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martes, 16 de mayo de 2017

“Ningún periodista en México está a salvo”: Amnistía Internacional

Un perito sostiene los lentes de Valdez en la escena del crimen. Foto: Juan Carlos Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ser periodista en México parece más una sentencia de muerte que una profesión”, lamentó Tania Reneaum, directora en México de Amnistía Internacional, al condenar el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas en Culiacán, Sinaloa.
En un comunicado, la defensora sostuvo que el país “se ha convertido en una zona de alto riesgo” para periodistas que dan cobertura a temas de seguridad y el crimen organizado, mismos en los que se distinguió Valdez Cárdenas, Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2011, otorgado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Tras resaltar que el del sinaloense es el segundo homicidio contra un corresponsal de La Jornada en lo que va del año –en marzo fue ejecutada Miroslava Breach en Chihuahua–, Reneaum señaló que el crimen “pone de manifiesto la alarmante situación de la libertad de expresión” y que “ningún periodista, sin importar el alcance de su medio, está a salvo”.
Al asegurar que ante el derramamiento de sangre de los comunicadores “las autoridades prefieren hacer caso omiso”, lo que “genera un profundo vacío que afecta el ejercicio de la libertad de expresión”, la directora de Amnistía Internacional México exigió una investigación independiente e imparcial “y todos aquellos sobre quienes pese la sospecha de ser responsables deben comparecer ante la justicia”.
Tania Reneaum citó datos de organizaciones especializadas en la protección de periodistas, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, al señalar que 105 periodistas han sido asesinados en México desde 2000, en tanto que en 2016, el país fue ubicado en el tercer lugar con el número más elevado de muertes de comunicadores, seguido de Siria y Afganistán.

domingo, 6 de septiembre de 2015

Queda a la luz “absoluta incompetencia del gobierno”: AI

"El gobierno mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción", pidió.

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El informe presentado este domingo por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para valorar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, dejó al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno para encontrar y castigar a los responsables, sostuvo Amnistía Internacional.
“La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, de acuerdo con un comunicado de prensa.
“México vive una de sus peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. El catálogo de fallas en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas que ha denunciado el grupo de expertos es una enorme mancha en la reputación del gobierno mexicano que sólo podrá comenzar a resarcirse si se encuentran a los responsables”, abundó.
“El gobierno Mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción. Lo que se necesita es real voluntad política para encausar la búsqueda e investigaciones y así responder al urgente clamor de justicia de las familias de los estudiantes desaparecidos”, agregó.
Y sostuvo que para ello “es fundamental que el gobierno Mexicano implemente, sin demoras, todas las recomendaciones del grupo de expertos y lleve a la justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones”.

sábado, 8 de noviembre de 2014

Olvida Murillo Karam decir que el Estado es cómplice en caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional


Jesús Murillo Karam, titular de la PGR. Foto: Benjamin Flores
Jesús Murillo Karam, titular de la PGR.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (proceso.com.m).- Amnistía Internacional (AI) señaló que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha fallado en reconocer que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado.
En un comunicado, la organización indicó que el anuncio de realizado este viernes por el funcionario federal, de que los normalistas pudieron haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río, se da después de semanas de especulaciones sobre el destino de los estudiantes.
AI acusa que las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos.
“Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia”, dijo Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
En el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, destaca la organización, el procurador Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.
Agrega que el alcalde de Iguala, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, ha sido también sospechoso de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones.
A pesar de la evidencia que involucra al alcalde, la investigación fue presuntamente cerrada en mayo de 2014.
AI recuerda que en diciembre de 2011 las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas.
“Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar”, dijo Erika Guevara.
Las familias de los estudiantes también han anunciado que no confían en las autoridades y la información presentada por el procurador general hasta que no esté respaldada por evidencia científica de los expertos forenses argentinos y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Asimismo, recordaron al presidente Peña Nieto su compromiso con los padres y con la sociedad.
Amnistía Internacional lamenta que, a pesar de los compromisos expresados por el presidente Peña Nieto, sus acciones demuestran lo contrario. El gobierno mexicano no ha aceptado la asistencia técnica internacional ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, en medio de esta profunda crisis de derechos humanos, el presidente iniciará una gira internacional al Foro de Cooperación Económica, demostrando poco interés en hacer frente a la grave situación de derechos humanos en México.
“Es obligación de las autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a nivel estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que han descuidado sus deberes en la investigación de estos hechos y hacer frente a la grave crisis de derechos humanos”, concluyó Guevara Rosas.

jueves, 23 de enero de 2014

Muerte de mexicano en EU, un “asesinato sin justificación”: AI


Amnistía Internacional considera que la ejecución de Edgar Tamayo, "sin respetar su derecho a un juicio justo, y sin tener en cuenta los elementos aportados por la defensa, como una discapacidad mental leve", convierten la muerte del mexicano en "un asesinato sin ninguna justificación".
prisión

Amnistía Internacional lamentó la ejecución del mexicano Edgar Tamayo la noche del miércoles en Texas y aseguró que se trató de un asesinato sin justificación.
En un comunicado, expresó sus condolencias a la familia Tamayo Arias y reconoció el “coraje y dedicación con la cual lucharon hasta el último minuto para evitar que se llevara a cabo el injusto e inhumano castigo“.
“La ejecución se ha llevado a cabo pese a las irregularidades en su proceso que habían sido denunciadas por Amnistía Internacional junto a otras organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y organismos internacionales”, señaló.
“Amnistía Internacional considera que la ejecución de Edgar sin respetar su derecho a un juicio justo, y sin tener en cuenta los elementos aportados por la defensa, como una discapacidad mental leve, al establecer la sentencia convierten esta ejecución en un asesinato sin ninguna justificación”, agregó.
La organización indicó que la decisión del las autoridades de Texas de llevar a cabo la ejecución de Tamayo representó una “indudable violación de su derecho a la vida y al debido proceso” y un “claro desacato a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que había ordenado suspender tal sentencia en tanto no hubiera una revisión completa de su caso”.
Y abundó: “Las autoridades ignoraron las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante las cuales este organismo de la Organización de Estados Americanos había solicitado una suspensión de la ejecución”.
Este es el comunicado íntegro:



martes, 30 de julio de 2013

Magnitud de pobreza en México podría ser más escalofriante que cifras de Coneval: AI


Además de las 53.3 millones de personas en pobreza, existen 33.6 millones en extrema fragilidad de caer en esa condición, sostiene.
Fernando Camacho Servín
Publicado: 30/07/2013 13:38

México, DF. Amnistía Internacional (AI) señaló que la magnitud de la pobreza en México "podría ser aún más escalofriante" de lo que indican las cifras dadas a conocer el lunes por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), según las cuales 53.3 millones de personas se encuentran viviendo en situación de pobreza.
"La pobreza es un grave problema de derechos humanos. Cuando hablamos de pobreza hablamos de falta de agua, de falta de acceso a servicios de salud y educación, de ausencia de una vivienda digna, de hambre. Por eso la lucha contra la pobreza debe poner los derechos humanos en el centro y adoptar un enfoque de derechos que permita garantizar una vida digna a todas las personas en México", señaló Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.
El organismo de derechos humanos señaló a través de un comunicado que la mayor parte la población en México, al menos 86.9 millones de personas, sufren al menos una carencia social, lo cual significa que además de las 53.3 millones de personas pobres, existen 33.6 millones en una situación de extrema fragilidad ante el riesgo de caer en la pobreza.
Ante tal escenario, AI consideró que la pobreza en México se ha alimentado de la falta de voluntad de las autoridades, que al tiempo que se han comprometido a poner fin a la pobreza se han quedado cortas al momento de implementar políticas efectivas para combatirla.
En este sentido, aunque consideró positivo que se asuman compromisos para combatir el hambre, por ejemplo, advirtió que no han establecido objetivos claros y medibles, plazos y acciones específicas.
"Ante las escandalosas cifras de pobreza, AI hace un urgente llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que sin mayor dilación se firmen instrumentos como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y al Senado para que lo ratifique sin dilación tras esa firma".

martes, 21 de mayo de 2013

Divide a Guatemala anulación de sentencia a Ríos Montt; es un "golpe devastador": AI


Luego del fallo de la Corte, con una votación cerrada de tres contra dos, Amnistía Internacional dijo se pone en riesgo el derecho a la verdad. Por otro lado, los abogados del exdictador consideraron que “se hizo justicia”.
Dpa y Afp
Publicado: 21/05/2013 10:37
Guatemala. Guatemala reaccionó de nuevo dividida hoy ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que con una votación 3-2 anuló la noche del lunes la condena por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.
En redes sociales, la radio y medios escritos, activistas sociales y ciudadanos expresaron su apoyo o rechazo al dictamen de la CC, que anuló todo lo actuado en el debate oral a partir del 19 de abril.
“El tribunal (constitucional) hizo justicia; eran demasiadas las aberraciones jurídicas y una vez más el tiempo nos da la razón”, dijo Francisco García, abogado defensor del ex jefe de gobierno de facto (1982-83).
Por su lado, el abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), uno de los querellantes adhesivos, dijo que tras el fallo de la CC, “quien queda mal es el Estado de Guatemala” ante los ojos del mundo.
Los dos votos en contra de la decisión correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón y Gloria Porras. Chacón representa a la Universidad de San Carlos y Porras al Ejecutivo, aunque fue nombrada durante el anterior gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012). Al frente del actual gobierno está Otto Pérez, un militar retirado de ideología de derechas.
Los dos magistrados disidentes razonaron su voto señalando una “extralimitación” en la resolución de la CC, que además calificaron de “ambigua” y advirtieron que “está dejando desprotegidas a las víctimas”.
Porras argumentó que no es procedente anular las actuaciones de un tribunal por medio del “ocurso de queja”, pues para ello existe la vía ordinaria en el sistema de justicia.
“Estimo que este tribunal se excedió al anular las actuaciones dentro del proceso (...) pues si las partes consideran que en la tramitación del proceso existieron vicios de procedimiento tienen a su alcance los recursos ordinarios”, señaló la magistrada.
A su vez, Chacón señaló que “el acto reclamado por el postulante (la defensa) no conlleva agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional, pues el abogado (García, defensor) conocía de antemano la integración del tribunal”.
El conflicto surgió a partir de la estrategia de la defensa para detener el proceso desde el primer día de audiencias, el 19 de marzo.
Ese día, García asumió sorpresivamente la defensa de Ríos Montt en remplazo de los abogados que hasta ese momento lo defendían.
Como primera medida, García recusó a dos de los tres integrantes del tribunal, la presidente Jazmín Barrios, por supuesta enemistad, y uno de los vocales, Pablo Xitimul, por supuesta amistad. Tales argumentos fueron rechazados por la corte, que resolvió continuar escuchando a los testigos pese a las protestas de García.
Finalmente, el abogado fue expulsado de la sala de audiencias, por considerar los jueces que mintió al indicar que Barrios y Xitimul no podían continuar con el trámite y que la intención del abogado era desacreditar la independencia de sus integrantes.
Como reacción, la defensa solicitó amparo ante una Sala de Apelaciones, que lo concedió el 19 de abril y ordenó suspender el juicio de manera provisional.
Sin embargo, el tribunal decidió seguir adelante, y ése fue uno de los argumentos que los abogados de Ríos Montt plantearon ante la CC: que no se había cumplido el amparo provisional dictado por la Sala.
Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el viernes 10 de mayo por el Tribunal A de Mayor Riesgo, que lo halló culpable de los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Otro militar acusado, José Mauricio Rodríguez, ex jefe de los servicios de inteligencia durante el mandato de facto de Ríos Montt (1982-1983), fue absuelto, pero la CC también anuló ese fallo.
Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos mil 770 indigenas ixiles en el departamento de Quiché.

lunes, 10 de octubre de 2011

15 / OCT / 11 Revolución Global



OCUPEMOS LOS PINOS, la SCJN, El Congreso, El Senado, el IFE el TEPJF, la Oficina Bilateral de Inteligencia en Reforma, el CEN PAN, el CEN PRI, el CEN PRD, la SEP de Elba Esther Gordillo, TELMEX y Televisa(que son nuestros).....

martes, 2 de agosto de 2011

México, al borde de una represión sistematizada: AI

La represión ya empezó desde el 2006
Podría vivir una situación similar al cono sur en los 70 y 80.

La presunta responsabilidad del Ejército en desapariciones forzadas, la causa.

Quedan impunes la mayoría de los casos, advierte Javier Zúñiga en Madrid.

Se ataca al crimen a través de la eliminación física de los sospechosos, dice

El investigador Javier Zúñiga advierte que el país está al borde de la “represión sistematizada”.


Desapariciones forzadas en México, al nivel de las cometidas en dictaduras: AI.

Añade que ese delito se convierte poco a poco en el crimen perfecto, pues ninguna autoridad lo investiga

La sociedad es obligada a “tolerarlas”, con el argumento del combate al crimen

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 2 de agosto de 2011, p. 5
El director de investigación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional (AI), el mexicano Javier Zúñiga, advirtió hoy que el país podría vivir una “situación similar” en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas. El prestigioso defensor también declaró que el país está al borde de experimentar una “represión sistematizada”, con especial gravedad en los hechos probados por desaparecidos a manos de militares.

El mexicano Javier Zúñiga ha investigado y documentado las violaciones a los derechos humanos en el mundo por más de 30 años, en este caso para Amnistía Internacional (AI). En ese periodo ha vivido de primera mano las experiencias dramáticas de las guerras civiles de Centroamérica, Colombia y varios países del llamado cuerno de África.

También ha sido un observador de México, con los históricos problemas de impunidad, corrupción y abusos de las autoridades desde la masacre de la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.

Medio siglo de Amnistía Internacional

Zúñiga participa en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, en el que se analizan los 50 años de vida de AI, titulado El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.

En el contexto de su conferencia 1961-2011. 50 años de Amnistía Internacional, Zúñiga expuso una cruda situación general en el mundo, en el que prevalecen una serie de prácticas recurrentes a pesar de los “avances” en materia de defensa de los derechos humanos, convertido hoy día en un “principio incuestionable”.

Javier Zúñiga se mostró especialmente preocupado por un “reto” de cara al futuro: luchar contra la “desaparición forzada” de personas en América Latina, sobre todo en México, donde existe “la tentativa de los gobiernos de cometer el crimen perfecto”, pues la mayoría de los casos quedan “impunes” y ni siquiera se abren diligencias.

De hecho, el investigador de AI citó varios casos concretos ocurrido en el país en los que las fuerzas armadas fueron las presuntas autoras de uno de los crímenes considerados de lesa humanidad por la jurisdicción internacional. Como lo que se documentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde “al parecer, y esto es muy grave, ha habido una política que no necesariamente está sancionada a los más altos niveles y que consiste en atacar al crimen organizado mediante la eliminación física de los sospechosos, lo que pondría a México en peligrosa igualdad con lo que sucedió en los países del cono sur en los años 80”.
El relator del prestigioso organismo reconoció que en una situación de enfrentamiento y encono como la que vive México, la sociedad es susceptible de “tolerar” esas eliminaciones selectivas de los supuestos criminales, pero advirtió que “esta actitud costó miles y miles de vidas y años de oscuridad en materia de derechos humanos en el cono sur”.

En México existe el peligro de que haya esa reacción de la población en demanda de seguridad y que, paradójicamente, esté en favor de la inseguridad creada por el Ejército, lo que “nos puede llevar en una espiral descendente a un escenario muy preocupante.

“Hay fotografías, pruebas, que ponen en evidencia la llegada de personas desaparecidas a bases militares, al menos en Nuevo Laredo”, explicó Zúñiga, quien reclamó de nuevo al gobierno de Felipe Calderón, como ya hizo hace apenas dos meses en una entrevista con La Jornada, que aplique políticas públicas de lucha efectiva contra este tipo de delitos. “Las macropolíticas sobre derechos humanos son efectivas, pero no hay que olvidar que son los individuos los que sufren, a los que hay que prestar atención, y la lucha por sus derechos es una batalla que se libra todos los días”, añadió.

En este encuentro participan otros ponentes, como Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional y de dicho seminario; José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid, o los profesores Hernando Valencia y María Cristina Corredor, también expertos en defensa de los derechos humanos.

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