Juez determina acusaciones “maliciosas” contra manifestantes; por eso los absuelve

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El Sexto Tribunal Unitario del Distrito Federal concluyó que 11 manifestantes fueron acusados “de manera maliciosa por delitos que no cometieron”. En consecuencia, decretó su absoluta libertad.

Estas personas (ocho hombres y tres mujeres) fueron detenidas por elementos policiacos el 20 de noviembre de 2014, tras la segunda mega manifestación que se realizó en apoyo a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente.

Enseguida, en menos de 24 horas, los detenidos fueron llevados a penales de máxima seguridad en Veracruz y Nayarit, de los que fueron liberados bajó proceso nueve días después, a raíz de diversas protestas a su favor.

Este 8 de octubre, el juez federal determinó la absolución de los manifestantes de cualquier delito. Y es que las autoridades que los presentaron ante la Procuraduría General de la República no mostraron los videos ni pruebas adicionales sobre los actos de violencia que les imputaron. Además porque los testimonios de los uniformados que nos detuvieron “no eran creíbles” y porque las detenciones no se realizaron en flagrancia como lo argumentó en Ministerio Público Federal.

Autodefensas abaten a multihomicida en Apatzingán

Morelia, Mich. En la localidad de El Molinillo, municipio de Apatzingán, un grupo de autodefensas abatió a un sujeto que previamente había asesinado a su esposa, suegra y cuñado. El multihomicida asesinó también a otras dos personas cuando se daba a la fuga, informaron fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Después de una disputa familiar,  el agresor salió de la casa de sus suegros y luego regresó armado para asesinar a su esposa Nancy Guadalupe Guzmán, de 17 años de edad; a su suegra, Esther Guzmán Mora, y a su cuñado Antonio, de 21 años de edad.

Cuando se daba a la fuga, disparó en contra de Rodolfo Cisneros Hernández y dejó lesionado al joven Gabriel Rangel Torres, quien falleció en el trayecto al hospital.

El agresor se encontró con las autodefensas con quienes se enfrentó y minutos después perdió la vida.

El truculento enredo del caso Heaven

Conforme avanzan las indagatorias en torno a los 12 jóvenes tepiteños desaparecidos el pasado 26 de mayo, las cosas se le complican a las autoridades capitalinas. Hoy las pistas no sólo implican a las bandas criminales enquistadas en el barrio de Tepito sino también a los propietarios de bares y antros donde se expenden drogas. Y los presuntos implicados, lejos de aclarar la situación empañan el panorama para ocultar lo evidente: la presencia de los cárteles en el corazón de la Ciudad de México.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La muerte de Dax Rodríguez Ledezma –copropietario del bar Heaven After, quien apareció calcinado junto con su novia Heydi Fabiola Rodríguez Velasco y la prima de ésta– y el silencio de los detenidos despejó las dudas sobre la presunta participación del crimen organizado en la desaparición de los 12 jóvenes de Tepito en ese antro el pasado 26 de mayo.

Los cuerpos fueron abandonados en un camino de terracería en la comunidad de Tajumulco, municipio de Huitzilac, en Morelos, zona dominada por la organización Guerreros Unidos, un remanente del cártel de los Beltrán Leyva. Estaban con las manos atadas y presentaban huellas de tortura. Los peritos no encontraron perforaciones producidas por arma de fuego en ninguno de ellos; tampoco había ningún narcomensaje.

Inmediatamente después de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) comenzó a buscarlo para pedirle su declaración sobre los hechos del 26 de mayo, Dax salió con su novia  del Distrito Federal y viajó a Acapulco. Ahí, la pareja estuvo varios días; luego se fue a Iguala a la casa de la familia de Dax.

En este y otros municipios de la franja norte de Guerrero, se disputan el territorio los cárteles de Guerrero Unidos, con Mario Casarrubias al frente, y La Familia Michoacana-Estado de México, comandado por Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish y José María Chávez Magaña, El Pony, así como Los Caballeros Templarios, liderados por Servando Gómez Martínez, La Tuta.

La pareja permaneció en Iguala hasta el 20 de junio. Ese día por la tarde Dax, Heydi y su prima Diana Guadalupe Velasco Peña fueron al cine, sin percatarse de que eran vigilados por varios individuos, quienes se desplazaban en dos autos. Al salir de la función los interceptaron y se los llevaron.

La madrugada del día 22 los tres cuerpos calcinados fueron localizados cerca del ayuntamiento de Huitzilac. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos reportó el hallazgo a su par del Distrito Federal. Al día siguiente, el 23 de junio, agentes capitalinos se trasladaron a la morgue de Morelos para tomar las muestras necesarias e intercambiar información con el propósito de detectar si tenían relación con los tepiteños levantados un mes antes.

Tras cotejar las muestras recabadas con los ADN de los desaparecidos el resultado fue negativo. El 28 de junio la madre de Diana Guadalupe se presentó en la morgue morelense luego de una semana sin saber dónde estaba su hija. Ahí reconoció los cuerpos de Heydi y Diana Guadalupe.

La torcida justicia de la PGR en el sexenio calderonista

Durante el sexenio de Calderón las herramientas judiciales se usaron con fines políticos. Las pruebas hablan: a la PGR y a la SSP se les derrumbaron casos que habían presumido como triunfos de sus administraciones. Pese a las decenas de vidas arruinadas, a las flagrantes violaciones al debido proceso y a la incompetencia decenas de veces corroborada, no hay sentenciados por el montaje de Florence Cassez, el michoacanazo o las detenciones de Noé Ramírez y Tomás Ángeles, entre otros.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El sistema de justicia penal mostró su peor rostro en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Aún no concluía su administración cuando los casos que tanto había presumido el panista comenzaron a desplomarse por falta de solidez jurídica y por violaciones al debido proceso.

En cinco años de calderonismo, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que desistirse en más de medio centenar de denuncias por expedientes mal integrados y otras anomalías, así como por el abuso de testigos protegidos, fabricación de culpables, manipulación de casos por parte de funcionarios de primer nivel y abuso de la prisión preventiva.

La autoridad también trompicó por violaciones al principio de tipicidad por parte del Ministerio Público (acusaciones que no correspondían con el delito realmente indagado), falta del conocimiento directo de los casos por parte de los jueces, manipulación de los casos por parte de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y de Marisela Morales Ibáñez, la última procuradora de Calderón.

Acciones emblemáticas del mandatario panista se derrumbaron una tras otra, bien durante su sexenio, bien durante el actual. Como ejemplos están la Operación Limpieza; el encarcelamiento de Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO); la Operación Cancún; el michoacanazo; la desarticulación de la banda de secuestradores Los Zodiacos (a la que supuestamente pertenecía la francesa Florence Cassez), y los procesos contra militares de alto rango como el general Tomás Ángeles Dauahare –detenido por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Casos como el de Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal; el de Griselda López Pérez, expareja de Joaquín Guzmán Loera –líder del Cártel de Sinaloa–; y el del exalcalde tijuanense Jorge Hank Rhon evidenciaron también las fallas sistémicas en la impartición de justicia durante el gobierno calderonista.

Guatemala y el mundo celebran histórica sentencia contra dictador Ríos Montt

Telesur 

Los indígenas guatemaltecos dijeron que se hizo justicia. (Foto: BBC)

El expresidente de facto fue hallado responsable de 15 masacres y condenado a 80 años de prisión. La exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, expresó: “Hoy el mundo es un poco más justo con la condena...Alegría inmensa por Rigoberta Menchú. Toda su vida luchando por la dignidad de las víctimas”.

El pueblo de Guatemala y diversas personalidades a nivel internacional celebran desde este viernes la condena a 80 años de prisión dictada contra el expresidente de facto, Efraín Ríos Montt (1982-1983), por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad.

Ríos Montt fue hallado responsable de 15 masacres a manos del Ejército de mil 771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché (norte), durante su régimen; por lo que fue condenado a 80 años de prisión.

El dictador se convierte así, en el primer dictador latinoamericano, y uno de los pocos en el mundo, en ser condenado por esta causa.

"El acusado es responsable como autor del delito de genocidio y (...) se le impone una pena de 50 años inconmutables, y el acusado es responsable contra los deberes de la humanidad cometido en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles y (...) se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutable", dijo la jueza Jazmín Barrios, al leer la histórica sentencia.

Sentado frente al tribunal, de traje oscuro, el exgobernante de facto escuchó sereno la condena, mientras la abarrotada sala del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, de la Corte Suprema de Justicia estalló en aplausos y gritos de júbilo.

"¡Sí hubo genocidio, sí hubo genocidio!", gritó cerca de un millar de personas, la mayoría indígenas. "Muchas gracias", corearon en lengua maya.

Custodiado por una decena de patrullas, Ríos Montt fue trasladado a un módulo de prisión en el Cuartel de Matamoros, en la periferia este de la capital, donde, al llegar, los vecinos hicieron estallar cohetes.

La activista y exsenadora colombiana, Piedad Córdoba Ruiz, expresó a través de su cuenta en Twitter: @piedadcordoba que “Hoy el mundo es un poco más justo con la condena a Rios Montt. Bajo su dictadura, militares asesinaron 1.771 indígenas Ixilies en Guatemala”.

“Alegría inmensa por Rigoberta Menchú. Toda su vida luchando por la dignidad de las víctimas”, agregó posteriormente Córdoba.

En un comunicado, un general guatemalteco retirado experto en contrainsurgencia, manifestó que respetará la decisión. "Es un paso y un mensaje de que en Guatemala podemos tener grandes diferencias, pero respetamos los puntos de vista y posición de todos", subrayó.

"Es un fallo histórico, la prueba fue contundente", dijo a una agencia de noticias internacional el abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, Héctor Reyes.

"Se hizo justicia porque es primera vez que se reconoce el genocidio en América latina", manifestó Elizabeth Osorio, una activista que lanzaba besos al tribunal el día de la sentencia.

El gobierno de facto de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra civil que sufrió el país de 1960 a 1996 y que dejó 200 mil muertos o desaparecidos, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En Latinoamérica, con triste historia de cruentos regímenes militares, Ríos Montt es el primer de los dictadores en ser condenado por genocidio.Unos murieron antes de pagar por los crímenes, como el general paraguayo Alfredo Stroessner.

Otros, tras un período de impunidad, fueron procesados por delitos de lesa humanidad, como Jorge Videla (Argentina), Gregorio Alvarez y Juan María Bordaberry (Uruguay) y Alberto Fujimori (Perú). Augusto Pinochet (Chile) murió en arresto domiciliario en 2006 sin haber sido condenado por el exterminio de opositores.

Condenan a 80 años de cárcel a Ríos Montt, exdictador guatemalteco

LA REDACCIÓN
10 DE MAYO DE 2013 · 14 COMENTARIOS
DESTACADO

Condenan a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio. 
Foto: AP / Moisés Castillo

MÉXICO, D.F. (apro).- El exdictador Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio contra la etnia itxil y delitos de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983.

El tribunal guatemalteco que lo juzgó —encabezado por la jueza Jazmín Barrios— lo encontró culpable y le impuso una sentencia de “50 años de prisión por los delitos de genocidio y 30 años por los delitos de lesa humanidad, a ser cumplidos inmediatamente en el centro de reclusión que sea definido por las autoridades”. Con esto, además, el tribunal penal de Guatemala revocó la “detención domiciliar” de que gozaba el exdictador.

Este fallo aún puede ser apelado, algo que la defensa ya anunció que hará.

Hoy, previo a la sentencia, se informó que el juzgado, a través de peritos, constató las denuncias y las declaraciones de 98 testigos. “Hubo niños que fueron apresados y trasladados a otras localidades (…), en unas operaciones bajo el liderazgo de José Efraín Ríos Montt, quien estaba al tanto de todo lo que ocurría y no lo detuvo”.

Otros crímenes que no frenó, fueron la quema de cosechas y la matazón de animales con el fin de matar de hambre a los indígenas, acusados de dar sustento a la guerrilla que combatía a Ríos Montt. Permitió, además, violaciones multitudinarias de mujeres enfrente de sus maridos, hijos e incluso de toda la comunidad.

De acuerdo con la juez, Ríos Montt, de 86 años, estuvo en capacidad de detener todas las operaciones “y no las detuvo, a pesar de tener todo el poder para hacerlo por ser la máxima autoridad militar” y el jefe de Estado de facto.

Pese a todos los señalamientos, Ríos Montt se mantuvo durante décadas en el primer plano de la política guatemalteca. En 2003 quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales, y sólo hasta 2012 perdió la inmunidad legislativa y se le pudo juzgar.

Ríos Montt siempre se ha declarado inocente. “Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentará contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todo lo que han dicho no ha habido ninguna prueba que evidencia mi participación”, dijo al tribunal.

 

En tanto, el exjefe de Inteligencia de Ríos Montt, José Rodríguez Sánchez, fue absuelto por el mismo tribunal, basado por los artículos 13 y 14 de la Constitución Penal de la República de Guatemala. Se consideró que Rodríguez Sánchez “no tuvo injerencia” en las operaciones militares contra los indígenas itxiles.

La audiencia fue realizada en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, donde alrededor de 600 personas se presentaron para escuchar la decisión tomada en el caso que se debatió por dos meses.

Pedido de culpabilidad

La Fiscalía y los querellantes pidieron al tribunal declarar a los militares culpables de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, con penas de 75 años de prisión, por la muerte de mil 771 indígenas itxiles a manos del Ejército.

Tanto Ríos Montt, de 86 años, como Rodríguez, de 67, se declararon inocentes de los cargos, y sus abogados pidieron la absolución del tribunal, aduciendo que durante el juicio no se logró demostrar su responsabilidad.

Ríos Montt hizo el jueves su declaración final: “En 1982 la subversión estaba lista para tomar el poder. Y el Ejército tenía cansancio de guerra. Me llamaron (para encabezar un golpe de Estado) y yo acepté, porque había que salir (de) la situación empantanada que vivíamos. Como jefe de Estado el gran compromiso ante la oficialidad joven que dio el golpe de Estado fue trabajar en democracia, con ley”, explicó.

“No tengo angustia de ir a prisión porque he cumplido con la ley. Lo lamento por mi familia”, dijo al finalizar la sesión, según consigna el diario guatemalteco Prensa Libre.

Por la mañana, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, anunció que respetaría el veredicto: “Hace 20 años un proceso de esta naturaleza era, sencillamente, impensable”.

El diario El País, de España, recuerda que Ríos se ha convertido en el tercer jefe del Estado guatemalteco llevado a juicio. El primero fue Manuel Estrada Cabrera, quien murió en la cárcel en septiembre de 1924. El otro fue Alfonso Portillo Cabrera, cuya extradición solicitó Estados Unidos porque supuestamente utilizó bancos estadunidenses para lavar 80 millones de dólares robados al erario.

Reclama Las Abejas a la Corte impunidad en caso Acteal

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Integrantes de la organización civil Las Abejas reclamó a la Suprema Corte “la impunidad y la falta de justicia” en el caso Acteal, al tiempo que advirtió sobre eventuales brotes de violencia comunitaria por la liberación de los últimos 15 tzotziles involucrados en la matanza del 22 de diciembre de 1997.

En una misiva, Las Abejas advirtieron que “como sobrevivientes de la masacre lo tenemos claro, ellos fueron partícipes, conocemos sus caras, y sabemos claramente sus nombres y apellidos. Aunque ellos nieguen en los medios masivos el regreso a sus comunidades de origen, nosotros los hemos visto con nuestros propios ojos”.

En la carta, firmada por los dirigentes Rosendo Gómez Hernández y Antonio Vázquez Gómez, cuestionan a los ministros de la SCJN:

“Están liberando a los paramilitares, entonces, ¿quienes son los que masacraron a nuestros hermanos? Ellos ya van a estar gozando la vida con sus familias, y los huérfanos de la masacre ¿será que van a convivir con padres y madres? Entonces ¿Dónde está la justicia?”.

También señalaron que desde el 2009, cuando empezaron a salir los implicados en la masacre, éstos se comprometieron a ya no regresar a sus comunidades de origen para no provocar un posible enfrentamiento con los agraviados de Las Abejas.

“Pero en la actualidad, apenas salió Marcos Arias Pérez de la comunidad de Canholal y ya está diciendo que Las Abejas no sirven para nada. Todos los que ya fueron liberados, por ejemplo en la comunidad de Acteal, Quextic Centro, La Esperanza, Canholal, Chimix, Pechiquil, Miguel Utrilla, Los Chorros y Bajobeltic, vemos que siguen en sus comunidades y conviviendo con sus familias”, denunciaron.

CDHDF acudirá a instancias internacionales para pedir justicia en el caso News Divine

México, 15 Abr. (Notimex).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, informó que ese organismo acompañará a instancias internacionales en busca de justicia, a las familias de las víctimas del News Divine. En conferencia de prensa, expuso que serán asistidos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisen las absoluciones y sentencias dictadas por los hechos relacionados con el operativo policiaco en el que murieron 12 personas. El ombudsman capitalino refirió que luego de una reunión con familiares y el procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, éste se comprometió a llevar adelante las apelaciones a las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). Además de que con base en el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos, se tome en cuenta la calidad de los servidores públicos que tenían las personas involucradas en los hechos del 20 de junio de 2008. “En la reunión que tuvimos con el procurador, precisamente de la organización Cauce Ciudadano, se le hizo saber la preocupación que existía porque se estuviera victimizando a quienes obedecían órdenes y que se estuviera dejando impune a quienes eran los responsables de dar esas órdenes”, refirió. González Placencia dijo que este es uno de los temas que deberán analizarse al interponer el recurso de apelación a los fallos dictados a 25 personas, y que tras su revisión éstas sean justas. Explicó que las sentencias “dejaron en el ambiente una sensación de impunidad y una sensación de que los responsables más importantes de estos hechos no han sido debidamente investigados y sancionados”, por lo que los familiares de las víctimas tienen el derecho de buscar otros caminos para hacerse justicia. El funcionario capitalino llamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) Edgar Elías Azar a brindar un trato “respetuoso” a los familiares de las víctimas del operativo policiaco aplicado en la discoteca. “Se ha minimizado su dolor, se ha puesto entre paréntesis el hecho real e incontrovertible de que nada les regresará a sus hijos e hijas”, señaló. “Desafortunadamente el trato que han recibido de las autoridades de la ciudad, a lo largo del tiempo, ha sido un trato que no ha sido respetuoso de un dolor en el que los colocó una mala acción de la policía de esta ciudad”, aseveró. En presencia de la directora general Ejecutiva del Instituto de Acción Ciudadana para la Democracia y la Justicia, Claudia Cruz Santiago, y del asesor jurídico de Cauce Ciudadano, Armando Barrera Cuevas, el ombudsman capitalino dijo que la idea de un Memorial se recuperó con sugerencias de familiares de las víctimas. Además de que el panteón donde se encuentran los restos de las víctimas del News Divine, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, se encuentre permanentemente en buenas condiciones.

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Reunión del Comité por la Defensa de la Luz

El viernes 12 de abril, a las 17:00, habrá reunión del Comité por la Defensa de la Luz en la Casa del Movimiento Benito Juárez, en Víctor Hugo núm. 19, col. Albert; está a tres cuadras del metro Portales y a media de Plutarco Elías Calles.

La idea de estas reuniones es entender los derechos que tenemos como consumidores de energía ante la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, instancia con la que legalmente tenemos contratado el servicio de la luz, y saber hasta dónde pueden llegar los representantes de la Comisión Federal de Electricidad.

Es indispensable tener claros nuestros derechos como consumidores y no permitir abusos por parte de ninguna instancia.

Así pues, los esperamos con gusto, todo el mundo es bienvenido.

Corrupción e impunidad impiden que funcione la justicia: encuesta UNAM

La UNAM sigue siendo la conciencia de México

La relación ciudadano-gobernante frena el respeto de leyes, lo que ha dañado las instituciones, indica.

Emir Olivares
Publicado: 23/08/2011 09:21



México, DF. Corrupción, impunidad e intereses extra-legales impiden que la justicia funcione en México, así lo revelan los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas de la UNAM.

El análisis indica que los tipos de relaciones establecidas desde hace tiempo entre el ciudadano y los gobernantes impiden el cumplimiento y respeto de las leyes, lo que ha implicado el deterioro de las instituciones y su legitimidad, cuya restauración requiere un rediseño del Estado.

Los mecanismos de control del sistema político como pactar, ceder, negociar y repartir espacios de poder, permean el campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema donde su cumplimiento puede tolerar o alentar altos niveles de impunidad.

El estudio fue realizado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y replica la primera encuesta al respecto levantada en 2003. Fue dirigida por el Héctor Fix-Fierro, titular de esa entidad universitaria y coordinada por la Julia Flores, responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión del IIJ, contó además con la participación de investigadores, como Diego Valadés y Sergio López Ayllón, además de los expertos del Área de Investigación Aplicada y Opinión.

La encuesta nacional se aplicó durante el mes de mayo de este año a dos mil 208 personas de 15 años y más en sus viviendas. Tiene un nivel de confianza del 95 por ciento, con un error máximo de más/menos 2.85 puntos porcentuales. Para comparar los datos obtenidos, se dividió al país en cuatro regiones.

La situación actual del país es calificada como muy negativa por los entrevistados. Siete de cada diez expresaron que en relación con el 2010 empeoró, o sigue mal, y más de la mitad tiene perspectivas pesimistas para el próximo año.

En el estudio aplicado en 2003, la opinión tenía como referente el incremento de crímenes como el robo o el secuestro. En la actual son la violencia generalizada y la delincuencia organizada.

Respecto a la situación política, casi la mitad de los participantes en 2003 y 2011 la describieron como preocupante; uno de cada seis, la calificó de peligrosa.

Los encuestados afirmaron que la justicia en México no funciona adecuadamente por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extra-legales. Así, casi cinco de cada diez (47.7 por ciento) señalaron que su funcionamiento no es el idóneo y el 22 por ciento ubicó en la corrupción el problema principal en su impartición.

Casi seis de cada diez entrevistados (55.8 por ciento), afirmaron que los derechos humanos se respetan poco o nada en México.

Siete de cada diez entrevistados aprobarían la convocatoria de un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna.

Cinco de cada diez consideraron que la Constitución que tenemos actualmente ya no responde a las necesidades del país, principalmente quienes tienen más escolaridad y viven en la región centro.

El 36.3 por ciento consideró que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con un 21.9 por ciento de opiniones desfavorables.

Seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.

Cerca de siete de cada diez entrevistados señalaron que "en algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del gobierno". Y el 75.7 por ciento consideró que debería transparentarse la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico.

Un 54.8 por ciento respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada. Por el contrario, tres de cada diez afirmaron que tales garantías no pueden observarse en esta tarea.

El 57.1 por ciento consideró que los diputados deberían autorizar al presidente el uso de las fuerzas armadas para mantener la seguridad del país.

Ocho de cada diez consideraron que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad.

Uno de cada tres manifestó temer más al robo con violencia, al 27. 2 por ciento le preocupó ser víctima del narcotráfico y dos de cada diez expresaron su miedo al abuso de las fuerzas de seguridad pública.

En cuanto a la confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, las universidades públicas obtuvieron el promedio más alto, de 7.1 puntos; seguidos por el ejército y los maestros; mientras que los partidos políticos, los diputados y la policía, ocuparon los últimos sitios de la escala.

Seis de cada diez personas consideraron que los gobernadores y los presidentes municipales hacen "poco" caso al ciudadano, mientras que poco más de la mitad cree que los jueces y magistrados incurren en la misma falta. En el caso del presidente de la República y los legisladores, dicho porcentaje se reduce a menos del 50 por ciento.

Casi seis de cada diez personas expresaron estar "en desacuerdo" o "muy en desacuerdo" con que los ministros religiosos opinen de política durante sus servicios. El 60 por ciento se opuso a la enseñanza de religión en escuelas públicas.

“Que poca madre” de los que me acusaron: Mariel Solís

“Que poca madre” de los que me acusaron. Foto: Luis

Redacción SDPNoticias.com

2011-07-14 17:26:00

Tuvo “poca madre” Luis Antonio Jiménez Chávez, quien acusó a Mariel Solís de participar en el asesinato del profesor Salvador Rodríguez, catedrático de la UNAM, afirmó la recién liberada

Según Mariel Solís, el asesino confeso del profesor Rodríguez, conocido como “El Sapo”: "mató a una persona valiosa, a un catedrático y de la UNAM. No se vale".

Mariel fue entrevistada por periodistas que la esperaron afuera de su casa, a quienes les relató con detalle sus experiencias en el penal de Santa Martha Acatitla.

Para”El Sapo” no tuvo más que recriminaciones, afirmando que “qué poca madre tiene” y que duda en si le dará el perdón o no.

Suspenden al juez que falló contra AMLO

“Inconsistencias” en su patrimonio: CJF; tiene cuentas por $20 millones
Es el juzgador que en 2005 falló contra AMLO por el caso El Encino
Maneja cinco cuentas bancarias que alcanzan 20 millones de pesos

Millonario patrimonio del juez Álvaro Tovilla

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Lunes 11 de julio de 2011, p. 5
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) encontró “inconsistencias” en la evolución patrimonial del juez de distrito en materia administrativa Álvaro Tovilla León, quien tiene cinco cuentas bancarias a su nombre a las que se han transferido recursos en los dos años recientes por al menos 20 millones de pesos, lo que no corresponde a su nivel de salario mensual, que alcanza 129 mil pesos, revelaron fuentes del órgano disciplinario y administrativo de jueces y magistrados.

El juzgador –quien en 2005 resolvió que Andrés Manuel López Obrador violó una suspensión concedida en vía de amparo por el caso del predio El Encino– fue suspendido temporalmente del cargo mientras la Judicatura lo investiga por presunta falta de probidad en su actuar como impartidor de justicia.

Una de las líneas de investigación que se desahogan tiene que ver con la posibilidad de que el juez haya recibido sobornos de los abogados y el grupo empresarial a los que el amparo permitió continuar con la construcción –en el Distrito Federal– de la Torre Lomas, en Pedregal 24.

Queja de académico

Informes judiciales refieren que el académico Carlos Elizondo Mayer-Serra presentó un recurso de queja ante un tribunal colegiado de circuito, con el que busca echar abajo el permiso para la construcción de la Torre Lomas. En 2006 el juez Tovilla concedió el amparo con base en el cual se expidió el certificado de zonificación de uso de suelo permitido para la torre de 25 pisos.

Elizondo vive en una calle vecina a Pedregal, y su recurso está basado en el artículo 96 de la Ley de Amparo, que permite a cualquier persona interponer queja contra el cumplimiento excesivo de una sentencia.

En este caso, se alega que el recurso otorgado por el juez Tovilla a la empresa Arrendadora Virreyes, anterior propietaria del inmueble, quedó cumplido el 22 de enero de 2007, cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) expidió el certificado de zonificación para el fallido proyecto de la Torre Bicentenario.

La Judicatura suspendió al juez Álvaro Tovilla por la investigación que inició a su juzgado tras el encarcelamiento del secretario Esiquio Martínez Hernández, acusado de tener un patrimonio ilícito de 50 millones de pesos.
El mes pasado, el juez tercero de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Norte, Ricardo Delgado Quiroz, determinó iniciar un juicio contra Martínez Hernández. La decisión implica que el secretario del juez Tovilla permanecerá internado en el reclusorio, pues el juez Delgado le negó la libertad provisional bajo caución, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) argumentó que constituía un riesgo que estuviera fuera de prisión.

Esiquio Martínez manejaba una cuenta de HSBC, donde acumuló 39 millones de pesos durante la última década, sin que lo reportara en sus declaraciones ni lo detectara el Poder Judicial.

El secretario de juzgado quizá no habría sido descubierto en su patrimonio paralelo de no ser porque en 2010 desde esa cuenta transfirió 14 millones de pesos a Nehmías Cruz Hernández, presunto empleado del CJF, quien también está sujeto a investigación por autoridades disciplinarias de la Judicatura.

Martínez tenía 12 cuentas: siete en HSBC, dos en Banamex, una en Ixe, otra en Santander y una de American Express Bank. Pero la del problema fue la cuenta 4044163111 de HSBC.

Lo que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera es que los 14 millones que transfirió desde esta cuenta a Cruz fueron triangulados a José Daniel Martínez Vasconcelos, por un total de 14 millones 500 mil pesos. El 8 de abril de 2010 se generó una primera alerta en el sistema financiero, porque Martínez hizo 13 operaciones de retiro por 29 millones 792 mil 186 pesos en la cuenta de la que había transferido los recursos a Cruz Hernández.

Los 432 millones detectados en movimientos de las cuentas bancarias de Esiquio (en dos años) derivan precisamente de esa cuenta, donde se acumularon 39 millones 919 mil 855 pesos entre mayo de 2000 y noviembre de 2010. Esta cantidad, sumada a la que tenía Martínez en sus 11 cuentas restantes –además de un inmueble y dos vehículos automotores–, dan un total de 50 millones 707 mil 633 pesos, que es el patrimonio ajeno a sus ingresos como funcionario de la Judicatura Federal.

Los Desfiguros y los Osos Ministeriales

Para Documentar Nuestro Optimismo.
Escrito por Jenaro Villamil el 19 junio 2011 a las 12:40 pm en Otros textos


1.-Si hubiéramos sabido que se trataba de Jorge Hank Rhon le hubieran pedido 2 millones de dólares de fianza para evitar el ridículo.

La procuradora general de la República, Marisela Morales aseguró que “no sabía que entre los 11 detenidos” con un arsenal de Tijuana, la madrugada del 4 de junio, estaba el empresario Jorge Hank Rhon (se imaginó que utilizaron al ejército para jugar al Caliente, la R. apostadora).

“Lo primero que te imaginas con esa cantidad de armas es que te van a recibir a balazos, por ello el operativo”, justificó.

Reconoció que no existe algún video sobre el operativo en el que fue detenido Jorge Hank “porque los militares no siempre graban las acciones que emprenden contra la delincuencia” (eso sólo lo hace Genaro García Luna y sus “Equipo”, la R. videoasta).

(Marisela Morales, procuradora General de la República, en entrevista con Adela Micha, en Las Noticias por Adela, Canal 4, 16 de junio 2011).

2.-La PGR se ha convertido en un bolero: agravios, despechos, valoraciones parciales.

“Ante la inconsistencia de la decisión de la juez se harán valer en los agravios que serán presentados en tiempo y forma por la PGR”.

(Patricia Bugarín Gutiérrez, subprocuradora y titular de la SIEDO, La Jornada, 16 de junio 2011, p. 3).

3.-Ya nació un lema de campaña…o de la impunidad.

“Rifle, cañón y escopeta. A Hank se le respeta”

(Grito de los seguidores de Jorge Hank, al ser liberado dos veces el martes 14 de junio, citado por Katia D’Artiguez, “Campos Elíseos”, El Universal, 15 de junio 2011, p. 11).

4.-Mientras más me multan, más empresas en el exterior adquiero.

“No me siento perseguido por las autoridades” (seguramente, no le han sembrado conexiones telefónicas, la R. ministerial).

“Mi vida no ha cambiado en los últimos diez años” (solamente se convirtió en el hombre más rico del mundo, la R. que lee Forbes).

(Carlos Slim, dueño de Telmex-Telcel, al minimizar lo que ha sucedido con las multas millonarias a sus compañías, 13 de junio 2011, The Financial Times).

5.-Que acuse, pero que no se lo encargue a la PGR.

“Acuso a la industria armamentista americana de las miles de muertes en México. Exijo que se pongan orden en ese tema…

“Nosotros tenemos más armas poderosas y sofisticadas (Incluso, las sembramos de vez en cuando, la R. en plan de abogada de Hank Rhon). Muy fuertes, muy disciplinados, el Ejército, la Marina-Armada de México y la Policía Federal (Incluso, sic de la R., también podemos usarlos para un día de campo y detener a personajes de la mafia priista, ¿Tijuana remember?).

(Felipe Calderón Hinojosa, presidente Rápido y Furioso, en su discurso en San José, California, Estados Unidos, La Jornada, 12 de junio 2011, p. 5).

6.-Amor con amor se paga, y Onésimo Cepeda, el obispo millonario del municipio pobre de Ecatepec, exhonerado por el presunto robo de 130 millones de dólares, reitera su lealtad al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Estoy convencido “de la honorabilidad del señor ministro Sergio Valls, que siempre ha sido una persona honorable, un juez justo y no le conozco ninguna trapacería” (ésas sólo las hace el de la voz, la R. reflexiva).

“Siendo mi amigo, no permitiría que insulten al maestro Valls, por el hecho de haberme invitado a la comida de su cumpleaños”.

(Onésimo Cepeda, en entrevista con Joaquín López Dóriga, Radio Fórmula, 17 de junio 2011).

Los influyentes y sus jueces. Bernardo Bátiz V.

Conocí a un licenciado integrante de un tribunal, que presumía de su sapiencia jurídica diciendo: a mí que me digan cómo quieren la resolución, absolviendo o condenando; yo me encargo de lo demás”. Es decir, no importaba para él quién tuviera la razón o de qué lado estaba la justicia; operador del derecho, podría resolver lo mismo en un sentido que en otro.

Supe de un perito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que por supuesto fue despedido, a quien, cuando se inspeccionó su escritorio, se le encontraron dos peritajes contradictorios para el mismo asunto; estaban listos para el mejor postor.

Viene a cuento lo anterior por los casos judiciales de Jorge Hank Rhon, hijo del famoso político Carlos Hank González, que amasó una fortuna al cobijo del poder y a quien un político no enriquecido le parecía deleznable, y por el del obispo de Ecatepec, que ganó un juicio con una sentencia incomprensible.

Hace tiempo, a otro ex jefe del Departamento del Distrito Federal, como Hank padre, se le extraditó de Nicaragua; afrontó un proceso por peculado escondido varios años, seis o siete sentencias se dictaron en su contra, pero al final la Suprema Corte, contradiciendo lo ya resuelto por un tribunal colegiado, declaró incompetentes a los tribunales del Distrito Federal para juzgar a un servidor público del gobierno de esa misma entidad.

El colegiado dijo que sí, la Corte dijo que no y seguro, en las dos resoluciones, los juzgadores podían presumir de aplicar “estrictamente” la ley y de estar al servicio del “estado de derecho” y de las sacrosantas instituciones.

No es que todo el mundo sea desconfiado por naturaleza ni susceptible; lo que pasa es que hay cosas que nos dejan asombrados y nos dan que pensar. El caso es que los poderosos nunca pierden y si caen a la cárcel lo hacen como en el beisbol: “de pisa y corre”. El pueblo, que es más sabio que sus jueces, no cree en el sistema de justicia, sea tradicional o sea oral, desconfía y se burla; ¿Hank Rhon salió porque no se aplicaron “estrictamente” las formalidades procesales o por ser quien es y tener la fortuna que tiene? ¿Otro detenido desconocido y pobre habría corrido con la misma suerte?

El obispo, que aparece en sociales de los periódicos y va a los toros cada domingo, ¿ganó por tener razón, sin explicar el origen de una cantidad enorme de dinero que prestó a cambio de un pagaré firmado en una hojita, o por otras razones imaginables?

Renato Leduc, de otro prelado y en otro tiempo, decía en uno de sus sonetos implacables: “El señor obispo guarda sus millones en la caja fuerte; no es que tenga suerte, son sus oraciones que Dios escuchó”.
La juez que soltó a Hank fue reconocida inmediatamente por el Consejo de la Judicatura Federal como invulnerable a las presiones a las que pudo haberse visto sometida; el ministro de la Suprema Corte, amigo y anfitrión del obispo, también fue de inmediato justificado por sus colegas.

El beneficio de la duda nos inclinaría en pensar que se trata de funcionarios resistentes a las presiones del poder y del dinero, pero la gente, escamada, abriga dudas y esboza sonrisas incrédulas y socarronas.

En el caso de Hank, la subprocuradora Patricia Bugarín, de quien me consta su competencia y honorabilidad, no estuvo de acuerdo con la resolución y anunció que la combatirá ante un tribunal superior. Prudentemente, dice la titular de la SIEDO que confía en que el tribunal de segunda instancia corrija lo que califica de valoración parcial y subjetiva de las pruebas. En el asunto del obispo, el abogado Xavier Olea se indigna, acusa y pide una investigación.

En ambos casos, las dudas aparecen tercas; si a Hank le “sembraron” las armas, como dijo la defensa, ¿le sembraron todas? ¿no tenía ninguna en su casa?

Difícil de creer. Un sujeto como Hank, metido en negocios de juegos y apuestas, sospechoso de otros peores, rodeado siempre de guardaespaldas, soberbio y prepotente, ¿no tenía armas en su casa? ¿Con qué lo protegían sus guardias?

En el otro caso, también nos asaltan las suspicacias: ¿de dónde salió el dinero supuestamente prestado a una mujer muy rica, de mucha edad y enferma? ¿Para qué lo quería ella? ¿Por qué una operación tan grande y cuantiosa se documentó en una hojita de papel sin seguridad alguna?

La gente no comulga con ruedas de molino; intuye que en ambos asuntos algo está mal. En ambientes supuestamente informados la desconfianza proviene de verificar que la verdad puntillosa y formal de las resoluciones judiciales choca con más frecuencia de la deseada con la verdad real y los jueces parece que no buscan la justicia, sino aplicar mecánicamente la ley y muy frecuentemente los recovecos de la ley.

Como en otros casos, en estos dos el tiempo no correrá en balde; la verdad se abre camino y penetra por resquicios insospechados. Por lo pronto, expresamos nuestro asombro por las dos resoluciones y comprobamos que cambios de fondo, no cosméticos ni aparatosos, ni sólo para la foto, son más necesarios cada día.

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