militancia, estaban amenazados. Les dijeron: ‘Si gana el PAN o si votan por el PAN, arderán casas y su familia sufrirá’.
 
“Aunque me preocupa mucho, esta parte no la denunciamos porque la gente tiene miedo. Son municipios como Batopilas, Balleza, Nonoava, Gómez Farías, Ocampo, Guadalupe y Calvo, Guerrero… entre otros, donde parece que el Estado ha doblado las manos y está dispuesto a no gobernar, porque quienes mandan son los que tienen el poder económico a partir de actividades ilícitas y de lo que ha dejado la lucha por el control territorial.”
 
Vázquez Robles relata que los grupos armados amenazaron a los panistas mediante llamadas telefónicas, mientras que los representantes generales de casilla fueron perseguidos en autos hasta que los obligaron a regresar a sus viviendas, y ahí los vigilaban para evitar que salieran. Hasta les prohibieron realizar llamadas telefónicas.
 
Un día antes de la elección, en Delicias un grupo de hombres baleó el negocio de un operador del PAN y arrojó bombas molotov en su casa. Este ataque sí se denunció ante el Ministerio Público local.
 
En Balleza, lugar de nacimiento del gobernador priista César Duarte y colindante con los municipios duranguenses Ocampo y Guanaceví, dos días antes de la elección los sicarios también impusieron su ley:
“En camionetas recorrieron la sierra –narra Vázquez Robles– y bajaron a cientos de indígenas rarámuris, que fueron concentrados en las localidades de San Carlos, Pichique y Arroyo del Rebol, lugares en los que el IFE instaló casillas electorales. Los encerraron en bodegas vigiladas por hombres armados. Ellos, a bordo de cuatrimotos, patrullaron los pueblos haciéndose notar para amedrentar a la población. El domingo 1 los rarámuris, completamente alcoholizados, fueron enviados a votar por el PRI. Después, como pudieron, regresaron a sus localidades dispersas en la Sierra Tarahumara.”
 
Guadalupe y Calvo fue otro municipio estratégico para el PRI. Igual que Balleza, está bajo el dominio del Cártel de Sinaloa. Colinda al suroeste con Badiraguato, tierra de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y al oeste con Sinaloa de Leyva, ambos municipios sinaloenses; mientras que al sureste limita con Tepehuanes, al sur con Tamazula y al este con Guanaceví, los tres duranguenses.
 
El dirigente panista explica que “Guadalupe y Calvo es reconocido por el alto grado de incidencia que tienen los narcotraficantes. Aquí también hubo compra de votos y amenazaron con incendiar el pueblo. El IFE nos comunicó que no había condiciones de seguridad y que fue imposible ubicar algunos centros de votación”.
“Promotores” del PRI
 
Lo mismo sucedía en la región media de la entidad: el día de las elecciones un abogado del PAN fue enviado al municipio de Guerrero para proporcionar asesoría jurídica e interponer denuncias porque había gente pagando votos con dinero en efectivo. A la entrada del pueblo un grupo de halcones lo interceptó y lo amenazaron para que no hiciera nada. El litigante se refugio en la cárcel hasta que consideró seguro trasladarse a la sede municipal de su partido, pero los sicarios lograron su objetivo: ya no operó.
 
–En el norte del estado, en Guadalupe Distrito Bravos y en Praexedis, zonas que el Cártel de Sinaloa le disputó al de Juárez, ¿en qué condiciones se dio la votación?
–En todo el estado ganó el PRI. Sólo rescatamos el Distrito 03 de Ciudad Juárez y estamos prácticamente empatados en el Distrito 06 de Chihuahua capital; todos los demás fueron arrasados por el PRI.
–Llama la atención que la delincuencia organizada haya operado a favor del PRI.
 
–No sé si fue un acuerdo, o bien esos grupos se sienten más cómodos con el PRI y decidieron tomar partido. Esto lo observamos ligeramente en la elección estatal de 2010 y ahora lo vivimos de forma alarmante.
 
Los perredistas no corrieron con mejor suerte: sus representantes de casilla en Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique, Moris, Batopilas, Uruachi, Madera y Ocampo, que colindan con Sonora, Durango y Sinaloa, tuvieron miedo de asistir a las casillas por la inseguridad generada por los cárteles, como admitió Bertha Luján Uranga, coordinadora estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
 
En el estado de Durango, tras las elecciones de 2010, el entonces candidato a gobernador por la Coalición Durango Nos Une (PAN y PRD), José Rosas Aispuro Torres, acusó al exgobernador priista Ismael Hernández Deras de pactar con los narcos para que se movilizaran a favor de su partido (Proceso 1761).
 
Esta vez el PAN dejó de cubrir 15 secciones electorales en Guanaceví, Tamazula , San Bernardo, El Salto y Coneto de Comonfort. Los primeros cuatro colindan con Balleza, Morelos y Guadalupe y Calvo, de Chihuahua; y con Badiraguato, Sinaloa. Integran una región boscosa en la que desde hace generaciones se cultivan mariguana y amapola.
 
De Tamazula era Nacho Coronel, a quien llegó a considerársele el tercero en el mando del Cártel de Sinaloa y era tío de Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán. A su muerte, en Zapopan, Jalisco, el 29 de julio de 2010, se le conocía como el Rey del Ice. La PGR clasifica esta zona como altamente productora de drogas sintéticas.
 
En Santiago Papasquiaro, otro municipio productor de enervantes, ninguna comunidad vivió un “clima propicio” para el proceso electoral, como alertó días antes a la prensa el presidente estatal del PAN, Víctor Castañeda.
 
Se corría el riesgo de morir si se cubrían las casillas de secciones como El Durazno, en Tamazula; San Jerónimo, Llano Grande de Milpillas, San Francisco de Lajas, Corralitos y La Peña en Pueblo Nuevo; San Francisco de los Canos, en Guanaceví; Matalotes, División del Norte, Charco Azul, Amador, San José del Tule y Ricardo Flores Magón en San Bernardo; y Zaragoza y Sapioriz, de Coneto de Comonfort.
 
De acuerdo con panistas consultados, en Pueblo Nuevo a uno de ellos los sicarios le apuntaron con un arma en la cabeza y le dijeron: “La próxima vez que te veamos aquí te va a llevar la chingada”. Desde el primer simulacro realizado por el IFE no fue posible instalar algunas casillas en la zona.
 
En la población de San Jerónimo, de este municipio, la votación para el PRI en la sección 1029 fue arrolladora: 253, contra 26 del PAN. En Corralitos, sección 1043, el PRI obtuvo 50 y el PAN 12. En la página web del IFE, las secciones 1061 de San Francisco de Lajas y 1042 de Milpillas aparecen con la celda de resultados en blanco. Lo mismo sucedió con las casillas de Guanaceví y la de Tamazula.
 
En el resto de las secciones electorales, grupos armados que recorrían constantemente las comunidades intimidaron por igual a militantes y electores. En Guanaceví los panistas de plano rechazaron ser representantes de casilla por temor. Desde las elecciones de 2010 se reportó que los grupos de la delincuencia organizada trabajaron a favor del PRI en esta zona.
 
El voto de los desplazados
 
En Durango operan Los Zetas en alianza con los Beltrán Leyva y el cártel de Juárez. Le pelean al Cártel de Sinaloa municipios como Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Gómez Palacio, Lerdo, Súchil, Mezquital, Pánuco de Coronado y Canatlán, y a pesar de esta disputa fueron ganados por el PRI.
 
El Triángulo Dorado es famoso por ser el territorio donde más se producen enervantes en el país y porque en su lado sinaloense nacieron precursores de las grandes organizaciones criminales, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Rafael Palma y Amado Carrillo Fuentes. Además, es la tierra de los líderes posteriores: Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada y Juan José Esparragoza, de Sinaloa; Vicente Carrillo Fuentes, de Juárez, la familia Arellano Félix, de Tijuana; Osiel Cárdenas, del Golfo y los hermanos Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán Leyva.
 
En Sinaloa, Mercedes Murillo, candidata al senado por la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), le dirigió al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, un escrito fechado el 19 de junio pasado:
 
“Hay un problema grave debido a la violencia causada por organizaciones delictivas en comunidades ubicadas en la serranía de los municipios de Choix, Badiraguato y Sinaloa de Leyva. Los cárteles impiden a los representantes de casilla y representantes generales del Movimiento Progresista ingresar a estas poblaciones. Sujetos armados indican que ‘sólo gente del PRI y del IFE entran’.”
 
Murillo especificó esas localidades: en el municipio de Choix, fueron Tararán, Los Cedros, San Pantaleón, El Sauz de San Isidro, San José de los Llanos, Frijol, Yecorato, Bacayopa, Casa Viejas, El Pichol y La Sidra; de Sinaloa de Leyva son Chacupana, Potrero de Félix, Baromena, Los Quintero, Carrisalejo, Haciendita de Ceballos, San José de las Delicias y La Higuerita.
 
La candidata señaló asimismo 16 secciones electorales ubicadas en comunidades deshabitadas, ya que los habitantes fueron desplazados por organizaciones delictivas. La gente de ahí ya tiene tres meses de no entrar en sus hogares.
 
Son lugares ubicados en el municipio de Choix (Metatitos y La Chirimoya), Badiraguato (Cortijos de Guantenipa y Cortijos de los Olivas) y Sinaloa de Leyva (Potrero de Bernal, Ciénega de Parra, Las Tunas, Mesa de Zapotillo, El Pinito, Los Pilares, Los Laureles, La Manzana, Vinaterías y Alamillos).
 
El IFE tuvo que reubicar siete secciones electorales de Sinaloa de Leyva (Ocoragui, San José de los Hornos, Joya de los Martínez, Sierrita de Germán, Plan de Ocote, Zapote de los Torres y Melón de Zapote) a las localidades de Los Quintero y Potrero de Félix, justo adonde los grupos armados impedían el ingreso a gente que no fuera del PRI o del IFE.
 
Además, dos secciones electorales de Choix fueron cambiadas a la localidad de Yecorato, también despoblada por la amenaza de las bandas delictivas.
 
Hasta hace tres meses esta región era controlada por el Cártel de Sinaloa en aparente calma, pero entonces llegó gente de los Beltrán Leyva a disputarle el dominio.
 
La candidata Mercedes Murillo le solicitó al IFE que no se instalaran casillas en esas localidades porque eran vulnerables a “actos ilícitos de carácter electoral”, pero sobre todo porque corría peligro la vida e integridad de representantes de los partidos y los funcionarios de casilla.
 
Al rastrear en el sitio web del IFE algunas casillas reportadas por Mercedes Murillo, como la sección 1791, instalada en Casa Viejas, municipio de Choix, los resultados fueron: 85 votos para el PRI, 25 para el PAN y siete para el PRD.
 
En las comunidades deshabitadas de Badiraguato, la casilla 259 de Cortijos de Guatenipa, sección 618, reportó 46 votos para el PRI y ninguno para el resto de los partidos. La 64, de la sección 602 de Cortijo de los Olivos, aparece sin información.
 
La casilla 448, de la sección 3433, instalada en Las Tunas, municipio de Sinaloa de Leyva, tuvo 88 votos para el PAN y 78 para el PRI.
 
El diputado Felipe Manzanares, presidente del Movimiento Ciudadano en Sinaloa, señala que los habitantes salieron de sus viviendas y abandonaron todas sus pertenencias y documentos personales, como actas de nacimiento y credenciales de elector. “Aun así –afirma– las casillas se instalaron y se reportaron votos sin que hubiera habitantes… No sabemos cómo sucedió.
 
“Días antes de la elección le pedimos al IFE que tomara cartas en el asunto. Ahora, coincidentemente, resulta que el Distrito 01, donde se encuentran todas las localidades que denunciamos, lo gana el PRI. Aquí la tendencia de los resultados electorales coincidió con la amenaza de los grupos de la delincuencia organizada.
”

miércoles, 29 de mayo de 2013

Pacificar al país, no frenar el tráfico de drogas, prioridad de Peña: Medina Mora

Eduardo Medina Mora, embajador de México en EU. Foto: Germán Canseco

WASHINGTON (apro).- En el problema de seguridad y narcoviolencia que enfrenta el país, el objetivo del gobierno de Enrique Peña Nieto es lograr la pacificación y no necesariamente frenar el tráfico de drogas, aseguró aquí el embajador Eduardo Medina Mora.
Desde una perspectiva nacional, “el objetivo no debería ser el ponerle fin al tráfico de drogas, porque está más allá de nuestro alcance, sino darle a los ciudadanos el derecho de vivir en paz con sus familias y en sus comunidades”, explicó el también exprocurador general de la República en la primera parte del sexenio de Felipe Calderón, durante su ponencia en la cena organizada por el Instituto México del Centro Woodrow Wilson.
Sin embargo, añadió que “las estrategias nacionales deben ser coordinadas y entendidas desde un punto de vista regional; (en caso contrario) únicamente estamos empujando los problemas hacia nuestros vecinos”.
Justo cuando se mantiene suspendida la cooperación bilateral en materia de inteligencia para combatir al crimen organizado, debido a que la Secretaría de Gobernación, que dirige Miguel Ángel Osorio Chong, está diseñando la nueva estructura de trabajo con Washington, Medina Mora alimenta la especie de que el gobierno de Peña Nieto pretende negociar una tregua en la guerra contra con los cárteles del narcotráfico para atenuar la violencia.
Desde el 1 de diciembre pasado, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, el gobierno mexicano dejó en claro al de Obama que desmilitarizaría la lucha contra el narcotráfico, regresando al Ejército a los cuarteles, aparta de que “desnarcotizaría” el eje central de la relación con Estados Unidos.
Esta perspectiva de Peña Nieto, distante en mucho de la de Calderón, quien abrió todas las puertas del país a las agencias de inteligencia de Washington, con el argumento de la cooperación antinarcóticos, generó de inmediato los rumores en la prensa estadunidense de que el nuevo mandatario mexicano negociaría la paz con los cárteles de la droga.
Periódicos de relevancia nacional, como el New York Times y el Washington Post, entre otros, han repetido en varias ocasiones que se habla de que Peña Nieto daría más libertad a los cárteles de la droga para el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos, a cambio de que le ayuden a contener la narcoviolencia y disminuir los niveles de otros tipos de delitos asociados al crimen organizado.
“Déjenme regresar a mi premisa esencial, el tráfico de drogas no es el verdadero problema, es solamente un componente del crimen organizado internacional, aunque hace que las cosas sean más complicadas”, subrayó Medina Mora.
El diplomático explicó a académicos, analistas y demás invitados del Instituto México que aun cuando las estructuras del crimen organizado usan a las drogas como su plataforma, en realidad privilegian otros delitos para lograr mayor beneficio económico, entre ellos la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y de personas y los ilícitos cibernéticos.
“El problema es complejo y no puede abordarse con una sola estrategia”, subrayó Medina Mora en referencia directa al combate frontal contra el narcotráfico que México y Estados Unidos han llevado a cabo en los últimos años en el marco de la Iniciativa Mérida.
“Necesita una estrategia holística: prevención, políticas sociales cohesivas, combate al lavado de dinero y confiscación de bienes, políticas de salubridad, un gobierno eficiente, la aplicación de la ley, un sistema judicial efectivo y transparente; instituciones fuertes y respetadas, bajos niveles de violencia, una economía floreciente y estable, educación, empleo y oportunidades empresariales; y todo esto enfocado en el objetivo del respeto a los derechos humanos y al derecho de cada individuo para todo su potencial”, agregó Medina Mora.
En este que fue su primer discurso como embajador en Washington, en el que el tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico fuera el tópico mas importante, Medina Mora admitió que el crimen organizado tiene la capacidad de retar a los poderes básicos del Estado, al monopolio del uso de la fuerza; de promulgar reglas generales y legislaciones, e incluso de recolectar impuestos.
“Ha habido pérdida del control territorial en geografías relevantes”, admitió el exprocurador del sexenio calderonista.
Sobre la responsabilidad que tiene Estados Unidos en el problema de la narcoviolencia que priva en México y en al trasiego de las drogas, el embajador mexicano dijo que se han abordado todas las vías disponibles para lograr la estabilidad y paz, pero sin lograr los resultados deseados.
“Estoy, todos estamos, frustrados e insatisfechos con el estatus actual. No está funcionando, se dice con frecuencia; el tráfico y el consumo de drogas continúan siendo de manera obsesiva el foco de nuestra atención”, remató Medina Mora.

miércoles, 8 de mayo de 2013

Se extienden a 43 países los tentáculos de Los Zetas

Un decomiso de armamento a Los Zetas, en octubre de 2012. Foto: Benjamin Flores


MÉXICO, D.F. (apro).- Los tentáculos del cártel de Los Zetas, uno de los grupos criminales más sanguinarios de México, se han extendido a 43 países de Europa, con varias ramificaciones de delincuencia organizada, como la trata de blancas.
Ello se desprende de un estudio realizado por Libera, una organización conformada por más de mil agrupaciones de activistas europeos y americanos defensores de los derechos humanos, en el que se detalla la alianza de Los Zetas con la mafia más poderosa de Italia: la denominada Ndrangheta.
Luego de establecer una red de abasto de drogas desde Centroamérica hasta la frontera norte de México, ahora el grupo criminal mexicano envía a Italia 40% de la producción de cocaína que se genera en Colombia, Bolivia y Perú, según el estudio elaborado con base en investigaciones de la policía de ese país.
El documento –denominado “México, la guerra invisible. Historias, cifras y negocios de los cárteles criminales y la impunidad de las mafias mexicanas”–, puntualiza que la alianza entre Los Zetas y la mafia italiana es provechosa para ambos grupos criminales.
Los primeros, dice, se encargan de transportar la droga de América a Europa a través de países africanos, y La Ndrangheta es la responsable de garantizar colocaciones seguras de la cocaína y una serie de plazas rentables en países europeos.
La Ndrangheta es el partner o socio perfecto para Los Zetas: con su red capilar logra vender la droga en todo el continente europeo, puntualiza el estudio.
Esa alianza, agrega, se ha expandido a toda Europa, principalmente España, Italia, Holanda y los países en crisis, como Portugal y Rusia, e incluso a Alemania, donde la Ndrangheta es muy fuerte.
Las relaciones entre los dos grupos criminales (Zetas y Ndrangheta) han sido demostradas por algunos operativos realizados por la Procuraduría Distrital Antimafia de Reggio Calabria, región donde se asienta el más importante grupo criminal de Italia, asienta el estudio.
Sostiene que la Ndrangheta domina ya el mercado del polvo blanco en Europa, gracias a las relaciones con los narcos colombianos, pero sobre todo a la alianza con Los Zetas.
En los años ochenta y noventa eran los colombianos quienes manejaban el negocio: la droga era enviada a los centros de consumo (Estados Unidos y Europa) por vía aérea o con la colaboración de los criminales mexicanos, los cuales se limitaban simplemente a facilitar el transporte de los estupefacientes en su territorio.
Los jefes de Cali y Medellín eran los que decidían dónde, cómo y a cuánto vender.
Después del debilitamiento de los grandes grupos criminales colombianos en el año 2000, el sistema cambió en favor de los cárteles mexicanos, que han asumido la gestión directa del tráfico de drogas a Europa y ya no se limitan a transportar la cocaína, sino que ahora deciden su precio, las rutas y los destinos, principalmente tres: Estados Unidos, país al que envía 40% de la cocaína producida a través de la porosa frontera sur; el mercado europeo, donde llega una cantidad idéntica mediante el corredor del Caribe o a través de las Antillas, y el emergente mercado africano.
De hecho, los narcovuelos dirigidos a Europa hacen escala en los aeropuertos de África occidental, que son poco controlados y proclives a la corrupción, detalla el estudio.
La mayoría de la coca sigue vía barco hacia Italia, España u Holanda. Un 20% de esta droga se queda en esos países para incrementar el consumo local.
Europa y África son colocaciones cada vez más relevantes para las bandas criminales, sobre todo después del aumento de los controles a lo largo de las fronteras estadunidenses, por lo que los cárteles de la droga mexicanos se han visto obligados a voltear a otros mercados, en especial el europeo.

sábado, 22 de diciembre de 2012

¿El narco en la Sagarpa?

Celaya Valenzuela, el capo priista Foto: Especial
Celaya Valenzuela, el capo priista
Foto: Especial
MÉXICO, D.F. (apro).- El 10 de agosto pasado, cuando en España detuvieron a Jesús Gutiérrez Guzmán, primo de Joaquín El chapo Guzmán, rápidamente aparecieron en las redes sociales fotografías de Enrique Peña Nieto con uno de los acompañantes del primo de El Chapo.
Se trató de Rafael Humberto Celaya Valenzuela; la detención fue en coordinación con el FBI, los cargos fueron por ser presuntos integrantes de una célula del cartel de Sinaloa que pretendía expandir sus negocios a España.
Celaya Valenzuela resultó ser de un destacado priista, excoordinador de candidatos a diputados federales por Sonora. A las pocas horas de conocerse la noticia, todo mundo se deslindó del sonorense. Primero fue el comité directivo de esa norteña entidad, luego, la dirigencia nacional del PRI.
Y es que el detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico subió a su página de Facebook varias fotografías, una de ellas con Enrique Peña Nieto durante su registro como candidato presidencial por el PRI; otra con el senador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y una más con Ernesto Gándara, actual senador de la República y expresidente municipal de Hermosillo, la capital de Sonora.
Todos lo negaron, pero Gándara no puede rechazar su cercanía con el hoy detenido, pues durante su gestión como presidente municipal 2006-2009 lo nombró director de Administración y Finanzas del organismo operador del agua. Una dependencia vital para un municipio por donde corre el Distrito 4 de riego, uno de los más ricos del país. Y vital también para todos aquellos que pretendan sembrar…lo que sea… por aquella zona.
Otro más que no puede siquiera intentar negarlo es Víctor Hugo Celaya Celaya. ¿Y este hombre quién es? Pues nada menos que el recién nombrado jefe de Delegaciones de la Sagarpa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quien, a su vez, es tío del presunto narcotraficante.
Llama la atención que Celaya Celaya esté en una posición clave del agro, sobre todo si pensamos cuan valiosas son las tierras y empaques para los carteles mexicanos. Pero lo más curioso de todo es que Enrique Martínez y Martínez, actual titular de la Sagarpa, no fue quien designó a Celeya Celaya, sino el propio Enrique Peña Nieto, el mismo que aparece en la foto con el joven preso en España.
Las designaciones que hizo Peña Nieto en su gabinete y las cuñas que impuso a varios secretarios –dice que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo–, más que dudas, generan preocupación. En este caso no se puede dejar de lado el parentesco de Celeya Celaya con el presunto narcotraficante, tampoco de su cercanía con Peña Nieto.
Una de las hipótesis que se hicieron antes del regreso del PRI a Los Pinos, fue la famosa pax mafia. Aquel pacto que los narcotraficantes hicieran con algunos gobiernos para poner orden. Se dijo que Peña Nieto haría lo mismo; muchos pensaron que se trataba de un análisis superficial y elemental, por lo mismo, descartable, sin embargo, con el paso de los días la preocupación de si esa será la fórmula que eligió el equipo de Peña Nieto, aumenta.
Cierto es que la parentela no la elige uno, mucho menos su actividad. Pero en México ningún cabo puede quedar en el olvido. A todos hay que seguir los pasos, pues la narcopolítica en este país, existe… Y aunque la mayor parte de los medios de información quieran hacer parecer que ya no hay ejecutados ni desaparecidos, lo cierto es que uno no se puede dejar ir con esta ilusión que el gobierno de Peña Nieto pretende imponer, mucho menos cuando se trata de crimen organizado y su posible filtración en el poder…
Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx
@jesusaproceso

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