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miércoles, 22 de mayo de 2013

Divide a guatemaltecos fallo que anula sentencia a Ríos Montt


Eran demasiadas las aberraciones jurídicas, según la defensa del general retirado

AI denuncia el golpe devastador a las víctimas
El militar, de 86 años, sigue hospitalizado
Foto
Cartel en la ciudad de GuatemalaFoto Xinhua
Dpa, Afp, Pl y Notimex
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de mayo de 2013, p. 24
Guatemala, 21 de mayo.
La ciudadanía guatemalteca reaccionó hoy de nuevo dividida ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que con una votación de tres a dos anuló la noche del lunes la condena por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, que hace 10 días había sido sentenciado a 80 años de cárcel.
En redes sociales, radio y medios escritos, activistas y ciudadanos expresaron su apoyo o rechazo al dictamen que anuló todo lo actuado en el debate oral a partir del 19 de abril. En tanto, Amnistía Internacional (AI) calificó la decisión como un golpe devastador para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanoscometidas durante el conflicto armado interno.
El tribunal (constitucional), hizo justicia; eran demasiadas las aberraciones jurídicas y una vez más el tiempo nos da la razón, dijo Francisco García, abogado defensor del ex jefe de gobierno de facto (1982-83). La defensa, además, anunció que buscará que los tres jueces que el 10 de mayo condenaron al ex dictador sean remplazados para proseguir el juicio.
Quien queda mal es el Estado
Este día, los tres magistrados de la tercera sala de apelaciones se excusaron de conocer el fallo de la máxima instancia judicial del país y convocaron a sus suplentes para que conozcan la resolución tras haber recibido la notificación de la CC, informó el vocero de esa sala, Sergio Lima.
El abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), uno de los querellantes adhesivos, dijo que tras el fallo de la CC, quien queda mal es el Estado guatemalteco ante los ojos del mundo. Otras organizaciones humanitarias deploraron lo ocurrido como una burda maniobra jurídica.
Los dos votos en contra de la decisión correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón y Gloria Porras. Chacón representa a la Universidad de San Carlos y Porras al Ejecutivo, aunque fue nombrada durante el anterior gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012). Al frente del actual gobierno está Otto Pérez, un militar retirado de derecha.
Chacón y Porras razonaron su veredicto señalando una extralimitaciónen la resolución de la CC, que además calificaron de ambigua y advirtieron que está dejando desprotegidas a las víctimas. Porras argumentó que no es procedente anular las actuaciones de un tribunal por medio del recurso de queja, pues para ello existe la vía ordinaria en el sistema de justicia.
A su vez, Chacón señaló que el acto reclamado por el postulante (la defensa) no conlleva agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional, pues el abogado (García, defensor) conocía de antemano la integración del tribunal.
No obstante, el conflicto surgió a partir de la estrategia de la defensa para detener el proceso desde el primer día de audiencias, el 19 de marzo. La estrategia se basó en recusar a dos de los tres jueces del tribunal, solicitar un amparo con lo que se logró la suspensión provisional del juicio, y finalmente alegar que no se cumplió dicho amparo otorgado por la sala de apelaciones.
Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el viernes 10 de mayo por el tribunal A de mayor riesgo, que lo halló culpable de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Otro militar acusado, José Mauricio Rodríguez, jefe de los servicios de inteligencia durante el mandato de Ríos Montt, fue absuelto, pero la CC también anuló ese fallo.
Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos mil 770 indígenas ixiles en el departamento de Quiché, al norte de Guatemala.
Mientras se decide el reinicio del juicio, como ordenó la CC, se informó que el ex dictador, de 86 años, continuará en el Hospital Militar por quebrantos de salud.
Al condenar la anulación de la sentencia, Amnistía Internacional señaló que los fundamentos legales del fallo no están claros, y ahora es incierto cómo puede apretar el tribunal el botón de reinicio para regresar al punto en el que estaba a mediados de abril.
Abogados canadienses que apoyaron a demandantes civiles en el proceso contra Ríos Montt, expresaron su preocupación por el fallo que anula la sentencia.

martes, 21 de mayo de 2013

Divide a Guatemala anulación de sentencia a Ríos Montt; es un "golpe devastador": AI


Luego del fallo de la Corte, con una votación cerrada de tres contra dos, Amnistía Internacional dijo se pone en riesgo el derecho a la verdad. Por otro lado, los abogados del exdictador consideraron que “se hizo justicia”.
Dpa y Afp
Publicado: 21/05/2013 10:37
Guatemala. Guatemala reaccionó de nuevo dividida hoy ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que con una votación 3-2 anuló la noche del lunes la condena por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.
En redes sociales, la radio y medios escritos, activistas sociales y ciudadanos expresaron su apoyo o rechazo al dictamen de la CC, que anuló todo lo actuado en el debate oral a partir del 19 de abril.
“El tribunal (constitucional) hizo justicia; eran demasiadas las aberraciones jurídicas y una vez más el tiempo nos da la razón”, dijo Francisco García, abogado defensor del ex jefe de gobierno de facto (1982-83).
Por su lado, el abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), uno de los querellantes adhesivos, dijo que tras el fallo de la CC, “quien queda mal es el Estado de Guatemala” ante los ojos del mundo.
Los dos votos en contra de la decisión correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón y Gloria Porras. Chacón representa a la Universidad de San Carlos y Porras al Ejecutivo, aunque fue nombrada durante el anterior gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012). Al frente del actual gobierno está Otto Pérez, un militar retirado de ideología de derechas.
Los dos magistrados disidentes razonaron su voto señalando una “extralimitación” en la resolución de la CC, que además calificaron de “ambigua” y advirtieron que “está dejando desprotegidas a las víctimas”.
Porras argumentó que no es procedente anular las actuaciones de un tribunal por medio del “ocurso de queja”, pues para ello existe la vía ordinaria en el sistema de justicia.
“Estimo que este tribunal se excedió al anular las actuaciones dentro del proceso (...) pues si las partes consideran que en la tramitación del proceso existieron vicios de procedimiento tienen a su alcance los recursos ordinarios”, señaló la magistrada.
A su vez, Chacón señaló que “el acto reclamado por el postulante (la defensa) no conlleva agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional, pues el abogado (García, defensor) conocía de antemano la integración del tribunal”.
El conflicto surgió a partir de la estrategia de la defensa para detener el proceso desde el primer día de audiencias, el 19 de marzo.
Ese día, García asumió sorpresivamente la defensa de Ríos Montt en remplazo de los abogados que hasta ese momento lo defendían.
Como primera medida, García recusó a dos de los tres integrantes del tribunal, la presidente Jazmín Barrios, por supuesta enemistad, y uno de los vocales, Pablo Xitimul, por supuesta amistad. Tales argumentos fueron rechazados por la corte, que resolvió continuar escuchando a los testigos pese a las protestas de García.
Finalmente, el abogado fue expulsado de la sala de audiencias, por considerar los jueces que mintió al indicar que Barrios y Xitimul no podían continuar con el trámite y que la intención del abogado era desacreditar la independencia de sus integrantes.
Como reacción, la defensa solicitó amparo ante una Sala de Apelaciones, que lo concedió el 19 de abril y ordenó suspender el juicio de manera provisional.
Sin embargo, el tribunal decidió seguir adelante, y ése fue uno de los argumentos que los abogados de Ríos Montt plantearon ante la CC: que no se había cumplido el amparo provisional dictado por la Sala.
Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el viernes 10 de mayo por el Tribunal A de Mayor Riesgo, que lo halló culpable de los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Otro militar acusado, José Mauricio Rodríguez, ex jefe de los servicios de inteligencia durante el mandato de facto de Ríos Montt (1982-1983), fue absuelto, pero la CC también anuló ese fallo.
Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos mil 770 indigenas ixiles en el departamento de Quiché.

Corte Constitucional anula sentencia de 80 años de cárcel contra Ríos Montt


El órgano guatemalteco ordena la realización de un nuevo juicio
Dpa
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de mayo de 2013, p. 20
Guatemala, 20 de mayo.
La Corte de Constitucionalidad guatemalteca anuló hoy la sentencia de 80 años de cárcel al ex dictador Efraín Ríos Montt impuesta hace nueve días por genocidio y delitos de lesa humanidad, y ordenó un nuevo juicio.
Tras cumplir este lunes el último día de análisis de las acciones legales interpuestas por la defensa, los cinco magistrados que integran el órgano constitucional concluyeron que durante el debate, que se inició el 19 de marzo, no se cumplió el debido proceso, por lo que decidieron la anulación.
Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el 10 de mayo por el tribunal A de mayor riesgo.
Otro militar acusado, José Mauricio Rodríguez, jefe de los servicios de inteligencia durante el mandato de factode Ríos Montt (1982-1983) fue absuelto, pero también se anuló ese fallo.
Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos mil 770 indígenas ixiles en el departamento de Quiché (norte de Guatemala).

lunes, 13 de mayo de 2013

Empresarios piden anular el juicio contra Ríos Montt


Empresarios de diversos sectores, entre ellos el agrícola, el comercial y el financiero de Guatemala, solicitaron a la Corte del país centroamericano la anulación del juicio contra el dictador y genocida Efraín Ríos Montt
Empresarios piden anular el juicio vs Ríos Montt
Foto: Archivo

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif) solicitó ayer en conferencia de prensa a la Corte de Constitucionalidad (CC) del país centroamericanoque anule el juicio contra el general retirado Efraín Ríos Montt, quien fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad.
No se está pidiendo que se declare inocente, pero sí que todo lo actuado antes de la sentencia sea anulado”, dijo el empresario Marco Augusto García.
El presidente del Cacif, José Santiago Molina, indicó que piden a la CC que vele por el debido proceso, para que Guatemala esté en paz. “Es peligroso que la polarización atente contra el proceso de paz en este país”, expresó. Agregó que el Cacif se declara en sesión permanente, listo para cualquier decisión.

Piden reparación digna para víctimas

Los abogados de los familiares de las víctimas por genocidio por la cual fue condenado a 80 años de prisión el general José Efraín Ríos Montt solicitarán hoy en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo una reparación digna.
Esta petición es un resarcimiento integral para los familiares de los mil 771 indígenas que murieron a manos del Ejército entre 1982 y 1983, informó Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos.
La dignificación puede abarcar resarcimiento económico y psicológico, entre otras peticiones.
Los jueces del Tribunal resolverán de una vez si acceden a las peticiones planteadas por los querellantes.
La audiencia fue programada para hoy a las 8.30 horas, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, y a la cita deben acudir Ríos Montt, quien fue condenado, y José Mauricio Rodríguez Sánchez, que fue absuelto.

Ronald Reagan, Ríos Montt y el Genocidio en Guatemala



Escrito por  ROBERT PARRY / RNV

Ronald Reagan, Ríos Montt y el Genocidio en Guatemala
Guatemala finalmente lleva al exdictador Efraín Ríos Montt a juicio por genocidio en el exterminio de cientos de pueblos mayas en la década de 1980, pero Ronald Reagan sigue siendo un icono americano a pesar de nuevas pruebas de su complicidad en este crimen histórico, informa Robert Parry.  

El primer mes del juicio por genocidio del exdictador guatemalteco, Efraín Ríos Montt ha suscitado escalofriante testimonio de los sobrevivientes mayas que – como los niños – vieron sus familiares asesinados por un militar de derecha que fue apoyado y suministrado por el presidente de EE.UU. Ronald Reagan.
Como lo informó el New York Times el lunes que “en la lógica torturada de los documentos de planificación militar concebidos bajo el gobierno de 17 meses del señor Ríos Montt durante 1982 y 1983, toda la población Ixil Maya era un objetivo militar, incluidos los niños. Funcionarios escribieron que las guerrillas izquierdistas que luchaban contra el gobierno habían logrado adoctrinar a los ixiles empobrecidos y alcanzó apoyo ’100 por ciento’.
Por lo tanto, todo el mundo fue blanco de las campañas de tierra arrasada que erradicadas más de 600 pueblos indígenas de las tierras altas de Guatemala. Pero este genocidio no fue simplemente el resultado de una ideología anticomunista trenzado que dominó las élites políticas y militares guatemaltecos. Este genocidio también fue respaldada por el gobierno de Reagan.
Un documento que he descubierto recientemente en los archivos de la Biblioteca Reagan en Simi Valley, California, reveló que Reagan y su equipo de seguridad nacional en 1981 acordaron suministrar ayuda militar al régimen de derecha brutal en Guatemala para lograr el objetivo de no exterminar sólo “guerrillas marxistas”, pero la gente asocia con sus “mecanismos de apoyo a la población civil.”
Esta actitud de apoyo hacia la brutalidad del régimen guatemalteco se concretó en la primavera de 1981, el presidente Reagan trató de aliviar las restricciones a los derechos humanos en la ayuda militar a Guatemala que había sido impuesta por el presidente Jimmy Carter y el Congreso, controlado por los demócratas a finales de 1970.
Como parte de ese esfuerzo relajación, el Departamento de Estado de Reagan, “aconsejó nuestras embajadas centroamericanas que ha estado estudiando formas de restaurar una relación más estrecha y de cooperación con Guatemala”, según la Casa Blanca “Situación Checklist Room ‘de fecha 8 de abril de 1981, el documento añade:
“El Estado considera una serie de cambios que se han producido, lo que podría hacer que los líderes guatemaltecos más receptivos a una nueva iniciativa de EE.UU.: los guatemaltecos consideran que la nueva administración, más comprensivo con sus problemas [y] son ​​menos sospechoso del papel de EE.UU. en El Salvador” cuando la administración Reagan estaba ampliando el apoyo a otro régimen de derecha infame para el sacrificio de sus opositores políticos, entre ellos el clero católico.
“El Estado ha llegado a la conclusión de que cualquier intento de restablecer un diálogo [con Guatemala] requeriría alguna manifestación inicial, la condición libre de nuestra buena voluntad. Sin embargo, esto no puede incluir las ventas militares que provoquen graves críticas del público y del Congreso de EE.UU.. El Estado llevará a cabo una serie de medidas de fomento de la confianza, sin condiciones previas, que reduzcan al mínimo los posibles conflictos con la legislación vigente”.
La “lista de control”, agregó que el Departamento de Estado “ha decidido también que el gobierno debe involucrar al gobierno de Guatemala en el nivel más alto en un diálogo sobre las relaciones bilaterales y las iniciativas que podemos tomar juntos para mejorarlas. Secretario [de Estado Alexander] Haig ha designado [retirado] El general Vernon Walters como su emisario personal para iniciar este proceso con el presidente [Fernando Romeo] Lucas [García].
“Si Lucas está dispuesto a dar garantías de que se tomen medidas para poner fin a la participación del gobierno en el asesinato indiscriminado de los opositores políticos y para crear un clima favorable a un proceso electoral viable, los EE.UU. se prepara para aprobar algunas ventas militares de inmediato”.
Pero la palabra clave en ese párrafo era “indiscriminada”. La administración Reagan expresó no tener ningún problema con matar a civiles si se consideran simpatizantes de los guerrilleros que habían luchado contra los oligarcas y los generales que gobiernan el país desde 1950, cuando la CIA organizó el derrocamiento del presidente reformista Jacobo Arbenz de Guatemala.
Simpatía por los generales


La distinción se explica en “Temas de conversación “para Walters para entregar en una reunión cara a cara con el General Lucas. Como editado dentro de la Casa Blanca en abril de 1981, los “temas de conversación”, decía: “El Presidente y el Secretario Haig han designado a mí [Walters] como [su] emisario personal para discutir las relaciones bilaterales de manera urgente”.
“Tanto el Presidente como el Secretario reconocen que su país está comprometido en una guerra con las guerrillas marxistas. Estamos profundamente preocupados por la subversión marxista apoyado externamente en Guatemala y otros países de la región. Como ustedes saben, ya hemos tomado medidas para ayudar a Honduras y El Salvador se resisten a esta agresión.
“El secretario me ha enviado aquí a ver si podemos encontrar una manera de proporcionar ayuda material a su gobierno. … Hemos minimizado declaraciones públicas negativas por parte de funcionarios estadounidenses sobre la situación en Guatemala. … Tenemos un acuerdo con el Departamento de Comercio a tomar medidas que permitan la venta de valor 3.000.000 dólares de los camiones militares y jeeps del ejército de Guatemala. …
“Con su consentimiento, nos proponemos brindarle a usted y a cualquier funcionario podría designar a un informe de inteligencia sobre los acontecimientos regionales desde nuestra perspectiva. Nuestro deseo, sin embargo, es ir mucho más allá de los pasos que acabo de señalar. Queremos restablecer nuestro suministro militar tradicional y la relación de entrenamiento tan pronto como sea posible.
“Como los dos somos conscientes, esto no ha sido todavía posible, debido a nuestras limitaciones políticas y jurídicas internas relativas a la utilización por parte de algunos elementos de las fuerzas de seguridad y deliberada matanza indiscriminada de personas que no participan con la guerrilla o sus mecanismos de apoyo civil. No me refiero aquí a la lamentable pero inevitable, la muerte de inocentes, aunque error en situaciones de combate, sino de lo que nos parece un uso calculado de terror para inmovilizar a personas no politizadas o adversarios potenciales. …
“Si me das tu garantía de que va a tomar medidas para poner fin a la participación oficial en el asesinato de personas no involucradas con la guerrilla o su mecanismo de apoyo civil … estaríamos en una posición mucho más fuerte para defender con éxito con el Congreso una decisión para comenzar a reanudar nuestra relación de suministro militar con su gobierno”.
En otras palabras, a pesar de los “temas de conversación” fue constituido como un recurso para reducir la masacre “indiscriminada” de las “personas no politizadas”, que ascienden a la aceptación de las tácticas de tierra arrasada contra las personas involucradas con la guerrilla y “el apoyo civil mecanismos de “la forma en que juega en Guatemala -como en las inmediaciones – En El Salvador masacraron a campesinos en regiones consideradas simpatizantes de los insurgentes de izquierda.
Los documentos recién descubiertos – y otros documentos desclasificados a finales de 1990 – dejan claro que Reagan y su gobierno eran muy conscientes de la carnicería en curso en Guatemala y en otras partes de Centroamérica.
De acuerdo con un cable “secreto”, también a partir de abril 1981 – y desclasificado en la década de 1990 – que la CIA estaba confirmando masacres del gobierno de Guatemala aun cuando Reagan se estaba moviendo para aflojar la prohibición de ayuda militar. El 17 de abril de 1981, un cable de la CIA describió una masacre del ejército en Cocob, cerca de Nebaj en el territorio indígena Ixil, ya que la población se cree que apoyar a las guerrillas izquierdistas.
Una fuente de la CIA informó que “la población social, apareció para apoyar plenamente la guerrilla” y “los soldados se vieron obligados a disparar a todo lo que se movía”. El cable de la CIA añadió que “las autoridades guatemaltecas admitieron que perdieron la vida de muchos civiles” en Cocob, muchos de los cuales, sin duda, eran no combatientes. “[Muchos de los documentos desclasificados de Guatemala en la década de 1990 se puede encontrar en el Archivo de Seguridad Nacional de sitio Web 's.]“.
Despacho Walters

En mayo de 1981, a pesar de las atrocidades en curso, Reagan envió a Walters a decir a los líderes guatemaltecos de que el nuevo gobierno de EE.UU. quiso levantar los embargos de los derechos humanos en el equipo militar que Carter y el Congreso habían impuesto.
Los “temas de conversación”, también pusieron la administración Reagan en línea con los regímenes ferozmente anticomunistas en otros países latinoamericanos, en los que de derecha “escuadrones de la muerte” operaban con impunidad liquidar no sólo las guerrillas armadas sino civiles que fueron juzgados simpatizantes de causas de izquierda como exigiendo una mayor igualdad económica y la justicia social.
A pesar de su estilo aw cáscaras, Reagan encontró prácticamente en cada acción anticomunista justificada, no importa cuán brutal. De sus ocho años en la Casa Blanca, no hay indicios históricos de que estaba moralmente preocupado por el baño de sangre e incluso el genocidio que tuvo lugar en Centroamérica, mientras que él estaba enviando cientos de millones de dólares en ayuda militar a las fuerzas implicadas.
La cifra de muertos fue asombroso – un estimado de 70 mil o más asesinatos políticos en El Salvador, posiblemente 20.000 muertos de la guerra de la Contra en Nicaragua, unas 200 “desapariciones” de políticos en Honduras y unas 100.000 personas a las diferencias de un resurgimiento de la violencia política en Guatemala. El único elemento constante en estas matanzas fue el general racionalización Guerra Fría, que emana en gran parte de la Casa Blanca de Ronald Reagan.
A pesar de las afirmaciones en contrario, la evidencia es ahora abrumadora de que Reagan y sus asesores sabían la extraordinaria brutalidad pasando en Guatemala y otros países, con base en sus propios documentos internos.
Según un cable del Departamento de Estado el 5 de octubre de 1981, cuando los líderes guatemaltecos se reunieron de nuevo con Walters, que no dejaban lugar a dudas sobre sus planes. El cable, dijo el general Lucas “dejó claro que su gobierno continuará como antes – que la represión va a continuar. Reiteró su convicción de que la represión está funcionando y que la amenaza de la guerrilla se dirigirá con éxito”.
Grupos de derechos humanos vieron la misma imagen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe el 15 de octubre de 1981, culpando al gobierno de Guatemala por “miles de ejecuciones ilegales”. [Washington Post, 16 de octubre 1981]
Pero el gobierno de Reagan se encuentra en encubrir la escena fea. Un departamento “libro blanco”, Estado lanzado en diciembre de 1981, culpó de la violencia a “grupos extremistas” de izquierda y sus “métodos terroristas” solicite y con el apoyo de la Cuba de Fidel Castro.
En los documentos de la Biblioteca Reagan deja claro que el gobierno no estaba simplemente luchando ineficaz para frenar estas masacres – como el cuerpo de prensa de EE.UU. típicamente informó -, pero fue totalmente integrada con la masacre de personas que formaban parte de “civiles de la guerrilla apoyo a los mecanismos”.
Las agencias de inteligencia estadounidenses siguieron para recoger evidencia de estas matanzas patrocinadas por el gobierno. Un informe de la CIA en febrero de 1982 describe una redada del ejército a través del llamado Triángulo Ixil, en la provincia central de El Quiché.
“Los oficiales al mando de las unidades involucradas han sido instruidos para destruir todas las ciudades y pueblos que están cooperando con el Ejército Guerrillero de los Pobres [EGP] y eliminar todas las fuentes de resistencia”, dijo el informe. “Desde que comenzó la operación, varios pueblos han sido quemados a la tierra, y han matado a un gran número de guerrilleros y colaboradores”.
El informe de la CIA explicó el modus operandi del ejército: “Cuando una patrulla del ejército encuentra resistencia y toma fuego de una ciudad o pueblo, se supone que toda la ciudad es hostil y que se destruye posteriormente. “Cuando el ejército se encontró con un pueblo vacío, se “supone que han estado apoyando al EGP, y se destruye. Hay cientos, posiblemente miles de refugiados en las colinas sin hogares a regresar. …
“El alto mando del ejército está muy satisfecho con los resultados iniciales de la operación de barrido, y cree que va a tener éxito en la destrucción de la mayor área de soporte EGP y será capaz de conducir el EGP fuera del Triángulo Ixil. … La creencia bien documentada por el ejército que toda la población indígena Ixil es pro-EGP ha creado una situación en la que se puede esperar que el ejército no da cuartel a los combatientes y no combatientes por igual”.
El 2 de febrero de 1982, Richard Childress, uno de los asesores de seguridad nacional de Reagan, escribió un memo “secreto” a sus colegas que resumen la realidad sobre el terreno:
“A medida que avanzamos en nuestro acercamiento a América Latina, tenemos que abordar conscientemente los problemas específicos planteados por Guatemala. Poseído de algunos de los peores historiales de derechos humanos en la región, … presenta un dilema político para nosotros. El pésimo historial de derechos humanos hace que, en su forma actual, indigno de USG [gobierno de EE.UU.] apoyó”. …
“Acosado por una insurgencia continúa durante al menos 15 años, los actuales dirigentes están completamente comprometidos con un programa despiadado e inflexible de la supresión. Apenas un soldado se puede conocer que no ha matado a un “guerrillero”.
El ascenso de Ríos Montt

Sin embargo, Reagan mantuvo comprometido con el suministro de material militar al régimen brutal de Guatemala. Por lo tanto, la administración recibió tres derrocamientos -1982- del fondo manchado de sangre, del general Lucas y del general Efraín Ríos Montt.
Un fundamentalista cristiano confesó, Ríos Montt impresionado Oficial Washington que la administración Reagan inmediatamente aceleró su maquinaria de propaganda para dar bombo a la situación de la nueva dictadura “nacidos de nuevo” como prueba de su profundo respeto por la vida humana. Reagan elogió Ríos Montt como “un hombre de gran integridad personal”.
En julio de 1982, sin embargo, Ríos Montt había comenzado una nueva campaña de tierra arrasada llamado sus “fusiles y frijoles” política. El eslogan significaba que los indios pacificados obtendrían “beans”, mientras que todos los demás podían esperar a ser el blanco de ejército “rifles”. En octubre Ríos Montt en secreto dio carta blanca a la unidad de inteligencia temido “Archivos” para ampliar “escuadrón de la muerte” operaciones en las ciudades. Con base en el Palacio Presidencial, el “Archivos” planeó muchos de los asesinatos más notorios de Guatemala.
La embajada de EE.UU. pronto se oye más cuentas del ejército realización de masacres indias, pero ideológicamente conducidos diplomáticos estadounidenses alimenta la administración Reagan el giro propaganda que sería lo mejor para sus carreras. El 22 de octubre de 1982, personal de la embajada desestimó los informes de masacres como la de inspiración comunista “campaña de desinformación”, concluyendo que “que una campaña de desinformación concertada se está librando en los EE.UU. contra el gobierno de Guatemala por parte de grupos de apoyo a la insurgencia comunista en Guatemala”.
Reagan personalmente se unió a esta campaña de relaciones públicas que buscan desacreditar a los investigadores de derechos humanos y otras personas que se informan con exactitud sobre las masacres que la administración sabía, muy bien, era cierto.
El 4 de diciembre de 1982, después de reunirse con Ríos Montt, Reagan elogió al general como “totalmente dedicado a la democracia” y ha añadido que el gobierno de Ríos Montt había sido “conseguir un rap del vago” en materia de derechos humanos. Reagan descontados los informes de montaje de cientos de aldeas mayas está erradicada.
En febrero de 1983, sin embargo, un cable secreto de la CIA observó un aumento de la “violencia de derecha sospechoso” con los secuestros de estudiantes y profesores. Cuerpos de las víctimas fueron apareciendo en las cunetas y barrancos. Fuentes de la CIA rastrear estos asesinatos políticos a fin de Ríos Montt a los “Archivos” en octubre y “aprehender, retener, interrogar y deshacerse de presuntos guerrilleros a su antojo”.
A pesar de estos hechos espeluznantes sobre el terreno, la encuesta sobre derechos humanos del Departamento de Estado anual elogió la situación supuestamente mejorar los derechos humanos en Guatemala. “El desarrollo general de las fuerzas armadas había mejorado a finales de año” 1982, según el informe.
Un panorama diferente – mucho más cerca de la información secreta en poder del gobierno de los EE.UU. – venía de investigadores independientes de derechos humanos. El 17 de marzo de 1983, Americas Watch condenó el ejército de Guatemala por las atrocidades de derechos humanos contra la población indígena.
En Nueva York, el abogado Stephen L. Kass dijo que estos hallazgos incluyen una prueba de que el gobierno lleva a cabo “prácticamente indiscriminado asesinato de hombres, mujeres y niños de cualquier granja considerada por el ejército como posible apoyo de los insurgentes guerrilleros”.
Las mujeres rurales sospechosas de simpatizar con la guerrilla fueron violadas antes de la ejecución, dijo Kass, quien agregó que los niños fueron “arrojados a casas ardiendo. Se lanzan en el aire y alanceado con las bayonetas. Hemos escuchado muchas, muchas historias de niños que son recogidos por los tobillos y lanzó contra los postes para que sus cabezas están destruidas”. [AP, 17 de marzo 1983]
Poner una cara feliz

Públicamente, los altos funcionarios de Reagan continuaron poniendo una cara feliz. En junio de 1983, el enviado especial Richard B. Stone elogió “cambios positivos” en el gobierno de Ríos Montt, y Ríos Montt presionó a Estados Unidos por 10 helicópteros UH-1H y seis lanchas patrulleras navales, tanto mejor para cazar guerrilleros y sus simpatizantes.
Desde Guatemala carecía de los créditos de ventas militares de Estados Unidos o el dinero en efectivo para comprar los helicópteros, equipo de seguridad nacional de Reagan buscó maneras poco convencionales para organizar la entrega de los equipos que le daría al Ejército de Guatemala un mayor acceso a las zonas montañosas, donde se encontraban guerrilleros y sus simpatizantes civiles ocultando.
El 1 de agosto de 1983, el Consejo de Seguridad Nacional, los ayudantes Oliver North y Alfonso Sapia-Bosch informaron al asesor de Seguridad Nacional William P. Clark que su adjunto Robert “Bud” McFarlane tenía la intención de explotar sus canales israelíes para asegurar los helicópteros de Guatemala. [Para más información sobre los canales israelíes de McFarlanes, ver Consortiumnews.com 's " Cómo neoconservadores mal estado del Medio Oriente . "]
“En lo que respecta al préstamo de diez helicópteros, es [nuestro] entendimiento de que Bud se llevará esto con los israelíes”, escribieron Norte y Sapia-Bosch. “Hay expectativas de que serían próximamente. Otra posibilidad es tener un ejercicio con los guatemaltecos. Entonces usaríamos EE.UU. mecánica y partes de Guatemala para que sus helicópteros hasta el tabaco”.
Sin embargo, los cambios más políticos estaban en marcha en Guatemala. Vengativo fundamentalismo cristiano de Ríos Montt precipitó fuera de control, incluso para los estándares de Guatemala, que el general Oscar Mejía Víctores, tomó el poder en otro golpe de Estado el 8 de agosto de 1983.
A pesar del cambio de poder, las fuerzas de seguridad de Guatemala siguieron al asesinato con impunidad, finalmente llegando al extremo de que incluso la Embajada de EE.UU. se opuso. Cuando tres guatemaltecos que trabajan para la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional fueron asesinados en noviembre de 1983, EE.UU. Embajador Frederic Chapin sospecha que “que Archivos” escuadrones de la muerte estaban enviando un mensaje a los Estados Unidos a retroceder incluso una leve presión de los derechos humanos.
A finales de noviembre, en una breve muestra de descontento, el gobierno pospuso la venta de $ 2 millones de los recambios del helicóptero. El próximo mes, sin embargo, Reagan envió las piezas de repuesto de todos modos. En 1984, Reagan tuvo éxito, también, para presionar al Congreso a aprobar 300.000 dólares en entrenamiento militar para el ejército guatemalteco.
A mediados de 1984, Chapin, que había crecido amargado por la brutalidad obstinada del ejército, había desaparecido, reemplazado por un funcionario político de extrema derecha llamado Alberto Piedra, que favoreció una mayor asistencia militar a Guatemala. En enero de 1985, Americas Watch publicó un informe observaba que el Departamento de Estado de Reagan “es aparentemente más preocupado por mejorar la imagen de Guatemala que en la mejora de sus derechos humanos”.
No fue sino hasta 1999, una década después de que Ronald Reagan dejó el cargo, que el alcance impactante de las atrocidades en Guatemala fue revelado públicamente por una comisión de la verdad que se basó en los documentos del gobierno de Estados Unidos que el presidente Bill Clinton ordenó desclasificados.
El 25 de febrero de 1999, la Comisión de Esclarecimiento Histórico estima que la guerra civil de 34 años ha cobrado la vida de unas 200.000 personas con el derramamiento de sangre más salvaje que ocurre en la década de 1980. El grupo estima que el ejército fue responsable de 93 por ciento de los asesinatos y las guerrillas izquierdistas de tres por ciento. El cuatro por ciento, fueron listadas como no resueltos.
El informe documenta que en la década de 1980, el ejército cometió 626 masacres contra pueblos mayas. “Las masacres que eliminaron pueblos mayas enteras … no son ni denuncias pérfidas ni producto de la imaginación, sino un auténtico capítulo en la historia de Guatemala”, la Comisión concluyó.
El ejército “exterminó por completo comunidades mayas, destruye su ganado y cultivos”, dijo el informe. En la sierra norte, el informe denomina “genocidio”. Masacre [Washington Post, 26 de febrero 1999]
Además de llevar a cabo asesinatos y “desapariciones”, el ejército habitualmente dedica a la tortura y la violación. “La violación de las mujeres, durante la tortura o antes de ser asesinado, era una práctica común” por las fuerzas militares y paramilitares, según el informe.
El informe agrega que “el gobierno de los Estados Unidos, a través de diversos organismos, entre ellos la CIA, dio apoyo directo e indirecto a algunos [de estos] Las operaciones del Estado”. El informe llegó a la conclusión de que el gobierno de EE.UU. también dio dinero y formación a un ejército de Guatemala que cometieron “actos de genocidio” contra los mayas. [NYT, 26 feb, 1999]
Durante una visita a Centroamérica, el 10 de marzo de 1999, el presidente Clinton pidió disculpas por el pasado, el apoyo de los regímenes de derecha en Guatemala se remonta a 1954 EE.UU.. “Para los Estados Unidos, es importante que establecer claramente que el apoyo a las fuerzas militares y unidades de inteligencia que se dedican a la violencia y la represión generalizada que estaba mal, y Estados Unidos no debe repetir ese error”, dijo Clinton. [Washington Post, 11 de marzo de 1999]
Impunidad para el equipo de Reagan

Sin embargo, de vuelta en Washington, no había interés en la celebración de cualquier responsabilidad por complicidad en genocidio. La historia de la matanza de Guatemala y la complicidad del gobierno de Reagan rápidamente desapareció en el gran agujero de la memoria americana.
Por delitos contra los derechos humanos en los Balcanes y en África, los Estados Unidos han exigido los tribunales internacionales para detener y tratar los infractores y sus patrocinadores políticos por crímenes de guerra. En Irak, el presidente George W. Bush celebró el juicio y la ejecución de dictador iraquí Saddam Hussein por los homicidios de motivación política.
Incluso Ríos Montt, ahora 86, después de años de evadir la justicia en diversas amnistías, finalmente fue acusado en Guatemala en 2012 por genocidio y crímenes contra la humanidad. El primer mes de su juicio ha añadido testigo testimonio de las atrocidades que el ejército guatemalteco infligió y que Ronald Reagan ayudó y encubrió.
El lunes, el New York Times informó sobre algunos de estos testimonios dolorosos, pero – como es casi siempre el caso – el Times no mencionó el papel de Reagan y su gobierno. Sin embargo, lo que el Times incluía era escalofriante, incluyendo relatos de testigos que como hijos huyeron a los bosques de montaña para escapar de las masacres:
“Pedro Chávez Brito dijo al tribunal que sólo tenía seis o siete años de edad cuando los soldados mataron a su madre. Se escondió en el gallinero con su hermana mayor, su hijo recién nacido y su hermano menor, pero los soldados los encontró y los arrastró, lo que obligó de nuevo en su casa y le prendieron fuego.
“Mr. Chávez dice que él fue el único que escapó. “Tengo menos de un tronco de árbol y yo estaba como un animal”, Chávez dijo a la corte. “Después de ocho días me fui a vivir a las montañas. En la montaña nos tomamos sólo las raíces y la hierba”.
Los abogados de Ríos Montt y el otro acusado, el exjefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, han mantenido que la pareja no ordenó los asesinatos, que en vez atribuidos a los comandantes de campo exceso de celo.
Sin embargo, el Times informó que “testigos de la fiscalía dijo que los civiles ixiles considerados militares, incluidos los niños, como objetivos legítimos. “El objetivo del ejército con los niños era eliminar el germen de futuras guerrillas”, Marco Tulio Alvarez, exdirector de los Archivos de la Paz de Guatemala, testificó la semana pasada. “Ellos los usan para obtener información y extraer sus padres a los centros militares donde los detuvieron.
“En un estudio de 420 cuerpos exhumados de la región Ixil y presume datan del periodo Ríos Montt, los expertos encontraron que casi el 36 por ciento de los que murieron eran menores de 18 años, incluyendo algunos recién nacidos.
“Jacinto Lupamac Gómez dijo que tenía ocho años cuando los soldados mataron a sus padres y hermanos mayores, y él y sus dos hermanos pequeños empujones en un helicóptero. Al igual que algunos de los niños cuyas vidas se salvaron, fueron adoptados por familias que hablan español y se olvidó cómo hablar Ixil. “
Aunque un poco de justicia tardía puede ser posible en Guatemala, no se habla en los Estados Unidos sobre la búsqueda de cualquier responsabilidad por parte de los funcionarios de la administración Reagan que organizaron la ayuda militar a este genocidio moderno o que ayudaron a ocultar las atrocidades mientras estaban en marcha.
No ha habido ninguna atención prestada por los principales medios de comunicación de Estados Unidos a los nuevos documentos que revelan cómo la administración Reagan dio luz verde a la masacre de los guatemaltecos que fueron considerados parte de los “mecanismos de apoyo civil” para la guerrilla mayas resistir la derecha la represión.
Ronald Reagan, el funcionario de EE.UU. más culpables por complicidad en el genocidio de Guatemala, sigue siendo un héroe para gran parte de América con su nombre asignado al Aeropuerto Nacional de Washington y decenas de otras instalaciones del gobierno. Funcionarios estadounidenses y muchos estadounidenses aparentemente no quieren alterar sus recuerdos del Gipper.

Ríos Montt dijo ser "víctima" del Ministerio Público y los querellantes


Hoy a las 20 horas, en el portal de La Jornada habrá tweet cam con la reportera Blanche Petrich, quien ha seguido el tema 31 años.
La Jornada en línea
Publicado: 12/05/2013 19:16
México, DF. El ex general y presidente de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, se declaró inocente el jueves 9 de mayo ante el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, en un juicio que iniciaron las autoridades del país centroamericano por genocidio.
El ex mandatario dijo que ha sido víctima del Ministerio Público y querellantes, debido a que lo “arrinconaron” porque nunca definieron bajo que condiciones rendiría su declaración si como comandante de patrulla, comandante de sector, ministro de la Defensa o jefe de Estado.
“Yo de ninguna manera puedo aceptar tal calificativo de los delitos de genocidio y contra deberes de humanidad”, dijo Ríos Montt.
Durante 51 minutos y 30 segundos que duró la declaración argumentó que durante su gobierno tenían un Estado quebrado y partidos políticos polarizados, debido a que acacaban de pasar las elecciones de marzo de 1982, entonces tuvieron que pedir que los colegios profesionales nombraran a los ministros de Estado.
Expuso la organización de los gabinetes durante su gobierno y dijo que el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional o el ministro de la Defensa no le daban informes de ninguna naturaleza.
Agregó que el problema político y social era duro, que las instituciones sociales estaban resquebrajadas y entonces tuvieron la necesidad de usar la estrategia de la guerrilla.
El lunes a a las 20 horas, en La Jornada se abrirá un espacio para dialogar portweet cam con la reportera de este diario, Blanche Petrich, quien le ha dado seguimiento al tema del ex mandatario guatemalteco, Efraín Ríos Montt durante los ultimos 31 años.

La cúpula empresarial de Guatemala exige anular juicio contra Ríos Montt


Abogados de la defensa confían en echar abajo la sentencia contra el general retirado

Los magistrados del tribunal que lo condenó sólo buscanprotagonismo, dice otro letrado
Foto
Simpatizantes del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt se manifestaron ayer afuera de la prisión de Matamoros, donde está recluido el militarFoto Reuters
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Lunes 13 de mayo de 2013, p. 22
La cúpula empresarial, agroindustrial y financiera de Guatemala exigió hoy anular el juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt porque, según un comunicado emitido ayer, no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico en particular.
Santiago Molina, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), demandó que en las apelaciones del caso la Corte de Constitucionalidad contribuya a la gobernabilidad y un efectivo estado de derecho, anulando la sentencia.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) y directivo del CACIF, Marco Augusto García, opinó que el fallo condenatorio por genocidio fue por la presión internacional.
Abogados de la defensa del anciano militar se mostraron confiados en que podrán echar abajo la sentencia, en declaraciones a los diarios localesPrensa Libre Siglo XXI. Anunciaron que tienen al menos 12 recursos pendientes de resolución. Pero debieron haber sido mil amparos por las ilegalidades que se cometieron, dijo uno de los juristas que representaron a Ríos Montt, Francisco Palomo. Lo que querían era ver preso al general ante la comunidad internacional para cobrar bastante dinero.
Palomo, quien desde el inicio del proceso fue parte del equipo de juristas defensores tanto del ex presidente de facto como del general José Mauricio Rodríguez, su ex jefe de inteligencia militar, renunció a representar a los acusados a dos días de iniciadas las audiencias públicas que presidió la juez Barrios, como parte de la estrategia para empantanar el juicio.
Palomo es además ministro de la Corte de Constitucionalidad y por años ha sido diputado por el partido FRG, fundado por Ríos Montt en 1989. El ex presidente de facto fue diputado, y gozó de fuero en esa posición durante dos décadas.
En defensa de su correligionario, el abogado aseguró que el general condenado por genocidio le ganó la guerra a la subversión y los personajes que manipularon el juicio representan a los comunistas internacionales. Es una venganza.
Por ello, adelantó que el equipo de juristas del que forma parte trabajará en las apelaciones pendientes. Vamos a seguir litigando los recursos que están en trámite porque cualquiera podría anular el juicio.
Por su parte, el abogado Francisco García Gudiel, que al iniciar el juicio fue expulsado de la sala por la juez Barrios y después fue restituido, dijo: confiamos en que la sentencia caerá por su propio peso porque es insostenible. En su opinión, los magistrados del tribunal A de alto riesgo, integrado también por Patricia Bustamante y Pablo Xitimul,tenían interés en buscar protagonismo.

domingo, 12 de mayo de 2013

Dejó más de 42 mil muertes la dictadura de Ríos Montt


La condena es una oportunidad para una verdadera reconciliación en ese país: EU
Presidente de Guatemala promete respetar fallo contra Ríos Montt
La defensa del ex dictador impugna la resolución ante la Corte de Constitucionalidad
Foto
Efraín Ríos Montt (centro), en la conferencia de 1982 en que anunció la creación de una junta militarFoto Ap
Afp, Dpa, Pl y Reuters
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de mayo de 2013, p. 19
Guatemala, 11 de mayo.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, afirmó este sábado que será respetuoso y no interferirá en el fallo que el viernes declaró culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad al ex dictador Efraín Ríos Montt, en lo que se ha considerado un juicio histórico en el país y América Latina.
Los cargos contra Ríos Montt incluían su responsabilidad en la muerte de mil 771 indígenas de la etnia ixil, si bien el saldo de su dictadura es de 42 mil 275 víctimas mortales. En total, Naciones Unidas calcula en 200 mil las víctimas de la guerra civil en Guatemala.
Sin embargo, recordó que el fallo todavía no es firme, porque se puede apelar ante instancias superiores. Insistió en negar que en Guatemala se haya cometido genocidio. Me enteré que los abogados del general van a recusar la misma, dijo Pérez en una entrevista sobre el proceso, en el que puede haber otros involucrados, incluyendo al propio mandatario.
El Ministerio Público (MP) recibió un mandato del tribunal para continuar con las investigaciones por genocidio y el actual presidente de Guatemala es un primer mencionado, informó la directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Ibarra. Subrayó que el MP debe investigar la declaración de un testigo que incriminó al gobernante.
Tema espinoso para Otto Pérez
El genocidio es un tema espinoso para el presidente, señalado por varias organizaciones de derechos humanos de haber participado en ejecuciones y quema de viviendas contra indígenas ixiles en el norte del país. Un testigo durante el juicio vinculó a Pérez con masacres cometidas entre 1982 y 1983, durante el régimen de facto de Ríos Montt.
El presidente ha reconocido que durante su época de militar actuó en terreno ixil, pero sostiene que nunca firmó ni ordenó ningún ataque contra esas comunidades. También justificó que el alias que utilizó entonces, Mayor Tito Arias, fue porque soy un hombre público y nosotros estábamos autorizados para utilizar un seudónimo de guerra.
Al igual que Ríos Montt, Pérez Molina expresó que cuando dije que no hubo genocidio es por mi experiencia en torno al conflicto, que se desarrolló sobre el llamado Triángulo Ixil, como se conoce a un conjunto de municipios. Sostuvo que la guerrilla llevó el conflicto a esa región, cuando él estuvo asignado a la zona.
Reportes de prensa local citaron que el viernes Pérez Molina pasó unmomento incómodo cuando en una entrevista se le preguntó sobre un documental del periodista estadunidense Allan Nairn, en septiembre de 1982, en el cual declaró que “todas las familias –en las comunidades de Quiché– están con la guerrilla”, lo que evidenciaría el papel jugado por el ejército contra los habitantes.
En tanto, a 30 años del régimen militar que gobernó con mano de hierro, este sábado Ríos Montt amaneció en la cárcel, al pasar su primer día de sentencia dentro de un cuartel militar en el centro de la capital guatemalteca, donde no se ha reportado ningunaanormalidad, indicó el vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel.
Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión al ser responsabilizado por 15 matanzas de mil 771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché, durante su régimen de hierro, mientras su ex jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, fue absuelto de los mismos cargos.
En el juicio, que se inició el pasado 19 de marzo, se acusó desde un principio tanto al ex dictador como a Rodríguez de genocidio y delitos de lesa humanidad, sin que de inmediato se conocieran detalles sobre la absolución a este último. La activista humanitaria Helen Mack lamentó la exoneración de Rodríguez, al considerar que había suficientes pruebas.
Más de 100 testigos rindieron testimonio durante el juicio.
Los defensores del ex dictador iniciaron una batalla jurídica para revertir el fallo, incluida la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, donde ya se encuentran algunos recursos, informaron medios locales.
El gobierno de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra civil que sufrió el país de 1960 a 1996. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró durante todo el periodo de guerra 42 mil 275 víctimas, que sumado con otros estudios arrojó una cifra de más de 200 mil muertos o desaparecidos.
El informe de la CEH, comisión de la verdad, creada en el contexto de los acuerdos de paz firmados entre 1991 y 1996 entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Arzú y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se remonta al derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz en 1954 y la responsabilidad de Estados Unidos en el conflicto.
El propio Ríos Montt vinculó en su declaración del jueves a Estados Unidos, al señalar que Washington sabía más que yo. Alegó que su función como jefe de Estado era limitada y que no le correspondía la cadena de mando sobre los comandantes regionales de las fuerzas armadas. En ese sentido, negó la acusación de haber autorizado o no detener planes militares para eliminar a grupos étnicos.
Estados Unidos, que había guardado silencio en relación con el juicio, dijo este sábado que recibía la condena comouna oportunidad para lograr una verdadera reconciliación en Guatemala y”seguir mirando hacia adelante”.
Un portavoz del Departamento de Estado, no identificado, indicó que tomaban nota del fallo de la corte guatemalteca y reafirmamos la importancia de un sistema judicial fuerte y transparente como un componente esencial de una democracia.

sábado, 11 de mayo de 2013

Guatemala y el mundo celebran histórica sentencia contra dictador Ríos Montt


Telesur 

Los indígenas guatemaltecos dijeron que se hizo justicia. (Foto: BBC)
El pueblo de Guatemala y diversas personalidades a nivel internacional celebran desde este viernes la condena a 80 años de prisión dictada contra el expresidente de facto, Efraín Ríos Montt (1982-1983), por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad.
Ríos Montt fue hallado responsable de 15 masacres a manos del Ejército de mil 771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché (norte), durante su régimen; por lo que fue condenado a 80 años de prisión.
El dictador se convierte así, en el primer dictador latinoamericano, y uno de los pocos en el mundo, en ser condenado por esta causa.
"El acusado es responsable como autor del delito de genocidio y (...) se le impone una pena de 50 años inconmutables, y el acusado es responsable contra los deberes de la humanidad cometido en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles y (...) se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutable", dijo la jueza Jazmín Barrios, al leer la histórica sentencia.
Sentado frente al tribunal, de traje oscuro, el exgobernante de facto escuchó sereno la condena, mientras la abarrotada sala del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, de la Corte Suprema de Justicia estalló en aplausos y gritos de júbilo.
"¡Sí hubo genocidio, sí hubo genocidio!", gritó cerca de un millar de personas, la mayoría indígenas. "Muchas gracias", corearon en lengua maya.
Custodiado por una decena de patrullas, Ríos Montt fue trasladado a un módulo de prisión en el Cuartel de Matamoros, en la periferia este de la capital, donde, al llegar, los vecinos hicieron estallar cohetes.
La activista y exsenadora colombiana, Piedad Córdoba Ruiz, expresó a través de su cuenta en Twitter: @piedadcordoba que “Hoy el mundo es un poco más justo con la condena a Rios Montt. Bajo su dictadura, militares asesinaron 1.771 indígenas Ixilies en Guatemala”.
“Alegría inmensa por Rigoberta Menchú. Toda su vida luchando por la dignidad de las víctimas”, agregó posteriormente Córdoba.
En un comunicado, un general guatemalteco retirado experto en contrainsurgencia, manifestó que respetará la decisión. "Es un paso y un mensaje de que en Guatemala podemos tener grandes diferencias, pero respetamos los puntos de vista y posición de todos", subrayó.
"Es un fallo histórico, la prueba fue contundente", dijo a una agencia de noticias internacional el abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, Héctor Reyes.
"Se hizo justicia porque es primera vez que se reconoce el genocidio en América latina", manifestó Elizabeth Osorio, una activista que lanzaba besos al tribunal el día de la sentencia.
El gobierno de facto de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra civil que sufrió el país de 1960 a 1996 y que dejó 200 mil muertos o desaparecidos, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En Latinoamérica, con triste historia de cruentos regímenes militares, Ríos Montt es el primer de los dictadores en ser condenado por genocidio.Unos murieron antes de pagar por los crímenes, como el general paraguayo Alfredo Stroessner.
Otros, tras un período de impunidad, fueron procesados por delitos de lesa humanidad, como Jorge Videla (Argentina), Gregorio Alvarez y Juan María Bordaberry (Uruguay) y Alberto Fujimori (Perú). Augusto Pinochet (Chile) murió en arresto domiciliario en 2006 sin haber sido condenado por el exterminio de opositores.

Condenan a 80 años de cárcel a Ríos Montt, exdictador guatemalteco



Condenan a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio. Foto: AP / Moisés Castillo
Condenan a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio. 
Foto: AP / Moisés Castillo
MÉXICO, D.F. (apro).- El exdictador Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio contra la etnia itxil y delitos de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983.
El tribunal guatemalteco que lo juzgó —encabezado por la jueza Jazmín Barrios— lo encontró culpable y le impuso una sentencia de “50 años de prisión por los delitos de genocidio y 30 años por los delitos de lesa humanidad, a ser cumplidos inmediatamente en el centro de reclusión que sea definido por las autoridades”. Con esto, además, el tribunal penal de Guatemala revocó la “detención domiciliar” de que gozaba el exdictador.
Este fallo aún puede ser apelado, algo que la defensa ya anunció que hará.
Hoy, previo a la sentencia, se informó que el juzgado, a través de peritos, constató las denuncias y las declaraciones de 98 testigos. “Hubo niños que fueron apresados y trasladados a otras localidades (…), en unas operaciones bajo el liderazgo de José Efraín Ríos Montt, quien estaba al tanto de todo lo que ocurría y no lo detuvo”.
Otros crímenes que no frenó, fueron la quema de cosechas y la matazón de animales con el fin de matar de hambre a los indígenas, acusados de dar sustento a la guerrilla que combatía a Ríos Montt. Permitió, además, violaciones multitudinarias de mujeres enfrente de sus maridos, hijos e incluso de toda la comunidad.
De acuerdo con la juez, Ríos Montt, de 86 años, estuvo en capacidad de detener todas las operaciones “y no las detuvo, a pesar de tener todo el poder para hacerlo por ser la máxima autoridad militar” y el jefe de Estado de facto.
Pese a todos los señalamientos, Ríos Montt se mantuvo durante décadas en el primer plano de la política guatemalteca. En 2003 quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales, y sólo hasta 2012 perdió la inmunidad legislativa y se le pudo juzgar.
Ríos Montt siempre se ha declarado inocente. “Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentará contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todo lo que han dicho no ha habido ninguna prueba que evidencia mi participación”, dijo al tribunal.
En tanto, el exjefe de Inteligencia de Ríos Montt, José Rodríguez Sánchez, fue absuelto por el mismo tribunal, basado por los artículos 13 y 14 de la Constitución Penal de la República de Guatemala. Se consideró que Rodríguez Sánchez “no tuvo injerencia” en las operaciones militares contra los indígenas itxiles.
La audiencia fue realizada en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, donde alrededor de 600 personas se presentaron para escuchar la decisión tomada en el caso que se debatió por dos meses.
Pedido de culpabilidad
La Fiscalía y los querellantes pidieron al tribunal declarar a los militares culpables de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, con penas de 75 años de prisión, por la muerte de mil 771 indígenas itxiles a manos del Ejército.
Tanto Ríos Montt, de 86 años, como Rodríguez, de 67, se declararon inocentes de los cargos, y sus abogados pidieron la absolución del tribunal, aduciendo que durante el juicio no se logró demostrar su responsabilidad.
Ríos Montt hizo el jueves su declaración final: “En 1982 la subversión estaba lista para tomar el poder. Y el Ejército tenía cansancio de guerra. Me llamaron (para encabezar un golpe de Estado) y yo acepté, porque había que salir (de) la situación empantanada que vivíamos. Como jefe de Estado el gran compromiso ante la oficialidad joven que dio el golpe de Estado fue trabajar en democracia, con ley”, explicó.
“No tengo angustia de ir a prisión porque he cumplido con la ley. Lo lamento por mi familia”, dijo al finalizar la sesión, según consigna el diario guatemalteco Prensa Libre.
Por la mañana, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, anunció que respetaría el veredicto: “Hace 20 años un proceso de esta naturaleza era, sencillamente, impensable”.
El diario El País, de España, recuerda que Ríos se ha convertido en el tercer jefe del Estado guatemalteco llevado a juicio. El primero fue Manuel Estrada Cabrera, quien murió en la cárcel en septiembre de 1924. El otro fue Alfonso Portillo Cabrera, cuya extradición solicitó Estados Unidos porque supuestamente utilizó bancos estadunidenses para lavar 80 millones de dólares robados al erario.

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