Refutan defensores a Miranda de Wallace por acusaciones contra relator de la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Defensores de derechos humanos refutaron las declaraciones realizadas por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, al acusar a Juan Méndez, relator especial sobre tortura de la ONU, de no defender a las víctimas y de tener una red de complicidades.

En días pasados, la activista afirmó que en esa red de corrupción estarían incluidas personas que en México han destacado por realizar trabajo en materia de derechos humanos.

Miranda de Wallace indicó que a Méndez se le olvidó que ella es una víctima indirecta del secuestro y asesinato de su hijo, “y me parece que él está faltando a mi dignidad de persona, al insultarme y faltarme al respeto, por discrepar de algo que es a todas luces cierto”.

Acusó que en su informe el funcionario de la ONU establece que no usó ninguna metodología para determinar si hubo tortura o no en nuestro país, siendo que sólo visitó cuatro estados en los cuales no acudió a todas las cárceles, pero además no usó una metodología para determinar si los reos habían sido torturados o no.

“El señor Juan Méndez no puede determinar a capricho. Ellos, y lo afirmo y lo pruebo, tienen una red de complicidad, para hacer tan laxo el tema de tortura”, destacó Miranda de Wallace.

Al respecto, en un comunicado emitido este domingo, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su respaldo al relator de la ONU,

En el documento indicaron que “las aseveraciones gratuitas y ya escuchadas a lo largo de los años de la señora María Isabel Miranda de Wallace distraen la atención sobre la discusión esencial en México, un país con importantes e impostergables retos en materia de derechos humanos para todas las personas, especialmente para las víctimas”.

Agregaron que lo dicho por la señora Wallace “denuestan el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento al trabajo serio, profesional, ético y metódico del actual relator especial Juan Méndez quien es un abogado y catedrático que luchó contra la dictadura argentina y que fue apresado por ello, ha sido director de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y ha integrado diversas instancias de protección de derechos humanos. Por todo ello Juan Méndez goza de prestigio y reconocimiento internacionales.

Señalaron que en virtud de que las acusaciones de Wallace incluyen a otras defensoras y defensores, de quienes muestra sus fotografías, “es preciso recordar que existen obligaciones específicas de los Estados de garantizar el trabajo de abogados y abogadas, así como de personas defensoras de derechos humanos, como se desprende de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.

Las organizaciones consideraron preciso que el mismo Estado mexicano en su conjunto lleve a cabo campañas de dignificación de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, como lo han señalado diversos órganos de protección de derechos humanos. Eso es lo que toca frente a la campaña que ha desarrollado la señora Wallace a lo largo de los años contra defensoras y defensores de derechos humanos.

“Hoy más que nunca es fundamental que las discusiones y propuestas se centren en políticas, leyes y medidas que hagan que nuestro país finalmente sea un lugar en el que los derechos humanos sean una realidad: que se respeten, protejan y promuevan en el espíritu previsto en el artículo 1º Constitucional y los más altos estándares de derechos humanos.

“Lamentamos las declaraciones realizadas por la Sra. María Isabel Miranda de Wallace y exigimos a las autoridades del Estado mexicano cumplan con su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos contra persecuciones y restricciones o injerencias indebidas y que tome las medidas necesarias para garantizar esta labor”.

El comunicado fue firmado por las organizaciones Abogadas Demócratas; Afrodescendencias en México, A.C.; Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC); Católicas por el derecho a decidir Cauce Ciudadano A.C.;  Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.;  Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C; Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A.C; Centro Nacional de Comunicación Social, A. C. (Cencos); Círculo Cultural Morelos A. C.; Círculo de Estudios de Género, A.C.; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. CADHAC; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC); Comité de Derechos Humanos del Ajusco: Comunicación Comunitaria A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC); ControlaTuGobierno, A.C.; Ecos de Mirabal; El Barzón Chihuahua; El Barzón Nacional; Fatima, I.B.P; Fundación Don Sergio A.C;  Fundar Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C; Grupo de Mujeres de San Cristóbal, A. C.; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C; Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C.; Iskra Casa de Cultura; Justicia para Nuestras Hijas; Kakúm Colectiva; Mujeres Barzonistas; Mujeres por México en Chihuahua, A.C; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A.C. (UCD Chihuahua); Organización Popular Independiente, A. C. de Ciudad Juárez, Chih.; Red Hispanoamericana Contra el Abuso Sexual Infantil; Red por la Participación Ciudadana Red Retoño; Ririki Intervención Social. Personas: Aleida Calleja, Clara Jusidman, Claudia Cruz, Consuelo Morales E., David Peña, Enrique González Ruiz, Gabriel González J., Homero D. Vázquez Carmona, Irma Rosa Martínez A., Jesús Robles Maloof, Juan Machín,  Karla Micheel Salas, Lucila Servitje, Luis Yáñez Trujillo, Luz Estela Castro Rodríguez, Ma. Enriqueta Cepeda Ruiz, María de los Ángeles Fuentes Vera, María Elena Azaola, Martha D. González, Martha Guadalupe Figueroa Mier, Martín Faz Mora, Maylí Sepúlveda Toledo, Miguel Adame Vázquez, Miguel Concha Malo, Sergio Aguayo, Sergio Ramírez.

Cámaras, Pemex, CFE y SG, bajo blindaje de la PF

Despliegue en el Centro Histórico en prevención de protestas

Extienden el operativo policiaco a Gobernación y edificios estratégicos

En vísperas de la discusión de la reforma energética en el Senado se reforzaron los cercos que rodean ese órgano legislativo y la Cámara de Diputados. Además, anoche se instaló un campamento en la calle aledaña a la Secretaría de Gobernación para la pernocta de cientos de elementos de la Policía Federal (PF).

Además, se montaron operativos especiales de seguridad en edificios considerados estratégicos, como la torre de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
En las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos se mantiene una alerta policiaca. Información obtenida por este diario indica que la PF mantiene unos mil 400 agentes en las diversas instalaciones federales, y también en estado de alerta ante las eventuales protestas por la discusión legislativa que se espera a partir de hoy.
Además, grupos de entre 500 y 600 hombres están apostados en inmediaciones del Centro Histórico de la ciudad de México para que actúen en caso de que esté en riesgo la seguridad interna de alguna dependencia. Funcionarios federales indicaron que la seguridad interna de los recintos legislativos estará en manos de la corporación federal, mientras la policía capitalina se hará cargo de la seguridad perimetral.

Sobre la calle General Prim, en el tramo Bucareli-Versalles, se colocaron regaderas y baños portátiles, así como carpas para el resguardo de literas y alimentos, por lo que la vialidad fue cerrada al tránsito vehicular y afecta los comercios de dicha vialidad.
También fueron colocados en esta arteria camiones de pasajeros y vehículos de redilas de la Policía Federal, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente el motivo de este bloqueo, aunque como el resto, se enmarca en el operativo para enviar elementos a las inmediaciones del Senado, así como para resguardar la Secretaría de Gobernación.
Los uniformados afirmaron desconocer el lapso en que permanecerán instalados en la vía pública.
En tanto, la instalación de vallas metálicas y el despliegue de 2 mil 300 elementos de la PF alrededor de las sedes legislativas (mil 500 en el Senado y 800 en San Lázaro) generan molestias entre habitantes y trabajadores de ambas zonas, porque no se les permite el acceso a sus domicilios u oficinas si no muestran sus credenciales de elector o gafetes que contengan el domicilio de su empleo. Además el cierre de calles ha generado embotellamientos vehiculares.

Emite CNDH recomendación a la UNAM por acoso sexual de maestro a alumna

LA REDACCIÓN
12 DE NOVIEMBRE DE 2013
DESTACADO

Rector’ía de la UNAM. Foto: Benjamin Flores.

MÉXICO, D. F. (proceso.com.mx).- Por primera vez en su historia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el caso de un profesor de física quien ejerció violencia contra una estudiante de 16 años.

La recomendación 45/2013 está dirigida al rector José Narro Robles.

El 7 de mayo del 2013, la madre de la víctima solicitó la intervención de la CNDH mediante escrito de queja, debido a que la estudiante de nivel medio superior expuso que el 24 de abril de ese año, se presentó al examen de primera vuelta correspondiente a la asignatura de física, cuando el mentor le ordenó que se sentara en la primera fila, frente a su escritorio. Minutos después, se le acercó y le preguntó si había estudiado, a lo que respondió que sí.

Nuevamente se le acercó a la víctima y le escribió en el examen si quería sacar diez; respondió en la misma hoja que había estudiado y que pasaría la materia, al menos con seis. También por escrito, le preguntó la razón por la que se conformaba con una baja calificación y, en voz baja, le dijo que él quería ponerle diez. La afectada le preguntó, en la hoja, qué le pediría a cambio, a lo que respondió “besos” para obtener siete, y para obtener nueve, otra cosa. Borró inmediatamente toda la conversación escrita.

Alrededor de las 9:30 horas del 26 de abril, la estudiante acudió a la Oficina Jurídica perteneciente a la Oficina del Abogado General, adscrita a su plantel, donde explicó lo ocurrido a un servidor público, quien le comentó que el profesor tenía antecedentes por ese tipo de conductas, pero que nadie le había iniciado procedimiento alguno, por lo que le solicitó que para actuar en su contra, debía conseguir evidencias; le sugirió que recogiera los resultados de la primera vuelta y, de ser el caso, presentara otro examen.

Cerca de las 11:00 horas del mismo día, ingresó al salón de clases para que el profesor le entregara resultados. Tuvo una calificación no aprobatoria y junto, un signo de interrogación; esperó al final de la clase y se acercó al profesor, pero ante el temor de permanecer sola con el maestro, solicitó a dos de sus compañeros la esperaran en la puerta del salón.

Le preguntó sobre su calificación y el signo de interrogación; recibió como respuesta que si accedería a la propuesta, por lo que le pidió se lo explicara por escrito; en unas hojas le escribió “besos…” y se rió; respondió en la misma hoja “cuándo” y le escribió que el miércoles, agregó un número 8 y le dijo que la calificaría con ese número e incluso, diez. La tomó del brazo y bajó su mano a la cintura.

La menor tomó las hojas e intentó salir corriendo del aula entre forcejeos, pero el profesor la trató de detener y la sujetó por el cuello con su mano, mientras intentaba arrebatarle los exámenes, por lo que gritó la víctima y sus compañeros y un profesor la auxiliaron.

Entregó los exámenes y las videograbaciones que tomaron sus compañeros al servidor público de la citada Oficina Jurídica; fue trasladada al Servicio Médico, cuya exploración física evidenció lesiones en la parte frontal del tórax, petequias (pequeñas manchas internas de sangre) en la base del cuello, ruptura de la uña del dedo anular de la mano derecha.

También presentó denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual remitió a la Procuraduría General de la República, por razón de competencia, la cual se encuentra en integración.

El 29 de abril se inició Procedimiento de Investigación Administrativa en contra del mentor; el 14 de mayo se resolvió rescindir el contrato individual de trabajo; sin embargo, no existe constancia de que la Oficina del Abogado General haya dado vista de los hechos a la Contraloría de la UNAM, lo que provocó que los agravios queden en la impunidad.

Conforme al análisis efectuado a los elementos documentales y testimoniales por parte de personal actuante de la CNDH se evidenció transgresiones a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, al desarrollo social, a la educación, a un trato digno y se limitó el acceso a la justicia de la víctima, así como el interés superior del niño y la niña.

La CNDH solicitó al rector de la UNAM la reparación del daño, mediante atención psicológica de la víctima, así como colabore en el trámite de la queja y denuncia ante la Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Procuraduría General de la República, respectivamente.

También, se emita una circular y se imparta un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de Derechos Humanos, además de cursos de capacitación sobre los derechos que el Orden Jurídico Mexicano concede a las mujeres, dirigidos al personal del plantel donde ocurrieron los hechos para que apegue su conducta al respeto a los derechos humanos y se evite la repetición de este tipo de conductas.

El truculento enredo del caso Heaven

Conforme avanzan las indagatorias en torno a los 12 jóvenes tepiteños desaparecidos el pasado 26 de mayo, las cosas se le complican a las autoridades capitalinas. Hoy las pistas no sólo implican a las bandas criminales enquistadas en el barrio de Tepito sino también a los propietarios de bares y antros donde se expenden drogas. Y los presuntos implicados, lejos de aclarar la situación empañan el panorama para ocultar lo evidente: la presencia de los cárteles en el corazón de la Ciudad de México.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La muerte de Dax Rodríguez Ledezma –copropietario del bar Heaven After, quien apareció calcinado junto con su novia Heydi Fabiola Rodríguez Velasco y la prima de ésta– y el silencio de los detenidos despejó las dudas sobre la presunta participación del crimen organizado en la desaparición de los 12 jóvenes de Tepito en ese antro el pasado 26 de mayo.

Los cuerpos fueron abandonados en un camino de terracería en la comunidad de Tajumulco, municipio de Huitzilac, en Morelos, zona dominada por la organización Guerreros Unidos, un remanente del cártel de los Beltrán Leyva. Estaban con las manos atadas y presentaban huellas de tortura. Los peritos no encontraron perforaciones producidas por arma de fuego en ninguno de ellos; tampoco había ningún narcomensaje.

Inmediatamente después de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) comenzó a buscarlo para pedirle su declaración sobre los hechos del 26 de mayo, Dax salió con su novia  del Distrito Federal y viajó a Acapulco. Ahí, la pareja estuvo varios días; luego se fue a Iguala a la casa de la familia de Dax.

En este y otros municipios de la franja norte de Guerrero, se disputan el territorio los cárteles de Guerrero Unidos, con Mario Casarrubias al frente, y La Familia Michoacana-Estado de México, comandado por Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish y José María Chávez Magaña, El Pony, así como Los Caballeros Templarios, liderados por Servando Gómez Martínez, La Tuta.

La pareja permaneció en Iguala hasta el 20 de junio. Ese día por la tarde Dax, Heydi y su prima Diana Guadalupe Velasco Peña fueron al cine, sin percatarse de que eran vigilados por varios individuos, quienes se desplazaban en dos autos. Al salir de la función los interceptaron y se los llevaron.

La madrugada del día 22 los tres cuerpos calcinados fueron localizados cerca del ayuntamiento de Huitzilac. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos reportó el hallazgo a su par del Distrito Federal. Al día siguiente, el 23 de junio, agentes capitalinos se trasladaron a la morgue de Morelos para tomar las muestras necesarias e intercambiar información con el propósito de detectar si tenían relación con los tepiteños levantados un mes antes.

Tras cotejar las muestras recabadas con los ADN de los desaparecidos el resultado fue negativo. El 28 de junio la madre de Diana Guadalupe se presentó en la morgue morelense luego de una semana sin saber dónde estaba su hija. Ahí reconoció los cuerpos de Heydi y Diana Guadalupe.

Las víctimas… víctimas de la simulación

Pese a las argucias de la Sedena y la Semar, y la complacencia del ómbudsman nacional, familiares de dos jóvenes tabasqueños ejecutados a finales de 2010 y de otro civil muerto en Cuernavaca por marinos en diciembre de 2009 no cesan de pedir justicia. Entrevistados por Proceso, ellos y sus abogados narran la cadena de absurdos, insensibilidades y trampas con las cuales las autoridades han tratado sus casos, y reiteran su decisión de no conformarse con las indemnizaciones que les ofrece el gobierno federal, porque eso, dicen, es ofensivo. De ahí su clamor: “Queremos justicia, no simulación”.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico alertan sobre las fallas de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto para atender los yerros de las Fuerzas Armadas y acusan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de avalar las omisiones de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los padres de Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román –acribillados en noviembre de 2010 en Tabasco por un convoy mixto de fuerzas castrenses y policiales– se quejan porque, arguyen, las exigencias de justicia, así como el reconocimiento público de los abusos cometidos en acciones armadas y las garantías de no repetición, no están contemplados en el esquema de reparación de daños.

Lo mismo dice Andrea Martínez, la esposa de Ignacio Aguilar Rodríguez, el dueño de una tortillería que murió durante el operativo de los marinos el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, contra el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

En entrevistas por separado, los familiares de las víctimas narran su calvario e insisten: no aceptarán que la justicia se reduzca sólo a una indemnización económica, como lo pretenden las autoridades federales con la complacencia del ómbudsman nacional.

Andrea Martínez Jaimez manifiesta su inconformidad porque, dice, la recomendación de la CNDH relativa al asesinato de su cónyuge cuando caminaba por las inmediaciones del edificio Altitude, donde fue ultimado el capo (la 72/2010), ya fue “cumplida” según la comisión.

“Los de la CNDH me dijeron que el gobierno federal había dispuesto un dinero, que lo agarrara antes de que se fuera Calderón, porque cuando llegara Peña Nieto no iba a tener nada”, narra Andrea mientras se seca las lágrimas.

Madre de dos hijos –una adolescente de 17 años y un pequeño de nueve–, Andrea demostró la inocencia de su esposo, a quien los medios de comunicación presentaron como uno de los pistoleros de Beltrán Leyva. Y cuando pidió la intervención de la CNDH para conseguir becas escolares y atención médica y psicológica para sus hijos y sus suegros, le pidieron conformarse con lo que la dependencia le ofreciera.

En junio de 2012 fue citada por la Semar: “Me hicieron firmar un documento para dividir la cantidad (la indemnización) en dos, porque –dice– Nacho tenía dos hijas mayores.

“Cuando fui les dije que mi esposo se merecía una disculpa pública para que la gente supiera que era una buena persona; les pedía aceptar su error. Insistí en que Nacho se merecía un comunicado aclaratorio, similar al que sacaron cuando murió y en el cual lo hicieron pasar como sicario. Me dijeron que no lo podían hacer”, relata.

Aún se muestra indignada pues, dice, “lo grave no sólo es la muerte de Nacho, sino hacerlo pasar como sicario. Yo he sentido mucho coraje, más cuando te dicen que justicia no se puede pedir porque no saben quién lo ejecutó”.

Semanas antes de concluir el sexenio de Felipe Calderón, recuerda Andrea, personal de la Semar se presentó en su casa y tras auscultar a sus hijos le hicieron firmar un documento en el cual acreditaba que los menores habían recibido atención psicológica “en cumplimiento a la recomendación de la CNDH”. Con eso pretendieron dar por concluido el asunto, asegura.

Recientemente un grupo de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) fue a su domicilio a informarle que la muerte de su esposo sería investigada. No les creyó.

El año pasado, dice, vio morir a su suegro, “seguramente por la tristeza”; además, su hija fue operada de un quiste hemorrágico y a su niño le detectaron un tumor en el pecho que, le explicaron los médicos, no le pueden atender en el Seguro Popular.

Su pequeño es quien más le preocupa. Asmático de nacimiento, el menor presentó crisis severas después del crimen de su padre, a quien estaba muy apegado. Desde entonces ha sido sometido a tratamientos psicológicos y tanatológicos solventados con los recursos de la familia.

“Le tiene miedo a los soldados. Cuando los ve dice que ellos mataron a su papá y nos van a matar también a nosotros. Él quiere morirse para estar con su papá. Su doctora nos sugiere no dejarlo solo, porque es capaz de hacerse daño.

“Cuando recibí el dinero de la Marina me dio tanta tristeza, porque mi familia está destruida y nada me va a devolver a Nacho”, expone Andrea mientras se enjuga las lágrimas.

Contra el “esquema ranchero”

Desde el 14 de noviembre de 2010, cuando los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román fueron asesinados por un comando de militares, marinos y policías federales y estatales en Jalpa de Méndez, Tabasco, sus padres, Víctor Manuel Chan Uicab y Ramón Pérez Hernández, no han dejado de pedir justicia.

Asesorados por los abogados Rosendo Valenzuela Martínez, presidente del Movimiento Ciudadano Somos Más, ambos movilizaron a la población la misma noche del crimen para desactivar el operativo de las Fuerzas Armadas que pretendían sembrar armas a los cadáveres de Víctor Manuel y Ramón.

Luego, con ayuda del abogado Silvano Cantú, impulsor de la Ley General de Víctimas, consiguieron reactivar la averiguación previa que abrió la PGR en contra de los presuntos responsables (Proceso 1868). En noviembre de 2012, la procuraduría consignó la averiguación previa ante un juez federal.

Al mes siguiente, seis marinos, dos soldados, un policía ministerial y un agente de seguridad pública estatal fueron a prisión, acusados de homicidio doloso y abuso de autoridad. Además, otras 16 personas, entre ellas siete soldados, están siendo procesadas por abuso de autoridad, daño en propiedad ajena y encubrimiento por favorecimiento.

Los esfuerzos de los tabasqueños se toparon con “el esquema ranchero” de la Sedena y la Semar, avalado –dicen– por la CNDH. También critican a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, de “carecer de la sensibilidad, los conocimientos y la altura para hacer valer la Ley de Víctimas y los acuerdos internacionales de los que México es parte”, dice el abogado Valenzuela Martínez en entrevista.

Ambas dependencias fueron responsabilizadas de las muertes de los dos jóvenes de Jalpa de Méndez, señala, por lo que se les recomendó resarcir daños materiales y psicológicos a los familiares.

No obstante, admite que “eso tiene que ser con base en normas internacionales, pues implica la reparación integral del daño causado, incluyendo medidas de rehabilitación y de satisfacción; medidas de no repetición, indemnización compuesta por el daño material, inmaterial, lucro cesante, daño emergente y daño al proyecto de vida”.

Don Víctor Chan acota: “La CNDH nos dijo que agarráramos el dinero que nos ofrecían. Nosotros les decíamos que no se trataba de eso. Insistimos: no podemos darnos por satisfechos así nomás, pues se trata de un asunto de justicia. En todo caso, para empezar, la Marina y la Sedena tenían que cubrir nuestros gastos funerarios, que eso no era reparación de daño; les reiteramos nuestra inconformidad por su intención de cerrar el caso con esas acciones”.

Sólo por gastos funerarios, dice don Víctor, desembolsó más de 1 millón de pesos; don Ramón Pérez gastó 490 mil pesos.

Don Víctor y el abogado Valenzuela Martínez cuentan que, en su afán por avalar a la Semar y la Sedena, visitadores de la CNDH buscaron a personas que sí aceptaran los recursos ofrecidos por la Marina.

Con el aval de la comisión, insisten, se le entregaron fondos federales a Alejandra Valenzuela, quien se divorció de Chan Javier un año antes de su asesinato, aun cuando no tuvo hijos con él –“ni siquiera fue al funeral”, puntualiza el abogado–.

También coaccionaron a doña Guadalupe Román, madre de Ramón Pérez, pese a que no vivía con él porque estaba divorciada de don Ramón; ella “nunca exigió justicia para su hijo”, agrega Valenzuela Martínez.

La Semar entregó los recursos a las “beneficiarias” el 9 de octubre de 2012. Por eso, cuando el 28 de noviembre de 2012 los padres de las víctimas y sus abogados fueron a la CNDH, les dijeron que ya les habían pagado.

Ese día, el maestro Silvano Cantú le preguntó al segundo visitador, Marat Paredes, cuáles fueron los criterios para fijar el monto; no supo contestar, resalta Valenzuela.

Y como los padres de los dos jóvenes tabasqueños insistieron en que se les cubrieran los gastos funerarios, tal como se había comprometido personal de la Sedena, el representante de la dependencia, Antonio Mendoza Sánchez, exigió documentos con validez fiscal.

Con el gobierno de Peña Nieto, los padres y abogados de los jóvenes insistieron en que su proyecto de reparación fuera considerado. El 2 de abril, por intermediación del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se reunieron con Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

“Fue una reunión terrible. Mientras estábamos exponiendo, ella jugaba con su celular. Le mencionamos la Ley General de Víctimas y no sabía de qué le estábamos hablando. Agarró un teléfono rojo y se puso a platicar al parecer con uno de la CNDH. No queremos volver a tratar con esa señora”, cuenta don Víctor.

Tres semanas después, el 24 de abril, fueron convocados nuevamente a Gobernación, a una reunión que encabezó Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Y aunque hubo “sensibilidad y conocimiento de lo que plantemos”, la Sedena no cambió su posición, dice el abogado Valenzuela.

A ese encuentro acudió también el representante de Províctima, Antonio Pérez Bravo, quien recordó que en Durango el Ministerio Público dio fe de la validez de comprobantes entregados por familiares de víctimas en un caso en el cual estuvo involucrado el Ejército.

Dice Valenzuela: “Estamos en un impasse. En materia de derechos humanos la Sedena y la Semar tienen el mismo estilo que en el sexenio pasado; es la misma vaca, pero ordeñada. Quieren recurrir al esquema ranchero de pagar un dinero y con eso bloquear a los familiares de las víctimas”.

Y aun cuando no ceja en su demanda de justicia, don Víctor pone sus condiciones: “Ya no queremos hablar con Lía Limón, queremos que sea el secretario (Miguel Ángel) Osorio Chong quien nos atienda; queremos alguien con poder de decisión. Queremos justicia en serio, no simulación”.

Detienen a integrantes de #YoSoy132 por colgar mantas

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres jóvenes integrantes del movimiento #YoSoy132 fueron detenidos esta mañana por colgar mantas en un puente peatonal, al sur de la ciudad de México.

Los arrestos fueron dados a conocer a través de Twitter:

#23Mx DIFUSIÓN URGENTE a medios: #23Mx Compañeros de #YoSoy132 están detenidos desde las 5:45 ampor colgar mantas en apoyo al Movimiento.

— Artistas Aliados 132 (@ArtistasAliados) 23 de mayo de 2013

5:45AM Patrullas en Calzada de Tlalpan y M.A. Quevedo, una de las patrullas es la P5705, los oficiales son A. Jimenez G. y S. Hernández P.

— 132Global (@Global132) 23 de mayo de 2013

El mensaje que pretendían colgar decía: “Renaceremos en miles. #YoSoy132”, en alusión al aniversario de la aparición del grupo que nació en oposición al presidente Enrique Peña Nieto.

Los detenidos fueron llevados al juzgado cívico de Coyoacán, donde rinden sus declaraciones.

“A estudiantes #YoSoy132, se les imputa faltas administrativas por colgar propaganda política #23Mx#132QuevedoApoyoTotal @manceramiguelmx“

— YoSoy132 ITESM CEM (@YoSoy132CEM) 23 de mayo de 2013

“Naceremos las veces que tengamos que nacer”, dice otro de los mensajes colocados en un puente peatonal en la avenida División del Norte y Coyoacán.

México D.F. amanece con mantas en solidaridad con#YoSoy132 a un año de su nacimiento. #23Mxtwitter.com/ArtistasAliado…

— Artistas Aliados 132 (@ArtistasAliados) 23 de mayo de 2013

#YoSoy132 convocó el día de hoy a una protesta en la sede del PRI en la ciudad de México.

Mientras existan injusticias nuestro deber es levantar la voz. A un año de existencia ¡ #YoSoy132 ! #23Mx Acompañanostwitter.com/espazvenezuela…

— Artistas Aliados 132 (@ArtistasAliados) 23 de mayo de 2013

Terminan ayuno madres de desaparecidos; gobierno creará grupo especial

MÉXICO, D.F. (apro).- Las madres de desaparecidos que mantenían una huelga de hambre sobre Paseo de la Reforma concluyeron esta tarde el ayuno que habían iniciado hace nueve días, luego de que el gobierno federal se comprometió a crear en una semana un grupo especial abocado a la búsqueda de sus familiares.

En conferencia de prensa conjunta el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciaron el acuerdo.

“Hemos llegado a una serie de ideas que van a convertirse en realidades en muy poco tiempo, el Secretario de Gobernación tuvo a bien disponer que se haga una sola unidad para que no tengan (los familiares de desaparecidos) que estar rebotando sus peticiones de una entidad a otra”, detalló Murillo.

Presentes madres de desaparecidos en la conferencia, Osorio Chong dijo:

“El Presidente Enrique Peña Nieto nos ha dado instrucciones precisas que nos tocará plasmarlo junto con sus planteamientos (de los familiares de desaparecidos), para que los resultados sean tangibles”.

Y se comprometió: “… las veces que sean necesarias nos sentaremos pero no sólo para platicar, sino para encontrar soluciones”.

Margarita López, a nombre de las huelguistas anunció el término del ayuno que mantenían en la lateral de Reforma frente a las instalaciones de la PGR.

La activista se dijo satisfecha con los acuerdos logrados con el Gobierno federal.

Alrededor de las 19:00 horas las madres activistas levantaron las carpas, tiendas de campaña, mantas y la lona en la que mostraban fotografías de algunos de los desaparecidos en diferentes estados del país.

La noche del jueves, alrededor de las 21:00 horas, la subsecretaria de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Lía Limón, acudió a ver a las madres con hijos desaparecidos que permanecían en plantón afuera de la PGR y les dijo que ella no podía tramitarles la cita con el presidente Enrique Peña Nieto.

“Llegó como a las nueve y media de la noche, y nos dijo que vino a esa hora para que no hubiera prensa presente. Cuando le dijimos lo que necesitábamos, que pidiera una cita con Peña Nieto o que le dijera a la esposa del Presidente dijo que no podía ayudarnos con nuestra petición y nomás nos dijo que se llevaba nuestro dolor”, explicó Margarita López, la madre de la veinteañera desaparecida en Oaxaca hace dos años, Yahaira Guadalupe Bahena.

Las activistas llevaban nueve días en ayuno y el jueves dos de las madres presentaron debilidad extrema. Una de ellas incluso estuvo a punto de ser hospitalizada.

Peligra libertad de expresión en México por impunidad, dice en la ONU la periodista Marcela Turati

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Durante la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en la sede de la ONU, en Nueva York, la reportera de la revista Proceso y cofundadora de la Red Periodistas de a Pie, Marcela Turati, señaló que en México la libertad de expresión está en riesgo debido a la completa impunidad en la que quedan los crímenes contra periodistas, la corrupta relación entre la prensa y el poder que impide la exigencia de rendición de cuentas al gobierno, las malas condiciones laborales a la que son sometidos los reporteros y la discrecionalidad en la asignación de la publicidad gubernamental que intenta aniquilar a los medios de comunicación críticos.

Durante el panel “Seguridad para hablar: asegurando la seguridad de los periodistas y los trabajadores de medios”, inaugurado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y que tuvo como tema la situación en México y en la República de Sudán del Sur, Turati señaló que México es uno de los países que encabezan la lista de impunidad en los crímenes contra periodistas y es uno de los más peligrosos del mundo, con más de 70 periodistas amenazados y desaparecidos desde el sexenio pasado, que han sufrido una cacería que intenta silenciarlos.

En su intervención señaló que a pesar de la emergencia nacional, el gobierno mexicano -contrario a su discurso de apertura al escrutinio y a la cooperación internacional- rechazó formar parte del grupo de países donde se iba a aplicar por primera vez el Plan de Acción de las Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, que posiblemente hubiera ayudado a mejorar la situación de la prensa.

Mencionó que cuando la prensa es sometida al silencio, por el crimen organizado o por el gobierno o por los poderosos que aprovechan la impunidad de censurar, la sociedad en general pierde y se atenta con el derecho de los ciudadanos a estar informados. Puso como ejemplo el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, para mencionar cómo los mecanismos de la impunidad operan para criminalizar a las víctimas.

Durante la inauguración, después de dar la bienvenida a Turati y al periodista sudsudanés Oliver Nodi, el secretario general de la ONU manifestó su preocupación por que los crímenes contra la prensa se cometen de varias formas: ya sea mediante ataques físicos o cibernéticos, juicios legales o ataques falsos, detenciones por delitos inventados o legislaciones hechas a modo para silenciar a la prensa. Señaló que es necesario adoptar el plan de acción de la ONU porque si la prensa gana más libertad, gana el mundo entero.

Durante la sesión de preguntas de los asistentes al panel, un miembro de la embajada mexicana pidió la palabra para señalar, a nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tomaría nota de lo expuesto por Turati, para posteriormente mencionar como avance la creación del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, y la aprobación de la ley que faculta a la PGR atraer todos los crímenes contra periodistas, para que no sean juzgados en el fuero local.

En respuesta al enviado mexicano, el director del Comité de Protección a Periodistas, Joel Simon, señaló que la creación del mecanismo ha sido discutida durante los últimos seis años y todavía no se puede considerar como un éxito, y que la nueva legislación aún es un comienzo que todavía no da resultado para sacar a México de la lista de los países con mayor impunidad hacia los crímenes de periodistas.

“México no tendría que estar en esa lista”, expresó. “Se requiere de voluntad política. El Ejecutivo tiene las herramientas que necesita para tener respuesta y tenemos que ver que realmente avanza”.

Antes, durante su exposición, Simon había señalado que aunque cuando Calderón era presidente le había expresado que le “dolía” que México fuera uno de los países más peligrosos para los periodistas, hasta cinco años después de esa confesión comienza a verse una victoria con la reciente aprobación de la legislación que Peña Nieto debe firmar y el titular de la PGR implementar.

Explicó que la oportunidad de juzgar los crímenes contra periodistas llega en un momento en el que los criminales han infiltrado a las autoridades y a las instituciones públicas en México, y en la que los periodistas quedan atrapados en medio.
Antes, Turati había señalado que en México se requieren protocolos de investigación específicos para los crímenes contra los periodistas, en los que se agote como línea de investigación la actividad periodística que la víctima realizaba. Además, se requiere sanear la corrupta relación entre la prensa y el poder porque al ser aliados los medios de comunicación no exigen cuentas y dejan de informar sobre la violencia, y transparentar la adjudicación de publicidad del gobierno, porque esa es un arma para silenciar a la prensa.

A su vez, Kyeran Dwyer, jefe de Asuntos Públicos, señaló que en muchas partes del mundo la prensa está bajo presión, se requiere protección a los periodistas y capacitación en ética, además de mejores condiciones laborales para que los periodistas no prefieran atractivos económicos que los desvían de su misión.

La actual encargada del departamento de comunicación de la UNESCO en Nueva York y excorresponsal en México, Suzanne Bilello, mencionó que México vive una compleja situación interna y que “algo pasa” cuando los periodistas son asesinados en gobiernos democráticos. Recordó el asesinato en 1984 del periodista Manuel Buendía.

Asimismo, mencionó que para materializar el plan de acción de la ONU para la seguridad de los periodistas será necesario contar con la participación de los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y los gobiernos.

El plan de acción que el gobierno calderonista no quiso adoptar aunque le ofrecieron que formara parte de los países piloto, consiste en apoyo de las Naciones Unidas para implementar medicas como adecuar el marco legislativo y crear mecanismos de protección a periodistas, realizar campañas de sensibilización sobre el problema y abordar la problemática de la impunidad para lograr una mejor investigación de los crímenes.

Turati, por su parte, mencionó que la violencia en México no ha disminuido a pesar de que los medios han dejado de informar sobre esto, y pidió que se mantenga la atención sobre la emergencia que viven los periodistas mexicanos.

Fábrica de culpables, por @lydiacachosi

Imagine que su hijo de 22 años consigue un trabajo como fotógrafo de un prestigiado diario, que un mes después de comenzar felizmente su trabajo le llaman para anunciarle que fue asesinado con un amigo de 23 años. Imagine ahora que en menos de seis horas, mientras la Policía le permite identificar el cuerpo mutilado de su vástago, el procurador lo declara culpable de narcotráfico gracias a que los sicarios dejaron dos letreros señalándolos.

Son miles los casos en que la autoridad determina culpabilidad inmediata de personas que han sido inculpadas única y exclusivamente por sus victimarios. Los procuradores de varios estados siguen declarando supuestos como hechos, hipótesis como prueba cuya única fuente es algún grupo de delincuencia organizada. Los cárteles, los sicarios y asesinos han entendido esta dinámica y la utilizan a su favor, para declarar contra militares y policías honestos, para culpabilizar a mujeres víctimas de feminicidio, para desacreditar a periodistas.

El 3 de octubre de 2012 las autoridades reportaron que Eduardo, hijo de Humberto Moreira, había sido asesinado y su cuerpo hallado a las 9 de la noche en un camino ejidal. En menos de 48 horas la Procuraduría había explicado el supuesto móvil y señalado al supuesto culpable. Como sólo lo haría Scotland Yard, recabó testimonios como “pruebas contundentes” y pronto estaba a punto de cerrar el caso. A pesar de que la ciberpolicía halló una fotografía de Eduardo recién asesinado en su camioneta a plena luz del día (antes de las 5 de la tarde, por la luz) en la página de Facebook de un sujeto que vive en Cozumel. Según “evidencia” Eduardo fue secuestrado a las 6:15 de la tarde, pero los hechos a la autoridad le preocupan menos que los resultados simulados. La PGJC blindó al sobrino del Gobernador para que no se investigara el móvil.

En contraste, hace unos días Claudia Brondo, delegada de la Procuraduría de Coahuila, llamó a la Policía de Saltillo para describir con lujo de detalle la escena del crimen donde se hallaban los cuerpos de Daniel, el fotorreportero y su amigo, el problema fue que la Policía dio tres vueltas en el supuesto lugar de los hechos y no fue sino hasta la tercera que hallaron a los jóvenes. ¿Cómo se enteró esa funcionaria de lo que estaba por suceder? Según fuentes de la Procuraduría fue porque los propios sicarios “hacen eso de avisar a la Procuraduría todo el tiempo”. Esas mismas fuentes me aseguran que el procurador dio instrucciones al Ministerio Público de poner “esa pinche carpeta con los narcos”. Aunque no existe una sola acusación de comunicadores vinculados con los cárteles, según el trabajador de la PGJC, a lo que su jefe se refería era a no perder el tiempo con la investigación del asesinato. Gracias a la indignación social el gobernador Moreira tuvo que pedir una disculpa por la actuación del procurador, pero quien pidió perdón públicamente fue el secretario de Gobierno, no el jefe de la Fiscalía. Estas declaraciones, sin el interrogatorio de Brondo y la sanción del procurador son simple manejo de daños.

Justamente hace un año la colega Regina Martínez fue asesinada en Veracruz, inmediatamente la Procuraduría aseguró que el móvil había sido un robo. Ahora, en medio de una opaca investigación, el Gobernador presumió la sentencia del supuesto asesino. La investigación está plagada de inconsistencias; la autoridad asegura que el asesinato se cometió el 27 de abril, cuando la necropsia demuestra que fue ultimada el 28. Hay una extraña urgencia de parte de las autoridades para asegurar que las y los periodistas no han sido asesinados por su labor de investigación, o por tomar fotografías de mafiosos y políticos, para ello utilizan todas las formas de simulación a su alcance.

Todos los días en México aproximadamente un 60% de las víctimas de delitos violentos serán tratados como culpables por parte de la propia autoridad, sin un mínimo de procedimientos criminalísticos adecuados; en ese contexto nos corresponde a las y los periodistas investigar evidenciar y aportar información, a pesar de los riesgos. Regina conocía el peligro implícito en sus investigaciones, los colegas del diario Vanguardia de Saltillo y del Siglo de Torreón y otros saben lo que es vivir bajo amenaza, pero gracias a su labor la sociedad entiende mejor la realidad y las víctimas tienen voz. Por eso Regina, y Daniel y el resto de compañeras y compañeros, aunque no estén aquí tienen voz, vida y dignidad.

Marchan por Regina, por 365 días de impunidad y por una justicia en entredicho

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Al cumplirse hoy 365 días del artero asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, periodistas del estado, corresponsales del Distrito Federal, la Red de Periodistas de a Pie, amigos de la reportera, activistas y colectivos estudiantiles salieron a las calles del Centro Histórico de Xalapa a exigir justicia y a cuestionar al gobierno de Javier Duarte con la misma frase-sentencia desde el homicidio de la reportera veracruzana: “No les creemos”.

Al igual que en otras 11 ciudades del país, los periodistas de Veracruz rindieron un homenaje a Regina y a los colegas caídos en los últimos años.

En la capital del estado, la concentración fue en la Plaza Lerdo. Ahí, periodistas, estudiantes, activistas e integrantes del Movimiento por la Paz exhibieron cartulinas con consignas contra la Procuraduría de Justicia, bordaron telas con los nombres de las personas caídas por la violencia, llevaron flores como ofrenda a la corresponsal de Proceso y lanzaron mensajes en la plaza pública exigiendo garantías para el libre ejercicio de la profesión.

A la manifestación por el asesinato de Regina y otros ocho reporteros victimados en lo que va del gobierno de Javier Duarte se sumó el periodista y escritor Juan Villoro, quien junto con reporteras de Veracruz fue el encargado de abrir la marcha de protesta.

Alrededor de 350 personas participaron en este acto dominical en el cual las consignas retumbaron fuerte: “Gobierno de Duarte, amigo de la muerte”, “Gobierno fascista que mata periodistas”, “Regina amiga, tus colegas no te olvidan”, “Duarte entiende, la prensa consciente no se vende”, entre otras.

La marcha que bordeó el Centro Histórico, por las calles de Juan de la Luz Enríquez, Zamora, Carrillo Puerto y el Viaducto, tuvo un emotivo momento cuando en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública los fotógrafos apagaron sus cámaras, las depositaron en el suelo y reclamaron al titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita.

“¡Bermúdez, entiende, no somos delincuentes, Bermúdez entiende no somos delincuentes!”, ahí una decena de fotoperiodistas exigieron al encargado de la seguridad pública de Veracruz que cese el hostigamiento y las declaraciones absurdas en contra de los reporteros gráficos.

A la protesta se sumó un numeroso contingente de la Red de Periodistas de a Pie, encabezado por las reporteras Daniela Rea, Marcela Turati y Elia Baltazar, quienes destacaron la trascendencia de honrar el recuerdo de Regina Martínez en su propia tierra y recordarle al gobierno de Duarte que la sentencia del “robo” como único móvil del crimen, es algo que lastima y enoja al gremio periodístico.

Al regresar a Palacio de Gobierno, estudiantes vestidos de negro y con el rostro cubierto exhibieron cartulinas rojas con el nombre de cada uno de los nueve periodistas asesinados durante la actual administración.

Tras pasar lista de los reporteros caídos, los activistas rociaron pintura roja en la entrada principal al edificio estatal.

Luego plasmaron la palabra “justicia” por donde día a día entran los secretarios de despacho del gabinete ampliado de Duarte de Ochoa.

En la cochera del Palacio de Gobierno –por donde ingresa el gobernador–, las reporteras veracruzanas clamaron el nombre de Regina e hicieron una breve parada en las escalinatas del inmueble.

Por la mañana, la Red de Periodistas de a Pie y amigas de Regina acudieron al panteón Bosques de Xalapa para visitar la tumba de la corresponsal deProceso; depositaron flores y en un círculo todos los asistentes hicieron oración por su eterno descanso.