Miles de brasileños protestan con la consigna: dictadura nunca más

Exigen renuncia de Bolsonaro

Dirigentes de partidos opositores repudian decisión del presidente de conmemorar el golpe militar

▲ Con retratos de familiares asesinados o desaparecidos durante la dictadura militar que se instauró en 1964, miles de personas protestaron ayer en Sao Paulo.Foto Afp

Afp, Ap y Pl

Periódico La Jornada

Lunes 1º de abril de 2019, p. 22

Brasilia. Dictadura nunca más fue la consigna de miles de personas que protestaron este domingo en Brasil contra la decisión del presidente Jair Bolsonaro de alentar celebraciones con motivo del 55 aniversario del golpe militar que inauguró más de dos décadas de gobiernos castrenses.

Hubo protestas en Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo en rechazo a la solicitud de Bolsonaro, defensor del golpe militar del 31 de marzo de 1964, que derrocó al presidente Joao Goulart.

En Brasilia, cerca de mil manifestantes acusaron al mandatario, ex capitán del ejército, de 64 años, de haber incorporado a varios militares en su gabinete y de no ocultar su admiración hacia ex dictadores, por lo que exigieron su renuncia.

Unas 2 mil personas se manifestaron en Cinelandia, plaza emblemática del centro de Río de Janeiro, mientras en Sao Paulo cientos de inconformes protestaron en el parque Ibirapuera, la mayoría allegados de las víctimas del régimen militar.

No es una fecha que debe conmemorarse. Es un día de duelo, de violencia, de brutalidad, sostuvo Maria Fátima, profesora jubilada de Río de Janeiro.

Las protestas surgieron un día después de que una corte de apelaciones anuló la decisión de otro tribunal de prohibir las reivindicaciones del golpe.

Desde el pasado lunes, cuando el portavoz presidencial Otávio Régo Barros anunció el pedido del presidente de conmemorar el aniversario del golpe con las celebraciones debidas en los cuarteles, los llamado a manifestarse se multiplicaron.

Un fragmento del orden del día leído el viernes en un acto castrense en Brasilia destacó: Las fuerzas armadas participan de la historia de nuestra gente, siempre alineadas con sus legítimas aspiraciones. El 31 de marzo de 1964 fue un episodio simbólico de esa identificación.

Otro regimiento de Sao Paulo celebró el jueves el aniversario y afirmó que en 1964 las fuerzas armadas respondieron al clamor popular para frenar una escalada hacia el totalitarismo, en referencia a los grupos de izquierda que tomaron las armas en ese periodo.

Según un informe de la Comisión Nacional de la Verdad publicado en 2014 –la versión oficial del Estado brasileño–, los años de plomo dejaron 434 muertos y desaparecidos, además de unos 30 mil detenidos y torturados, pero esas cifras no incluyen a centenares de víctimas de milicias contratadas para reprimir conflictos agrarios ni las matanzas de indígenas en el avance de la ocupación del territorio por el Estado.

Documentos estadunidenses desclasificados el año pasado revelaron que la eliminación de disidentes se decidía en el palacio presidencial.

El neofascista Bolsonaro es el primer presidente de Brasil, tras el regreso a la democracia en 1985, en exaltar públicamente al régimen militar. En el pasado se refirió a la dictadura como época gloriosa en la historia de Brasil. En 2008 dijo que el error de la dictadura fue torturar y no matar.

Cuando votó en favor del proceso de destitución de la ex mandataria Dilma Rousseff, Bolsonaro llamó a celebrar la memoria de Carlos Ustra, quien torturó a la ex mandataria durante la dictadura.

En este contexto, un manifiesto firmado por dirigentes de seis partidos opositores repudiaron la determinación de Bolsonaro de conmemorar el golpe militar.

Los firmantes (Gleisi Hoffman, del Partido de los Trabajadores; Luciana Santos, del Partido Comunista de Brasil; Carlos Lupi, del Partido Democrático Laborista; Carlos Siqueira, del Partido Socialista Brasileño; Juliano Medeiros, del Partido Socialismo y Libertad, y Edmilson Costa, del Partido Comunista Brasileño) manifestaron su perplejidad ante la desfachatez con que el presidente de la república, Jair Bolsonaro, adopta como jefe de Estado, al escalofrío de la Constitución y de la ley, el discurso de alabanza de ese régimen de excepción que marcó su actuación como parlamentario y candidato.

Además, manifestaron que no aceptarán que cualquier institución de la república promueva el revisionismo histórico y descuide la verdad de los hechos relacionados con la dictadura militar.

En tanto, desde Jerusalén, Bolsonaro anunció la apertura de una oficina diplomática en esa ciudad, durante una conferencia conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Anteriormente, Brasil había dicho que mudaría su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero según analistas Bolsonaro debe sopesar el riesgo de perder mercados en los países árabes.

Los límites del control civil

ERUBIEL TIRADO
2 DE OCTUBRE DE 2014
ANÁLISIS

Elementos del Ejército en Guerrero. Foto: Jessica Torres

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La matanza de Tlatlaya, Estado de México, pone a prueba el alcance de una realidad que desde diciembre de 2012 simplemente se acalló: la permanencia del Ejército en las calles pese al anuncio oficial de un retiro o presencia mínima. Los operativos no sólo se han intensificado –219 mil 378 patrullajes en este año en el que han participado 91 mil 547 efectivos.

Otro dato: las Bases de Operación Mixta (policial-militar) pasaron de 97 a 141 y en las calles se emplea a 37 mil efectivos diarios. Esa estrategia, cada vez más seria, no sólo no ha logrado controlar la criminalidad, sino que comienza a vulnerar a la población civil por los atropellos cometidos por militares y uniformados.

La discusión sobre la muerte de 22 personas el 30 de junio último como producto de un enfrentamiento militar con una banda criminal, pretendió desviarse en un primer momento sobre la condición de la actividad ilegal de las víctimas. Ante la debilidad probatoria institucional de hechos que fueron negados al inicio por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y respaldados por el silencio cómplice casi total de los medios –con la excepción de Esquire y Proceso–, según la estrategia del gobierno de los últimos dos años, se optó por sacrificar a unos cuantos elementos de tropa y un mando intermedio para refugiarse en la desobediencia y falta de aplicación de los protocolos de actuación militar (jueves 25 de septiembre).

Así, se busca evitar una indagación mayor y un debate serio sobre lo que el incidente representa para el sistema político. De ahí que se lanzara desde Nueva York otra cortina de humo para rescatar la legitimidad del Ejército, entre otras cosas, anunciando la participación de México en misiones de paz bajo el seno de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Apenas el 30 de mayo pasado se estrenaba –así se presume incluso en el segundo informe de gobierno–, la vigencia del Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres (sic) Fuerzas Armadas y con ello se da cumplimiento a los criterios constitucionales y las leyes castrenses del Ejército y la Marina. En realidad es una versión sui géneris o tropicalizada del código de conducta y de los principios elaborados en la práctica de las misiones de paz de los Cascos Azules de Naciones Unidas (Sedena, Segundo Informe de Labores, lunes 1 de septiembre de 2014, p. 40).

Con todo, una lectura detallada del Manual a la luz de lo acontecido en Tlatlaya, muestra que pese a las 13 generaciones de egresados militares de cursos de derechos humanos (impartidos por la CNDH) –incluido el convenio con la Cruz Roja Internacional (2013) para acercar el conocimiento del derecho internacional humanitario–, todo queda en una coartada para prevalecer en las calles sin el debido entrenamiento para dar seguridad a la población.

El Manual es muy claro en el sentido de aplicar protocolos de actuación en la advertencia a probables agresores y determinar así el uso de la fuerza –letal o no–, imponiendo incluso la grabación de los hechos para el esclarecimiento en caso de ser necesario. Otra disposición importante es la comunicación y coordinación con las autoridades civiles (aunque también establece procedimientos de actuación en ausencia de autoridades civiles).

Lo relevante del caso, a la luz de la reconstrucción de lo que ocurrió en Tlatlaya, es la absoluta inobservancia del Manual y la recurrencia a un comportamiento ya interiorizado en el personal militar: identificación y supresión del potencial enemigo o agresor, sin la mínima coordinación con las autoridades civiles. Hasta el momento no hay consignación ante autoridades judiciales civiles.

El resultado trágico de Tlatlaya va más allá de una cuestión de disciplina militar y de excluir o desviar la responsabilidad penal como pretende la aplicación del Manual al calificar un eventual homicidio como culposo, quedando así exonerado el personal militar involucrado en hechos como el ocurrido en territorio mexiquense.

Resulta por ello, poco razonable que se diga que no hay responsabilidad institucional porque no se sabe que el “alto mando” hubiese ordenado violar los derechos humanos, y así lo confirma la declaración del propio titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos Zepeda el viernes 26.

Los usos y costumbres de la seguridad del sistema político mexicano operan con la lógica del silencio y las complicidades mutuas en el ámbito civil y el militar. Excepcionalmente, ante el abuso político del recurso militar, un alto mando solicitó la orden por escrito para reprimir (2005). No pasó de ahí.

El componente militar en el contexto histórico y político tiende a ser parte del problema (con la paradoja que es el último recurso de solución del que se ha abusado), tanto en su uso policial como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Al final, el resultado es una distorsión, una pérdida, de la fuerza armada en su esencia definitoria de defensa nacional.

La participación directa de los militares en la lucha contra el narcotráfico durante los últimos gobiernos priistas y panistas tiene consecuencias negativas para las instituciones castrenses y, en particular, en la relación civil-militar en México. El fracaso de la guerra calderonista, continuada en los hechos por el actual gobierno, aunque no lo reconozca, no se limita al alarmante número de muertes, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos relacionados con la actividad de las fuerzas militares y policiales de los que dan cuenta los organismos civiles internacionales.

El daño se extiende de modo orgánico y operativo a las fuerzas armadas en términos que nuestra incipiente institucionalidad democrática, en materia de relaciones civiles-militares, no sólo se muestra débil o incapaz de reaccionar, sino que se encuentra amenazada ante la prolongada permanencia e influencia castrense.

Hay factores estructurales del diseño legal e institucional que dieron lugar a la organización de unas fuerzas armadas que responden más a tareas de dominio y control (político) en lo interno que en el desempeño real de funciones de defensa. La razón es simple, así se concibieron, histórica y políticamente, de acuerdo también a una realidad geoestratégica, como lo es la cercanía con Estados Unidos y nuestra adscripción natural a su órbita de seguridad. De ahí que la actividad castrense se volcase hacia la seguridad interior y hallase su mejor condición de influencia con la crisis de seguridad pública del país.

Con el anuncio presidencial de participar en misiones de paz, la cuestión es determinar a ciencia cierta si las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir su función sin haberse transformado institucionalmente, en democracia y con transparencia, como sus contrapartes en el hemisferio.

Otra cuestión importante queda abierta para la comunidad internacional: si nuestros medios e intelectuales nacionales serán tan complacientes ante incidentes trágicos como el de Tlatlaya, sin que haya investigaciones profundas y sólo culpables a medias.

La policía de Puebla podrá utilizar armas de fuego en manifestaciones

Aprueban los diputados de PAN, PRI, PRD y Panal la propuesta de Rafael Moreno Valle

Delegan en mandos policiacos decisión de disparar

Presidente del Congreso estatal niega que sea licencia para matar

Nueva ley no aclara criterios para declarar ilícita una protesta

Miembros de la Asamblea Juvenil #YoSoy132 Puebla protestaron ayer frente a la sede del Legislativo y convocaron a ciudadanos y organizaciones sociales a formar un frente para echar abajo la ley que regula el uso de la fuerza en manifestaciones públicasFoto José Castañares

Mónica Camacho

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada
Martes 20 de mayo de 2014, p. 29

Puebla, Pue., 19 de mayo.

A propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el Congreso del estado aprobó una ley para regular el uso de la fuerza pública, la cual incluye el uso de armas de fuego para repeler agresiones contra policías o terceros durante manifestaciones.

La iniciativa fue analizada durante siete días y avalada este lunes, con 32 votos de los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (Panal), así como de los institutos políticos locales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración.

Votaron en contra cinco legisladores, de los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano, quienes señalaron que la norma es propia deadministraciones represoras.

El artículo 44 de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones policiales del estado estipula:

“Queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones; sin embargo, se contemplará su uso (…) para repeler agresiones (…), para preservar la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves de los elementos policiales o de terceros”.

La iniciativa incluye un párrafo que delega en los policías la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para evitar que el accionamiento de las armas de fuego ponga en riesgo a personas distintas al agresor.

De acuerdo con el artículo 2, se considerará agresor a toda persona que represente un riesgo por su conducta en los bienes jurídicamente protegidos de otros individuos, los agentes policiales, la colectividad y del propio Estado.

Cuando la ley se publique en elPeriódico Oficial del estado y entre en vigor, las manifestaciones en Puebla se clasificarán en lícitas, ilícitas no violentas y violentas para efectos de control y dispersión, aunque no especifica las características de cada una.

El uso de la fuerza pública se detalla en el capítulo 8. En el caso de las manifestaciones ilícitas no violentas, se indica que los uniformados evitarán el uso de la fuerza durante la dispersión, perocuando ello no sea posible, se limitará el uso de la fuerza al mínimo necesario.

Cuando se dispersenmanifestaciones violentas que afectenbienes jurídicamente tutelados, los agentes aplicarán la fuerza en formagradual en las siguientes etapas: primero, mediante la persuasión o disuasión verbal; luego, con sometimiento físico, uso de armas incapacitantes no letales y por último armas de fuego o de fuerza letal.

No estamos dando licencia para matar. Se busca proteger a los manifestantes de hechos de violencia, aseguró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el priísta Víctor Manuel Giorgana Jiménez.

El coordinador de la bancada del PT, Mariano Hernández Reyes, aseguró que el uso de armas letales contra manifestantes forma parte de una política federal de represión contra las protestas.

La organización Nodo de Derechos Humanos advirtió que la ley viola los artículos 1, 9, 14 y 16 de la Constitución, así como el 3, 5, 8, 9, 11 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Comisiones del Senado votan a favor de imponer el Estado de Excepción en México; la Ley criminaliza la protesta: ONGs

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron esta mañana, en una reunión a puerta cerrada en donde no se permitió la entrada a ningún representante de los medios de comunicación, la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías.

El dictamen contempla la concesión de autorizaciones que se estimen necesarias para que el titular del Ejecutivo federal declare un Estado de Excepción frente a una situación o en un lugar determinado con motivo de una amenaza excepcional.

La restricción o suspensión procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u “otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. La reforma señala que la suspensión tendrá como único fin reestablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.

Sin embargo, un grupo de organizaciones no gubernamentales alertó este fin de semana que la Ley criminaliza la protesta además de que suspende y restringe los derechos de las personas y colectivos. Este día, esas mismas ONGs expresaron su total rechazo a la aprobación de la Ley, ya que dijeron es “regresiva, ambigua y discrecional” ya que permite la criminalización de la protesta social.

“Como organizaciones defensoras de derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación y alertamos sobre esto, ya que en un contexto donde se da la consolidación de normas legales e incluso constitucionales que permiten, por razones de orden político, la limitación en materia de libertades democráticas, llama la atención la discusión de una ley que podría eventualmente violentar derechos humanos de personas y colectivos”, denunciaron ayer ONGs como Artículo 19, Fundar, la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas, entre otras.

Este día, tras la aprobación realizada en el Senado en total sigilo, aprovechando que la atención mediática se centra en la discusión de la Reforma Política, las asociaciones civiles que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social rechazaron la aprobación del dictamen de la ley reglamentaria, por considerarla “regresiva y ambigua”.

“Las organizaciones firmantes expresamos nuestro extrañamiento a la afirmación que realizó la senadora Angélica de la Peña vía Twitter, de acuerdo con la cual reitera que se consultaron a especialistas y a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la elaboración de la iniciativa de ley y el dictamen de la misma”, dice el posicionamiento.

Y finaliza: “Consecuentemente y de nueva cuenta, hacemos un llamado al Poder Legislativo para que esta iniciativa sea rigurosamente analizada, cuidando la taxatividad y estableciendo un catálogo cerrado de situaciones (numerus clausus), con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para declarar un Estado de Excepción. Por tratarse de un mecanismo que puede suspender y limitar el ordenamiento constitucional, su discusión requiere de la mayor publicidad y participación efectiva de la sociedad en general”.

El día de ayer la ONGs firmantes alertaron sobre los “riesgos” de esta Ley al considerar que “se enmarcan en un contexto de criminalización de la protesta social, que ha tenido como una de sus expresiones la modificación de los marcos normativos con el objeto de castigar o inhibir las expresiones de disenso y de manifestación pública, así como la desnaturalización de figuras legales, que bajo ciertas circunstancias y con una intencionalidad política pueden ser desviadas de sus propósitos e indebidamente utilizadas contra grupos sociales”

En el dictamen de Ley aprobado este día en comisiones del Senado se estipula que el Ejecutivo someterá a la aprobación del Congreso de la Unión, o en su caso de la Comisión Permanente, un proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión y este deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas.

“Toda medida para la restricción del ejercicio de derechos y garantías deberá ser oportuna, fundada y motivada y proporcional a la situación que se deba afrontar, considerando su gravedad y naturaleza y observando en todo momento los principios de legalidad, temporalidad, excepcionalidad y racionalidad”, dice la propuesta que se prevé sea discutida en los próximos días en el Pleno.

Alertan organizaciones sobre riesgos para la vigencia de derechos humanos ante inminente aprobación de ley sobre estado de excepción

Sábado, abril 26, 2014.

• Hacen llamado al Senado para reglamentar el artículo 29 constitucional en materia de suspensión de derechos y garantías conforme a estándares internacionales.
• Señalan la importancia de contar con una legislación clara, precisa y exhaustiva en la materia.
• El uso discrecional de la figura del estado de excepción criminaliza la protesta social

El próximo 28 de abril comenzará en el Senado la discusión sobre la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, relativo a la restricción y suspensión de derechos y garantías fundamentales. Como organizaciones defensoras de derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación y alertamos sobre esto, ya que en un contexto donde se da la consolidación de normas legales e incluso constitucionales que permiten, por razones de orden político, la limitación en materia de libertades democráticas, llama la atención la discusión de una ley que podría eventualmente violentar derechos humanos de personas y colectivos.
El proyecto de dictamen que contiene la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, y que contempla la iniciativa enviada por el presidente Peña Nieto, se refiere en su artículo 2 y 3 a los casos de invasión o perturbación grave de la paz pública como situaciones que justificarían la restricción o suspensión de derechos humanos. Asimismo, y de manera laxa, alude a “otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” o bien “similares”, incluso conflictos originados por una persona. Esto representa un margen muy amplio de discrecionalidad en el que múltiples situaciones pueden ser consideradas por el Ejecutivo casos que justifiquen el establecimiento de un estado de excepción.
La iniciativa de Ley Reglamentaria tiene su origen en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Por tanto es importante que se respeten y asienten en la ley los principios relativos al tema de suspensión derechos, los cuales están señalados en múltiples instrumentos internaciones y jurisprudencias de distintos órganos regionales de protección de derechos.
En 2011, el artículo 29 constitucional fue modificado con un sentido de protección de los derechos humanos. Sin embargo, en la reforma política, publicada el pasado 10 de febrero de 2014, se volvió a modificar este artículo. Con ello vemos preocupante que tanto la última reforma constitucional como la propuesta de Ley Reglamentaria se enmarcan en un contexto de criminalización de la protesta social, que ha tenido como una de sus expresiones la modificación de los marcos normativos con el objeto de castigar o inhibir las expresiones de disenso y de manifestación pública, así como la desnaturalización de figuras legales, que bajo ciertas circunstancias y con una intencionalidad política pueden ser desviadas de sus propósitos e indebidamente utilizadas contra grupos sociales.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social ha llamado, en repetidas ocasiones por ejemplo en el Informe: Control del Espacio Público, la atención sobre la intencionalidad política que subyace en estas acciones tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo.

Consecuentemente, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Senado para que esta iniciativa sea rigurosamente analizada, cuidando la taxatividad y estableciendo un catálogo cerrado de situaciones (numerus clausus), con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para declarar un estado de excepción. Por tratarse de un mecanismo que puede suspender y limitar el ordenamiento constitucional, su discusión requiere de la mayor publicidad y participación efectiva de la sociedad en general.

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
ARTICLE 19
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Propuesta Cívica, A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.
Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.

Para mayor información contactar a:
Carlos A. Ventura Callejas
Tel.56 59 67 97 ext. 227; 55 39107000 (celular)
Correo electrónico: edupromo1@derechoshumanos.org.mx

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Pinochet, el tio de @phiriart , enemigo declarado de la juventud chilena

Pinochet espió a miles de estudiantes en los colegios

Según los documentos secretos en poder de agencia alemana Dpa, Pinochet trató de formar una juventud leal a su régimen, esfuerzo para el que contó con el apoyo de la policía secreta y de civiles, entre ellos el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el ex presidente de la Cámara Baja, el diputado Patricio Melero.

por EL MOSTRADOR

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Un informe secreto de la Central Nacional de Informaciones (CNI), fechado en 1983, revela cómo la dictadura militar espió durante años a los estudiantes en sus propios colegios, informó este jueves la agencia alemana Dpa.

“Iván Salinas organiza y agita a los alumnos, mandándolos a las ‘marchas del hambre’, realizadas en el centro de Santiago”, señala uno de los 30 mil archivos secretos que el órgano represor enviaba al Ministerio de Educación de aquella época.

Salinas, quien al salir de su liceo siguió trabajando en su pastoral, figura en los archivos junto a los nombres de decenas de otros jóvenes como Diego Meza o Víctor Osorio, actual presidente del partido Izquierda Cristiana (IC).

“Impacta lo que sucedió esos años y los civiles de la derecha que apoyaron esto deben responder”, dijo hoy Osorio a Dpa al conocer los archivos.

Estas operaciones, que abarcaron colegios religiosos, públicos y privados como la Alianza Francesa en 1988, fueron acompañadas por el despido masivo de profesores que pedían democracia y la capacitación de los funcionarios de Educación en guerra psicológica.

Las fichas con antecedentes políticos de menores y docentes elaboradas por la CNI llegaron de esta forma a las oficinas de los ministros, con las cartas firmadas por los delatores, en su mayoría profesores y apoderados que escribían directo a Pinochet.

La propia esposa del general, Lucía Hiriart, participó en este circuito de vigilancia, alertando por escrito en 1988 de la supuesta simpatía socialista del funcionario ministerial Humberto Vera. “Fue nombrado directamente por la Presidencia”, la tranquilizó en respuesta el ministro de Educación de la época, Juan Antonio Guzmán.

Pero no todo fue represión en el intento por controlar el malestar de estudiantes y profesores. Según los documentos secretos en poder de Dpa, Pinochet trató también de formar una juventud leal a su régimen, esfuerzo para el que contó con el apoyo de la policía secreta y de civiles, entre ellos el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el ex presidente de la Cámara Baja, el diputado Patricio Melero.

El esfuerzo por levantar un estudiantado leal fue apoyado además con el adoctrinamiento de los hijos de las autoridades y de los propios funcionarios, como consta en diversos oficios secretos. Los hijos de ministros, viceministros y altos funcionarios recibieron cursos periódicos sobre “Seguridad Nacional” y “Doctrinas Totalitarias”, entre otros.

Sin embargo, contrariamente a los deseos del régimen, miles de jóvenes opositores agruparon fuerzas en torno a organizaciones como la AEM, el COEM, la ASEC y la FESES, en medio de una represión cuya primera víctima fue el escolar Mauricio Maigret de 17 años, abatido a tiros en 1984.

Todas estas operaciones fueron finalmente parte de una acción coordinada entre el Ministerio de Educación y la policía secreta, la CNI.

El Ministerio de Educación, de hecho, tenía asignadas tareas en el llamado “Plan de Guerra del Frente Interno”, las que coordinó a través de su Oficina de Seguridad.

Las comunicaciones con la CNI, responsable de cientos de asesinatos y miles de torturas, fueron diarias y muchos de esos documentos fueron quemados, aunque quedaron las actas de incineración, firmadas por los propios ministros.

Entre 1975 y 1990, por orden escrita de Pinochet, acreditada en sucesivos oficios, la policía secreta quedó además a cargo de supervisar toda contratación en el Estado, incluida la de profesores.

En ese marco, ningún docente pudo realizar clases en liceos públicos sin previamente ser investigado en secreto por la CNI, la que informaba los resultados de las pesquisas directamente a los ministros.

El control sobre el magisterio fue total y el propio Ministerio del Interior pidió a veces el pronunciamiento de Educación sobre la expulsión de docentes opositores, a través del viceministro del Interior, el hoy diputado Alberto Cardemil de Renovación Nacional.

Todas estas operaciones ocurrieron en paralelo a una masiva venta o traspaso de los colegios públicos a municipios o privados, incluso a bajo precio, como alentó un oficio secreto del 26 de marzo de 1986.

De hecho, hoy en Chile sólo un 36 por ciento de la matrícula escolar es proveída por el Estado, en establecimientos con malos resultados académicos mayoritariamente, según mediciones oficiales.

Las universidades públicas también son pagadas en miles de dólares anuales, producto heredado por la democracias de la intervención de la dictadura en su estructura y sistema de financiamiento.

En 2006 primero y luego desde 2011 a la fecha, cientos de miles de estudiantes y colegios salieron a marchar exigiendo educación gratuita y de calidad, tema central en el debate político actual, cuyo telón de fondo son los comicios presidenciales de noviembre.

La condena contra el fallecido Videla consuela a los exiliados argentinos

Ciudadanos que huyeron de la dictadura se sienten aliviados porque el militar no quedó sin castigo y murió en prisión como "un preso común"

Por Verónica Díaz Favela
Viernes, 17 de mayo de 2013 a las 16:29

Patricia Vaca Narvaja, embajadora de Argentina en México, se exilió en México junto con 25 miembros de su familia, en 1976 (Cuartoscuro Archivo).

CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Cuando la escritora Sandra Lorenzano encendió su computadora la mañana de este viernes, lo primero que vio fue el sitio web de un periódico argentino con el reporte de la muerte del dictador argentino Jorge Rafael Videla.

"Me acordé inmediatamente del himno nacional sonando y del primer comunicado de la Junta Militar del 24 de marzo de 1976. Pensé en el momento en (el aeropuerto) de Ezeiza en que (mi familia y yo) nos íbamos a subir (a un avión), y pasar esa puerta de vidrio que separaba el pasado del futuro, y pensé: 'Qué bueno que se murió ese hijo de puta'", dice Lorenzano a CNNMéxico en entrevista telefónica.

Lorenzano tenía 16 años cuando llegó exiliada a México junto con sus tres hermanos y sus padres, quienes se oponían a la dictadura militar que gobernó el país sudamericano entre 1976 y 1983.

Los padres de Lorenzano temían por su propia vida y la de sus hijos. Para entonces, varias personas cercanas a la familia, incluida una tía de Lorenzano, habían desaparecido, según la escritora.

Lorenzano considera positivo que los tribunales de Argentina permitieron que Videla muriera como "un preso común".

"Murió juzgado a pesar de la soberbia que tuvo hasta el último minuto, todavía la semana pasada dijo que era un preso político", dice la escritora.

A su muerte, Videla, de 87 años, cumplía una cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y 50 años de prisión por robo de bebés a prisioneros políticos. Además, enfrentaba otro juicio por crímenes cometidos durante el Plan Cóndor, el cual supuestamente coordinaba a varias dictaduras en América Latina para perseguir opositores.

Organismos de derechos humanos calculan que durante la dictadura desaparecieron 30,000 personas.

En México, Lorenzano participó en la Comisión Argentina de Solidaridad, una instancia de exiliados argentinos en México que "se dedicaba a dar a conocer al mundo los horrores que estaban sucediendo" en su país, dice la escritora y actual vicerrectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México.

Recuerda el caso Laura Bonaparte, una exiliada que había perdido a su esposo, y a la mayoría de sus hijos, nueras y yernos.

"Cada 24 de marzo, (los exiliados) nos íbamos a parar a la embajada (de Argentina) que estaba las Lomas de Chapultepec con las fotos de los desaparecidos. Laura tenía tanta gente querida desaparecida que le teníamos que ayudar a sostener sus fotografías", dice Lorenzano.

La comisión tenía otras dos líneas de acción: solidarizarse con los exiliados y mantener viva la cultura argentina entre los más jóvenes, a través de actividades culturales como sesiones de cine o lectura de autores como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Lorenzano también participaba en estas actividades.

Al terminar la dictadura militar, los padres y hermanos de Lorenzano volvieron a Argentina, pero ella decidió quedarse. Solo vivió en el país sudamericano por un periodo de tres años, en los que tuvo a su hija.

Hasta la fecha, la experiencia del exilio marca su vida. Su trabajo literario y académico siempre aborda directa o indirectamente el tema de la dictadura. Su primera novela, Faudades, trata sobre "la dictadura y el exilio".

Patricia Vaca Narvaja, actual embajadora de Argentina en México, también sabe de las pérdidas que vivieron los exiliados en territorio mexicano. Ella estaba por cumplir 21 años cuando pisó suelo mexicano el 2 de abril de 1976. Su padre, un político de la provincia de Córdoba, había desaparecido, y su hermano, un defensor de presos políticos, había sido encarcelado, cuenta la diplomática.

Vaca Narvaja salió de Argentina como parte de grupo de 26 familiares que se refugió durante un mes en la embajada de México en Argentina antes de lograr salir del país.

Entraron en la embajada un día antes de que Videla encabezara el golpe militar que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón e impusiera la Junta Militar que dirigió al país durante los siguientes años.

"Éramos 13 adultos y 13 niños, y mi madre encabezaba el grupo familiar", dice Vaca Narvaja en entrevista telefónica con CNNMéxico.

En México, Vaca Narvaja trabajó como enfermera, tuvo un hijo e intentó estudiar Ciencias Políticas pero tuvo que dejar la carrera para apoyar las actividades de solidaridad con los desaparecidos.

Participaba con distintas organizaciones políticas que atendían no solo a los argentinos, sino también a los refugiados chilenos, uruguayos y salvadoreños, cuyos países vivían situaciones políticas difíciles en esa época.

Ella y el resto de su familia volvieron a Argentina cuando terminó la dictadura militar, aunque pasado un tiempo, algunos decidieron regresar a México.

"Cuando llegaron allá, se sintieron absolutamente extraños, te miraban mal, todavía con sospechas, muchos no toleraron vivir con esa clima no muy amigable", recuerda.

La Junta Militar había mantenido un discurso según el cual, quienes se iban del país "eran lo peor, los subversivos", señala Narvaja. Al terminar la dictadura, "una parte de la sociedad no entendía que no era así".

Narvaja también volvió en México en 2010, cuando fue nombrada embajadora de Argentina en México.

Desde el despacho de su actual cargo, reflexiona sobre la sensación que le dejó enterarse de la muerte de Videla: "Por lo menos se murió en la cárcel, fue juzgado, se le dio la oportunidad que ellos no dieron de juicio y defensa".

Murió el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla

¡ Asesinos !

El presidente de la primera junta militar de la dictadura (1976-1983) falleció la mañana de este viernes a los 87 años en Buenos Aires. Había sido condenado a cadena perpetua por diversos crímenes de lesa humanidad y se encontraba en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz.

La Jornada en línea
Publicado: 17/05/2013 08:10

Buenos Aires. El ex idctador argentino Jorge Rafael Videla, presidente de la primera junta militar de la dictadura (1976-1983), falleció la mañana de este viernes a los 87 años en Buenos Aires.

Videla había sido condenado a cadena perpetua por diversos crímenes de lesa humanidad y se encontraba en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz

Dejó más de 42 mil muertes la dictadura de Ríos Montt

La condena es una oportunidad para una verdadera reconciliación en ese país: EU

Presidente de Guatemala promete respetar fallo contra Ríos Montt

La defensa del ex dictador impugna la resolución ante la Corte de Constitucionalidad

Efraín Ríos Montt (centro), en la conferencia de 1982 en que anunció la creación de una junta militarFoto Ap

Afp, Dpa, Pl y Reuters

 

Periódico La Jornada
Domingo 12 de mayo de 2013, p. 19

Guatemala, 11 de mayo.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, afirmó este sábado que será respetuoso y no interferirá en el fallo que el viernes declaró culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad al ex dictador Efraín Ríos Montt, en lo que se ha considerado un juicio histórico en el país y América Latina.

Los cargos contra Ríos Montt incluían su responsabilidad en la muerte de mil 771 indígenas de la etnia ixil, si bien el saldo de su dictadura es de 42 mil 275 víctimas mortales. En total, Naciones Unidas calcula en 200 mil las víctimas de la guerra civil en Guatemala.

Sin embargo, recordó que el fallo todavía no es firme, porque se puede apelar ante instancias superiores. Insistió en negar que en Guatemala se haya cometido genocidio. Me enteré que los abogados del general van a recusar la misma, dijo Pérez en una entrevista sobre el proceso, en el que puede haber otros involucrados, incluyendo al propio mandatario.

El Ministerio Público (MP) recibió un mandato del tribunal para continuar con las investigaciones por genocidio y el actual presidente de Guatemala es un primer mencionado, informó la directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Ibarra. Subrayó que el MP debe investigar la declaración de un testigo que incriminó al gobernante.

Tema espinoso para Otto Pérez

El genocidio es un tema espinoso para el presidente, señalado por varias organizaciones de derechos humanos de haber participado en ejecuciones y quema de viviendas contra indígenas ixiles en el norte del país. Un testigo durante el juicio vinculó a Pérez con masacres cometidas entre 1982 y 1983, durante el régimen de facto de Ríos Montt.

El presidente ha reconocido que durante su época de militar actuó en terreno ixil, pero sostiene que nunca firmó ni ordenó ningún ataque contra esas comunidades. También justificó que el alias que utilizó entonces, Mayor Tito Arias, fue porque soy un hombre público y nosotros estábamos autorizados para utilizar un seudónimo de guerra.

Al igual que Ríos Montt, Pérez Molina expresó que cuando dije que no hubo genocidio es por mi experiencia en torno al conflicto, que se desarrolló sobre el llamado Triángulo Ixil, como se conoce a un conjunto de municipios. Sostuvo que la guerrilla llevó el conflicto a esa región, cuando él estuvo asignado a la zona.

Reportes de prensa local citaron que el viernes Pérez Molina pasó unmomento incómodo cuando en una entrevista se le preguntó sobre un documental del periodista estadunidense Allan Nairn, en septiembre de 1982, en el cual declaró que “todas las familias –en las comunidades de Quiché– están con la guerrilla”, lo que evidenciaría el papel jugado por el ejército contra los habitantes.

En tanto, a 30 años del régimen militar que gobernó con mano de hierro, este sábado Ríos Montt amaneció en la cárcel, al pasar su primer día de sentencia dentro de un cuartel militar en el centro de la capital guatemalteca, donde no se ha reportado ningunaanormalidad, indicó el vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel.

Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión al ser responsabilizado por 15 matanzas de mil 771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché, durante su régimen de hierro, mientras su ex jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, fue absuelto de los mismos cargos.

En el juicio, que se inició el pasado 19 de marzo, se acusó desde un principio tanto al ex dictador como a Rodríguez de genocidio y delitos de lesa humanidad, sin que de inmediato se conocieran detalles sobre la absolución a este último. La activista humanitaria Helen Mack lamentó la exoneración de Rodríguez, al considerar que había suficientes pruebas.

Más de 100 testigos rindieron testimonio durante el juicio.

Los defensores del ex dictador iniciaron una batalla jurídica para revertir el fallo, incluida la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, donde ya se encuentran algunos recursos, informaron medios locales.

El gobierno de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra civil que sufrió el país de 1960 a 1996. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró durante todo el periodo de guerra 42 mil 275 víctimas, que sumado con otros estudios arrojó una cifra de más de 200 mil muertos o desaparecidos.

El informe de la CEH, comisión de la verdad, creada en el contexto de los acuerdos de paz firmados entre 1991 y 1996 entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Arzú y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se remonta al derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz en 1954 y la responsabilidad de Estados Unidos en el conflicto.

El propio Ríos Montt vinculó en su declaración del jueves a Estados Unidos, al señalar que Washington sabía más que yo. Alegó que su función como jefe de Estado era limitada y que no le correspondía la cadena de mando sobre los comandantes regionales de las fuerzas armadas. En ese sentido, negó la acusación de haber autorizado o no detener planes militares para eliminar a grupos étnicos.

Estados Unidos, que había guardado silencio en relación con el juicio, dijo este sábado que recibía la condena comouna oportunidad para lograr una verdadera reconciliación en Guatemala y”seguir mirando hacia adelante”.

Un portavoz del Departamento de Estado, no identificado, indicó que tomaban nota del fallo de la corte guatemalteca y reafirmamos la importancia de un sistema judicial fuerte y transparente como un componente esencial de una democracia.

Condenan a 80 años de cárcel a Ríos Montt, exdictador guatemalteco

LA REDACCIÓN
10 DE MAYO DE 2013 · 14 COMENTARIOS
DESTACADO

Condenan a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio. 
Foto: AP / Moisés Castillo

MÉXICO, D.F. (apro).- El exdictador Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio contra la etnia itxil y delitos de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983.

El tribunal guatemalteco que lo juzgó —encabezado por la jueza Jazmín Barrios— lo encontró culpable y le impuso una sentencia de “50 años de prisión por los delitos de genocidio y 30 años por los delitos de lesa humanidad, a ser cumplidos inmediatamente en el centro de reclusión que sea definido por las autoridades”. Con esto, además, el tribunal penal de Guatemala revocó la “detención domiciliar” de que gozaba el exdictador.

Este fallo aún puede ser apelado, algo que la defensa ya anunció que hará.

Hoy, previo a la sentencia, se informó que el juzgado, a través de peritos, constató las denuncias y las declaraciones de 98 testigos. “Hubo niños que fueron apresados y trasladados a otras localidades (…), en unas operaciones bajo el liderazgo de José Efraín Ríos Montt, quien estaba al tanto de todo lo que ocurría y no lo detuvo”.

Otros crímenes que no frenó, fueron la quema de cosechas y la matazón de animales con el fin de matar de hambre a los indígenas, acusados de dar sustento a la guerrilla que combatía a Ríos Montt. Permitió, además, violaciones multitudinarias de mujeres enfrente de sus maridos, hijos e incluso de toda la comunidad.

De acuerdo con la juez, Ríos Montt, de 86 años, estuvo en capacidad de detener todas las operaciones “y no las detuvo, a pesar de tener todo el poder para hacerlo por ser la máxima autoridad militar” y el jefe de Estado de facto.

Pese a todos los señalamientos, Ríos Montt se mantuvo durante décadas en el primer plano de la política guatemalteca. En 2003 quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales, y sólo hasta 2012 perdió la inmunidad legislativa y se le pudo juzgar.

Ríos Montt siempre se ha declarado inocente. “Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentará contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todo lo que han dicho no ha habido ninguna prueba que evidencia mi participación”, dijo al tribunal.

 

En tanto, el exjefe de Inteligencia de Ríos Montt, José Rodríguez Sánchez, fue absuelto por el mismo tribunal, basado por los artículos 13 y 14 de la Constitución Penal de la República de Guatemala. Se consideró que Rodríguez Sánchez “no tuvo injerencia” en las operaciones militares contra los indígenas itxiles.

La audiencia fue realizada en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, donde alrededor de 600 personas se presentaron para escuchar la decisión tomada en el caso que se debatió por dos meses.

Pedido de culpabilidad

La Fiscalía y los querellantes pidieron al tribunal declarar a los militares culpables de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, con penas de 75 años de prisión, por la muerte de mil 771 indígenas itxiles a manos del Ejército.

Tanto Ríos Montt, de 86 años, como Rodríguez, de 67, se declararon inocentes de los cargos, y sus abogados pidieron la absolución del tribunal, aduciendo que durante el juicio no se logró demostrar su responsabilidad.

Ríos Montt hizo el jueves su declaración final: “En 1982 la subversión estaba lista para tomar el poder. Y el Ejército tenía cansancio de guerra. Me llamaron (para encabezar un golpe de Estado) y yo acepté, porque había que salir (de) la situación empantanada que vivíamos. Como jefe de Estado el gran compromiso ante la oficialidad joven que dio el golpe de Estado fue trabajar en democracia, con ley”, explicó.

“No tengo angustia de ir a prisión porque he cumplido con la ley. Lo lamento por mi familia”, dijo al finalizar la sesión, según consigna el diario guatemalteco Prensa Libre.

Por la mañana, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, anunció que respetaría el veredicto: “Hace 20 años un proceso de esta naturaleza era, sencillamente, impensable”.

El diario El País, de España, recuerda que Ríos se ha convertido en el tercer jefe del Estado guatemalteco llevado a juicio. El primero fue Manuel Estrada Cabrera, quien murió en la cárcel en septiembre de 1924. El otro fue Alfonso Portillo Cabrera, cuya extradición solicitó Estados Unidos porque supuestamente utilizó bancos estadunidenses para lavar 80 millones de dólares robados al erario.

Acusado de tener vínculos con la dictadura; la derecha lo defiende #ChePapa

Conoce a profundidad la situación regional, señalan religiosos

En 2011, la justicia argentina lo citó a declarar en el juicio contra los responsables de apropiarse de hijos de desaparecidos

Los religiosos destacan la humildad que practica en la vida cotidiana

En diciembre de 2012, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se reunió con el arzobispo Jorge Bergoglio en la ciudad Luján, provincia de Buenos AiresFoto Ap

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 14 de marzo de 2013, p. 4

Buenos Aires, 13 de marzo.

La elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien nació hace 76 años en esta capital, como el nuevo papa Francisco provocó reacciones dispares aquí, con festejos de todos los sectores de derecha y con reservas de organismos humanitarios, que lo han vinculado con la dictadura militar que imperó en Argentina (1976-1983).

La designación provocó sorpresa, a pesar de que Bergoglio logró estar en un lugar destacado en el cónclave de 2005, que eligió a Benedicto XVI. Es el primer papa latinoamericano y también el primero de la orden de los jesuitas en ese cargo.

Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, en el barrio de Almagro, hijo de Regina y Mario Bergoglio, ambos italianos. Su padre fue trabajador ferroviario.

Estudió en una escuela pública en Almagro y egresó como técnico químico. En 1957 decidió ingresar a un seminario de la Orden de los Jesuitas ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto y fue ordenado sacerdote en 1969.

Ejerció como sacerdote y provincial de la orden de los jesuitas entre 1973 y 1979. También fue profesor de teología. En mayo de 1992 fue consagrado uno de los cuatro obispos auxiliares de Buenos Aires.

En junio de 1997 fue designado obispo coadjutor de la arquidiócesis de Buenos Aires, y en 1998 asumió el cargo de arzobispo en remplazo de Antonio Quarracino, quien fue un duro conservador y defensor de las dictaduras locales.

Su carrera fue ascendente y en febrero de 2001 el papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Como primado de Argentina se convirtió en el superior jerárquico de la Iglesia católica de este país.

También fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) durante dos periodos, hasta 2011. Lo sucedió en el cargo monseñor José María Arancedo, quien hoy rescató entre los dones del nuevo Papa la humildad, la devoción y el equilibrio.

Otros obispos consideraron que como participante de la Comisión para América Latina e integrante de una serie de congregaciones y consejos el actual Papa conoce a profundidad la situación regional.

Los religiosos entrevistados hoy coincidieron en destacar la humildad, la sencillez que practica en su vida cotidiana, viviendo en un departamento pequeño y desdeñando lujos, así como su cumplimiento estricto de la doctrina de la Iglesia católica.

Sin embargo, en su biografía es imposible no citar la actuación de Bergoglio durante la dictadura militar más reciente.

La cúpula de la Iglesia católica, en su mayoría, está muy comprometida por su relación con los dictadores en turno. Se les demanda además porque muchos de los obispos que pudieron ayudar a las Madres de Plaza de Mayo no lo hicieron y porque los capellanes en las fuerzas armadas colaboraron o consintieron las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.

De hecho, los jerarcas católicos jamás se han definido en casos emblemáticos, como el del sacerdote Christian Von Wernick, quien fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, como secuestros, torturas y asesinatos, durante la dictadura militar de 1976-1983.

El 12 de mayo de 2011, la justicia argentina citó a declarar al cardenal Jorge Mario Bergoglio como testigo en la causa que juzga a los responsables del plan sistemático de apropiación de menores, hijos de desaparecidos durante el periodo de la dictadura militar de 1976-1983.

Bergoglio ya había pasado por tribunales, ya que también fue citado en la causa que procesa a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), y por el caso de dos sacerdotes jesuitas, uno de los cuales, el que sobrevivió, lo señaló por no haber impedido su secuestro y tortura siendo superior de los jesuitas.

El periodista y escritor Horacio Verbitsky lo ha señalado varias veces por esas causas.

En los testimonios de quienes lo acusan se ha señalado específicamente su falta de compromiso para brindar ayuda ante pedidos desesperados de familiares. Y también existen testimonios de religiosos ante la justicia –entre ellos los de un sacerdote y un ex sacerdote, una teóloga y un seglar– que comprometen a Bergoglio.

Así como hay estas sombras, desde otros sectores sociales se menciona que no existen hasta ahora documentos que indiquen una colaboración activa de Bergoglio con la dictadura, y él ha negado toda responsabilidad en esos casos.

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, dijo hoy a La Jornada que ha recibido muy bien que haya un nuevo papa argentino-latinoamericano. Es un hombre de equilibrio, de diálogo. Sé que hay cuestionamientos, y creo que pudo no haber ayudado, pero es distinto a decir que entregó a sacerdotes (a los militares). Hay que actuar con mucha responsabilidad. He hablado con él y creo que hay disposición al diálogo. Tenemos que hacer, nosotros, que el nuevo Papa mire al continente con otros ojos. Tenemos que exigir otro tiempo.

También Celia Luro, quien fue compañera del ex obispo por los pobres, monseñor Jerónimo Podestá, ya fallecido, sostiene que Bergoglio la defendió en momentos de duros ataques del Vaticano por haber formado pareja con el religioso, quien es muy respetado aquí.

Otros destacan su austeridad: viaja en transporte público y él mismo se cocina.

Son visiones encontradas, pero que integran la figura y la personalidad de un obispo, un cardenal que ha tomado posiciones duras con el gobierno de Néstor Kirchner y luego con el de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que se reunió con ella en lo que parecía un primer paso hacia la concialiación en diciembre de 2007, cuando recién asumió la presidencia.

El nuevo Papa se ha enfrentado al gobierno por los proyectos de ley sobre el aborto y la que hizo posible el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue calificada por Bergoglio deuna guerra del diablo.

Una serie de acciones lo fueron acercando a la oposición de derecha. La situación llegó al extremo de que se trasladaran los Te deum de la fiesta patria a las provincias. Y hubo duras críticas del ahora flamante Papa, lanzadas desde un púlpito y aplaudidas por la derecha más dura, que hoy reaccionó en conjunto con grandes festejos.

Es nuestro Papa, escribieron en algunos mensajes de Twitter integrantes de esos sectores, entre ellos familiares de los militares presos por los crímenes que cometieron durante la dictadura.